viernes, 27 de marzo de 2009

MATO DICE QUE CONOCÍA EL JAGUAR Y QUE SEPÚLVEDA YA EXPLICÓ QUE NO FUE UN REGALO


La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha dicho hoy que "obviamente" sabía que su ex marido, el ex alcalde de Majadahonda Jesús Sepúlveda, poseía un coche Jaguar, pero ha recalcado que él ya ha explicado que "no fue un regalo".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Efe, Mato ha contestado hoy al ser preguntada por las informaciones que apuntan a que su ex marido, Jesús Sepúlveda, recibió del principal encausado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, un coche de lujo como regalo cuando era secretario electoral de este partido en el año 1999. Tras aclarar que a ella los coches no le llaman "absolutamente nada la atención", Mato ha destacado que Sepúlveda ya ha dicho que "no fue un regalo" y se ha mostrado "segura" de su inocencia y de que "todas las acusaciones que se le han hecho son infundadas". "En muchos años de convivencia, Jesús Sepúlveda nunca me consultó sobre qué tipo de coche adquiría", ha aseverado Mato quien ha aclarado que ella nunca dijo que no conociera la existencia del coche, sino que no le constaba que fuera un regalo.

"Obviamente, yo sabía que había un coche. Le he dicho que yo nunca he influido en el tipo de coche que adquiría. No me extrañó, porque a Jesús Sepúlveda le gustaban y le gustan los coches, solía cambiar los coches con frecuencia, creo que se lo podía permitir", ha continuado.

La diputada del PP ha insistido en que el ex alcalde de Majadahonda "ha dicho que no se lo regalaron y va a demostrarlo" y ha subrayado que, "en todo caso", esas explicaciones "las tendrá que dar Jesús Sepúlveda". Ha hecho hincapié en que nunca ha mezclado su vida personal con la política, y ha recordado que "en muchas familias donde la actividad profesional es independiente en el hombre y la mujer, también hay independencia económica".

"Sin duda tenemos gastos compartidos, pero los coches no entraban en ese capítulo", ha puntualizado. Mato ha considerado que no tiene "por qué dar explicaciones sobre esa cuestión" y que sólo debe responder de sus responsabilidades políticas. "Desde luego, mi vida familiar, mi vida privada, la que no tiene que ver con la política es mía y de mi familia y nunca voy a entrar en ello", ha concluido.

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GARZÓN IMPUTA A OTRAS DIEZ PERSONAS EN EL "CASO GÜRTEL"


Efe. Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a otras diez personas en el llamado "caso Gürtel", con lo que el número de imputados asciende ya a casi sesenta, según han informado fuentes jurídicas. Además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.

Algunos de estos nuevos imputados por los delitos de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España

Se trata de Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi, Eduardo Eraso y Tomás Martín Morales.

Se da la circunstancia de que Martín Morales ya figuraba entre los imputados en esta causa y de hecho dimitió el pasado día 6 como director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), al conocerse su imputación.

Garzón tomó la decisión de imputar a estas once personas en un auto notificado el pasado 17 de marzo, un día antes de tomar declaración a los seis que imputó el mismo día que se inhibió en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y entre los que figuraban los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente.

Según las citadas fuentes, el juez, en presencia de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, ha interrogado ya esta semana a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes. También estos últimos días han comparecido ante Garzón las personas que han tenido poderes en doce sociedades que han sido intervenidas a la trama de Correa con el fin de nombrar administradores judiciales.

El juez, según las fuentes consultadas, ha preguntado a los representantes de estas empresas, entre ellos al ex vicepresidente de Repsol YPF e imputado en esta causa Ramón Blanco Balín, si esas sociedades "estaban vivas" y con personas contratadas.

Entre estas empresas se encuentran Special Events (que organizaba actos para el PP hasta 2004), Orange Market (filial valenciana de Special Events), Good & Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Pasadena Viajes, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.

Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia decidan si la asumen, después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

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TRES DIPUTADOS DE AGUIRRE, SEÑALADOS POR VARIOS DELITOS

La red de corrupción que dirigía Francisco Correa hizo sus principales negocios en la Comunidad de Madrid gracias a la connivencia de varios alcaldes y de tres diputados autonómicos: Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP está a la espera de que sean imputados -algo que deberá decidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- para pedirles que entreguen su acta de diputado y suspenderles de militancia.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala múltiples indicios de que los tres parlamentarios autonómicos del PP "percibieron diversos pagos" por parte de los dirigentes de la trama corrupta. Anticorrupción sostiene que esos pagos se hicieron en función del cargo que los parlamentarios ocupaban en el momento del supuesto delito, por lo que concluye que los tres podrían haber cometido un delito de "cohecho en sus diversas modalidades" y otro de "tráfico de influencias".

- Alberto López Viejo. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción apunta que en la carpeta de un archivo informático con el nombre Pendrive Trascend 8GB, hallada en el registro de la sede principal de la trama corrupta, aparecen apuntes con el nombre de Alberto López Viejo, que en la etapa investigada ocupó los cargos de viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Desde estos puestos se encargó de organizar todos los actos institucionales de Esperanza Aguirre, cuyo montaje encargaba a empresas de la trama. En los apuntes encontrados en la investigación judicial aparecen supuestos pagos de al menos 286.000 euros a López Viejo por parte de la trama corrupta.

- Benjamín Martín Vasco. Desde el 28 de agosto de 2003 hasta el 17 de octubre de 2008, la contabilidad de la trama registró pagos a Benjamín Martín Vasco, que fue alto cargo del Ayuntamiento de Arganda (Madrid), donde supuestamente facilitó los negocios de Correa. Entre las entregas en efectivo y el pago de viajes, joyería, gastos de boda y estancia en hoteles, Martín Vasco recibió de la red corrupta 345.166 euros.



- Alfonso Bosch. Como alto cargo en la empresa pública de gestión de suelo del Ayuntamiento de Boadilla (Madrid), este diputado mantuvo relaciones con las empresas de Correa. La investigación ha acreditado, a partir de la contabilidad de la trama, que Bosch recibió al menos 120.000 euros.

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COMUNIDAD DE MADRID, LA SUMA DE TODOS (LOS FAMILIARES DE AGUIRRE Y ALTOS CARGOS)


El Gobierno regional suministra trabajo y contratos al entorno del PP




Gobierno regional de la popular Esperanza Aguirre se ha convertido en una maquinaria para dar empleo tanto a los familiares de la presidenta como a otros altos cargos de la Comunidad, especialmente su vicepresidente Ignacio González a través del Canal de Isabel II. Empresas relacionadas con familiares del PP también han conseguido sustanciosos contratos de la CAM. El lema para promocionar al Gobierno madrileño, la suma de todos, parece limitarse más bien a la suma de unos pocos, la de quienes se mueven en el entorno amistoso y familiar del PP. Muchos de estos vínculos se han evidenciado a raíz de la lucha de clanes internos demostrada con el presunto espionaje.

El canal de Isabel II es uno de los principales resortes de colocación del entorno del PP. Su gerente es Ildefonso de Miguel, cuyo sustancioso patrimonio salió a la luz a raíz de la presunta trama de espionaje. El cuñado de De Miguel, Fernando Ruano Puente, ha sido socio y administrador único de varias empresas beneficiadas por decisiones de la Comunidad de Madrid, junto con Pablo González González -hermano de Ignacio González, vicepresidente de la CAM y presidente del Canal de Isabel II- y José Juan Caballero Escudier -cuñado de Ignacio González-, también beneficiados por adjudicaciones de la empresa pública madrileña de gestión del agua.

Martín Marín-González-Aguirre
Ildefonso fue director general de Quiero TV y también es amigo y ex socio en varias aventuras de Pedro Antonio Martín Marín. En uno de los seguimientos a los que presuntamente fue sometido Ignacio González, según han publicado varios medios, se podía ver al vicepresidente acompañado en un viaje por Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de comunicación del PP. La hija de Martín trabaja en la fundación del Canal de Isabel II. El yerno de Martín es Borja Sarasola, número cuatro del PP de Madrid y viceconsejero en la vicepresidencia de González. Francisco Javier Aguirre Pemán es subdirector de márketing del Canal de Isabel II y también primo de Esperanza Aguirre.

Más González
Isabel González González, hermana de Ignacio González. Fue jefa de la Secretaría del Secretario de Estado para el Deporte, por donde también pasó Pedro Antonio Martín Marín. Ahora es, entre otras cosas, diputada de la Asamblea de Madrid.

También Gamón, el organizador de escoltas
La familia de Sergio Gamón, ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre e investigado por la Asamblea de Madrid como jefe de los supuestos espías de la Comunidad, también ha encontrado acomodo en el Gobierno regional. Su mujer fue contratada como secretaria de Manuel Soriano, entonces director general de Telemadrid, después de que la anterior secretaria le denunciase por acoso sexual. Su hija, María del Carmen Gamón, es concejala del PP de Fuenlabrada y también presidenta de Nuevas Generaciones del PP en esta localidad de Madrid.

La familia de Güemes
Por su parte, Juan José Güemes, consejero de Sanidad de Madrid y yerno de Carlos Fabra, puede ver a su hermana, Rocío Güemes Barrios, como directora de Estrategia Empresarial del Instituto Madrileño de Desarrollo.

Estos vínculos pueden comprobarse en Los Genoveses

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ANTICORRUPCIÓN ACREDITA QUE CAMPS RECIBIÓ MÁS DE 7.000 EUROS EN REGALOS DE LA TRAMA CORRUPTA


Y la Agencia Tributaria destapa "la elevada facturación de empresas del entramado con la Comunidad de Madrid"

La Fiscalía Anticorrupción ha acreditado que Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana implicado en el caso Gürtel, recibió regalos por valor de al menos 7.393 euros de la presunta red corrupta dirigida por Francisco Correa. Según informa El País, los propietarios de la tienda que vendía a la trama ropa para Camps han aportado facturas por 5.393 euros pagadas por Orange Market, la filial valenciana de la red. Anticorrupción ha añadido a estas pruebas la declaración José Tomás García, responsable de ventas del establecimiento que tuvo relación directa con el presidente para tomarle medidas o enseñarle telas. Tomás ha admitido que Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y uno de los dirigente de la trama, pagó más de 2.000 euros por un esmoquin y un chaleco.

Todos estos datos se desprenden de un informe de 18 folios fechado el 18 de febrero que actualmente forma parte del sumario remitido por el juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana.

Delito de cohecho
Anticorrupción cree que si los hechos se acreditan durante la instrucción, se habría cometido cohecho, un delito recogido en el artículo 426 del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”, reza la norma.

Relación con la trama
En cualquier caso, el escrito del fiscal explica que “por el momento” los regalos a Camps “no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama”. Garzón, sin embargo, considera que las dádivas están relacionadas con contratados adjudicados a la red corrupta por varias consejerías valencianas tal como consta en su inhibición.

Diputados madrileños
En el mismo documento de Anticorrupción, se ahonda en las conductas presuntamente irregulares de los tres diputados del PP en Madrid vinculados con la red de Correa: Alberto López Viejo (dimitido consejero de Deportes), Benjamín Martín Vasco (ex presidente de la fallida comisión investigadora del espionaje en la Comunidad) y Alfonso Bosch (también alto cargo de la empresa pública de suelo de Boadilla). En los tres casos podría existir “cohecho en sus diversas modalidad” y “tráfico de influencias” El fiscal asegura que la terna “percibió diversos pagos” de la trama corrupta. Así, López Viejo habría recibido 286.000 euros, Martín Vasco 345.166, y Bosch 120.000. Los tres, sin embargo, conservan el acta.

Intensa relación con Madrid
Finalmente, el Ministerio Público también destaca la intensa relación entre el Ejecutivo de Aguirre y la red. "La información remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone de manifiesto la elevada facturación de empresas del entramado investigado con la Comunidad Autónoma de Madrid y con los Ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla y Arganda del Rey en los años 2003 a 2007". Este organismo ha acreditado que la Comunidad contrataba con cuatro de las empresas corruptas: Easy Concept, Good&Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico

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LAS CLAVES PARA ENTENDER EL "CASO GÜRTEL" INVESTIGADO POR EL JUEZ BALTASAR GARZÓN
























El juez Garzón, a su llegada a la sede de la Audiencia. (EFE) (Imagen: EFE)

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A. COBOS.

Después de que saliera a la luz pública la investigación del juez de Baltasar Garzón sobre una presunta red de corrupción en torno al PP, muchos son los interrogantes que han surgido en un caso que no deja de enredarse según pasan los días.

Estas son algunas de las claves para entender mejor la 'Operación Gürtel'.

1. ¿Qué se investiga?

Una red de corrupción que supuestamente operaba en varios municipios de Madrid, así como en Valencia y en localidades de la Costa del Sol, y en la que sus integrantes están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

2. ¿Qué dice el auto del juez Garzón?

El auto del juez Garzón presentado el 12 de febrero indicaba que el "conglomerado de empresas" investigadas se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios públicos cuya identidad y cargos se están investigando".

Además señalaba que los miembros de la trama les entregaban (a los cargos públicos) "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no usaban las mismas prácticas".

3. ¿Cuántas personas están imputadas y cuántas en prisión?

En su auto, el magistrado imputó a 37 personas por varios delitos (blanqueo, fraude fiscal...), de los que sólo tres entraron en prisión sin fianza: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Así, Garzón dejó en libertad al resto de imputados (34) sin ningún tipo de medida cautelar tras tomarles declaración. Entre ellos, se encuentran las tres primeras imputadas: Carmen Rodríguez, esposa de Correa, Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo. El juez Álvaro Pérez también quedó en libertad con prohibición de salir de España.

El 27 de marzo Garzón imputa a otras once personas y, además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.

4. ¿Cuántos cargos del PP se han visto salpicados y quiénes han dimitido?

Son varios y algunos de ellos desempeñan, o desempeñaban, cargos públicos. Sus nombres son los siguientes: Alberto López Viejo, que presentó su dimisión como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Arturo González Panero, que dimitió como alcalde de Boadilla; María Jesús Díaz, ex número dos en la Alcaldía de Boadilla; Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda), que cesó de su actual cargo como gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia; los diputados regionales de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco; el dimitido alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, que también ha dejado su cargo.

Mientras, en Valencia, Garzón también ha relacionado al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps; al diputado de las Corts valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño.

Además, dimitió el presidente de la comisión que investiga el espionaje a políticos en Madrid porque también se le relaciona con esta trama mientras que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, llegó a cesar al asesor de la Junta del distrito de Moncloa, José Javier Nombela, porque había "perdido la confianza en él".

Otros implicados en el caso son Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

5. ¿Qué empresas están involucradas en la trama?

El entramado de empresas de la red de corrupción estaba compuesto por 23. Entre ellas destacan:

Special Events

Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del PP de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros. El propio alcalde Ruiz-Gallardón ha admitido que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153.000 euros.

Pasadena Viajes S.L.

Una empresa, también propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes, algunos de ellos, según El País, al equipo electoral de José María Aznar en su campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003. Está siendo también investigada.

Easy Concept

Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, según el diario Público, más de 70 contratos.

Good and Better, SL

Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.

Orange Market

Es la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La empresa organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur. Su presidente, Alvaro Pérez, 'el Bigotes', pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa, según Garzón.

6. ¿Por qué el PP quiso personarse como acusación particular?

El PP quiso presentarse como acusación particular con la intención de "aclarar todo" ya que, según fuentes del partido, se trata de unos hechos que les afectaban directamente, aunque no explicaron a quién querían acusar. Además, para ejercer como acusación, Garzón tenía que admitirles en el caso, algo que rechazó mediante un auto.

7. ¿Por qué los populares presentaron la recusación de Garzón?

El Partido Popular presentó su escrito de recusación contra el juez Garzón (que no sea este el magistrado que lleve el caso), alegando su "enemistad manifiesta" y "animosidad contra el PP", así como su "interés directo o indirecto" (los populares alegaron la curiosa coincidencia de una cacería celebrada en Jaén, en la que estuvieron el magistrado y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en plena instrucción del caso). El ministro tuvo que dimitir poco después.

Además, para que la recusación se hiciera efectiva, tenían que cumplirse cinco requisitos: el PP tenía que ser parte de la acusación; era imprescindible que Garzón admitiera el recurso; para ser recusado un magistrado tienen que opinar todos las partes del caso (defensa, fiscalía, acusación...); si prospera la recusación, después decide la Sala de lo Penal que es la competente para suspender al juez; y si no se cumplen los pasos anteriores, tendrían que ir a una instancia superior para pedir su recusación.

8. ¿Por qué pidieron la inhibición de Garzón del caso?

El PP primero y posteriormente la Fiscalía Anticorrupción pidieron a Garzón que se inhibiera del caso al no apreciar indicios de la implicación en el mismo de diputados, senadores o eurodiputados del grupo popular. Es decir, de aforados (cargos públicos con protección jurídica especial) nacionales de este partido.

Si Garzón acusaba a algunos de ellos de algún delito -como era el caso de Alberto López-Viejo o Francisco Camps-, tendría que renunciar a la investigación, como pretendía el PP, y pasar el caso inmediatamante a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia o al Tribunal Supremo, juzgados que ni cuentan con los medios ni con la experiencia de la Audiencia Nacional para llevar un caso de este tipo.

El método más utilizado en estos casos -no es la primera vez que sucede- pasa por imputar a los aforados en el último momento, cuando la investigación ya está prácticamente completa, algo que Garzón hizo finalmente el 5 de marzo.

Con el paso de los días antes del 5 de marzo, Garzón iba retrasando su decisión por lo que el PP decidió presentar una querella criminal por prevaricación contra el juez. Los populares acusaron al magistrado de actuar de manera "manifiestamente injusta a sabiendas" al haber superado "con creces" el plazo de tres días que establecer la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remitir las actuaciones a otro tribunal.

9. ¿Por qué decidió finalmente Garzón inhibirse de la investigación?

Garzón decidió inhibirse del 'caso Gürtel' el 5 de marzo, fecha en la que finalizó los interrogatorios a todos los imputados, sólo después de que se produjera la petición formal de la Fiscalía Anticorrupción para que dejase el caso.

Así, Garzón dejó parte del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por haber hallado indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, entre otros. También cedió la otra parte del caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, implicando en su auto a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, Jesús Sepúlveda o Ginés López, entre otros.

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