GARZÓN NO PUEDE SER SANCIONADO POR CAZAR CON BERMEJO, SEGÚN EL CGPJ

Efe

El Servicio de Inspección del CGPJ considera que el juez Baltasar Garzón no puede ser sancionado por haber compartido una jornada de cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Por su parte, el Supremo ha pedido al CGPJ que investigue a Garzón por ocultar alrededor de 200.000 dólares.

Para la Inspección del órgano de gobierno de los jueces esta conducta no puede subsumirse en ninguna de las faltas disciplinarias recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por lo que ha propuesto a la comisión disciplinaria que archive la información abierta tras haber recibido el pasado mes una denuncia del PP contra Garzón a raíz de dicha cacería.

El PP pidió al CGPJ que examinara si la jornada de cacería que compartieron el ex ministro de Justicia y Baltasar Garzón suponía una anomalía en el 'caso Gürtel' sobre una supuesta trama de corrupción en la que podrían estar implicados cargos de dicho partido.

En su escrito el PP alegó que al menos tres implicados en este caso se encontraban detenidos durante el mismo fin de semana dedicado por Garzón y Bermejo "a sus aficiones cinegéticas", lo que "transgrede la mínima deontología profesional exigible de un juez, pulverizando públicamente lo que restaba de su imagen de independencia".

Ninguna falta disciplinaria

Según la Inspección, "tras analizar los hechos que han sido objeto de denuncia, podemos afirmar, salvo superior criterio, que la conducta descrita no puede subsumirse en ninguna de las faltas disciplinarias recogidas en la LOPJ".

Además, recuerda que para poder resultar sancionado es "absolutamente necesario que la conducta tenga un perfecto encaje en el tipo disciplinario, sin que sean admisibles las interpretaciones amplias o extensivas de los mismos".

ECODIARIO

EL CGPJ CONCLUYE QUE GARZÓN NO PUEDE SER SANCIONADO POR CAZAR CON BERMEJO

El PP pidió al órgano de los jueces que examinara si la jornada que el magistrado compartió con el ex ministro de Justicia suponía una anomalía en el 'caso Gürtel'

ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no puede ser sancionado por haber compartido una jornada de cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en la provincia de Jaén.

Para la Inspección del órgano de gobierno de los jueces esta conducta no puede subsumirse en ninguna de las faltas disciplinarias recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por lo que ha propuesto a la comisión disciplinaria, que se reúne mañana, que archive la información abierta tras haber recibido el pasado mes una denuncia del PP contra Garzón a raíz de dicha cacería.

Varapalo para el PP

Precisamente ayer se hizo público un auto del Tribunal Supremo, con fecha del pasado 2 de febrero, que archiva la querella de los conservadores. El Alto Tribunal declara que Garzón no cometió ningún delito, pero envía el caso al CGPJ, porque aprecia que la conducta del magistrado podría ser constitutiva de dos faltas disciplinarias muy graves y ser ésta una responsabilidad que sólo puede determinar el propio Consejo. Una sería por faltar a la verdad en la solicitud de permisos y haber cobrado un sueldo de la Universidad de Nueva York, cuando percibía el que le corresponde como magistrado, y la otra por no abstenerse en un proceso contra el presidente del Banco Santander, entidad que entregó 302.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos I de España en dicha universidad.

El auto del Supremo todavía no ha llegado oficialmente al Consejo, por lo que la Comisión Disciplinaria no lo estudiará hasta su próxima reunión, prevista para el día 24.

Archivo u otra investigación

Antes de llegar a la Comisión, el auto será remitido al Servicio de Inspección para que haga una propuesta, que puede ser de archivo, porque fuentes jurídicas insisten en que la resolución del Alto Tribunal se ha producido sobre la misma denuncia que originariamente vio y archivó el Consejo. Si, por el contrario, decide abrir una nueva investigación será la tercera que el CGPJ inicie por los mismos hechos.

El CGPJ determina que el PP hacía "interpretaciones amplias o extensivas" de los hechos

Las faltas muy graves que el Supremo menciona en su auto consisten en que, aunque no cobró los 1.700.000 dólares que le atribuía la querella, sí percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España 21.152 por gastos de viaje y 21.650 por la escolarización de su hija. Además, el Centro de Derecho y Seguridad de la entidad le pagó 160.333 dólares en concepto de "sueldo", cantidades de las que, según el auto, no informó al Consejo al solicitar o prorrogar su licencia. La propia resolución admite que avisó de que estaba gestionando con la universidad que ésta le cubriera los gastos de desplazamiento, vivienda y mantenimiento personal y familiar.

También menciona como falta grave la "no abstención" del juez del proceso contra el Santander, pero el propio auto justifica su actuación al negar la prevaricación. Estas faltas prescriben a los seis meses.

PÚBLICO.ES

UN CONSEJERO DE CAMPS DIO 200 OBRAS A UNA CONSTRUCTORA AMIGA

La empresa ha facturado siete millones de euros a la Generalitat

Serafín Castellano, consejero de Gobernación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, adjudicó, cuando estaba al frente del Departamento de Sanidad, unas 200 obras a la firma Construcciones Taroncher y Asociados, con la que está vinculado, según denuncia hoy el diario El País. La empresa, que sigue trabajando para la Generalitat, ha facturado desde 2000 a la Administración valenciana siete millones de euros.

El consejero y su mujer, Nuria Rioja, son copropietarios de un terreno en el municipio valenciano de Llíria y, además, tiene una cuenta bancaria en común. La amistad entre Castellano y Taroncher es muy estrecha y ambos comparten cacerías y partidos de pelota. La relación entre ambos de por sí imposibilita cualquier contratación público ya que, según la ley, la autoridad competente (en este caso el conseller) "debe abstenerse" de otorgarlo, cuando concurre un supuesto de "amistad íntima o enemistad manifiesta" con los aspirantes.

La mujer del amigo, en las Cortes

En 1996, Castellano ya contrató a la mujer de Taroncher, María Ángeles González, como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes valencianas.

Niega la mayor

Según El País, la constructora se ha beneficiado de diversas adjudicaciones dependientes de la Conselleria de Sanidad, algunas a través de concurso público,aunque la mayoría, al tratarse de contratos menores, de entre 400 a 60.000 euros, se adjudicaron directamente. Castellano ha defendido su actuación conforme a la ley y descarta que vaya a dimitir tras el escándalo.

Aficionado a la caza

El conseller y el constructor compraron en 2008 un terreno en común por el que Castellano paga un crédito de 82.000 euros, según lo publido por El País. En la finca se ha instalado un arte tradicional de caza de pájaros con un parany, una modalidad cinegética prohibida por la ley de la Comunidad Valenciana. José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la constructora, y Serafín Castellano frecuentan juntos esta casa, pero el consejero asegura que nunca practicado este tipo de caza, que resulta muy cruel para los pájaros.

ELPLURAL.COM

EL NUEVO ALCALDE DE BOADILLA DESTITUIRÁ A ALFONSO BOSCH Y JOSÉ GALEOTE POR EL CASO GÜRTEL

La policía judicial acude al Ayuntamiento de Boadilla a recabar datos

El alcalde de Boadilla , Juan Siguero (PP), ordenará el cese en las próximas horas de Alfonso Bosch y José Galeote, director y consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), respectivamente, imputados por el juez Garzón el pasado jueves en la Operación Gürtel.

Alfonso Bosch fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. En la actualidad, compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de diputado en la Asamblea regional. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre.


Historial
Por su parte, José Galeote fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 1995 a 2003. Luego trabajó como asesor del Alcalde y de Asuntos Institucionales. Los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón le nombraron en 2004 gerente del Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid.

Registro
Así mismo, tal y como adelantó El Plural, dos policías judiciales se personaron ayer en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para solicitar documentación sobre la EMSV y sobre la adjudicación a la empresa Hispánica del contrato de construcción del parque de Deporte y Salud.

Información
En un principio, todo parece indicar que la actuación de los funcionarios, que han acudido vestidos de paisano, se ha limitado a solicitar información. A finales de esta semana tendrá lugar la primera reunión del consejo de la EMSV desde la dimisión del anterior alcalde, Arturo González Panero, imputado en la misma trama, informa Efe.

Persona de confianza
En cuanto a la adjudicación a Hispánica del parque del Deporte y la Salud, que también figura en el auto de Garzón como irregular, la oposición ha denunciado en múltiples ocasiones que se hicieron valoraciones dispares de las empresas que concursaron y al final ganó la tasación elaborada por una persona de confianza del ex regidor.

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BARRA LIBRE EN EL CASTELLÓN DE FABRA PARA IMPUTADOS... ¡Y CONDENADOS!

El PP de Vilareal nombra presidente de honor a un prevaricador

Los estatutos del PP lo dicen bien claro, se expulsará del partido a todos aquellos condenados en firme por corrupción, al igual que a los imputados en causas de este tipo, aunque, en este caso, sólo de forma provisional. Sin embargo, en el PP de Castellón, a cuyo frente está el multiimputado Carlos Fabra, la política de tolerancia cero con la corrupción de la que hace gala el PP se toma con mucho relax.

Según explica Radio Castellón-Cadena SER, el PP de Vilareal nombró presidente de honor a Manuel Vilanova, ex alcalde de la localidad y condenado en firme por el Tribunal Supremo por prevaricación.

Fabra defiende su honorabilidad
En el acto estuvo presente Carlos Fabra, que reiteró la honorabilidad de su compañero, ante unos 80 militantes. En su discurso criticó los casos de corrupción socialista y arremetió contra los medios de comunicación, una costumbre que se ha convertido en habitual y que ha provocado quejas por parte de la Unió de Periodistes de la Comunidad Valenciana.

Ocho años de inhabilitación
Vilanova está condenado a un año y seis meses de carcel por prevaricación. Además, la sentencia del Supremo le inhabilita durante ocho años para ejercer cargos públicos.

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EL PP FUERZA LA BAJA DE VÍCTOR CAMPOS, EX VICEPRESIDENTE DE CAMPS, POR RECIBIR SUPUESTAMENTE TRAJES REGALADOS

En 2007 aseguraba que nadie encontraría “trapos sucios en su gestión”

MARCOS PARADINAS

Víctor Campos, ex secretario de Organización del PP valenciano y ex vicepresidente del Gobierno de Camps, ha sido forzado a pedir la suspensión de militancia en el partido por parte de la directiva nacional tras su imputación por el juez Garzón en relación con el caso Gürtel. El ejemplo dado con Campos no sirve para toda Valencia, donde Fabra sigue presidiendo el PP de Castellón pese a sus numerosas imputaciones. Por otra parte, el propio Camps y Ricardo Costa, secretario general del PPV, no sólo no han sido recriminados sino que el partido les ha dado sus muestras de apoyo.

Así lo contaba ayer el diario Levante. José Víctor Campos Guinot fue vicepresidente del Gobierno valenciano, además de hombre de confianza de Camps, desde 2004 hasta 2007. Fue en esa fecha cuando, de improvisto, se retiró de la política alegando motivos personales.

Trapos sucios
“Me voy con la conciencia muy tranquila. Podrán criticar mi gestión, si soy más listo o menos o si me he equivocado, pero trapos sucios no”, explicó en 2007 Víctor Campos en una entrevista en el diario Las Provincias. Ahora, un ironía del destino ha hecho que su nombre se vea empañado con unos trapos, pero más limpios: Los trajes que supuestamente Correa le regaló.

Desde arriba
A él se le atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad por ello. Y ahora el Partido Popular le ha suspendido de militancia, pero de manera forzosa. A preguntas de Levante, Campos opinó que la decisión venía de la dirección regional. Así desvelaba que él no pensaba tomar esa medida. De hecho, El Mundo aseguraba que Campos ni se había dado de baja ni pensaba hacerlo.

De Cospedal toma cartas
Sin embargo, la secretaria general del PP de Castelló, Marisol Linares, decía no saber nada al respecto. Como continuaban las dudas de Campos, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP nacional tomó cartas en el asunto y le reclamo la baja temporal.

El caso Fabra
Campos ha sido considerado como el delfín de Carlos Fabra. Él podría haber sido su sustituto al frente del PP de Castellón y de la Diputación, de donde también él procede. Sin embargo, la conexión entre ambos no tiene nada que ver en lo que ha recibir bajas del PP se refiere. Fabra sigue en su cargo a pesar de sus nueve imputaciones. Y es que el código ético del PP pide que los cargos públicos se pongan a disposición del partido "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".

Apoyo a Camps y Costa
Indicios de delito es lo que vio Garzón en el caso del presidente valenciano, Francisco Camps y el secretario general del PP en la Comunidad y portavoz en las Corts, Ricardo Costa. Lejos de recibir reproches o analizar la suspensión de militancia, el PP ha dado todo su apoyo a los dos dirigentes.

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EL EX CONSEJERO DE MURCIA DETENIDO ES VETERINARIO, EMPRESARIO, POLÍTICO... Y, SOBRE TODO, UN HOMBRE CON SUERTE

MADRID.- Desde luego, los hay que tienen mucha suerte. La tuvo Francisco Marqués, ex consejero murciano de Medio Ambiente, ex delegado del Gobierno, actual presidente de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) y ahora detenido por supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales a cuenta de la recalificación fraudulenta de la finca La Zerrichera cuando era propiedad del empresario Trinitario Casanova. Esto se escribe hoy en www.elconfidencial.com

El secreto del sumario aún no deja saber de qué puede estar imputado, pero ya se ha filtrado que la investigación patrimonial a Marqués es la que ha dado lugar a su detención. Se trata de un asunto concerniente a la pretendida urbanización de una finca en Águilas, La Zerrichera, protegida como ZEPA y en la que intervinieron, además del ex consejero, otro consejero que sigue en el Gobierno, Joaquin Bascuñana, el actual alcalde de Águilas, varios concejales, funcionarios regionales y el citado Casanova.

De todas formas, suerte tuvo aquel joven veterinario vallisoletano que llegó a trabajar a Murcia en la empresa charcutera ElPozo y, tras su paso por una concejalía del ayuntamiento de Fuente Álamo, fue elevado a mediados de los noventa por el presidente regional Ramón Luis Valcácel a responsable de la Consejería de Sanidad.

Su toque afortunado queda confirmado por la oportunidad. Su detención en Madrid, el miércoles pasado, y los posteriores avatares judiciales que siguen y seguirían han quedado “tapados” y circunscritos a una lectura mediática provincial gracias a la que está cayendo a nivel nacional por las investigaciones del juez Garzón sobre el PP en Madrid y Valencia. Lo demás son tonterías; lo de Marqués es suerte.

La tiene efectivamente aquel joven veterinario concejal que fue designado después de su polémico paso por la Consejería de Sanidad, epidemia de legionella con origen encubierto incluida en 2002, a la Delegación del Gobierno en Murcia en 2003.

La siguió teniendo a pesar de que apenas cuatro meses después de obtener ese puesto auspiciado por el presidente Valcárcel, quien lo parecía designarlo así como delfín, perdió la silla arrastrado por la derrota electoral popular del 14-M. Sí porque, sólo tres meses después, el mismo que lo aupó a la Delegación lo repescó para su gobierno regional como consejero de Medio Ambiente e Industria.

Y ahí empezó la historia de la recalificación de la finca La Zerrichera, terreno de nuevo regadío protegido como ZEPA por la UE en la que el empresario Casanova pretendía construir uno de los tantos complejos residenciales de golf y chalecitos que asolan la costa mediterránea.

Marqués auspició la recalificación propicia como consejero de Medio Ambiente, con una serie de decisiones en combinación con el entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bacuñana y apoyada colegialmente por el gabinete regional presidido por Ramón Luis Valcárcel. La denuncia de los ambientalistas de Ecologistas en Acción y ANSE seguida por la del PSOE ha propiciado esta investigación que ha arrojado a Marqués a los calabozos.

Como no era de esperar, dada la suerte del personaje Marqués, el presidente regional Ramón Luis Valcárcel se desentiende ahora de las actividades en su Gobierno de aquel que fuera considerado su delfín diciendo que no pone la mano en el fuego “por nadie” y que “si una persona se enriquece ilícitamente, nunca es acción de gobierno, es acción personal”.

En su argumentario, Valcárcel confunde, a la manera pujolista, su partido con la patria chica pues asegura que “han sido 43 ocasiones en las que se ha dañado a la Región y 41 se han archivado”, refiriéndose muy inexactamente a las causas judiciales abiertas contra altos cargos del PP en Murcia.

A pesar de todo lo anterior, lo que sí parece claro es que la suerte de Francisco Marqués esta vez sí que está echada. Y no en el sentido en que hasta la fecha ha sido el habitual.

MURCIACONFIDENCIAL