Aprobó proyectos de carreteras sin el pertinente plan de construcción y sin estudios ambientales
V.V./AGENCIAS
La Fiscalía Provincial de Madrid presentó una querella contra el ex consjero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad Manuel Lamela (en la foto), y su número dos, el ex director general de Carreteras, José Antonio Llanos, a quienes acusa de un posible delito de prevaricación por haber iniciado proyectos para la construcción de carreteras en la región sin contar con el plan global y la evaluación ambiental que exige la ley. La medida parte de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción en el mismo sentido. Para el secretario de Comunicación de los populares madrileños, Juan José Güemes, la querella demuestra “la utilización sectaria y partidista de los poderes del Estado contra los adversarios políticos de ZP”.
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A finales de 2007, el entonces consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, y su director general de Carreteras, José Antonio Llanos, iniciaron la tramitación de múltiples proyectos para la construcción de nuevas carreteras y autovías y para la duplicación de calzadas “sin haber elaborado y aprobado previamente un Plan de Carreteras” ni la correspondiente evaluación ambiental a los que obliga la legislación madrileña. Así se lo hizo saber entonces a la Consejería el grupo Ecologistas en Acción, sin que sus consideraciones fuesen tenidas en cuenta. La falta de estos dos estudios ha motivado ahora la interposición de una querella por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, que acusa a ambos ex dirigentes de posibles delitos de prevaricación.
Claros elementos de "prevaricación"
La actuación parte de la denuncia que en su momento presentó Ecologistas en Acción. La organización considera que “la Comunidad hizo caso omiso de las advertencias” de que estaban vulnerando la “normativa sectorial y la medioambiental” al no elaborar los informes pertinentes, por lo que “las decisiones de iniciar los proyectos son ilegales, arbitrarias y a sabiendas de que estaban vulnerando su propia normativa”. Por ello, considera el grupo, “se dan claramente los elementos del tipo penal del artículo de prevaricación”.
"Ajustar la ley a intereses poco claros"
Ecologistas en Acción ha denunciado también que la Comunidad ha derogado el artículo de la ley de carreteras de 1991 que obliga a la elaboración de planes antes de aprobar los proyectos de las nuevas carreteras. La ONG considera que esta modificación de la norma pretende “ajustar la ley a intereses poco claros” para “salir del paso de la denuncia” interpuesta. Sin embargo, el grupo recordó que las irregulares que se denuncian se produjeron en base a la ley anterior y “de manera continuada”.
"Utilización sectaria" de la Fiscalía
La visión del asunto desde la Comunidad, en cambio, es muy diferente: el secretario de Comunicación de los populares madrileños, Juan José Güemes, advirtió de que la querella de la Fiscalía “es una muestra más de la utilización sectaria y partidista de los poderes del Estado para perseguir a los adversarios políticos de ZP”. “Es evidente que la Fiscalía ha entrado en campaña electoral a favor, no de la defensa del Estado de Derecho, sino del interés partidista de Rodríguez Zapatero”, destacó.
"Que se querelle también contra mí"
Güemes defendió que Lamela “únicamente hizo su trabajo”, e ironizó pidiendo al fiscal “que se querelle también” contra él mismo, ya que es “miembro de un Gobierno que se dedica a hacer carreteras, kilómetros de Metro, a hacer nuevos hospitales públicos, a hacer colegios”, a diferencia del Gobierno central, que “a lo que se dedica es a perseguir a sus adversarios políticos y a dividir a los españoles mientras nos lleva a todos a la ruina” en un momento en que “lo mejor que podría hacer es irse al paro para que puedan empezar a encontrar empleo los cuatro millones de españoles que están sin trabajo”.
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