lunes, 15 de junio de 2009

EL JUEZ DEL CASO GÜRTEL ELEVA LA CAUSA AL TRIBUNAL SUPREMO

En una exposición elevada al alto tribunal, plantea que Bárcenas sea investigado por delito fiscal y cohecho

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

El magistrado instructor del denominado caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que solicita que se haga cargo de la totalidad del caso Gürtel al resultar afectados en el curso de las investigaciones los diputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado, y el todavía eurodiputado Gerardo Galeote.

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Correa ideó un conglomerado empresarial de sociedades de inversión especulativa cuyo objetivo era la búsqueda de operaciones inmobiliarias, o la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa o prestación de servicios administrativos u organización de viajes.- EL PAÍS






Antonio Pedreira ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Supremo toda vez que los avances en la investigación, fruto de las últimas comparecencias y de los informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, han descubierto nuevos hechos y han puesto de manifiesto la posibilidad veraz de que Luis Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal y sean responsables de la comisión de un delito de cohecho y de un delito contra la Hacienda Pública en el caso de Bárcenas, y de cohecho en el caso de Merino. El Tribunal Supremo, según se afirma en la exposición razonada, tiene plena competencia para asumir el proceso penal contra los aforados sin que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni la Audiencia Nacional puedan oponerse a sus decisiones.

El informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción recoge el contenido de las declaraciones y de la prueba documental, y suministra los indicios suficientes que justifican la obligada remisión al Tribunal Supremo de las actuaciones, teniendo en cuenta que el juez Pedreira no es competente para citar a los aforados y tomarles declaración. En relación al informe facilitado por la Hacienda Pública, el magistrado instructor lo incorpora a la exposición razonada por ser la base del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción.

En la misma línea, Antonio Pedreira solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se declare competente para evitar la posible prescripción del delito fiscal, llamando a declarar con carácter de urgencia a los aforados Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y Gerardo Galeote Quecedo. La remisión al Tribunal Supremo de la exposición razonada supone una garantía para los aforados, que disfrutan de este privilegio procesal por ley. En todo caso y mientras no resuelva el Tribunal Supremo, el magistrado instructor seguirá practicando las diligencias necesarias para evitar perjuicio al servicio público y al funcionamiento de las instituciones.

La investigación tiene una grabación en la que el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, afirma que ha entregado mil millones de pesetas a Luis Bárcenas.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón implicó al tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el cobro de 1,35 millones de euros en sobornos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

Además, la contabilidad B de Correa también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y ahora diputado nacional por Segovia. En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.

La Sala de Admisión del Supremo, que debe decidir si asume la investigación del caso Gürtel, está compuesta en la actualidad por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero, informa Julio M. Lázaro. Al tratarse de una causa especial con aforados,se añadirán previsiblemente otros dos magistrados.

A partir de mañana, la Sala dictará una providencia en la que pedirá informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia del Supremo y sobre si existen indicios delictivos relevantes, y nombrará al ponente que redactará la decisión sobre la admisión. Una vez informe el fiscal, si el Supremo asume la causa, nombrará al nuevo instructor del caso Gürtel de entre un turno predeterminado.

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El presidente de honor del PP, Manuel Fraga, ha asegurado que si el Tribunal Supremo imputa a Bárcenas "hay que actuar con firmeza".- ÁLVARO GARCÍA

UN HERMANO DE CHAVES, APODERADO SECRETO


Los negocios familiares

Antonio Chaves felicita a su hermano Manuel.
C. Márquez

Manuel María Becerro Sevilla

El caso Climo Cubierta, que afectaba a dos hermanos del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y que fue archivado por la Justicia, puede sufrir un giro inesperado que acabe reabriendo en la esfera política o incluso en la judicial aquel viejo escándalo de nepotismo.

Hace casi tres años, se exculpó al ahora ex director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Junta de Andalucía, Leonardo Chaves, de haber incumplido la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos pese a no inhibirse en la adjudicación a dedo de un contrato a favor de la empresa Climo Cubierta, en la que trabajaba como asesor el primogénito de los Chaves (Antonio José).

La norma que habría violado Leonardo es la misma que Manuel Chaves pudo vulnerar al aprobar en el Consejo de Gobierno del pasado 20 de enero la ratificación del incentivo a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la sociedad en la que está apoderada su hija. En concreto, el artículo 7 de la Ley 3/2005, que obliga a todos los altos cargos andaluces a «inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil».

Leonardo Chaves se salvó porque Antonio se desapoderó once días antes de ser él alto cargo

Tras el verano de 2006, tanto la Junta como la Fiscalía dieron carpetazo a la polémica aduciendo que el mayor de los hermanos del ministro de Cooperación Territorial no era ni accionista ni apoderado de Climo Cubierta cuando se anunció, tramitó y adjudicó el contrato (en 2005). Para entonces, Antonio José Chaves había quedado disminuido a la categoría de mero asesor externo de la sociedad al haberse desprendido de sus títulos y habérsele retirado todos sus poderes el 7 de mayo de 2004, tan sólo 11 días antes de que en el BOJA se publicara el nombramiento de Leonardo Chaves como director general de Infraestructuras Deportivas.

Sin embargo, EL MUNDO ha tenido acceso a un documento que demuestra que en realidad el mayor de los hermanos Chaves no dejó de ejercer como apoderado de Climo Cubierta en mayo de 2004, y que durante 2005 mantuvo de facto responsabilidades de dirección y administración en la sociedad, lo que abonaría la tesis de que su condición de asesor externo de Climo Cubierta que simplemente realizaba «trabajos técnicos puntuales» -según declaró la compañía- no era más que una pantalla jurídica para poder seguir facturando sin ningún inconveniente legal a través de la dirección general que ocupaba ya su hermano Leonardo en la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes.

En concreto, este diario dispone de un fax remitido a Climo Cubierta el 17 de junio de 2005 desde el Ayuntamiento murciano de Ceutí (que presidía por entonces el ahora senador del PSOE Manuel Hurtado) por el que se notifica a Antonio «Chavez» [sic] un acuerdo adoptado el día anterior conforme al cual se adjudicaba a la empresa la ejecución de la obra del pabellón deportivo y la piscina cubierta climatizada por un precio de 2.664.349,42 euros, emplazándole a presentar en 15 días la garantía definitiva y a comparecer en el plazo de un mes para formalizar el contrato.

Dicho con otras palabras: 13 meses después de haber dejado de ser codueño de Climo Cubierta y apoderado de la empresa, Antonio José Chaves seguía recibiendo personalmente comunicaciones institucionales de confirmación de concesión de obra a favor de la sociedad citada, una atribución que desde luego excede claramente a la de un simple asesor externo de cualquier compañía.

Le notificaban contratos cuando sólo hacía, según la firma, «trabajos técnicos»

Todo el expediente administrativo, además, se pone en marcha con un convenio (entre el Ayuntamiento de Ceutí y la comunidad autónoma murciana) rubricado en septiembre de 2004, así que el anuncio de la licitación de obras no se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta marzo de 2005. Por lo tanto, no se puede alegar un error del Consistorio al dirigir su comunicación final a un supuesto apoderado que habría dejado de serlo en mitad del procedimiento: Antonio Chaves dejó formalmente la dirección de la empresa diez meses antes de concursar Climo Cubierta por la obra.

El mayor de los Chaves presentó en su día una querella por injurias y calumnias contra EL MUNDO que fue arhivada en todas las instancia porque, según reiteraron los tribunales, las noticias sobre el caso Climo Cubierta eran «veraces, relevantes y proporcionales».

El Gobierno andaluz, que a través del ahora secretario de Estado de Cooperación Territorial y ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, vaticinó sobre el caso Climo Cubierta que «tanto a los autores como a los cómplices de este montaje sólo les quedará el descrédito y la vergüenza porque en democracia la verdad se abre paso», se negó a valorar las sentencias absolutorias a favor de este diario alegando que era «un asunto entre particulares».

Climo Cubierta, otro negocio del clan
En quiebra antes de llegar la crisis

ELMUNDO.ES

EL JUEZ PIDEL AL SUPREMO QUE CITE AL TESORERO DEL PP POR COHECHO Y DELITO FISCAL

TRIBUNALES | Sospechas sobre tres aforados del partido

María Peral | elmundo.es | Madrid

El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha remitido la causa al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados "con carácter urgente" a tres aforados del PP: el tesorero nacional del partido y senador, Luis Bárcenas, el eurodiputado en funciones Gerardo Galeote y el diputado de esta formación en el Congreso Jesús Merino.

El juez Antonio Pedreira elevó este lunes al filo de las 14.00 horas una exposición razonada al Supremo para que éste asuma la totalidad del procedimiento. El envío del caso al Alto Tribunal se produce después de haber hallado "indicios suficientes" para imputar al senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, imputación que, al ser aforados, sólo puede hacer el Supremo.

La exposición indica que los avances en la investigación -fruto de las últimas declaraciones efectuadas por imputados y testigos-, así como de los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria- han puesto de manifiesto "nuevos hechos" que indicarían la "posibilidad veraz" de que Luis Bárcenas y Jesús Merino hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal. Pedreira atribuye a Bárcenas presuntos delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública y a Merino, un delito de cohecho.

Pedreira solicita a la Sala Penal del Supremo que se declare competente para evitar la posible prescripción del delito fiscal, llamando a declarar con carácter de urgencia a Bárcenas, Merino y Gerardo Galeote, este último aún aforado como eurodiputado y mientras no se constituya el nuevo Parlamento europeo.

Ahora, el Tribunal Supremo, después de consultar a la Fiscalía, tendrá que adoptar una decisión. Puede optar por quedarse con todo el 'caso Gürtel' o tan sólo con una pieza separada en la que investigaría exclusivamente los presuntos delitos cometidos por Bárcenas y Merino.

Petición de la Fiscalía

El informe de la Fiscalía Anticorrupción, remitido al juez Pedreira la pasada semana, imputa a Merino y a Bárcenas un delito de cohecho y otro contra la Hacienda Pública. Las acusaciones se basan en un informe de la Agencia Tributaria, del que se desprenden "implicaciones suficientes" de los dos aforados en la supuesta trama de corrupción dirigida por Francisco Correa.

Según publicó EL MUNDO, Luis Bárcenas ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en unos 3,3 millones de euros. Entre sus posesiones destacan tres casas, una en Madrid, otra en Marbella y una más en Baqueira Beret, que fueron pagadas al contado.

El chalé en la estación invernal de Baqueira Beret fue adquirido por Bárcenas en 2008 y le costó 941.100 euros. Según reveló EL MUNDO, el senador liquidó la compra con dos cheques bancarios de 300.000 euros cada uno, según la certificación literal del Registro de la Propiedad. Previamente, había dado al vendedor a lo largo de 2005 y 2006 varias cantidades abultadas, de 50.000 euros para arriba, siempre a través de cheques bancarios.

Los dos talones finales que suman 600.000 euros en total se entregaron en julio de 2008. Bárcenas fue investigado hace meses por la Policía por haber ingresado en un banco precisamente 330.000 euros en billetes de 500 euros. Esa cantidad coincide con el pago de uno de los cheques que fueron destinados al chalé de Baqueira. Bárcenas justificó esta operación como la devolución de un crédito que había solicitado previamente para una compra de cuadros que resultó fallida.

Además, en la contabilidad B de Francisco Correa aparecen distintas anotaciones de pagos que Bárcenas habría ido recibiendo al menos desde hace 10 años. El informe de la Agencia Tributaria alertaba de que el próximo día 30 prescribirá la primera de las presuntas infracciones fiscales atribuidas al tesorero del PP.

Cuando estaba investigando el 'caso Gürtel', el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó a Luis Bárcenas de recibir 1.353.000 euros, según se desprende del auto por el que remitió la causa al TSJM. El magistrado apoyaba su acusación en tres informes policiales aportados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

La tesis del juez Garzón ha sido siempre que la causa del 'caso Gürtel' es competencia del Supremo por arrastrar a varios aforados. Sin embargo, la Fiscalía se ha opuesto reiteradamente a que el alto tribunal asuma el caso, al estimar que los indicios contra los aforados no eran suficientes. Esta posición cambió la pasada semana tras estudiar el nuevo informe de la agencia Tributaria.

El pasado mes de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó aceptar la inhibición planteada por Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'operación Gürtel', al encontrar indicios de que tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Ahora, tras los nuevos indicios contra Bárcenas y Merino el instructor ha decidido remitir la causa al Supremo.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asumió la rama de esta causa que afecta a aforados de esa comunidad. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, están siendo investigados por, presuntamente, haber recibido varios trajes pagados por la empresa Orange Market.

Además

* El predecesor de Bárcenas: 'Yo tengo bastante más patrimonio que él'
* Gráfico: Quién es quién en 'Gürtel'

ELMUNDO.ES

LA IMPLICACIÓN BÁRCENAS, MERINO Y GALEOTE EN LA GÜRTEL LLEGA AL SUPREMO

El tesorero del PP podría ser imputado por cohecho y delito contra la Hacienda

V.V./AGENCIAS

El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira ha decidido hoy remitir al Tribunal Supremo la causa sobre la trama de corrupción de la Operación Gürtel y ha pedio al alto tribunal que llame a declarar como imputados “con carácter urgente” al tesorero del PP y senador por Cantabria Luis Bárcenas, al eurodiputado en funciones Gerardo Galeote y al diputado nacional Jesús Merino, a los que les imputa presuntos delitos de cohecho y contra la hacienda pública. El magistrado pide este carácter de urgencia para que evitar que los hechos a investigar prescriban, cosa que podría suceder en el plazo de un mes.

(El diputado Jesús Merino, el tesorero del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas y el eurodiputado, Gerardo Galeote)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha remitido hoy al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que asegura que ha encontrado indicios de delito en el tesorero del PP y senador Luis Bárcenas, y también en los aforados Jesús Merino y Gerardo Galeote, en relación con sus presuntos vínculos con la Operación Gürtel. El juez instructor Antonio Pedreira solicita, como ya pidió la Fiscalía Anticorrupción, que sea el alto tribunal el que se haga cargo de la causa contra estos tres dirigentes populares debido a su carácter de aforados e investigue si han cometido delitos de cohecho y contra la hacienda pública.

"Con carácter urgente"
Además, el magistrado ha ido más allá y pide al Supremo que llame “con carácter urgente” a declarar como imputados a los tres dirigentes “para evitar la posible prescripción de un delito fiscal”, ya que los hechos prescribirían en el plazo de un mes. Ahora es el alto tribunal el que debe estudiar esta exposición razonada y decidir si lleva a cabo la investigación, para lo cual no tiene establecido ningún plazo. Además, el Supremo decidiría también si asume únicamente la causa contra Bárcenas, Galeote y Merino, o si asumiría la totalidad de la investigación, que englobaría también las imputaciones del ex consejero madrileño Alberto López Viejo, los diputados regionales Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, y los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla, Pozuelo, Arganda y Majadahonda, entre otros.

"Infracciones de naturaleza administrativa y penal"
En su exposición razonada, el TSJM señala que se basa para pedir al Supremo que intervenga en las últimas comparecencias de declaración, así como en los últimos informes aportados por la Fiscalía Anticorrupción y por la Agencia Tributaria. Según el tribunal, esta nueva documentación ha “descubierto nuevos hechos” y ha “puesto de manifiesto la posibilidad” de que los aforados “hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal”.

"Obligada remisión al Supremo"
“El informe emitido por Anticorrupción recoge el contenido de declaraciones y de prueba documental y suministra los indicios suficientes que justifican la obligada remisión al Tribunal Supremo de las presentes actuaciones”, matiza el escrito, en el que el magistrado se muestra partidario de que el alto tribunal asuma la causa completa y no solo la de los tres aforados “para mantener la unidad del procedimiento y para evitar la ruptura de la causa”.

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