domingo, 24 de mayo de 2009

BIGOTES A RICARDO COSTA: "TENEMOS UN MARRÓN"


La conversación telefónica es una de las pruebas en poder del Tribunal Superior de Justicia


Una de las pruebas que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Valencia revela cómo el empresario Alvaro Pérez, conocido como El Bigotes le pide, con nerviosismo, al número dos del PP, Ricardo Costa, que vaya a su despacho para hablar porque "tenemos un marrón", a lo que el político popular le responde que no sabe a qué viene tanta preocupación.

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Alvaro Pérez intuía algo, pero no sabía que ya su teléfono estaba pinchado. De haberlo imaginado, seguramente habría sido más prudente. Esta es una de las pruebas que forman parte de la investigación por cohecho que está estudiando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su mano derecha Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, además de El Bigotes, director de la empresa Orange Market, que formaba parte del supuesto entramado corrupto del caso Gürtel.

Todos declararon esta semana
Todos los imputados han prestado declaración esta semana, y han tenido que enfrentarse a las grabaciones, dentro de una instrucción que deberá llegar a la verdad sobre si Camps y los suyos recibieron trajes de regalo de las empresas de la trama y si a favor adjudicaron contratos públicos de manera irregular.

Los números de Hacienda
Los testimonios que el magistrado ha escuchado esta semana son sólo una parte de la instrucción que ha de completarse con el análisis de numerosa documentación. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción está valorando recurrir a la Agencia Tributaria o a censores de cuentas. Entre las grabaciones se encuentra la del ex director de ventas de las tiendas donde se adquirieron los trajes, José Tomás, quien ha ratificado en el TSJ que Camps nunca pagó y que lo hacían empresas Gürtel.

Hay más pruebas en Madrid
A los papeles que ya obran en poder del juez José Flors, encargado de la investigación, se sumarán también otros documentos que en la actualidad se encuentran bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro de la pieza principal de esta causa, que serán remitidos a Valencia para su análisis en cuanto se levante la medida, según el diario Levante.

ELPLURAL.COM

EL CALAYO NO DA EL CANTE EN ALHAURÍN DE LA TORRE



J. M. CAMACHO. MÁLAGA

El ex alcalde de Alcaucin, el socialista José Manuel Martín Alba, detenido el pasado febrero dentro de la operación «Arcos», confía en salir muy pronto de la prisión de Alhaurin de la Torre, según Fuentes de su entorno, quienes explicaron que su vida en el interior de la cárcel discurre como la de cualquier preso preventivo.


El ex regidor municipal ha comentado que no quiere seguir los pasos del ex alcalde de Marbella, Julian Muñoz, quien solicitó trabajar como camarero en el economato de la prisión para suministrar artículos a los reclusos, ni tampoco ha pedido ayudar en el comedor a servir a sus compañeros, ni participar en ningún taller. Martin Alba, un apasionado por el flamenco, ha llegado a cantar en algunos espectáculos y de ahí que se le conozca mas por el sobrenombre artístico «El Calayo».

«Sale al patio con sus compañeros, ve un poco la televisión, pero anímicamente está mal», señalaron las fuentes consultadas por ABC, quienes aseguraron que está «muy dolido» con algunas informaciones publicadas sobre él y su familia y también con la actuación desarrollada por la Guardia Civil en el municipio.

Afirmaron que su estado no llega a la depresión, pero si se encuentra «muy afectado» por «las calumnias y falsedades que se han dicho sobre su entorno familiar». Las mismas fuentes manifestaron que cuando salga de la cárcel dará su versión sobre los hechos, siempre respetando el secreto del sumario.

La instructora del caso «Arcos» podría decretar la libertad del ex regidor en las próximas semanas cuando hallan declarado todos los imputados en la trama de corrupción urbanística. El pasado jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, interrogó a dos personas, una de ellas Imputada. También el ex alcalde fue trasladado hace una semana desde la cárcel al Juzgado para declarar ante la jueza. Aunque no han trascendido sus declaraciones, fuentes cercanas señalaron que Martín Alba defendió su inocencia, se ratificó en su primera declaración y negó haberse lucrado con la corrupción urbanística en Alcaucin. Por otra parte, el jefe de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Mora, puesto en libertad la pasada semana tras pagar una fianza de 120.000 euros, ha solicitado 15 días de permiso en su trabajo. Cuando regrese a la Diputación, no desarrollará el trabajo que venía desempeñando como arquitecto en la comarca de la Axarquía. Mora no podrá salir del organismo supramunicipal y realizará trabajo de mesa.

Actualmente, hay mas de una treintena de personas imputadas en la operación Arcos, según fuentes jurídicas. La Guardia Civil detuvo hace casi tres meses en las provincias de Málaga y Huelva a un total de trece personas por diversos delitos de corrupción, relacionados con el urbanismo. En aquella operación fueron detenidos, además del alcalde de Alcaucín, varios miembros de su familia, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario.

Los agentes registraron también las dependencias del Ayuntamiento de Alcaucín y del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, así como los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional. En uno de los registros, la Guardia Civil halló bajo el colchón de una cama varias bolsas que contenían 160.000 euros.«El ahorro de toda una vida», declaró el ex alcalde cuando fue interrogado por este dinero.

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.

La investigación permitió desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.

Los empresarios dedicados a esta actividad presuntamente pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

ABC.ES

LOS CASOS MACARENA, UNIDAD Y MERCASEVILLA CONVERGEN EN EL ENTORNO DEL ALCALDE



Los principales casos de corrupción de la «era Monteseirín» tienen un nexo evidente: los implicados son siempre personas de confianza del círculo más cercano al regidor


El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. ABC

Mercasevilla modifica sus estatutos para poder tener un gerente sin título universitario

Mellet y Ponce llegaron al «merca» con García al frente
Los dos ex directores de Mercasevilla, Fernando Mellet (gerente) y Daniel Ponce (adjunto), imputados por su participación en el intento de cobro de comisiones a empresarios han sido recientemente expulsados como militantes de la Agrupación Macarena del PSOE. convulsionada por los casos de facturas falsas. Precisamente, los dos entraron en el «merca» en la etapa del edil José Antonio García como presidente de la empresa. García presentó posteriormente su dimisión como concejal a causa del escándalo de las facturas. Ellos lo han hecho ahora por las comisiones.


El «fax del dinero negro» de Unidad, en los juzgados

El Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla, que lleva el «caso Unidad», investiga un fax que se remitió en abril de 2002 desde los despachos del Grupo Municipal del PSOE con destino a la Federación de Asociaciones de Vecinos en el que se dan instrucciones para «inflar» una factura, de modo que la diferencia entre el «gasto real» y la factura a elaborar, llamado «resto» en el documento, se guarde «en la caja fuerte». El blanqueo de dinero que se desprende de este documento —que ha sido considerado auténtico en un informe de la Policía Judicial— está siendo investigado por el juez a raíz de la denuncia del PP, que señala a Enrique Castaño como autor y remitente de dicho fax. El que fuera asesor del PSOE local no ha declarado aún por este tema, aunque sí su jefe, Manuel Gómez Lobo.

EDUARDO BARBA. SEVILLA

El entorno directo del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha vivido numerosos casos de corrupción que han puesto en entredicho al propia gestión del regidor. Muchos de los asesores, colaboradores directos o altos cargos que le han rodeado se han visto involucrados en asuntos turbios por los que, en algunos casos, han tenido que dimitir. El último ejemplo, el que ahora se vive en los juzgados por el «caso Unidad», con varios de los que fueron sus asesores entre los implicados. Un somero repaso a la estructura de poder del PSOE local permite encontrar numerosos y sorprendentes lazos entre distintos casos de corrupción por manejo de dinero público —mediante adjudicación de obras, subvenciones o contratos con la administración— que generan fundadas sospechas sobre la posibilidad de que se haya creado un organigrama para captar no sólo votos sino también fondos.

Ese entorno ya ha recibido una condena por malversación de fondos y falsedad en documento público. Fue hace sólo varios meses en el juicio por el «caso Macarena» o «de las facturas falsas», por el que la Justicia castigó a José Marín —cuatro años y tres meses de prisión— y José Pardo —tres años y nueve meses—. El segundo, contratista beneficiado con el dinero público por obras no hechas, fue militante socialista en la época en que se produjeron los hechos y participó en la campaña electoral de 2003 como escolta personal del alcalde; los primeros cheques los cobró por ventanilla al día siguiente de iniciarse la campaña y después de acompañar a Monteseirín en un acto del partido.

Mucho más sólida era la relación que el alcalde mantenía con Marín, destacado militante socialista que acompañaba al regidor desde la etapa de éste presidiendo la Diputación. Al dar el salto al Ayuntamiento, se lo llevó como secretario del Distrito Macarena donde manejó los hilos de las obras menores en entredicho, supervisó y gestionó un libramiento de las arcas locales de 600.000 euros y colocó el nombre de Pardo en talones para que éste los cobrara. Todo se produjo en los meses previos a las elecciones municipales de 2003, tras lo que la oposición siempre ha visto un desvío de dinero público con fines partidistas. En ese distrito el delegado era José Antonio García, que estuvo imputado por facturas falsas —tuvo que dimitir— aunque acabó exculpado. Como responsable del área de Consumo, fue presidente de... Mercasevilla. Pero esa es otra historia.

En ese distrito, histórico vivero socialista, los escándalos han sido constantes con Monteseirín. Por hechos de aquella etapa de apogeo alfredista, uno de sus asesores más cercanos, José María Castro Buján, tuvo que dimitir en enero de 2005, ya que se demostró que dos empresas vinculadas a él y a su esposa —Aseycon y Asesoría San Jerónimo— habían recibido adjudicaciones del Distrito Macarena siendo él asesor del alcalde. Esas sociedades aparecen ligadas al listado de las beneficiadas por el «caso Macarena». Otro colega de «Pepo» Castro en la asesoría del alcalde y del Grupo Municipal Socialista, Ángel Cervera, se vio obligado a abandonar su puesto ese mismo mes por algo similar, ya que cobró de las arcas públicas por realizar unos carteles navideños para el distrito mientras estaba a sueldo del Ayuntamiento.

Algo antes, otro asesor de Monteseirín, Juan José Conde, dejó su puesto después de publicarse que una cooperativa relacionada con su mujer —tras la que supuestamente estaba él— vendía viviendas de protección oficial por encima de precio máximo legal. Cervera y Conde tienen, no obstante, vínculos directos con otra de las fuentes de escándalo del Ayuntamiento sevillano, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Unidad.

Antes de ese capítulo, cabe reseñar que en el Distrito Macarena, superado el tsunami de las facturas falsas, saltó a primera línea de la actualidad el nombre de otro de los socialistas próximos a Monteseirín, el de Evaristo Troya, beneficiado con múltiples contratos de la administración local en se distrito —montó una empresa de eventos junto a su hermano— a pesar de ser un cargo socialista destacado en las junta del distrito. Se trata de uno de los grandes «conseguidores» de los últimos años ejerciendo muchas veces simplemente de intermediario entre el Ayuntamiento y las empresas contratadas. Así se hizo con contratos por valor de más de 200.000 euros, el 80% de los cuales se le otorgaron sin concurso. Troya es el auténtico «jefe» en San Jerónimo, algo que al aparato del partido aprovechó para «ficharlo» el año pasado para las asambleas locales, robándole al alcalde una de las piezas vitales entre los llamados «críticos».

Brazo político-vecinal
La caída de García y Marín en Macarena causó su relevo al frente de la vital agrupación, que pasó en 2005 a manos de Manuel Gómez Lobo, otro de los huesos básicos del esqueleto. Procedente de la Fasa Renault, donde coincidió con José Antonio García —precisamente su antecesor en Macarena—, el partido lo introdujo en Unidad en torno al año 2000 para politizar al máximo esa organización vecinal, que pasó a dar su apoyo electoral al PSOE. A partir de entonces, las subvenciones del Ayuntamiento de Monteseirín a esta entidad se multiplicaron por 800.

Gómez Lobo colocó como segundo en la institución vecinal a Enrique Castaño, otra pieza fundamental. En Unidad —a donde llegó bajo la presidencia de Juan José Conde—, y como secretario, controló las finanzas. Él y Conde mantenían buenas relaciones con el ex edil Carmelo Gómez, manijero en la Macarena antes de la llegada de García y Marín, e incluso llegaron a ser socios en el mundo de la construcción, donde hicieron negocios al lado de Manuel Moreno Cordero.

Éste fue administrador de Oikos 2000, empresa que realizó obras en el Distrito Macarena, que aparece entre las sociedades «sospechosas» nombradas en la comisión de investigación abierta por el escándalo de las facturas falsas y cuya denominación se reservó en el registro mercantil precisamente por Castaño, que asesoró a esa empresa.

Castaño creció en Unidad bajo el paraguas de Gómez Lobo y cuando aquel se convirtió en concejal de Vía Pública, éste le acompañó al Ayuntamiento como director de área. Además, ambos pasaron a controlar la Agrupación Macarena. El edil fue delegado de esa demarcación y Castaño secretario de organización. El núcleo de la facturación dudosa estaba en sus manos. En enero de 2006 ABC comenzó a publicar las irregularidades contables en Unidad, a la que llegaban subvenciones en masa para actividades que luego no eran debidamente justificadas. Gómez Lobo fue el responsable de numerosas anomalías contables en las justificaciones de gastos de cursos supuestamente impartidos por la Federación, en la que incluyó facturas personales, como arreglos en su motocicleta, un casco o varias copas en un pub.

En la investigación aparecieron facturas falsas «colocadas» tanto al Consistorio como a la Diputación, motivo por el que dimitió la ya presidenta de la entidad, Ángeles Nevado, acosada tras descubrirse, además, que las facturas duplicadas las había elaborado su marido, Ángel Cervera, que tras dimitir como asesor de Monteseirín trabajaba en Presidencia de la Diputación. Cervera colocó en las facturas un NIF inexistente y el nombre de la empresa de su madre fallecida, un quiosco cerrado hacía varios años. Por ello, también tuvo que dejar su cargo de asesor de Fernando Rodríguez Villalobos. Con Unidad arruinada, a Nevado la suplió Antonio Guisado, quien, como Nevado, era militante socialista y miembro de la ejecutiva de la Agrupación Este-Alcosa, controlada por Francisco Fernández.

Nevado era trabajadora de la Diputación en la empresa Siglo XXI, donde había sido contratada en la etapa de Monteseirín al frente de la institución. El concejal Fernández, por su lado, tuvo que declarar a comienzos de año como imputado en el Juzgado de Instrucción 8 de la capital hispalense por la contratación de un ex cuñado del alcalde como director del Instituto del Taxi tras modificaciones de la convocatoria de la plaza, algo que derivó en una denuncia de la organización sindical Comisiones Obreras. En marzo, no obstante, esa causa fue archivada al no apreciar el juez delito alguno en la actuación de Fernández, que ostenta en el Instituto del Taxi la representación del alcalde y que es uno de los ediles más cercanos a Monteseirín desde que éste lidera el gabinete de gobierno local.

No sólo los presidentes
Volviendo a Unidad, y más allá de Cervera o Nevado, los vínculos entre Unidad y el organigrama de poder del PSOE local se hicieron abrumadores. Otro hombre de confianza de Fernández en su agrupación, Juan Carlos Zambrano, era tesorero de la Federación vecinal, sucediendo en ese puesto a Concepción González Flores, que había gestionado los dineros de esa organización y que era militante del PSOE en Macarena y, además, personal de confianza del Grupo Municipal Socialista junto a Conde y Castaño. El último ha sido señalado por el PP como posible remitente en abril de 2002 del fax enviado a Unidad desde los despachos del PSOE municipal dando instrucciones para falsear una factura y guardar «el resto en la caja fuerte».

Y Mercasevilla
A la sombra, Castaño progresó luego, manteniendo sus grandes contactos en Urbanismo y el círculo de poder de Monteseirín. Fue consejero de Mercasevilla. De nuevo Mercasevilla... Después, ya en 2006, se postuló como presidente del recién creado Tribunal Económico Administrativo municipal, pero tras aparecer su nombre en las informaciones sobre las anomalías de Unidad, el PSOE cambió de planes y fue designado a principios de 2007 gerente de... la Fundación DeSevilla, institución municipal de promoción que ahora controla IU y que ha pasado a primera plana de la actualidad por las polémicas subvenciones otorgadas a organizaciones comunistas de países hispanoamericanos y por la contratación de personas englobadas en el PCA. Finalmente, Castaño se marchó de la administración local por la presión del «caso Unidad», por el que el PP podría pedir su imputación en breve como remitente del fax enviado desde el PSOE municipal con instrucciones para inflar una factura.

Hay más. Con Castaño estuvo en Unidad como trabajadora social Rosa Mellet, que aparece señalada en las declaraciones judiciales de una de las trabajadoras de la entidad vecinal —Susana Delgado, encargada de llevar al Ayuntamiento «el sobre con el dinero que se menciona en el fax— como la persona de la que recibían órdenes. Las recibía de ella y de Josefa Prado, contable de la organización y también imputada en ese caso.

Más. Rosa Mellet es hermana de Fernando Mellet, ahora en el candelero por el escándalo que ha protagonizado como director gerente de Mercasevilla junto a Daniel Ponce, como él, socialista de la Agrupación Macarena, que habían controlado tanto García como después Gómez Lobo o Castaño. Antes de dar el salto al mercado central, Mellet trabajó como asesor de Comisiones Obreras, donde coincidió con Antonio Rodrigo Torrijos, y había sido precisamente contable de Unidad. Círculo completo.

Comisiones de investigación
Mucho más cercano a Monteseirín es Manuel Marchena, su auténtico brazo derecho desde que llegara al poder en 1999 y que, como gerente de Urbanismo, salió indemne en 2005 de la comisión de investigación puesta en marcha con motivo de uno de los mayores escándalos del gobierno socialista, la entrega de bolsas de dinero a los chabolistas de Los Bermejales para su desalojo. Marchena controla ahora Emasesa, que le hizo un contrato a un primo hermano del alcalde sin experiencia contrastada en el sector para diseñar la web del Plan Estratégico 2020.
También pasó por una comisión de investigación en 2002 otro concejal del núcleo más cercano al alcalde, Blas Ballesteros, al que se le acusó de permitir irregularidades de funcionarios en su departamento, Tráfico.

ABC.ES

EL CONSEJO DE LA JUVENTUD CEUTÍ SE DISUELVE INCAPAZ DE ASUMIR LA DEUDA

Los votos a favor de la disolución de Nuevas Generaciones, Juventudes Socialistas (PSOE) y Jóvenes Demócratas fue decisivo tras cuatro horas de tensa asamblea

Mariam Mohamed insiste en su inocencia, pero se niega a justificar su gestión


JAVIER SAKONA | CEUTA


MOMENTO DECISIVO. Instante en el que la asamblea del CJCE vota su disolución. / SUR

«Veintiún votos a favor de la disolución; veintitrés abstenciones, nadie en contra. Se procede a disolver el Consejo de la Juventud de Ceuta», reza el acta de la XII asamblea del Consejo de la Juventud (CJCE). Un acta que ya es historia. El Consejo de la Juventud de Ceuta se disolvió ayer ahogado por las deudas incapaz de encontrar una solución de futuro 25 años después de su fundación. Los representantes de las 16 asociaciones que conformaban el CJCE tardaron más de cuatro horas tardaron en asumir lo inevitable. «La crónica de una muerte anunciada», como resumió uno de los periodistas que siguió una larga y confusa asamblea. Los 200.000 euros de deuda -56.000 de ellos con la Seguridad Social y Hacienda- que arrastra el CJCE tras la gestión de su anterior ejecutiva permanente, presidida por Mariam Mohamed (Jóvenes de Benzú) fueron ayer un callejón sin salida.

Pese a varios intentos, ninguna de las entidades presentes asumió el liderazgo de una gestora que habría de tratar de resolver el agujero contable. Finalmente, los votos de las asociaciones políticas, Nuevas Generaciones (PP), Juventudes Socialistas (PSOE) y Jóvenes Demócratas (UDCE) -a excepción de Alternativa XXI (PSPC), que se abstuvo- desequilibraron la balanza y precipitaron la decisión que, quizá por vértigo histórico, habían esquivado durante toda la asamblea: disolver el Consejo de la Juventud 25 años después de su fundación.

Como era de esperar la anterior presidenta del CJCE y a quien responsabilizan del agujero contable sus ex compañeros en la ejecutiva, fue la protagonista de una asamblea que empezó tranquila y terminó al borde de la ebullición. Mohamed, que intervino constantemente durante toda la reunión, reconoció «mala gestión» pero se negó en redondo a justificarla ante una asamblea que se resume en una de las frases más repetidas: «Mariam respeta el turno de palabra».

En un aparte con SUR, Mariam Mohamed insistió en su inocencia y en la correcta justificación de las subvenciones que, aunque son finalistas, asegura haber invertido en «servicios» del CJCE, entre ellos regalos a miembros de anteriores directivas del Consejo. Pero, pese a la correcta justificación de las ayudas de la Ciudad que alega Mariam Mohamed, el caso es que la propia Ciudad ha rechazado la documentación presentada por la ex presidenta del CJCE y exige la devolución de más de 130.000 euros. Además, esta misma semana, reconocieron desde la Gestora, se ha descubierto una nueva deuda, esta vez de 10.000 euros, con la compañía telefónica y evidencias de que sacaron de la cuenta corriente una media de 30.000 euros en efectivo de media cada año durante la gestión de la ejecutiva dimitida tras descubrirse el agujero contable.

Pese a todo, Mariam Mohamed llamó en repetidas ocasiones al consenso para evitar que los jóvenes de Ceuta pierdan a su «único interlocutor» y culpó a la Gestora de la desaparición del CJCE al considerar que al airear las deudas del organismo había impedido que la Ciudad resolviera el problema de una forma discreta «como se ha hecho con otras asociaciones que también tenían deudas con la Seguridad Social».

El caso además está en manos de la fiscalía que ha abierto una investigación por malversación de fondos y que podría salpicar a la Ciudad al haber concedido ayudas públicas a una entidad deudora de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, extremos que prohíbe expresamente la Ley de Subvenciones.

La dolorosa disolución del Consejo de la Juventud ceutí permite además dar una salida digna a los trabajadores contratados para servicios administrativos y para la atención de la línea de consultas sobre sexualidad. Con la disolución, los trabajadores tendrán derecho a cobrar la prestación del paro y a una indemnización por despido improcedente que cubriría el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Las entidades presentes en la asamblea evitaron debatir y airear los informes de gestión y de cuentas que se rechazaron por mayoría sin debate previo. Y tampoco nadie insistió para que Mariam Mohamed explicara a la asamblea las razones del agujero contable que dejó en herencia.

El futuro pasa ahora por la creación de una plataforma que englobe a las asociaciones y que forme un nuevo Consejo de la Juventud.


DIARIOSUR.ES

NICOLAU RECURRIÓ AL CONTABLE DE VICENS PORQUE "EL CONSELL NO TIENE MEDIOS"


CASO SON OMS

Favores privados con dinero público


Nicolau junto a Munar en un acto público.






* El ex líder de UM adujo carencias 'personales y materiales'
* Al final acabó pagando un estudio lleno de tópicos

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

"No dispone esta Dirección Insular [de Territorio] ni el propio Departamento [de Ordenación del Territorio] de los medios personales ni materiales para llevar a cabo este trabajo". Éste es el sorprendente argumento que esgrimió por escrito el ex secretario general de Unió Mallorquina (UM) y ex número tres de Bartomeu Vicens para justificar la "necesidad" de pagar 12.020 euros públicos al contable particular del ex conseller por un estudio sobre "el valor del suelo en Mallorca". Un informe que el economista Tomás Martín San Juan acabó despachando en apenas 12 páginas repletas de tópicos y algunas de las cuales acabó copiando directamente del Boletín Oficial del Estado (BOE), y que finaliza así: "El suelo en la Isla es escaso y tiene mucho valor".

La acusación del fiscal

EL MUNDO/El Día de Baleares ha tenido acceso al escrito que elaboró Nicolau el 17 de enero de 2007 como director Insular de Territorio y que avaló esta contratación a dedo de Vicens. Un documento por el que la Fiscalía Anticorrupción le acusa de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y por el que ha solicitado que declare el próximo martes en calidad de imputado ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que investiga el caso Son Oms.

Cabe recordar que Vicens decidió recompensar al asesor fiscal que le había conseguido facturas falsas por importe de 295.000 euros para engañar a Hacienda con sus comisiones por la recalificación de Son Oms y que éste, tal y como declaró ante el juez, no le había cobrado nada por la gestión. Por ello el actual diputado del Grupo Mixto decidió abonar a Martín San Juan dos millones de pesetas con cargo al erario público bajo el pretexto de que hiciera un estudio relacionado con el Departamento de Territorio que dirigía.

Pero para ello necesitaba Vicens que su entonces subordinado Nicolau escenificara por escrito la «necesidad» del encargo. Siguiendo las instrucciones del ex conseller uemita, Nicolau elaboró un escrito titulado "Informe de necesidad de la contratación de una asistencia técnica para llevar a cabo un estudio sobre el valor del suelo en la Isla de Mallorca". En él, Nicolau consideraba "conveniente considerando la importancia que tiene la clasificación del suelo mediante los instrumentos de planeamiento y ordenación, disponer de un estudio sobre el valor del suelo en la Isla de Mallorca". Y añadía que sería de gran utilidad para la futura "toma de decisiones".

Por último, apostillaba que la Conselleria de Territorio no tenía "medios suficientes" para llevar a cabo este trabajo y proponía por ello "la contratación del economista Tomás Martín San Juan para llevarlo a cabo por un precio máximo de 12.020,24 euros IVA concluido". Exactamente la cifra máxima que estipula la Ley de Contratos para realizar un pago sin concurso público y que finalmente fue la que acabaría cobrando el gestor de Vicens. Esta adjudicación, desvelada por EL MUNDO/El Día de Baleares, ha motivado que no sólo Nicolau sino el contable de Vicens y el propio ex conseller tengan que declarar, también como imputados, el próximo martes.

El argumento de la carencia de medios del Consell de Mallorca para encargar este informe se torna escandaloso al comprobar que sólo la Conselleria de Territorio dispone de al menos cuatro decenas de técnicos cualificados para llevarlo a cabo. Entre ellos, técnicos jurídicos urbanistas, arquitectos técnicos y superiores, delineantes y técnicos en sistemas de información territorial. Pero el caso adquiere una gravedad todavía mayor al comprobar el contenido del estudio sobre el "valor del suelo en Mallorca" que acabó presentando el contable de Vicens. Alcanza conclusiones del tipo de que "el suelo es la principal materia prima de la vivienda", "mucha demanda de compradores por cada oferta nos anticipa una posible subida de precios" o que «el origen de la demanda son clientes que buscan suelo para su adquisición... fundamentalmente promotores".

Asimismo, y en la abultada relación de perogrulladas que lo componen se encuentran aseveraciones como que "la explicación del alto valor del suelo rústico es que ha dejado de tener un valor agrario y es estrictamente urbanístico" o que "el suelo industrial es un valor en alza".

ELMUNDO.ES