El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, solo en el Congreso de los Diputados. | Efe * La Ley de Incompatibilidades obligaba al entonces presidente a inhibirse en la adopción del acuerdo por razones de parentesco
Manuel María Becerro | Sevilla
Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intervino directamente en la tramitación administrativa del expediente del incentivo de más de 10 millones de euros a la empresa en la que ella figura como apoderada.
Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta de Andalucía en un Consejo de Gobierno en el que participó Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. Rajoy le exige explicaciones.
En el expediente de la subvención puede comprobar no sólo que las comunicaciones previas a la concesión del incentivo iban dirigidas personalmente a esta cualificada representante de la sociedad Minas de Aguas Teñidas (Matsa), sino que quien puso su firma para dar la conformidad de la empresa (el 23 de febrero) aceptando la ayuda que rubricó el ex presidente Chaves fue su hija.
Como resulta evidente que esa responsabilidad extralimita las funciones propias de una abogada vinculada laboralmente al departamento jurídico de la multinacional minera canadiense, la versión oficial del vicepresidente Chaves y de la Junta de Andalucía ha tenido que ser la de negar la mayor: que Paula Chaves no ha tenido la más mínima intervención.
El martes último, en el Senado, Manuel Chaves subrayó que "no me constó ni me consta hoy" que su hija "hubiera tenido nada que ver con ese expediente". Por la mañana, Manuel Pérez Yruela, portavoz del Gobierno andaluz, aseguró también que Paula Chaves "no ha tenido que ver nada con la tramitación" y que no fue la "responsable" del expediente.
¿Por qué esta insistencia? Lo que se quería descartar de raíz es la posibilidad de que el actual vicepresidente Chaves hubiera vulnerado en enero la Ley Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que establece que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración "hubiese tenido alguna parte" cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.
El problema es que su hija sí tuvo parte en este asunto: en la escritura de apoderamiento, publicada en el Registro Mercantil de Huelva, figura entre las facultades conferidas a Paula Chaves la de "dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador", que es el caso de la comunicación de la concesión de una ayuda de la Junta.
La empresa retrotrae el momento en que ésta empezó a participar directamente en "la gestión y tramitación de incentivos y ayudas" a 2 de julio de 2007, lo que supondría su implicación desde el primer momento en este expediente que terminó con la concesión de los casi 10,1 millones de euros, ya que la solicitud de esta ayuda es de tres meses más tarde: octubre de 2007.
Según la versión de Matsa y el Registro Mercantil, Paula Chaves participó en el expediente desde el principio y era quien �por un apoderamiento especial� recibía las comunicaciones de la Junta y tenía que dar su conformidad a la ayuda que se concedió con la firma de su padre.
El Gobierno andaluz dice lo contrario: que el ex presidente no violó la ley. El portavoz del Ejecutivo regional, Pérez Yruela, aboga por una interpretación "más estricta" del artículo 7 de esa norma. "Si se hace una interpretación muy extensa del artículo, casi nadie que tenga relación con un alto cargo podría entonces solicitar nada", ha señalado.
Nadie ha negado a Matsa el derecho a solicitar o percibir las ayudas porque tenga a la hija de Chaves empleada o por concederla poderes especiales antes de finalizar el expediente. A lo que obligaba la Ley de Incompatibilidades es a que Manuel Chaves se inhibiera en la aprobación final de la ayuda, por consanguinidad.
Como ha publicado EL MUNDO, después de la inscripción de Paula Chaves como apoderada de Matsa en noviembre de 2008, el Gobierno andaluz elevó su propuesta de incentivo, incrementándose de 6,9 a casi 10,1 millones.
Un mes antes de la concesión, la Junta alteró también una orden autonómica para poder subvencionar los proyectos "de transformación" de mineral �como el de Matsa� y no sólo los de industrias extractivas. Sin ese cambio, Chaves habría tenido que denegar la ayuda, como hizo el Ministerio de Industria.
ELMUNDO.ES
Manuel María Becerro | Sevilla
Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intervino directamente en la tramitación administrativa del expediente del incentivo de más de 10 millones de euros a la empresa en la que ella figura como apoderada.
Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta de Andalucía en un Consejo de Gobierno en el que participó Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. Rajoy le exige explicaciones.
En el expediente de la subvención puede comprobar no sólo que las comunicaciones previas a la concesión del incentivo iban dirigidas personalmente a esta cualificada representante de la sociedad Minas de Aguas Teñidas (Matsa), sino que quien puso su firma para dar la conformidad de la empresa (el 23 de febrero) aceptando la ayuda que rubricó el ex presidente Chaves fue su hija.
Como resulta evidente que esa responsabilidad extralimita las funciones propias de una abogada vinculada laboralmente al departamento jurídico de la multinacional minera canadiense, la versión oficial del vicepresidente Chaves y de la Junta de Andalucía ha tenido que ser la de negar la mayor: que Paula Chaves no ha tenido la más mínima intervención.
El martes último, en el Senado, Manuel Chaves subrayó que "no me constó ni me consta hoy" que su hija "hubiera tenido nada que ver con ese expediente". Por la mañana, Manuel Pérez Yruela, portavoz del Gobierno andaluz, aseguró también que Paula Chaves "no ha tenido que ver nada con la tramitación" y que no fue la "responsable" del expediente.
¿Por qué esta insistencia? Lo que se quería descartar de raíz es la posibilidad de que el actual vicepresidente Chaves hubiera vulnerado en enero la Ley Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que establece que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración "hubiese tenido alguna parte" cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.
El problema es que su hija sí tuvo parte en este asunto: en la escritura de apoderamiento, publicada en el Registro Mercantil de Huelva, figura entre las facultades conferidas a Paula Chaves la de "dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador", que es el caso de la comunicación de la concesión de una ayuda de la Junta.
La empresa retrotrae el momento en que ésta empezó a participar directamente en "la gestión y tramitación de incentivos y ayudas" a 2 de julio de 2007, lo que supondría su implicación desde el primer momento en este expediente que terminó con la concesión de los casi 10,1 millones de euros, ya que la solicitud de esta ayuda es de tres meses más tarde: octubre de 2007.
Según la versión de Matsa y el Registro Mercantil, Paula Chaves participó en el expediente desde el principio y era quien �por un apoderamiento especial� recibía las comunicaciones de la Junta y tenía que dar su conformidad a la ayuda que se concedió con la firma de su padre.
El Gobierno andaluz dice lo contrario: que el ex presidente no violó la ley. El portavoz del Ejecutivo regional, Pérez Yruela, aboga por una interpretación "más estricta" del artículo 7 de esa norma. "Si se hace una interpretación muy extensa del artículo, casi nadie que tenga relación con un alto cargo podría entonces solicitar nada", ha señalado.
Nadie ha negado a Matsa el derecho a solicitar o percibir las ayudas porque tenga a la hija de Chaves empleada o por concederla poderes especiales antes de finalizar el expediente. A lo que obligaba la Ley de Incompatibilidades es a que Manuel Chaves se inhibiera en la aprobación final de la ayuda, por consanguinidad.
Como ha publicado EL MUNDO, después de la inscripción de Paula Chaves como apoderada de Matsa en noviembre de 2008, el Gobierno andaluz elevó su propuesta de incentivo, incrementándose de 6,9 a casi 10,1 millones.
Un mes antes de la concesión, la Junta alteró también una orden autonómica para poder subvencionar los proyectos "de transformación" de mineral �como el de Matsa� y no sólo los de industrias extractivas. Sin ese cambio, Chaves habría tenido que denegar la ayuda, como hizo el Ministerio de Industria.
ELMUNDO.ES
