miércoles, 19 de noviembre de 2008

LA JUEZ ENVÍA AL TSJ EL CASO MERCALICANTE AL VER INDICIOS DE DELITO EN LA GESTIÓN DE ALPERI

ESCÁNDALO FINANCIERO

La magistrada rechaza la petición para que se archive la causa contra los políticos al ver necesario que continúe la investigación

Luis Díaz Alperi sale del juzgado tras declarar por el caso Mercalicante RAFA ARJONES

Escuche al portavoz socialista Roque Moreno

Lea el auto judicial íntegro

J. A. MARTÍNEZ / N. IGLESIAS
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, Cristina Costa, ha decidido trasladar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunudad el "caso Mercalicante" al hallar indicios de delito en la actuación del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, -diputado autonómico y por lo tanto aforado- en la gestión de la empresa mixta. La juez ha descartado archivar la denuncia contra los políticos, como pedían sus defensas, y adopta con esta decisión lo que reclamaban tanto el fiscal como las acusaciones particulares. Al igual que se hizo en su día con el "caso de los aparcamientos", se ha mandado una exposición razonada al TSJ para que la instrucción continúe en ese foro.

Se trata de una decisión que estaba pendiente desde hace más de un año, pero que no había podido adoptar hasta que no se han recibido las conclusiones del informe pericial sobre la gestión de la empresa. En dicho informe se alerta de la falta de mecanismos de control sobre la gestión de Clavero y se dice que algunas de las irregularidades las tendría que haber detectado la comisión ejecutiva.

De las diligencias efectuadas, la juez argumenta que no procede el archivo de la causa para Alperi ni para ninguno de los imputados y que la investigación debe continuar. La condición de aforado del ex primer edil ha motivado que la causa se eleve a un órgano judicial superior tras más de seis años de investigación en la provincia. Entre los argumentos esgrimidos por la juez para remitir los hechos al TSJCV y no sobreseer el caso, como solicitaba la defensa de los imputados, se hace referencia a la necesidad de seguir profundizando en la investigación para esclarecer su grado de participación en los hechos.

Junto a Díaz Alperi, se encuentran también imputados en esta causa el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero -que figura como principal acusado-, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, el director general del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, así como dos representantes de la sociedad estatal Mercasa. Todos menos Clavero formaban parte de la comisión ejecutiva de la mercantil en la etapa en la que se registró el desfalcó por valor de unos 6 millones de euros.

La juez ha remitido al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada en la que detalla los motivos por los que considera que la investigación debe continuar allí. Esta exposicion no se ha notificado a las partes y ha sido trasladada directamente a la Sala de lo Penal del TSJ. Allí se debe decidir si se acepta la competencia del caso o no y, si es así, designar a un magistrado para que se haga cargo de la instrucción.

En un auto firmado por la magistrada en el año 2003, la juez ya establecía que el entonces alcalde y los miembros de la comisión ejecutiva ratificaron contratos y actuaciones de Clavero presuntamente delictivas. "Los delitos imputados al ex gerente bien pudieron cometerse por aquéllos ante quienes rendía cuentas", señalaba la juez en su resolución.

Idénticos argumentos son los que utiliza el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, así como las acusaciones particulares ejercidas por el dirigente vecinal José Luis Valdés y el PSOE para pedir que la causa siga abierta, además de para Clavero, para los políticos. El fiscal considera que hay indicios de delito en la actuación de la comisión ejecutiva aunque sea como cooperadora necesaria de los presuntos delitos cometidos por Clavero.

Por su parte, el abogado Joaquín Galant, que representa a los tres políticos imputados, solicitó hace un año que la causa se archivara para los miembros de la comisión ejecutiva por considerar que ninguno de ellos podía ser considerado responsable de delitos societarios y de apropiación indebida. Esta petición no fue contestada por el juzgado en su día, motivo por el que hace menos de un mes se volvió a reiterar ante el juzgado. La magistrada ha resuelto ahora que no procede el archivo de la causa para ninguno de los imputados.

El escándalo financiero de Mercalicante saltó a la luz pública en el año 2002, cuando tras los resultados de una auditoría efectuada a la firma se detectaron "graves irregularidades" contables. Una situación que provocó la inmediata destitución del gerente de la empresa y principal imputado en la causa, José Emilio Clavero, por parte del Consejo de Administración de la empresa pública presidida en aquel momento por Luis Díaz Alperi.

La instrucción del caso Mercalicante ha cumplido ya seis años, motivo que ha hecho que tanto desde la Fiscalía como desde las acusaciones particulares se alerte de que ya existe una atenuante por dilaciones indebidas, que podría suponer una rebaja en la pena para los acusados en caso de que finalmente fueran condenados.

EL CASO

El escándalo por el presunto desfalco de Mercalicante estalló en 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades en la contabilidad de la firma pública. Entre los ejercicios de 1999 y 2001 la entidad supuestamente utilizó diferentes proyectos como tapadera para llevar a cabo los movimientos económicos.

Entre los imputados en esta causa figuran el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi; el edil de Hacienda, Juan Zaragoza; el director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant -estos dos últimos miembros del comité ejecutivo de la firma-; dos representantes de Mercasa y el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero, que figura como principal acusado.

El desfalco asciende a 6 millones de euros.

La investigación la ha llevado a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante. El caso se abrió tras una denuncia del representante vecinal José Luis Valdés.

DIARIOINFORMACIÓN.COM

sábado, 15 de noviembre de 2008

IMPUTADOS DOS EX ALCALDES DE RINCÓN POR UN CONVENIO CON EL GRUPO MIRADOR

Un juez investiga si la cesión de suelo perjudicó a las arcas municipales

DIEGO NARVÁEZ - Málaga

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene abiertas diligencias para esclarecer si los ex alcaldes de Rincón de la Victoria Francisco Salado (PP) y José Domínguez Palma (PSOE) pudieron incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación en la firma de un convenio urbanístico con el grupo inmobiliario Mirador para ceder 5.175 metros cuadrados de suelo urbanizable. La operación se justificó para compensar al polémico grupo inmobiliario por no autorizarle construir en una parcela junto al arroyo Totalán por el fuerte impacto que suponía al estar en una pendiente muy pronunciada, por lo que el equipo de Gobierno iba a desclasificarla como urbanizable en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La investigación debe determinar si ha habido perjuicio a las arcas municipales.

El convenio se firmó en febrero de 2007, cuando Salado era alcalde y Domínguez Palma concejal de Urbanismo. En la causa también están imputados el consejero delegado del grupo Mirador, Enrique Faura, y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Berbel. Salado, que actualmente es portavoz del PP en la Diputación de Málaga y será nombrado dentro de una semana secretario general del partido en la provincia, explicó ayer que el convenio se firmó justamente para evitar que se construyera en un suelo donde era una barbaridad hacerlo y con todas las garantías legales y un estudio minucioso de los derechos de edificabilidad que correspondía a la promotora. La vigencia del convenio está en suspenso porque no se ha aprobado la revisión del PGOU.

Una de las curiosidades del convenio es que lo firmó Urbanización Valle Rosario, sociedad del grupo Mirador, pero que no es la propietaria del suelo y de los derechos urbanísticos, que pertenecen a Sherry Mirador.

Incumplimientos dolosos

Sherry Mirador nunca obtuvo licencia municipal de obras para construir la promoción Mirador de la Cala, pese a lo cual firmó contrato de venta de pisos con clientes en los que hacía constar que las obras ya estaban en ejecución, falsedad que se repite en otras promociones del grupo.

El pasado octubre, un juzgado de primera instancia de Málaga condenó a Mirador al pago de sendas indemnizaciones de 54.994 y 55.142 euros a dos parejas que habían firmado contratos de compra de una vivienda en Mirador de La Cala. Cada una de ellas entregó más de 24.000 euros por anticipado por unas viviendas que, en teoría, debían haber sido entregadas en el primer trimestre del año 2005. Grupo Mirador no llegó siquiera a pedir nunca la licencia de obras, como ha acreditado la secretaría del Ayuntamiento de Rincón.

Entre los argumentos que da la sentencia para estimar "plenamente el incumplimiento doloso" del contrato por parte de la promotora, se expone que ésta "debía conocer las particularidades urbanísticas de la zona donde publicitaba construir y pese a ello realizó contrato y recibió cantidades a plazo".

Sherry Mirador tuvo problemas para hacerse con toda la propiedad del suelo y para elaborar el proyecto de la urbanización hasta que después de las inundaciones de marzo de 2004 causadas por la ocupación de cauces y las construcciones en pendiente, el Ayuntamiento decidió no permitir más en la zona y se fraguó el convenio de cesión de suelo para compensar.

Pero esta forma de actuación del grupo Mirador no es privativa de este caso. La inmobiliaria ha firmado ventas de viviendas en Vélez Málaga, Villanueva del Rosario, Benalmádena, Fuente de Piedra y Loja que no ha construido. Más de 200 afectados por estos incumplimientos tienen en marcha numerosas denuncias, aunque hasta ahora no ha prosperado ninguna en la vía penal. Los jueces no llegan a ver indicios de estafa, sino meros incumplimientos de contrato.

elpaís.com

miércoles, 12 de noviembre de 2008

BARTOMEU VICENS ELUDE LA PRISIÓN PREVENTIVA CON UNA FIANZA DE 100.000 EUROS


Las condenas para los delitos de falsedad, estafa y blanqueo conllevan penas de varias veces la cuantía del delito/ D. I.

MULTIMEDIA
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Embargarán su patrimonio si no paga 8,1 millones. Pitiüses i Balears

El juez asume la tesis del fiscal respecto a la gravedad de los indicios de corrupción y le exige una segunda fianza de ocho millones y destaca la importancia del dinero manejado por el ex conseller

PALMA | FELIPE ARMENDÁRIZ/J. F. M. Bartomeu Vicens, el diputado autonómico elegido en las listas de Unió Mallorquina y principal encausado en el caso Son Oms, la presunta trama de corrupción en torno al polígono industrial del mismo nombre, eludió ayer la cárcel al ser puesto en libertad provisional con una fianza de cien mil euros. Vicens compareció ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Antonio Capó, quien ha asumido la gravedad de los indicios existentes contra el encausado y le ha decretado una segunda fianza de 8,1 millones de euros para la posible responsabilidad civil.

Las previsiones se cumplieron ayer y el nuevo instructor del caso Son Oms no asumió la petición de la fiscalía anticorrupción de decretar la prisión preventiva para el diputado Vicens o, subsidiariamente, la situación de cárcel eludible con una fianza de ochocientos mil euros.

Sin embargo, el auto del magistrado Antoni Capó supone una confirmación de la grave situación procesal a la que se enfrenta el hoy diputado del grupo mixto en el Parlament. Vicens, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, está acusado por la fiscalía anticorrupción de cuatro delitos: continuado de falsificación de documento mercantil; blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública y estafa continuada.

Por esos cuatro cargos el fiscal Juan Carrau ya ha adelantado que podría corresponderle una pena de hasta 19 años de cárcel. Sobre Bartomeu Vicens pesa asímismo una quinta acusación: posible cohecho o cobro de comisiones. La fiscalía se ha reservado el derecho a formular esta imputación cuando avancen las investigaciones. El quinto delito también elevaría la posible pena privativa de libertad.

Riesgo de fuga

La esposa del diputado encausado, Antònia Martorell, también se halla en libertad bajo fianza, impuesta por el anterior juez de instrucción del caso Son Oms, el magistrado Lope Sola. Este instructor fijó una fianza de cuarenta mil euros para Martorell, que su marido consiguió aportar en apenas hora y media.

La resolución discrepa abiertamente de la tesis de la fiscalía anticorrupción sobre el elevado riesgo de fuga de Vicens. Según Capó, el encausado es una persona con gran arraigo familiar, profesional y político en Mallorca, donde ostenta la condición de parlamentario. El instructor sí comparte la tesis de la fiscalía y las acusaciones particulares respecto a que el diputado obtuvo en su anterior etapa de conseller de Territorio del Consell substanciosos ingresos y compró varias propiedades inmobiliarias, lo que denota un elevado nivel económico.

El juez también ha dispuesto que Vicens entregue su pasaporte, no abandone España sin permiso y se presente en el TSJB cada quince días.

DIARIODEIBIZA.ES