Cronología de la «Gürtel»
6 de febrero: Con la detención de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez se hace pública la investigación de una supuesta trama de corrupción que afectaría a distintos cargos del PP.
10 de febrero. El juez amplía a 37 el número de imputados. Comienzan las primeras quejas por las filtraciones del sumario, declarado secreto. El PP cuestiona a Garzón al conocerse que mientras los detenidos de la «Gürtel» estaban presos compartía cacería con el entonces ministro de Justicia.
25 de febrero: Garzón implica al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas y desmiente la participación del diputado Esteban González Pons.
5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y los indicios contra aforados, Garzón se inhibe a favor de los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez implica a otros seis miembros del PP: Francisco Camps, Ricardo Costa, Alberto López Viejo, Arturo González, Jesús Sepúlveda y Ginés López.
27 de marzo: Con posterioridad a su inhibición, Garzón imputa a otras diez personas, con lo que eleva los implicados a 55.
31 de marzo: El TSJM acepta la causa tras confirmar los indicios contra los aforados de Madrid.
14 de abril: Anticorrupción solicita al TSJ de Valencia que cite a Camps y a Costa, ambos relacionados con la pieza de los «trajes». El presidente valenciano declarará más de un mes después (20 de mayo).
21 de mayo: Detenido en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias «Zafa», que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero el dinero de la «trama». Al día siguiente, el instructor del TSJM le deja en libertad sin medidas cautelares.
N. VILLANUEVA / N. COLLI | MADRID
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que instruye la pieza de la «operación Gürtel» relativa a los aforados Francisco Camps y Ricardo Costa, no tiene en su poder la copia original del auto de prórroga del secreto de las actuaciones que el juez Baltasar Garzón habría dictado el pasado mes de diciembre, cuando el caso de la presunta trama de corrupción ya se había judicializado aunque todavía no había salido a la luz.
Tras revisar toda la documentación relativa a estas diligencias previas, remitidas el pasado 1 de abril al TSJ de Madrid, la Audiencia Nacional reconoce que ese auto no aparece en las dependencias del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde Garzón instruyó esta operación desde el pasado verano. Sin embargo, esa resolución sí consta en el sistema informático Minerva, si bien fuentes próximas a las defensas coinciden en señalar que sin auto original no hay efecto jurídico alguno y no descartan pedir la nulidad de actuaciones.
En una diligencia fechada el 22 de abril a la que ha tenido acceso ABC, la secretaria judicial del Juzgado de Garzón deja constancia de que ese mismo día, y a través de una llamada telefónica, el TSJV le informó de que «revisados los testimonios remitidos de los tomos correspondientes a las Diligencias Previas 275/08 (la «Gürtel») no consta el auto de prórroga del secreto de las actuaciones correspondiente al mes de diciembre». El interlocutor del TSJV pedía a su compañera de la Audiencia Nacional que revisara si esa resolución estaba en el Juzgado Central. Paralelamente se remitía un exhorto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando si en aquel tribunal constaba o no ese auto. El TSJM aseguró entonces que revisaría «de forma exhaustiva las actuaciones a fin de verificar tal extremo», pero se da la circunstancia de que uno y otro tribunal superior tienen en su poder la misma documentación (casi 20.000 folios), y si Valencia no lo encuentra es muy probable que Madrid tampoco lo tenga en su poder.
Grabado en «Minerva»
«En el día de la fecha -prosigue la diligencia extendida por la secretaria judicial de Garzón-, junto al funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal encargado de la tramitación del procedimiento, se procede a consultar el sistema informático Minerva, instaurado para la tramitación de las actuaciones judiciales en este ámbito ministerial y en el que quedan guardadas, a través del servidor, todas las actuaciones judiciales documentadas y resoluciones creadas con dicho programa informático de modo inalterable (...) Con fecha 4 de diciembre de 2008, en el procedimiento DPA 275/08 aparece auto de prórroga del secreto de las actuaciones, quedando registrado automáticamente con el número de acontecimiento 61». La secretaria judicial adjunta una copia de la información obtenida en Minerva, en que figura la referida resolución y la fecha de la misma, no así la firma del juez y la de la propia funcionaria, como estipula el artículo 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Y lo más importante: concluye que «hecha la inspección en el día de la fecha no aparece el citado auto original en las dependencias de este juzgado».
Reconstruir los autos
Fuentes jurídicas y expertos procesalistas han explicado que la desaparición del original de un auto de prórroga del secreto (o de otro tipo de resolución) no afecta necesariamente a la validez de las pruebas reunidas durante toda la instrucción de la causa. La ley (la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable en este punto al proceso penal, dedica un capítulo a la «Reconstrucción de los autos») prevé la posibilidad de «reconstruir» las resoluciones cuyo original se haya extraviado, lo que se puede hacer a partir de las copias que en su momento fueron notificadas a las partes.
En este caso, la única parte personada en diciembre era la Fiscalía, por lo que el auto en cuestión sólo habría sido notificado al Ministerio Público. Anticorrupción tendría que aportar su copia para que el secretario judicial «autentificara» la del sistema Minerva y el juez pudiera dar por subsanada la irregularidad. Las citadas fuentes han explicado que tampoco el «olvido» de la prórroga daría lugar a la nulidad de las actuaciones, siempre y cuando se compruebe que es un error aislado. De hecho, el secreto del sumario debe prorrogarse mensualmente y se supone que así se ha seguido haciendo desde diciembre hasta hoy.
La causa sigue secreta
El hecho de que tanto el instructor de la pieza valenciana de la «Gürtel» como el de Madrid mantengan a día de hoy el secreto de las actuaciones da a entender que, detectada la supuesta irregularidad, la han dado por resuelta. Eso, no obstante, no impide a las partes plantear los recursos que consideren oportunos.
Distinto sería, añaden las fuentes citadas, que el auto nunca hubiera sido notificado y, en lugar de admitir el olvido, se hubiera subsanado el error firmando en abril una copia fechada en diciembre pero extraída con posterioridad del ordenador. Una actuación así podría dar lugar a la comisión de un delito de falsedad y sus efectos para la investigación serían más graves.
En cualquier caso, y con independencia del hallazgo o no del original, lo cierto es que el secreto de las actuaciones sigue provocando cada día mayor recelo en las defensas, y es muy probable que su mantenimiento por un tiempo tan prolongado sea objeto de alguna solicitud de nulidad tan pronto como las actuaciones sean públicas. Las fuentes próximas a las defensas consideran que no tiene sentido mantener esta situación cuando de facto se están enterando a través de los medios de comunicación de diversos aspectos de la causa. Este extremo, dicen, está causando a sus clientes una indefensión difícil de reparar. Además, ha sido el motivo que ha llevado a los tres aforados de Madrid a guardar silencio ante el instructor del TSJM.
No obstante, hay que recordar que la doctrina del Tribunal Supremo avala el mantenimiento del secreto de las actuaciones durante el tiempo que el instructor estime necesario, especialmente cuando así lo justifica una investigación compleja.
ABC.ES
6 de febrero: Con la detención de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez se hace pública la investigación de una supuesta trama de corrupción que afectaría a distintos cargos del PP.
10 de febrero. El juez amplía a 37 el número de imputados. Comienzan las primeras quejas por las filtraciones del sumario, declarado secreto. El PP cuestiona a Garzón al conocerse que mientras los detenidos de la «Gürtel» estaban presos compartía cacería con el entonces ministro de Justicia.
25 de febrero: Garzón implica al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador Luis Bárcenas y desmiente la participación del diputado Esteban González Pons.
5 de marzo: Tras las peticiones de la Fiscalía y los indicios contra aforados, Garzón se inhibe a favor de los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez implica a otros seis miembros del PP: Francisco Camps, Ricardo Costa, Alberto López Viejo, Arturo González, Jesús Sepúlveda y Ginés López.
27 de marzo: Con posterioridad a su inhibición, Garzón imputa a otras diez personas, con lo que eleva los implicados a 55.
31 de marzo: El TSJM acepta la causa tras confirmar los indicios contra los aforados de Madrid.
14 de abril: Anticorrupción solicita al TSJ de Valencia que cite a Camps y a Costa, ambos relacionados con la pieza de los «trajes». El presidente valenciano declarará más de un mes después (20 de mayo).
21 de mayo: Detenido en Barajas Arturo Gianfranco Fasana, alias «Zafa», que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero el dinero de la «trama». Al día siguiente, el instructor del TSJM le deja en libertad sin medidas cautelares.
N. VILLANUEVA / N. COLLI | MADRID
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que instruye la pieza de la «operación Gürtel» relativa a los aforados Francisco Camps y Ricardo Costa, no tiene en su poder la copia original del auto de prórroga del secreto de las actuaciones que el juez Baltasar Garzón habría dictado el pasado mes de diciembre, cuando el caso de la presunta trama de corrupción ya se había judicializado aunque todavía no había salido a la luz.
Tras revisar toda la documentación relativa a estas diligencias previas, remitidas el pasado 1 de abril al TSJ de Madrid, la Audiencia Nacional reconoce que ese auto no aparece en las dependencias del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde Garzón instruyó esta operación desde el pasado verano. Sin embargo, esa resolución sí consta en el sistema informático Minerva, si bien fuentes próximas a las defensas coinciden en señalar que sin auto original no hay efecto jurídico alguno y no descartan pedir la nulidad de actuaciones.
En una diligencia fechada el 22 de abril a la que ha tenido acceso ABC, la secretaria judicial del Juzgado de Garzón deja constancia de que ese mismo día, y a través de una llamada telefónica, el TSJV le informó de que «revisados los testimonios remitidos de los tomos correspondientes a las Diligencias Previas 275/08 (la «Gürtel») no consta el auto de prórroga del secreto de las actuaciones correspondiente al mes de diciembre». El interlocutor del TSJV pedía a su compañera de la Audiencia Nacional que revisara si esa resolución estaba en el Juzgado Central. Paralelamente se remitía un exhorto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando si en aquel tribunal constaba o no ese auto. El TSJM aseguró entonces que revisaría «de forma exhaustiva las actuaciones a fin de verificar tal extremo», pero se da la circunstancia de que uno y otro tribunal superior tienen en su poder la misma documentación (casi 20.000 folios), y si Valencia no lo encuentra es muy probable que Madrid tampoco lo tenga en su poder.
Grabado en «Minerva»
«En el día de la fecha -prosigue la diligencia extendida por la secretaria judicial de Garzón-, junto al funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal encargado de la tramitación del procedimiento, se procede a consultar el sistema informático Minerva, instaurado para la tramitación de las actuaciones judiciales en este ámbito ministerial y en el que quedan guardadas, a través del servidor, todas las actuaciones judiciales documentadas y resoluciones creadas con dicho programa informático de modo inalterable (...) Con fecha 4 de diciembre de 2008, en el procedimiento DPA 275/08 aparece auto de prórroga del secreto de las actuaciones, quedando registrado automáticamente con el número de acontecimiento 61». La secretaria judicial adjunta una copia de la información obtenida en Minerva, en que figura la referida resolución y la fecha de la misma, no así la firma del juez y la de la propia funcionaria, como estipula el artículo 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Y lo más importante: concluye que «hecha la inspección en el día de la fecha no aparece el citado auto original en las dependencias de este juzgado».
Reconstruir los autos
Fuentes jurídicas y expertos procesalistas han explicado que la desaparición del original de un auto de prórroga del secreto (o de otro tipo de resolución) no afecta necesariamente a la validez de las pruebas reunidas durante toda la instrucción de la causa. La ley (la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable en este punto al proceso penal, dedica un capítulo a la «Reconstrucción de los autos») prevé la posibilidad de «reconstruir» las resoluciones cuyo original se haya extraviado, lo que se puede hacer a partir de las copias que en su momento fueron notificadas a las partes.
En este caso, la única parte personada en diciembre era la Fiscalía, por lo que el auto en cuestión sólo habría sido notificado al Ministerio Público. Anticorrupción tendría que aportar su copia para que el secretario judicial «autentificara» la del sistema Minerva y el juez pudiera dar por subsanada la irregularidad. Las citadas fuentes han explicado que tampoco el «olvido» de la prórroga daría lugar a la nulidad de las actuaciones, siempre y cuando se compruebe que es un error aislado. De hecho, el secreto del sumario debe prorrogarse mensualmente y se supone que así se ha seguido haciendo desde diciembre hasta hoy.
La causa sigue secreta
El hecho de que tanto el instructor de la pieza valenciana de la «Gürtel» como el de Madrid mantengan a día de hoy el secreto de las actuaciones da a entender que, detectada la supuesta irregularidad, la han dado por resuelta. Eso, no obstante, no impide a las partes plantear los recursos que consideren oportunos.
Distinto sería, añaden las fuentes citadas, que el auto nunca hubiera sido notificado y, en lugar de admitir el olvido, se hubiera subsanado el error firmando en abril una copia fechada en diciembre pero extraída con posterioridad del ordenador. Una actuación así podría dar lugar a la comisión de un delito de falsedad y sus efectos para la investigación serían más graves.
En cualquier caso, y con independencia del hallazgo o no del original, lo cierto es que el secreto de las actuaciones sigue provocando cada día mayor recelo en las defensas, y es muy probable que su mantenimiento por un tiempo tan prolongado sea objeto de alguna solicitud de nulidad tan pronto como las actuaciones sean públicas. Las fuentes próximas a las defensas consideran que no tiene sentido mantener esta situación cuando de facto se están enterando a través de los medios de comunicación de diversos aspectos de la causa. Este extremo, dicen, está causando a sus clientes una indefensión difícil de reparar. Además, ha sido el motivo que ha llevado a los tres aforados de Madrid a guardar silencio ante el instructor del TSJM.
No obstante, hay que recordar que la doctrina del Tribunal Supremo avala el mantenimiento del secreto de las actuaciones durante el tiempo que el instructor estime necesario, especialmente cuando así lo justifica una investigación compleja.
ABC.ES
