López Viejo organizó casi todos los actos de la presidenta y contrató con CorreaRajoy dudó sobre la suspensión de los imputados porque puede afectar a CampsC. E. CUÉ / S. ALCAIDE - MadridEl caso Gürtel tiene tres actores políticos principales, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Francisco Camps. Y cada semana, y a veces cada día, las novedades golpean a uno de los tres frentes abiertos, que a su vez están conectados. Ayer le tocó a Aguirre. * El sastre de Camps, citado a declarar sobre los trajes * LESIONADO * El juez impone una fianza de 750.000 euros a López ViejoLos implicados seguirán aforados para que la causa no vuelva a GarzónLópez Viejo declarará por la mañana, y por la tarde irá a votarLa semana pasada, la presidenta trató en la cadena SER de esquivar el asunto con la idea de que los imputados hasta ahora eran personas no directamente vinculadas a ella. "Hay tres alcaldes que yo no he puesto; un ex consejero al que no han imputado y seguramente imputarán y dos diputados que estaban allí cuando llegué". Pero ayer, Aguirre vio cómo ese ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, seguía el mismo camino que todos los demás políticos implicados en la trama Gürtel, al menos hasta ahora. Fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hoy declarará.Con López Viejo, el caso llega directamente al núcleo de confianza de Aguirre. Este ex consejero tenía como principal ocupación la organización de todos los actos de la presidenta desde que ella entró en campaña para tratar de alcanzar la presidencia de Madrid, en 2003. La confianza y el poder de López Viejo, derivado de su cercanía a Aguirre, llegaba hasta el punto de que muchos consejeros se quejaban de que él presionaba para que todos los actos oficiales en los que participaba ella se contrataran con las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la red investigada. Lo hizo, según el auto del juez Baltasar Garzón, a cambio de recibir al menos 500.000 euros en sobornos.Hay grabaciones incorporadas al sumario en las que Correa habla con su lugarteniente en Madrid, Pablo Crespo, y éste indica que el ex consejero López Viejo era "el muñidor de toda la operativa". Y en las que, por su lado, Correa señala que López Viejo se "llevaba una pasta", dice, de todos los actos que organizaban sus empresas para el Gobierno regional.López Viejo, que insiste en su inocencia, es el tercer diputado autonómico de Aguirre imputado. Los tres han sido suspendidos cautelarmente de militancia del PP, pero ninguno tiene intención de entregar su acta.El argumento oficial es que ésa es una decisión que les corresponde a ellos, que el acta es suya, y que la suspensión de militancia del PP es sólo temporal. Sin embargo, el motivo real, según diversas fuentes del PP, es la necesidad de protegerles porque si dimitieran los tres, los únicos aforados imputados hasta ahora, el caso volvería a manos de juez Garzón. Los diputados ni siquiera pasarán al Grupo Mixto y trabajarán con normalidad.El caso afecta de lleno a Aguirre, pero sus consecuencias políticas tocan a Camps y a Rajoy. De hecho, según fuentes de Génova, la sede central del PP, el líder y su dirección tuvieron algunas dudas a la hora de suspender cautelarmente de militancia a los tres diputados madrileños. López Viejo no había sido aún ni siquiera imputado. Algunos dirigentes nacionales -Aguirre era favorable a suspenderlos- temían las repercusiones de esta decisión sobre Camps.Si el presidente valenciano resulta imputado, será muy difícil explicar por qué él no es suspendido de militancia, algo casi impensable en el todopoderoso barón, que pese a estar políticamente muy quemado por el caso, sigue manejando un enorme presupuesto y fue clave para la reelección de Rajoy como líder tras la derrota electoral de 2008, algo que el jefe de la oposición no puede olvidar. En la misma situación queda Luis Bárcenas, tesorero del PP nombrado por el líder, que si es imputado tendrá que ser suspendido de militancia.La presión sobre Aguirre se intensificará hoy, día de pleno en la Asamblea de Madrid. Por la mañana, López Viejo acudirá como imputado a declarar ante el juez Antonio Pedreira, y por la tarde votará con los demás diputados aguirristas. Tomás Gómez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) exigieron ayer que entreguen el acta, y esta última preguntó si el PP va a pagar la fianza de casi un millón de euros de Benjamín Martín Vasco, ex número dos de los aguirristas en la Asamblea de Madrid.
ELPAÍS.COM
El TSJV les investiga por un presunto delito de cohechoLa próxima semana el presidente valenciano, Francisco Camps, y el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, podrían ser llamados a declarar como imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad por su presunta implicación en la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Así lo adelanta hoy el diario Levante, que apunta que el magistrado que instruye la rama valenciana de la trama, José Flors, está prácticamente decidido a imputar por cohecho a ambos dirigentes. Noticias relacionadas o “¡Camps: eres un corrupto!” o El PP suspende de militancia a los aforados madrileños implicados en el caso Gürtel o El TSJV tumba el último intento de Camps por frenar el affaire de los trajes o Orange Market diseñó el decorado para los actos de Camps en EE.UU o Camps queda como “un mentiroso”En plena pre campaña electoral de cara a las europeas del 7 de junio, el PP podría sufrir un varapalo importante relacionado con la corrupción: según publica hoy Levante, el presidente valenciano, Francisco Camps, y el portavoz popular en Las Corts, Ricardo Costa, podrían ser citados a declarar en el TSJV como imputados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel.Tras desestimar la nulidad del procesoDespués de que el juez instructor del caso en Valencia, José Flors, desdestimara el recurso de nulidad presentado por Camps contra las actuaciones de Garzón y decidiera seguir adelante con la información, el diario regional asegura que el magistrado estaría barajando imputar a Camps y Costa para llamarles a declarar ante la justicia.Presuntos delitos de cohechoCamps y Costa están siendo actualmente investigados por presuntos delitos de cohecho: Garzón les acusa de haber aceptado regalos de trajes por parte de Francisco Correa –principal imputado- y las empresas que conforman la trama corrupta. La investigación fue asumida por el TSJV ya que ambos dirigentes tienen la condición de aforados.Imputación para los cuatro dirigentesSegún la información de Levante, la imputación podría anunciarse durante la próxima semana, y se extendería también al resto de implicados en la vertiente valenciana de la trama, con lo que el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo, Rafael Betoret, también resultarían imputados en el caso.Madrid y Valencia, "judicialmente diferentes" según CostaPese a estas informaciones, Costa aseguró ayer que no teme que su partido le suspenda de militancia como les ha ocurrido a los dirigentes madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ya que, según dijo, los casos de Madrid y Valencia “judicialmente son completamente diferentes”. “Todas las personas del PP que están involucradas hemos mostrado nuestra máxima disposición a colaborar con la Justicia (…). Yo lo que tengo es ganas de poder aclarar donde corresponde la realidad, la verdad y demostrar que las acusaciones son falsas”, señaló.ELPLURAL.COM
'Operación Gürtel'Noticias Relacionadas * Gürtel.-TSJM impone a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para garantizar la devolución del dinero defraudado (05/05/2009) MADRID, (EUROPA PRESS) El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, impuso hoy una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo tras negarse a declarar por participación en la trama que dirigía Francisco Correa y por delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal, informó hoy el Alto Tribunal madrileño. En su comparecencia, el diputado regional López Viejo se negó a declarar al amparo del artículo 24 de la Constitución hasta que se levante el secreto de sumario. A petición de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, el instructor acordó imponer al diputado regional esta fianza, que es susceptible de recurso, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que procedan de la causa penal. De igual modo, el magistrado impuso el pasado martes al también diputado popular Benjamín Martín Vasco una cuantía de 955.000 euros con objeto de asegurar la devolución del dinero defraudado. Alfonso Bosch es el único de los tres parlamentarios madrileños sobre el que no pesan medidas cautelares por su imputación. A su llegada a la sede judicial, a las 11.40 horas, el que fuera consejero de Deportes y organizador de los eventos del Partido Popular (PP) de Madrid se encontró con un gran revuelo por parte de los medios debido a la expectación que ha levantado su imputación, al ser el cargo de mayor rango y más cercano a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. El parlamentario se negó a contestar a la tromba de preguntas lanzadas por los periodistas y se limitó a dar las gracias a los presentes. "No vayan ustedes a tropezarse", apeló a los medios el diputado en la Asamblea de Madrid. De igual forma, a su salida evitó pronunciarse sobre si se le habían impuesto medidas cautelares y sobre la posibilidad de que entregue su acta de diputado, como solicitan PSOE e Izquierda Unida. PREGUNTAS SIN RESPUESTAS El instructor tenía previsto preguntarle acerca del contenido de las conversaciones grabadas por la Policía que lo implican en la red corrupta, así como la documentación que obra en poder del magistrado que lo relaciona con el entramado de empresas de Correa. Sin embargo, López Viejo se negó a explicar estos extremos. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lo acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba Aguirre. Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero "se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...". DE VUELTA A LA PRISIÓN Por otra parte, el magistrado acordó mantener en prisión provisional al primo de Correa, Antoine Sánchez, quien cumple cárcel preventiva en la prisión de Soto del Real desde el pasado 12 de febrero. Se le imputa participación en una trama y los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. En el curso de la declaración, el imputado solicitó el levantamiento de la medida de prisión, que se resolverá por escrito una vez dado se dé traslado al Ministerio Fiscal. Al término de la deposición, se le condujo en un furgón policial al centro penitenciario. Asimismo, el magistrado del TSJM tomó declaración al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez por su implicación en la red corrupta de empresas. Al igual que al resto de imputados, se le acusó de los seis delitos de corrupción genéricos de la causa. * Sáenz de Santamaría: "El PP tomará cartas en el asunto"EUROPAPRESS.ES
El ex consejero López Viejo, acusado de recibir 563.000 euros, declara este jueves ante el juezY. GONZÁLEZ / A. VÁZQUEZ - MADRIDEl Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid no baraja expulsar a sus tres imputados en el caso Gürtel después de que, el pasado martes, el Comité de Derechos y Garantías del 
PP acordara la suspensión cautelar de militancia de todos ellos. Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor y Alberto López Viejo, que declara como imputado, continuarán siendo parlamentarios del PP. Dos son los motivos que la dirección regional del partido esgrime a la hora de justificar esta postura. En primer lugar, que la suspensión de la militancia "es cautelar y no definitiva". Y, en segundo, que no están condenados. Aguirre protege así a los militantes sancionados por Rajoy.No obstante, al estar suspendidos temporalmente de militancia, serán apartados de los trabajos habituales del partido, según informó ayer Juan Soler, portavoz adjunto del PP en la Asamblea. También aclaró que el PP pretende apartar del partido a los imputados para que puedan ejercer mejor su defensa. Fuentes del PP en la Asamblea de Madrid rechazan igualmente la posibilidad de solicitar su actas a los tres imputados. "Les pertenecen a ellos, no al partido", insisten. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló este miércoles que la suspensión de militancia de los tres diputados de Esperanza Aguirre se tomó con "total unidad de criterio" entre el PP nacional y el madrileño.El PP argumenta que la suspensión de militancia "no es definitiva"Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, consideró que el Comité de Derechos y Garantías del PP actuó con "contundencia y rapidez". Pese a sus palabras, el caso Gürtel estalló el 6 de febrero y el PP no ha tomado medidas hasta tres meses después. Ayer, el partido volvió a solicitar su personación. El juez Garzón la rechazó en su día al entender que los hechos investigados no perjudicaron al PP.Más de medio millónEl primer aforado cuyo nombre salió a relucir cuando se destapó la trama de corrupción, Alberto López Viejo, será el último en declarar ante el magistrado Antonio Pedreira. Garzón le acusa de haber recibido de Francisco Correa 563.000 euros a cambio de beneficiar a su organización empresarial. Si la Fiscalía sigue el criterio anunciado el martes con Martín Vasco, la fianza de responsabilidad civil que se puede imponer hoy a López Viejo puede superar el millón y medio de euros.Granados sostiene que el partido ha actuado con "rapidez"Según el auto de inhibición a favor del TSJM, López Viejo "habría beneficiado en diferentes eventos, desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid", a la red de Correa, "a cambio de entregas de dinero". Para disimular ese favorecimiento, López Viejo dio instrucciones para no facturar por encima de los 12.000 euros, lo que evita que la concesión salga a concurso.La Policía registró ayer la celda que Francisco Correa comparte con Pablo Crespo. Fuentes próximas a la defensa del primero señalaron que se llevaron autos de Garzón.PÚBLICO.ES
Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedadLópez Viejo, en la Asamblea de Madrid. MÓNICA PATXOTEFE - Madrid El juez instructor del caso Gürtel ha impuesto una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), que han añadido que el magistrado Antonio Pedreira ha mantenido la situación de prisión provisional de Antoine Sánchez, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira imputó ayer al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre por su implicación en el caso Gürtel.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre.Sobornos de CorreaSegún Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa."Se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio..."En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero "se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...".El ex consejero de Deportes es el tercer aforado madrileño imputado en el caso, junto con los parlamentarios regionales Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. El magistrado imputa a Bosch y a Martín Vasco la comisión de los seis delitos genéricos de la causa y participación en una trama. Los dos se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario.A Martín Vasco el juez le impuso ayer una fianza de 955.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se deriven del caso. Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que es probable que el juez opte por imponer a López Viejo una fianza similar a la establecida para Martín Vasco para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.Ayer, el PP suspendió de militancia a los tres diputados (Bosch y Martín Vasco y López Viejo), aunque no ha hecho lo mismo Aguirre. La decisión la adoptó el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama corrupta.
PÚBLICO.ES
HUELVA | Suspensión de empleo o cargo público durante dos añosEuropa Press | HuelvaEl ex edil del PA de la localidad onubense de Almonte y hasta ahora secretario de Organización del PA onubense, José Manuel Romero, declarado culpable de cohecho por un jurado popular por haber ofrecido información privilegiada a un corredor de fincas, identificado como J.M.C.V., en cuanto a parcelas que iban a salir a subasta en 2004 en la aldea de El Rocío y pedir comisiones a cambio, ha sido condenado finalmente a pagar 12.000 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante dos años.Así lo han explicado fuentes de la Fiscalía, quienes precisaron que la sentencia ratifica la petición del jurado popular, elaborándose conforme a lo que dictó en su momento.Durante la última sesión del juicio oral que tuvo lugar el pasado 21 de abril, los compradores de las parcelas que salieron a subasta en la aldea almonteña en 2004, "negaron conocer" al concejal andalucista y "haber pagado 18.000 euros de comisión al denunciante" de los hechos, J.M.C.V., el corredor de fincas presuntamente "amenazado" por el ex edil, después de que éste afirmara que había recibido dicha cantidad.No obstante, el denunciante aseguró ante el tribunal que enjuicia los hechos que "entregó 4.000 euros a J.M.R.P., como comisión, en el interior de una sucursal bancaria porque estaba harto de amenazas y quería quitárselo del medio".El mismo día, ambos compradores de las parcelas exculparon al edil andalucista de entregar los documentos necesarios para la subasta en el Ayuntamiento alegando que "fueron ellos mismos los que entregaron esta documentación" y que "nadie" le comunicó la cantidad por la que debían pujar, al tiempo que aseguraron que "no conocen" a este concejal.Los hechosTambién añadieron que "no pagaron comisión" al denunciante porque "éste no ayudó en nada" en la tramitación. No obstante, uno de ellos indicó que le hizo "un regalo de 600 euros".De igual modo, estos compradores negaron haber asistido a reuniones entre el edil andalucista y el denunciante pero, sin embargo, ayer este último apuntó que sí se produjeron estos encuentros de forma sigilosa.Por otro lado, el denunciante aseguró que escribió de su puño y letra un documento a modo de recibí, para que quedara constancia de que el acusado había recibido el pago de 4.000 euros de comisión por sus servicios. Sin embargo, un análisis pericial realizado por el laboratorio de grafística de la Policía Judicial de la Guardia Civil para el análisis alfanumérico del escrito en el que se constataba esta transacción concluye que fue el acusado quien realizó todo el escrito, en contra de lo declarado por el propio denunciante.Así, el informe provisional de la Fiscalía informa que el ahora imputado, aprovechando su calidad de funcionario público y el fácil acceso a la información y distintos departamentos del Ayuntamiento de Almonte, relacionados con las subastas públicas de parcelas, "se ofreció a realizar gestiones necesarias para asegurar la adjudicación de tales parcelas, entre ellas el pago de tasas, presentación de documentos y dándoles a conocer el precio que debían poner en las plicas para garantizarse la adjudicación de parcelas por parte de los clientes de J.M.C.V.".Una vez producida la adjudicación de las parcelas de El Rocío por parte de los clientes interesados, en concreto las números 4 y 6 de la calle Santa María, y escrituradas las mismas, el acusado, "con la intención de obtener un beneficio económico indebido, exigió en reiteradas ocasiones, incluso con amenazas, la cantidad de 9.000 euros de comisión, a lo que finalmente accedió, entregándole un total de 4.000 euros el pasado 7 de junio de 2005".ELMUNDO.ES
