Ya se abrió el melón! El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel López Bernal, presenta querella por prevaricación en el caso La Zerrichera contra el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto (PP), una querella que también va dirigida contra el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Rodenas, y el ex concejal de Águilas, José López.
Desde el PSRM-PSOE ya se ha pedido el cese del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, así como de los cuatro altos cargos de la Comunidad que están imputados. Su portavoz parlamentaria, Teresa Rosique, ha demandado además la comparecencia urgente del presidente, Ramón Luis Valcárcel, para que ofrezca las explicaciones oportunas.
Y desde IU, su coordinador regional, José Antonio Pujante, dice que la querella "obliga al presidente de la Región a salir a la opinión pública, dar la cara, pasar las oportunas facturas políticas a sus amigos implicados". Pujante considera que tales explicaciones "deben ser convincentes o de lo contrario la querella de la Fiscalía acabará por llevarse también por delante a Valcárcel".
El propio presidente Valcárcel aseguraba a primera hora de esta tarde que está convencido de la "honorabilidad" de todas las personas a las que el fiscal López Bernal imputa delito de prevaricación en el caso La Zerrichera.Valcárcel advierte que "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", criticando lo que él estima como falta de información oficial de la Fiscalía sobre el contenido de la querella.Recordemos 
que el grupo inmobiliario Hispania pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la citada sierra, parte de las cuales cuentan con protección medio ambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.El fiscal jefe abrió las diligencias tras las denuncias presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el propio PSRM-PSOE, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.ELCONFIDENCIALDEMURCIA
El ex edil del caso Nevenka, otro posible implicadoV.V.
El alcalde del municipio leonés de Ponferrada, el popular Carlos López Riesco, está acusado de un presunto delito de prevaricación por la enajenación irregular de suelo en la localidad. López Riesco, junto con otros cinco consejeros de la empresa municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), cedieron presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal la cesión del suelo.
Representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, han presentado esta mañana una querella contra López Riesco, y los cuatro consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusan de sendos delitos de prevaricación.
Caso Nevenka
En el texto de la querella, al que ha tenido acceso elplural.com, también se menciona, aunque no como imputado, a Ismael Álvarez Rodríguez, ex alcalde popular de Ponferrada, que en 2002 se vio obligado a dimitir tras verse envuelto en un escándalo de acoso sexual hacia la concejal de su propio grupo Nevenka Fernández. Ismael Álvarez fue presidente de Pongesur hasta 2002, por lo que no está probado, por el momento, que tuviese relación con la adjudicación irregular de los terrenos, aunque no se descarta una imputación cuando se inicien las diligencias del caso.
Condiciones de cesión del suelo
En enero de 2002 la empresa municipal Pongesur, de la que López Riesco, alcalde popular de Ponferrada, es vicepresidente, fijó las condiciones para la enajenación de suelo destinado a la construcción de viviendas en Ponferrada, por las que se establecía que podían acceder a concurso “todas las personas físicas o jurídicas” que, entre otros requisitos estuvieran “al corriente en las obligaciones tributarias y de la seguridad social”, una premisa que no cumplía la constructora UFC.
UFC, sin registrar en la Seguridad Social
Pese a que la ley indica expresamente la prohibición de contratar empresas que no estén inscritas en el régimen de Seguridad Social, Pongesur adjudicó en febrero de 2002 a UFC una parcela para 539 viviendas, a las que posteriormente se sumó la venta directa de otras 626 viviendas más. En el registro de la propiedad de la constructora figuran, además, un total de otras 1058 viviendas más adquiridas por medio de otros concursos.
Las operaciones tuvieron lugar en 2002, pero, a 25 de octubre de 2005, según marca un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social incluido en la querella, UFC “no figura inscrita como empresario en el sistema de Seguridad Social y no tiene ni ha tenido asignado código de cuenta de cotización en ningún régimen del sistema de Seguridad Social”.
Responsabilidad directa
López Riesco, junto con el resto de consejeros de Pongesur, tendrían responsabilidad directa en la adjudicación del terreno a UFC, ya que votaron favorablemente a la cesión de las parcelas y autorizaron que las empresas Pizarras Fravinsa, Fernández de la Mata, Aplicación Urbana y CRS, adjudicatarias originales de otros terrenos, se los vendieran a la constructora. La implicación de Ismael Álvarez es más complicada, puesto que cesó de su cargo de presidente de la compañía en las mismas fechas en que se produjo la adjudicación.
Noticia relacionada
o Sigue el caso Ponferrada
ELPLURAL.COM
