martes, 23 de junio de 2009

EL PP PLANTEA UNA DENUNCIA ADMINISTRATIVA POR LA SUBVENCIÓN DE CHAVES A MATSA

GRIÑÁN TENDRÁ QUE DAR LA CARA

Cinco primeros espadas del elenco parlamentario del PP andaluz, el secretario general Antonio Sanz, la portavoz parlamentaria Esperanza Oña y los influyentes diputados Jorge Ramos, José Luis Rodríguez y Carmen Crespo, interpusieron este lunes una Denuncia a Manuel Chaves.

La Fiscalía investigará del caso de Paula Chaves para determinar si hay delito
Chaves: "Mi hija tiene todo el derecho a trabajar sin irse de Andalucía"
Matsa pagó menos a la Junta en avales que sus competidoras

LD (Pedro de Tena) La denuncia sería por una infracción de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración, con el fin de que la Junta que preside José Antonio Griñán sancione adecuadamente al ex presidente socialista. Su denuncia ha sido elevada al propio consejo de gobierno de la Junta de Andalucía.

Los hechos que los populares consideran probados son los siguientes:

1) Con fecha 11 de octubre de 2007, la entidad Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. presenta en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, solicitud con número de registro 21541, interesando la concesión de un incentivo a fondo perdido para la construcción de un planta de tratamiento mineral, con fundamento en lo dispuesto en la Orden de 19 de abril de 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 2009, iniciándose el expediente administrativo para la concesión del incentivo solicitado.

Con fecha 18 de octubre de 2007, la Agencia IDEA notifica a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. que el proyecto de inversión cumple, en principio, las condiciones establecidas en la convocatoria para ser considerado incentivable. Con fecha 4 de noviembre de 2008, la Delegación Provincial de Huelva de la Agencia IDEA formula a la Comisión de Valoración la primera propuesta de incentivo a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. por un importe de 6.931.780’35 Euros. Con fecha 09 de diciembre de 2008, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa dicta una nueva Orden, que entra en vigor el 18 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013, derogando la hasta entonces vigente, de fecha 19 de abril de 2007.

La tercera de las propuestas, y última que formula la Delegación Provincial a la Comisión de Valoración, eleva la cifra del incentivo a 10.093.472’70 Euros.

Con fecha 13 de enero de 2009, el Consejo Rector de la Agencia IDEA, resuelve conceder el incentivo a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., por un importe de 10.093.472,70 Euros, resolución que es ratificada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 20 de enero de 2009, presidido por don Manuel Chaves González (Anexo I: BOJA nº 23, de 4 de febrero de 2009)

2) Doña Paula Chaves Iborra, hija de don Manuel Chaves González, es nombrada representante de la entidad Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., por escritura de apoderamiento de fecha 17 de octubre de 2008, cuya inscripción en el Registro Mercantil de Huelva es de fecha 12 de noviembre de 2008. Entre las facultades conferidas, se encuentran las siguientes: “comparecer ante cualesquiera Notaría, Registro Público, Administración de Hacienda o Agencia Tributario, oficina o funcionario del Estado, Administración Central, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio (…) y en ellos, instar, seguir y terminar, como tercero, coadyuvante, requirente o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes y procedimientos contencioso-administrativos, económicos-administrativos, de trabajo, gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda y de cualquier otra clase”. (Anexo II: nota registral)

Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2009 los administradores mancomunados de Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. otorgan una nueva escritura a favor de la Sra. Chaves Iborra, por la que la apoderan de forma especial para que en nombre y representación de la sociedad, y en la forma más amplia y completa pueda ejercitar las facultades conferidas en el cuerpo de la escritura. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Huelva el 4 de marzo de 2009. (Anexo III: nota registral)

En consecuencia, en la fecha en la que el Consejo Rector de la Agencia IDEA resuelve aprobar el incentivo solicitado por Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., la señora Chaves Iborra figuraba y actuaba como apoderada de la misma, y en la fecha en la que la resolución aprobatoria del incentivo es ratificada por el Consejo de Gobierno, presidido por su padre, 20 de enero de 2009, dicha señora continuaba siendo apoderada de la misma.

Las conclusiones son:

a) Por ello, el Sr. Chaves González, afirma la denuncia, ha incurrido en la infracción prevista en el articulo 7 de la Ley 3/2005, de 8 de Abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, dado que no se inhibió de conocer de este asunto, al presidir el Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009, que aprobó el mencionado incentivo a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U.

El referido artículo 7 exige la concurrencia de cuatro elementos necesarios para que se produzca una situación de incompatibilidad: dos de carácter subjetivo - una persona que ocupe un alto cargo de la Junta de Andalucía, por un lado, y por otro, una persona que sea director, asesor o administrador de una empresa, entidad o sociedad; y dos de carácter objetivo, a saber, que entre ambas personas se dé la relación de parentesco que el precepto señala – familiar dentro del segundo grado civil- y que el alto cargo haya conocido del asunto que afecte a la empresa. Además, los cuatro elementos han de coincidir en el tiempo.

Pues bien, don Manuel Chaves González ha sido alto cargo de la Junta de Andalucía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 3/2005, en las fechas en las que se aprobó la concesión del incentivo, 13 de enero de 2009 y en la que dicha resolución fue ratificada por el Consejo de Gobierno, presidido por él mismo. Por su parte, doña Paula Chaves Iborra en las fechas referidas, era apoderada de la entidad a la que se concede la subvención. De la relación de parentesco, no cabe duda, y tampoco existe duda que don Manuel Chaves González haya conocido de la subvención concedida a la empresa apoderada y representada por su hija. Además, todos los elementos necesarios coinciden en el tiempo.

Don Manuel Chaves González se debió inhibir en la sesión del Consejo de Gobierno donde se acordó ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, atendiendo a la naturaleza de esta ratificación, que no es un mero acto formal, sino necesario y constitutivo, según lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se determina qué órganos son competentes para conceder subvenciones, a la vez que declara “necesario el acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de subvenciones y ayudas cuando el gastos aprobar sea superior a 500.000.000 de pesetas”, añadiendo que “la autorización del Consejo de Gobierno llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente”.

En sentido similar se pronuncia el artículo 4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos y su régimen jurídico.

En consecuencia, el acuerdo del Consejo de Gobierno no es una mera ratificación, sino una autorización previa y preceptiva, que lleva implícita la aprobación del gasto, resultando un requisito esencial para el otorgamiento de la subvención la aprobación del gasto por el órgano competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.4.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Respecto a las funciones y facultades que ostenta la señora Chaves Iborra en la entidad subvencionada, según el comunicado emitido por la empresa Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., el pasado día 27 de mayo de 2009, que se hace público por diversos medios de comunicación, figuran las siguientes: “Doña Paula Chaves Iborra, es empleada de MATSAU desde el 2 de julio de 2007, responsable del Departamento Jurídico, con facultades de representación de la compañía, y entre sus funciones están la gestión de contratos, el asesoramiento legal interno a todas las áreas, la gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier notaria, registro o Administración Pública” (Anexo IV y V: comunicado y noticia en prensa)

b) Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1.a) y 2.a) de la Ley 3/2005, tal falta de inhibición constituye una infracción muy grave cuando se haya producido daño manifiesto a la Administración de la Junta de Andalucía; y una infracción grave en el resto de los casos.

Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 3/2005, ordenándose el ejercicio de las acciones que correspondan cuando puedan derivarse responsabilidades de otro tipo.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3/2005, quienes hubieran sido sancionados por la comisión de una infracción grave o muy grave serán, en su caso, cesados y no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos durante un período determinado que va desde los tres hasta los diez años, según el caso.

c) Atendiendo a que el Sr. Chaves era Presidente de la Junta de Andalucía al tiempo de cometerse la infracción denunciada, corresponde la competencia para la instrucción del presente procedimiento sancionador al Consejo de Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 3/2005.

Es decir, Griñán deberá decidir sobre la sanción a su mentor, Chaves.

LIBERTADDIGITAL.COM

EL INSTRUCTOR DE LA GÜRTEL AFIRMA QUE HAN APARECIDO "NUEVOS DATOS Y NUEVOS NOMBRES"


Investiga supuestos delitos de blanqueo, según señala en la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo

La Fiscalía pide al Supremo que solicite el suplicatorio de Bárcenas y Merino

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al alto Tribunal que asuma la investigación de la «trama Gürtel» y solicite el correspondiente suplicatorio para poder investigar al tesorero y senador del PP Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino. El Ministerio Público considera que hay indicios de que ambos parlamentarios han podido cometer un delito de cohecho, y en el caso de Bárcenas, también otro contra el fisco.

La Fiscalía considera así competente al Tribunal Supremo para instruir esta causa, y pide que lo haga en su totalidad, es decir, no sólo la parte que afecta a los aforados citados, sino toda la investigación del TSJ de Madrid, pues «todos los hechos están muy relacionados entre sí».

En su informe, el fiscal pide «de forma expresa» que el instructor de Madrid, Antonio Pedreira, continúe con la tramitación de la causa hasta que se conceda, en su caso, el suplicatorio (lo que en el caso de Merino tendrá que hacer el Congreso, y en el de Bárcenas el Senado).

El pasado 15 de junio, Pedreira elevó la causa al Supremo a través de una exposición razonada (ver información principal) en la que asegura haber confirmado la existencia de indicios de delito respecto de los aforados. El instructor solicita a la Sala Segunda que se declare competente para evitar la posible prescripción (el 1 de julio) del delito fiscal y que llame a declarar a los aforados.

NIEVES COLLI | MADRID

El análisis de la documentación relacionada con la trama de empresas de Francisco Correa -la causa penal conocida como «Gürtel»- ha arrojado «nuevos datos y nuevos nombres», según apunta el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la exposición razonada elevada el pasado 15 de junio al Tribunal Supremo y a la que ha tenido acceso ABC.

Antonio Pedreira cree que las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora y, en concreto, los interrogatorios realizados por él a nuevos imputados y testigos, han servido para «comprobar» la existencia de la «trama» descrita por la Fiscalía Anticorrupción.

Entre esas nuevas declaraciones, Pedreira cita expresamente la de Arturo Gianfranco Fasana, quien «confirmó la existencia de blanqueo de capitales». Conocido como «Fafa», es un empleado del despacho Rhone Gestion, con sede en Suiza, «desde el que -dice el magistrado- se efectuaron distintos pagos». Los flujos de dinero y la participación de empresas de Correa por sociedades «opacas» con sede en paraísos fiscales como la Isla de Nevis están siendo objeto de investigación mediante el envío de varias comisiones rogatorias.

«Concretar» indicios
Pedreira afirma que la investigación ha permitido «concretar» también los indicios que apuntan hacia los aforados Luis Bárcenas (senador y tesorero del Partido Popular) y Jesús Merino (diputado nacional del mismo partido) y que aconsejan la remisión de toda la causa a la Sala Penal del Supremo. Según el instructor, ya puede afirmarse que las iniciales «L» y «LB» aparecidas en la contabilidad del grupo de empresas de Correa se corresponden con Luis Bárcenas; que «JM» es Jesús Merino y que las iniciales «GG» se refieren a Gerardo Galeote.

Pedreira está convencido de que los hechos investigados «se encuentran ligados, interrelacionados», y por ello pide al Supremo que se haga cargo de toda la causa, no sólo de la parte referida a los aforados. En este sentido, dice tener «completamente acreditada» la «vinculación» entre Bárcenas, Merino y Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo imputado en la causa); también asegura que Merino «compartía facultades sobre la contratación de los actos del PP con Luis Bárcenas».

Si bien Pedreira menciona a Gerardo Galeote en los primeros folios de su exposición razonada, no se extiende en los indicios reunidos sobre el aún eurodiputado del PP. La razón la da al final de su escrito: porque Galeote no se presentó a las elecciones del 7-J y cesará en el cargo «en las próximas fechas». Es decir, pronto perderá su condición de aforado.

Sí se centra, por el contrario, en Bárcenas y Merino. Al primero de ellos le atribuye un delito contra la Hacienda Pública en relación con la declaración de 2003 y un delito de cohecho correspondiente a entregas de dinero en 2007.

El magistrado, que se remite en todo momento al informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa, habla de la «posibilidad de que las cantidades supuestamente cobradas de los repartos de dinero [de las empresas de Correa] no hayan sido declaradas en sus autoliquidaciones por IRPF». En 2002, Bárcenas habría cobrado de Correa 459.565 euros, y en 2003, 515.630. También considera el magistrado que pudo existir un delito fiscal, «en el caso de que no se justificara su origen», en relación con 330.000 euros correspondientes a un préstamo solicitado por el senador en diciembre de 2002 y devuelto en enero de 2003. Según Pedreira, Bárcenas pudo defraudar cantidades superiores a 120.000 euros.

Respecto de Merino, el instructor basa el cohecho en el cobro de 50.000 euros en 2007.

ABC.ES

EL SASTRE QUE ACUSÓ A CAMPS ASEGURA ANTE EL JUEZ QUE NO HA HECHO UNA FACTURA "EN SU VIDA"

José Tomás, en la puerta de los Juzgados / EFE

El instructor de la «Gürtel» avisa de que «hay nuevos datos y nombres»

AGENCIAS | MADRID

El denominado "sastre del caso Gürtel', José Tomás, advirtió hoy al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de que "a la Justicia no se la puede engañar", y se mostró convencido de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y las fiscales Concha Segura y Miriam Sabadell han realizado "una muy buena instrucción".

Tomás realizó estas manifestaciones a su salida del juicio por su despido de la empresa Forever Young que se celebró hoy ante el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, y durante el que tres ex trabajadores corroboraron que el 'sastre' nunca se encargó de elaborar facturas como las que, según obra en la instrucción del 'caso Gürtel', probarían que la presunta red corrupta de Francisco Correa habría regalado trajes a medida al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

El 'sastre' se mostró "cien por cien" convencido de que el 'caso Gürtel' fue la "excusa" para justificar su despido que utilizó el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, al que ligó con la trama corrupta tres indicar que una de sus hijas trabajó un año como becaria en Easy Concept. "La metí yo", explicó.

Además, acusó al empresario de confeccionar junto al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, una denuncia contra él que, tras ser publicada, "no aparece por ningún juzgado de Madrid". En esta línea, su defensa argumentó durante el juicio que Tomás fue despedido para poner fin al blindaje de su contrato y para ser utilizado como "chivo expiatorio" de cara a las "posibles consecuencias fiscales a las que podría enfrentarse la empresa".

El 'sastre', que ocupaba en realidad el cargo de director de sucursales de Forever Young, solicita una indemnización de 232.500 euros en concepto de las 31 mensualidades que le faltaban por cobrar en el contrato blindado de cinco años que firmó en 2006. La empresa, a través de la sociedad Castellana Inmuebles y Locales, justifica el despido en que falseó facturas y dejó un agujero financiero de más de 500.000 euros: 446.660 en concepto de devoluciones de productos que no se justificaron y 60.309 por créditos a clientes que se quedaron sin cobrar.

Este extremo ha sido negado por el letrado de Tomás, que ha dicho que está acreditado que era el responsable de compras y ventas, no de facturación, y que "no ha hecho una factura en su vida". Sin embargo, el presidente del Consejo de Administración de Forever Young ha afirmado que Tomás era el responsable de coordinar las facturas y que ocultó las devoluciones no justificadas.

Facturas falsas
Durante el juicio, un ex director de sucursal de la empresa Forever Young aseguró que los imputados Alvaro Pérez, 'El Bigotes', y Pablo Crespo le pidieron falsear dos facturas para la empresa Servimadrid, investigada por formar parte del presunto entramado corrupto que lideraba el empresario Francisco Correa.

Durante su declaración, Antonio del Fresno, director de una de las tiendas de la cadena hasta noviembre de 2008, recordó que en dos ocasiones 'El Bigotes' y Crespo pidieron que les hicieran facturas a nombre de Servimadrid, una de las empresas involucradas en la trama de Correa, y que en ambos casos solicitaron que se incluyera como concepto el de "tejidos" en lugar del de "trajes a medida".

Sin embargo, no dio "importancia" a esta petición porque, según dijo, ambos eran "clientes de confianza" y solían acudir en compañía de Correa a las subastas que organizaba el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa. Además, indicó que José Tomás no dio la "instrucción" para hacer esta operación porque, entre otras cosas, "no sabe facturar".

Según explicaron Del Fresno y otras dos cajeras de la tienda, la elaboración de este tipo de facturas corría a cargo del responsable financiero de la empresa, que no compareció durante el juicio ya que su testimonio únicamente fue solicitado por la defensa de Tomás, que renunció a él en vista del desarrollo de los acontecimientos.

Errores en la contabilidad
Hinojosa, sin embargo, aseguró que la contabilidad interna de la empresa corría a cargo de Tomás, al que advirtió de los errores en la numeración de las facturas en diciembre de 2008. De igual modo, aseguró conocer a Alvaro Pérez de "tres o cuatro días" y a Correa de "una comida". "No he vuelto a hablar con ellos nunca jamás", aseguró.

Su letrado defendió que el despido se produjo después de que, mientras declaraba ante Garzón, Tomás solicitara al abogado de la empresa unas facturas de Orange Market, lo que les hizo "descubrir que había facturas falsas".

En contra de la versión del 'sastre' también declaró una empleada que actualmente ocupa el cargo de directora de otra de las sucursales de la empresa, que aseguró que éste "siempre incumplía las normas de devolución" a pesar de que había recibido un cursillo para hacerlo correctamente. En todo caso, aseguró no saber "si hacía o no facturas".

Sin embargo, el letrado de Tomás, Luis Zumalacárregui, defendió que los errores de contabilidad que se le atribuyen se habrían cometido antes del plazo de 60 días establecido por el Estatuto de los Trabajadores para considerar la procedencia del despido. Tomás, por su parte, indicó durante la vista que Forever Young "jamás daba facturas a nadie salvo que se las pidieran" y aseguró que él nunca se encargó de esta labor, como sostiene la empresa.

ABC.ES

EL TESORERO DEL PP CUADRUPLICÓ SUS POSESIONES DESDE 2002


Recibía 225.000 euros al año del PP y declaró 2,5 millones de patrimonio

CARLOS E. CUÉ - Madrid

El patrimonio e incluso el sueldo de Luis Bárcenas ha sido el eje de los comentarios en el PP en las últimas semanas. Los dirigentes que llevan 20 años trabajando con él saben que es un funcionario del partido que empezó desde abajo, como contable, y no le conocían fortuna personal. Por eso sus posesiones y el aumento de su patrimonio está en boca de todos.

El escrito del juez Antonio Pedreira aporta datos de las declaraciones del impuesto de patrimonio -ahora desaparecido por decisión del PSOE- y del impuesto sobre la renta de las personas físicas que muestran las grandes cantidades que movía Bárcenas y el espectacular aumento de su patrimonio desde los 711.592 euros que declaró en 2002 a los 2,5 millones de 2007. El tesorero lo achaca a una exitosa política de venta y compra de varios inmuebles -siempre al contado- y a una también acertada inversión en acciones de Endesa, que compró a 8 euros y vendió a 40, según ha explicado.

Según sus declaraciones, Bárcenas ingresaba del PP, como senador y tesorero, un total de 225.501,30 euros en 2003 -mucho más de lo que cobran la mayoría de los dirigentes- y, además, ingresaba otros 21.600 euros como consejero o administrador de Gesmadrid Sociedad Gestor. En Hacienda, según el escrito, figura que el tesorero del PP es titular de una cuenta que en 2007 tuvo más de tres millones de euros en abonos, si bien aclara que se puede deber a diversas operaciones de deuda pública en las que Bárcenas reinvierte sucesivamente un capital de 300.000 euros.

También analiza el juez otra cuenta de la esposa del tesorero, R. I., en la que figuran en 2007 casi 11 millones de euros en abonos. También aquí "podría deducirse que ese importe está provocado por sucesivas reinversiones en deuda pública de dos capitales, uno de 650.000 euros y otro de 370.000". El juez concluye de los análisis de las declaraciones que Bárcenas pudo ocultar al fisco ingresos de la red corrupta de Francisco Correa que supondrían más de 120.000 euros defraudados en el IRPF, por lo que hay indicios de delito fiscal.

EL PAÍS intentó ayer sin éxito recabar la versión de Bárcenas, que siempre ha negado cualquier vínculo con la red de Correa.

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"ES POCO CREIBLE PEDIR 330.000 EUROS EN EFECTIVO PARA UN CUADRO QUE NO COMPRÓ"


Bárcenas, según el juez, recibió de Correa un millón de euros que no declaró

El juez Pedreira habla de un pago al tesorero de 300.000 euros de paraísos fiscales

CARLOS E. CUÉ - Madrid

La cúpula del PP analizó ayer la implicación de su tesorero, Luis Bárcenas, en el caso Gürtel. Todos los dirigentes coincidieron en que, hasta que no se conozca la acusación, no se puede tomar una decisión. El escrito del juez Antonio Pedreira al Tribunal Supremo -al que ha tenido acceso EL PAÍS-, en el que se argumenta por qué cree que hay indicios claros de cohecho y delito fiscal contra Bárcenas y de cohecho contra el diputado Jesús Merino, ofrece algunos de esos detalles que exigen los dirigentes del PP.

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El texto contiene multitud de datos comprometedores especialmente para Bárcenas, a quien la red presuntamente corrupta de Francisco Correa entregó, según este documento, 459.565 euros en 2002; 515.630 en 2003, y 72.000 en 2007, que en ningún momento el tesorero declaró a Hacienda. El texto también analiza los movimientos de dinero en las cuentas de Bárcenas, sus voluminosas inversiones, y se detiene en una de las operaciones más polémicas del tesorero, el ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 -"de alta denominación", los llama el escrito- en enero de 2003 en una cuenta del Banco Popular.

El tesorero asegura, y así se lo explicó a Hacienda en marzo de 2008, que pidió un crédito en diciembre de 2002 y sacó el dinero del banco para comprar un cuadro. Lo mantuvo más de un mes en su poder en metálico y cuando se frustró la operación lo reingresó y canceló el crédito.

El texto de Pedreira, basado en el informe de la fiscalía y de la Agencia Tributaria, es escéptico. "Parece poco creíble que se formalizara una póliza de crédito y se dispusiera del dinero en efectivo para una operación que finalmente no se llevó a cabo y se mantuviera ese efectivo durante más de un mes en poder del contribuyente con el coste financiero que ello supone. No parece además razonable que el pago de la supuesta operación se fuera a realizar en metálico tratándose de una cantidad tan elevada, existiendo alternativas mucho más seguras. La apertura del crédito supone unos gastos de 2.321,49 euros, en los que no tiene sentido incurrir si no estamos ante una operación cerrada con compromiso formal de compra. Por otro lado, sorprende que alguien que no es coleccionista de arte, puesto que no figura en su declaración de Impuesto del Patrimonio, se lance a una inversión tan elevada", señala el escrito.

El documento del juez va más allá, y aclara que, en cualquier caso y aunque fuera cierta la versión del cuadro, Bárcenas no incluyó los datos de la operación en su declaración del Impuesto de Patrimonio de 2002, presentada el año siguiente. "No se refleja cantidad alguna en el apartado relativo a demás bienes y derechos de contenido económico, apartado en el que debería figurar el dinero que el contribuyente conserva en metálico, ni la deuda que a 31 de diciembre mantendría con el Banco Popular".

El escrito detalla uno a uno todos los supuestos pagos realizados por Correa a "L. B.", "LBárcenas", "Bárcenas" o "Luis el cabrón". Pero también indaga en los indicios que sitúan al tesorero del PP -un hombre que siempre ha estado en el corazón de las finanzas y los contratos millonarios de esta formación- en el centro de una trama de empresas radicadas en paraísos fiscales como Madeira, Mónaco o Nevis.

Una hoja manuscrita, hallada en el registro de una de las empresas vinculadas a paraísos fiscales, Rustfield, señala un pago de 50 millones de pesetas (300.000 euros) a "PC LBárcenas", que correspondería a Paco Correa-Luis Bárcenas. Este dinero, según un detallado análisis de varios cruces de dinero y empresas, estaría dentro de una operación en la que una opción de compra de un terreno para 16 viviendas en Majadahonda (Madrid) por 750.000 euros se transformó en una venta de 4,2 millones de euros en seis meses. El juez cree que esto "debe entenderse como elemento indiciario de la existencia de una vinculación" entre Correa y Bárcenas.

El texto del juez se centra en la actividad del tesorero del PP, al que Mariano Rajoy insistía en defender ayer en una entrevista en La Razón, en la que adelantaba que no basta una imputación para que destituya a Bárcenas, sino que necesita "tener la convicción de que se han cometido irregularidades". El líder del PP rechazó cualquier pregunta sobre el caso Gürtel en los pasillos del Casino de Madrid, adonde acudió a escuchar a Alberto Núñez Feijóo.

El juez también explica, al final de su escrito, qué indicios tiene contra Jesús Merino, el diputado miembro de la dirección del grupo parlamentario. En su caso, el delito fiscal parece descartado, ya que, tras el análisis de diversas empresas, el juez señala que el pago de impuestos está en regla.

El juez ve indicios de cohecho por recibir 50.000 euros de la red de Correa. El escrito también menciona la vinculación societaria de Bárcenas, Jesús Sepúlveda -ex alcalde de Pozuelo, también imputado- y Merino a través de Astrolago, una empresa que nunca tuvo actividad. De Gerardo Galeote, el otro aforado, el juez no detalla nada porque está a punto de dejar de ser eurodiputado, aunque sí cita un pago que figura en la contabilidad B de la trama de Correa: una cantidad de 24.040 euros para "Jesús Merino", "LB" y "GG", la misma para cada uno de los tres aforados.

EL SASTRE JOSÉ TOMÁS DICE QUE FOREVER YOUNG APROVECHÓ EL "CASO GÜRTEL" PARA ECHARLE


Niega haber falseado facturas.

Según el abogado, la empresa ha tratado de convertir a Tomás en el "chivo expiatorio" de la trama de corrupción

EFE - Madrid

El sastre José Tomás, que asegura haber hecho trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps, pagados por la trama de corrupción que supuestamente dirigía Francisco Correa, ha negado hoy haber falseado facturas y ha dicho que la empresa Forever Young aprovechó el caso Gürtel, para despedirle.

Así lo ha asegurado hoy Tomás durante el juicio que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid por la demanda por su despido de la empresa Forever Young -la cadena de ropa de lujo que supuestamente sirvió trajes pagados por Orange Market a Camps- después de haber declarado ante el juez Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel.

A su salida del juicio, y preguntado por las afirmaciones de Camps respecto a que no hubo "regalo alguno" a su persona, el sastre ha dicho que "es su problema, a la Justicia no se la puede engañar". "Creo en la Justicia y desde el primer momento se ha hecho una muy buena instrucción, tanto por parte de los fiscales como del juez Garzón", ha indicado a los periodistas, a los que ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la vista.

"Chivo expiatorio"
Durante el juicio, su abogado, Luis Zumalacárregui, ha sostenido que en el despido disciplinario que le fue comunicado el pasado 11 de febrero se pretendió aprovechar el caso Gürtel para librarse de él y hacerle "chivo expiatorio" de cualquier repercusión que esa investigación pudiera tener para la empresa.

Forever Young, a través de la empresa Castellana Inmuebles y Locales, alegó al despedirle que había compras a crédito sin cobrar por 60.309 euros, que firmó facturas que no se correspondían con la realidad y que existían devoluciones no justificadas. Según el letrado de la empresa demandada, se procedió al despido de Tomás, que había sido director de las sucursales de la empresa, por, además de las devoluciones no justificadas, la elaboración de facturas falsas o incorrectas.

Este extremo ha sido negado también por el letrado de Tomás, que ha dicho que está acreditado que era el responsable de compras y ventas, no de facturación, y que "no ha hecho una factura en su vida".

El presidente del Consejo de Administración de Forever Young ha afirmado que Tomás era el responsable de coordinar las facturas y que ocultó las devoluciones no justificadas.

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Quienes implican en irregularidades a Barberá, dice Grau, están "enloquecidos"

Móstoles comparte con la fiscalía que "es un procedimiento irregular"

La junta de gobierno local aprobó esta operación por 45 millones de euros, cuando un informe de la Agencia Tributaria en manos de la fiscalía eleva la tasación de los 80.000 metros cuadrados del citado solar hasta los 75 millones. Los 30 millones de euros de diferencia a favor del club son producto en buena medida de una decisión posterior, adoptada por Barberá y los ediles Alfonso Grau y Jorge Bellver, que permitió, entre otras cosas, la construcción de un hotel en la parcela. El precio no se revisó al alza a pesar de la mejora. Así se lo ha trasladado el fiscal Vicente Torres, que investiga una denuncia de dos representantes vecinales del barrio de Benicalap, al fiscal superior, Ricard Cabedo, quien, por el contrario, entiende que no hay pruebas de ello. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidirá.

El Valencia CF y el Ayuntamiento de Valencia alcanzaron un acuerdo por el que el solar de la avenida de las Cortes Valencianas pasaba de uso deportivo público a privado. Se hicieron entonces tres tasaciones para que el Valencia CF compensase a la ciudad por este solar. La Universidad Politécnica estimó su valor en 33 millones de euros, y otros dos informes privados elevaron esta cantidad hasta los 43 y 45 millones de euros, respectivamente. Las partes acordaron que el valor más ajustado era el de 45 millones. A cambio, el club entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad de Valencia -valoradas en 28 millones de euros- y otros 17 millones de euros en metálico. Toda la tramitación de la operación pasó por Jorge Bellver, edil de Urbanismo, y Alfonso Grau, titular de Grandes Proyectos, además de la alcaldesa.

La Fiscalía de Valencia considera que la permuta fue claramente perjudicial para los intereses del Ayuntamiento y favorable a los intereses de un particular. Y pretende investigación la actuación de Barberá, aforada al ser diputada autonómica. La decisión compete por tanto a la Fiscalía Superior.

El convenio suscrito en diciembre de 2005 entre la alcaldesa y el club establecía que el solar se recalificaría para su uso terciario. Pero ese compromiso tuvo que modificarse. El convenio entre la alcaldesa y el entonces presidente del club, Juan Soler, suscrito en diciembre de 2005, pretendía que los más de 80.000 metros cuadrados de solar -considerado en el PGOU de Valencia para uso deportivo público- fueran recalificados a uso terciario, aunque sin alterar su edificabilidad. Cuando se aprobó el expediente de modificación en el consistorio, las protestas de los vecinos y la oposición cerrada de los socialistas consiguieron que el gobierno local de Barberá lo dejara en suelo deportivo de uso privado. Un destino que, según las normas urbanísticas, impedía o "prohibía", según recordó ayer el concejal Rafael Rubio, el uso hotelero.

Arrancó entonces toda la maquinaria de valoraciones, tasaciones y tramitación de la permuta. Con posterioridad, en 2008, el equipo de Barberá modificó el PGOU para permitir solo en ese solar el uso hotelero. Lo denunció entonces el concejal socialista Vicente González Móstoles. Así el campo de fútbol consumirá la mitad de la edificabilidad prevista en la parcela -unos 40.000 metros- y el resto lo absorberá el complejo hotelero.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento valenciano, Alfonso Grau, visiblemente enfadado, tuvo que comparecer ayer para dar explicaciones sobre la permuta de solares. Grau negó que el Ayuntamiento haya querido beneficiar al club de fútbol y cargó contra los socialistas, informa Lidia Maseres. El teniente de alcalde dijo que el PSOE y "quienes lo corean andan enloquecidos por implicar a la alcaldesa Barberá y al equipo de gobierno en alguna irregularidad". El edil se negó, sin embargo, a valorar el informe de la Agencia Tributaria, que eleva en 30 millones de euros los beneficios que habría debido ingresar la ciudad por esta permuta y que se ahorró el Valencia. Grau amenazó con presentar una denuncia ante la fiscalía "para ver de dónde han sacado la información los medios de comunicación". No explicó, sin embargo, por qué la permuta no se ha llevado a cabo casi cuatro años después de suscribirse el convenio con el club de fútbol.

Por su parte, el concejal socialista González Móstoles manifestó que, aunque el PSPV no coincide con la cantidad en la que la Agencia Tributaria ha tasado el terreno -los socialistas apuntaban a más de 100 millones de euros, mientras que la fiscalía lo valora en 30-, sí que comparten el "fondo" del asunto. Según Móstoles, lo que comparten con la fiscalía "es que es un procedimiento irregular".

Fuentes del Valencia CF achacaron ayer a razones burocráticas el retraso en la formalización de la permuta. También admitieron que están pendientes de pagar los 17 millones de euros, informa Nadia Tronchoni.

Otras fuentes, estas municipales, agregaron que el Valencia CF ya trasladó por escrito al Ayuntamiento de la ciudad -concretamente en julio de 2007- que las 19 parcelas previstas en la permuta estaban disponibles. En concreto, la sociedad Belnave, SL, vinculada, según estas fuentes, al club deportivo, fue la que se encargó de comprarlas. La mayoría de ellas son parcelas de campo o huerta y, al parecer, el consistorio no las aceptó ni las registró porque planteaban problemas. Concretamente, tenían problemas de lindes o estaban atravesadas por acequias, y en esas circunstancias el Ayuntamiento no estaba dispuesto a registrarlas. Han pasado dos años desde aquello y nada se sabe. La exigencia de pagar los 17 millones de euros coincide además con un momento en que la situación económica del Valencia CF es delicada.

Grau ha insistido en más de una ocasión en que el solar donde se levanta el nuevo estadio es todavía de titularidad municipal y que si el club no cumple, la ciudad tendrá "un estadio de fútbol gratis".