TRIBUNALES | Insiste en que el acuerdo contaba con todos los parabienes
* Los suelos se transfirieron a una empresa que construyó viviendas
Europa Press | Granada
La ex alcaldesa de Jerez de la Frontera y parlamentaria andaluza del PP María José García-Pelayo ha declarado este miércoles ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, por su condición de aforada, como imputada en el caso de 'Los Huertos de Ocio'.
García-Pelayo está acusada de haber acordado en 2003, cuando era alcaldesa de la localidad gaditana, una expropiación supuestamente irregular de unos terrenos, situados junto a 'San José Obrero', para transferirlos a una promotora que edificó decenas de casas unifamiliares.
Los arrendatarios, que fueron desalojados en mayo de 2004, acudieron entonces a los tribunales para denunciar esta supuesta ilegalidad, que se remonta a la fecha en la que García-Pelayo, actual vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz, presidía el Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en el Ayuntamiento de Jerez, cuando Pedro Pacheco era además edil de Urbanismo.
La también presidenta del PP en Jerez estuvo declarando desde las 10.00 horas de la mañana y durante algo más de una hora y, a la salida, defendió su actuación como lo lleva haciendo en los últimos meses, incidiendo en que dio su voto al acuerdo adoptado en el mismo sentido que lo hicieron los demás grupos municipales, como el PSOE o PSA.
En declaraciones a Europa Press, destacó que la resolución contaba con el visto bueno de los informes técnicos y se mostró confiada en que el caso se archive, convencida de la legalidad del proceso, y desde el "respeto" a los jueces, según señaló.
El Ayuntamiento de la localidad gaditana informó recientemente de que hará efectiva la sentencia del TSJA que ya declaró contrarios a derecho los acuerdos adoptados por la Gerencia de Urbanismo el 7 de agosto de 2003, no devolviendo los terrenos a los afectados, puesto que actualmente ya hay en ellos una urbanización residencial consolidada, sino mediante indemnizaciones, a pagar por la administración.
ELMUNDO.ES
TRIBUNALES | Niega que exista un informe de la Agencia Tributaria
Efe | Valencia
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha ratificado la legalidad de la actuación del equipo de Gobierno municipal en la permuta del solar del nuevo Mestalla y ha afirmado sentirse "en absoluta indefensión" porque desconoce los términos de la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Provincial.
Barberá ha hecho estas declaraciones tras ser preguntada sobre el informe de la Fiscalía que ve indicios de delito contra los responsables municipales por "malversación y prevaricación", por ceder supuestamente al Valencia Club de Fútbol el solar del nuevo estadio por casi 30 millones de euros menos de su valor.
Ha denunciado que, a pesar de que ella sería una de las implicadas, no conoce "ni un sólo papel" sobre esta investigación, más allá de lo que se ha publicado en los medios de comunicación, y ha insistido en que esto la coloca en una situación de "absoluta indefensión", además de añadir que esto "es un desastre de Estado de Derecho".
La alcaldesa se ha preguntado por qué en el caso del Mestalla "puede haber malversación" y no se considera que los "800 millones de pesetas que le costó a la ciudad de Valencia, por un convenio del partido socialista sacar, las torres de Jesuitas" no se considera "menoscabo del dinero público".
Barberá ha afirmado que lo que sí que sabe es que no existe ningún informe de la Agencia Tributaria que sirva de base para denunciar que los terrenos se cedieron por debajo de su valor, ya que "no es competente" en esta materia, aunque no ha descartado que exista uno del Ministerio de Economía.
En este sentido se ha preguntado, "por qué tiene más credibilidad o más valor un informe de un órgano del Gobierno que el de la Universidad o el de una agencia de tasación".
Ha concluido que esta denuncia se debe a que el PP lleva "18 años ganando elecciones, y cada vez ganándolas por más diferencia", y esto "hay quien no lo soporta, y como no tienen mucha credibilidad ni mucha convicción democrática acuden a todos los medios para intentar dañar" su nombre.
Preguntada sobre la reunión que mantendrá mañana con el nuevo equipo directivo del Valencia, ha afirmado que este encuentro tiene un carácter "fundamentalmente protocolario".
En cuanto a si en este encuentro se abordará la posibilidad de ayudar al Valencia en los pagos pendientes del nuevo estadio, ha afirmado que el Ayuntamiento "ha sido ejemplar en la ayuda permanente al fútbol valenciano" y se ha preguntado "qué más se puede hacer. Que me inculpen más", ha ironizado.
ELMUNDO.ES
'CASO MATSA' | Acusan a Manuel Chaves de tráfico de influencias
* La Fiscalía entiende que por su condición de aforado el asunto compete al TS
La Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por Manos Limpias contra Manuel Chaves por conceder, cuando aún era presidente de la Junta de Andalucía, una subvención de 10 millones de euros a la empresa en la que trabaja su hija.
Según ha informado este miércoles la Fiscalía Superior de Andalucía, esta decisión fue adoptada mediante un decreto el pasado 22 de junio, tras analizar su competencia en el caso y entender que es el Tribunal Supremo quien debe verlo en atención a la condición de aforado del vicepresidente tercero del Gobierno.
Tras registrar la denuncia y designar a un fiscal para su tramitación, la Fiscalía andaluza abordó el análisis de su competencia en el asunto antes de profundizar en los hechos denunciados o la necesidad de su investigación "con las debidas garantías de proporcionalidad, contradicción o defensa".
Para adoptar esta resolución, la Fiscalía Superior de Andalucía ha estudiado la denuncia desde la perspectiva de la fecha en la que supuestamente se produjeron los hechos, en la que Chaves era presidente de la Junta de Andalucía, y desde la situación actual, en la que el denunciado ocupa la vicepresidencia tercera del Gobierno y el Ministerio de Política Territorial.
Mantiene que "en cualquiera de los casos que han sido contemplados", la competencia corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por lo que deberá ser la Fiscalía dependiente de este órgano la encargada de analizar los hechos.
En su denuncia, el sindicato Manos Limpias considera que Manuel Chaves pudo haber incurrido, durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía, en un delito de tráfico de influencias al ratificar, como presidente del Consejo de Gobierno, una subvención de más de 10 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija es apoderada.
Además
* Chaves se defiende del PP recordando el 11-M y el Yak-42
ELMUNDO.ES
CORRUPCIÓN | Recaba contratos relacionados con la trama
Europa Press | Madrid
El magistrado que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, ordenó hoy que se interviniera judicialmente en los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda para recabar nueva documentación económica vinculada a la presunta trama de corrupción de empresas de Francisco Correa que gira en torno a varios municipios del oeste de la región.
Además, Pedreira ha imputado a Francisco de Paula Jurado Argaz su participación en una trama y los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad, tras tomarle declaración esta mañana. Jurado Argaz fue una de las diez personas -la mayoría de ellas relacionadas con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España- imputadas en el caso el pasado 27 de marzo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Esta mañana también han declarado ante el juez en calidad de testigos Juan Antonio Camargo Muñoz -funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares- y Miguel González Martínez -funcionario de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Boadilla del Monte-.
'Visita' a Boadilla y Majadahonda'
Funcionarios de la Policía Judicial irrumpieron esta mañana en diversas dependencias del Consistorio de Boadilla para recabar más información y documentación relacionada con el ex alcalde Arturo González Panero, imputado en la trama corrupta. Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se trata de una solicitud de información y no de un registro. La petición se refiere a documentación de tipo económico sobre contratos.
Fuentes municipales aseguraron que el clima de colaboración entre el Ayuntamiento y el juez que investiga la trama es "absoluta" y, "por supuesto", facilitarán cualquier tipo de información que se solicite. Igualmente, recordaron que no es la primer vez que la Policía Judicial se persona en el Consistorio para pedir información. Así, el pasado 6 de febrero se produjo el primer requerimiento para solicitar información sobre determinadas empresas y, en otro ocasión, también solicitaron documentación.
De igual modo, Pedreira autorizó una solicitud de información al Ayuntamiento de Majadahonda para ampliar los datos que dispone remitidos por el anterior instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Se trata de información relativa a contratos anteriores a 2005. El ex alcalde Guillermo Ortega, uno de los imputados en la trama de Correa, estuvo al frente del Ayuntamiento durante el periodo 2001-2005.
En una nota, el Consistorio deja claro que existe plena colaboración por parte de la Corporación local, aportando toda la información que se le está demandando.
Además
* El TS sólo investigará a los aforados del PP Bárcenas y Merino
* Quién es quién en la trama Gürtel
ELMUNDO.ES
TRIBUNALES | Devuelve al TSJM el resto de la causa 'Gürtel'Atlas | Efe
El diputado Jesús Merino y el senador Luis Bárcenas. (Efe)
* El tesorero del PP será investigado por delitos contra Hacienda y de cohecho
* Los indicios contra el diputado 'popular' apuntan a un presunto cohecho
* El tribunal no ve los indicios de blanqueo de capitales que apuntaba la Fiscalía
María Peral | Madrid
El Tribunal Supremo ha aceptado asumir la parte del 'caso Gürtel' relativa al tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y al diputado del mismo partido Jesús Merino. El Alto Tribunal ha decidido devolver el resto de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que el juez instructor, Antonio Pedreira, siga llevando la investigación de la supuesta trama de corrupción.
De esta forma, el grueso del 'caso Gürtel' que afecta a los tres aforados autonómicos de la Comunidad de Madrid (todos del PP) vuelve al TSJM, donde el juez Pedreira tendrá que que retomar la investigación.
En su decisión, el Alto Tribunal deja la puerta abierta, no obstante, a asumir la totalidad de la causa en el futuro, si en el transcurso de la investigación el juez Pedreira encuentra nuevos indicios que impliquen a aforados.
La resolución del Supremo indica que existen elementos indiciarios que parecen apuntar a delitos contra la hacienda pública y de cohecho en el caso de Bárcenas y de cohecho en el caso de Merino.
El Supremo no aprecia indicios de delito de blanqueo de capitales que parecía apuntar tanto la Fiscalía como el magistrado Antonio Pedreira en el TSJM, con independencia de que en el curso de la investigación aparezcan datos en ese sentido.
El pasado día 15, el juez Antonio Pedreira elevó una exposición razonada al Supremo para que éste asumiera la totalidad del procedimiento. El envío del caso al Alto Tribunal se produjo después de haber hallado "indicios suficientes" para imputar a Luis Bárcenas y Jesús Merino, imputación que, al ser aforados, sólo puede hacer el Supremo.
El juez Pedreira tomó esta decisión después de recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se imputaba a Merino y a Bárcenas un delito de cohecho y otro contra la Hacienda Pública. Las acusaciones se basaban en un informe de la Agencia Tributaria, del que se desprendían "implicaciones suficientes" de los dos aforados en la supuesta trama de corrupción dirigida por Francisco Correa.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue quien inició la investigación del 'caso Gürtel'. La tesis de Garzón ha sido siempre que la causa es competencia del Supremo por arrastrar a varios aforados.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó aceptar la inhibición planteada por Garzón al encontrar indicios de que tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Más tarde y a la vista de los indicios aportados por la Fiscalía Anticorrupción el instructor remitió la causa al Supremo.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asumió la rama de esta causa que afecta a aforados de esa comunidad. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, están siendo investigados por, presuntamente, haber recibido varios trajes pagados por la empresa Orange Market.
Además
* Lea el auto del Tribunal Supremo
* El PP celebra que el Supremo 'descarta la tesis de Garzón'
* El juez recaba información en Boadilla y Majadahonda
* Gráfico: Quién es quién en la trama Gürtel
ELMUNDO.ES
Restan importancia a los delitos de los que se le acusa y guardan silencio sobre una posible dimisión
Desde que estalló la trama de corrupción de la Operación Gürtel, la dirección nacional del PP ha insistido en que no podía tomar una determinación sobre la situación de los principales implicados de sus filas hasta no saber de qué se les acusaba, pero parece que un auto del Tribunal Supremo asumiendo la investigación contra Luis Bárcenas y Jesús Merino y acusándoles de presuntos delitos de cohecho tampoco es suficiente. La cúpula de Génova se ha esforzado en restar hierro a esta investigación y limitar la gravedad de los delitos de los que se acusa a sus dos aforados. De momento ni hay dimisiones, ni se esperan.
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o ...Y solidaria con Bárcenas: "Una imputación no es una acusación"
o Gürtel se cobra una nueva víctima en el PP: Jesús Merino percibió más de 100.000 euros de Correa
o Garzón acusa al tesorero del PP de cobrar 1,35 millones en sobornos y al eurodiputado Galeote...
Ahora que el Tribunal Supremo ha decidido hacerse cargo de la investigación del tesorero del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, y del diputado nacional Jesús Merino en el seno de la Operación Gürtel por hallar en su actuación indicios de delito, el PP sigue manteniendo su postura de indultar a los implicados y apelar a la presunción de inocencia, como han venido haciendo hasta ahora. Según recoge Carlos Cué en El País, la dirección nacional del PP está difundiendo un mensaje con el que pretende limitar la gravedad de los delitos que el Alto Tribunal imputa a los dos aforados.
Descartar una "Filesa del PP"
Para empezar, el equipo de Mariano Rajoy considera que al no hacerse cargo el Supremo de toda la instrucción del caso, sino sólo de lo que afecta a Bárcenas y Merino, queda descartada “la tesis de Garzón y la policía judicial, asumidos después por la Fiscalía, de que existía una trama de financiación ilegal del PP”. Una de las obsesiones del presidente del partido a lo largo de toda la investigación ha sido precisamente descartar que la trama Gürtel sea una especie de “Filesa del PP”.
Cohechos y fraude fiscal
No obstante, parece olvidar que no es esa la cuestión que se había planteado al Supremo, sino que lo que estudia el Alto Tribunal es si Bárcenas obtuvo pagos de la red de Francisco Correa por valor de más de un millón de euros, lo que le acarrearía delitos de cohecho y fraude fiscal. También de cohecho se acusa a Merino, que pudo haber cobrado de las empresas de la trama unos 100.000 euros en sobornos.
El posible blanqueo de capitales
Por otra parte, el PP está tratando de difundir que en el auto del Supremo no se aprecian conexiones entre las empresas de sus dirigentes y la trama de corrupción, algo que en ningún momento aparecía en el auto inicial de Garzón. Además, según Génova 13, el auto descarta también las acusaciones a Bárcenas por “blanqueo de capitales”, aunque lo que en realidad lo que señala el texto es que las pruebas presentadas no son suficientes, por lo que insta al TSJM a que siga investigando este punto y le remita más tarde los resultados de esa investigación.
Silencio sobre los presuntos delitos
Además, en sus notas los populares “celebran que el supremo agilice de esta forma la tramitación y que no se hayan producido las habituales filtraciones” que han denunciado en todos los foros. Sin embargo, no hay una sola palabra sobre la gravedad de que el Tribunal Supremo de por buenas las acusaciones de cohecho y delito fiscal contra Bárcenas y de cohecho contra Merino.
¿Dimisiones?
Excepto ellos dos, el presidente valenciano, Francisco Camps, y el portavoz del PP en Les Corts, la inmensa mayoría de demás políticos populares salpicados por la trama han dimitido, incluso mucho antes de aparecer como imputados en alguno de los sumarios abiertos. Sin embargo, en los casos de estos aforados las dimisiones no llegan… y a la vista del silencio y la actitud del PP, tampoco se las espera.
ELPLURAL.COM
Existen diferencias entre las cantidades mencionadas
Manuel María Becerro | Sevilla
El PP denunciará hoy ante el pleno del Parlamento que en la copia remitida a la Cámara autonómica del expediente de la subvención del incentivo de casi 10,1 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la compañía minera en la que está apoderada la hija de Manuel Chaves, hay «indicios claros de manipulación» por parte del Gobierno andaluz.
Según ha podido conocer este periódico, los asesores jurídicos del grupo parlamentario popular han localizado –dentro de la documentación autenticada por el letrado mayor– una propuesta de incentivo por el importe final de más de diez millones de euros fechada el pasado 4 de noviembre, algo que se contradice claramente con la propuesta que, según el mismo expediente, se eleva el 5 de noviembre a la comisión autonómica de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que cifra en 6,9 millones de euros la cantidad incentivable a favor de la empresa apoderada por la hija de Chaves.
En concreto, entre las páginas 19 y 30 de la copia remitida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa al Parlamento, figuraría la propuesta que justificó el salto definitivo de la ayuda de los 6.931.780,35 euros previstos inicialmente hasta los 10.093.472,7 euros finales. El documento debería aparecer firmado por el gerente provincial de IDEA en Huelva, Félix Soto Pérez, pero –según las fuentes consultadas, que han tenido acceso a la documentación enviada a la Cámara regional– su rúbrica no figura en el expediente, ni tampoco se reproduce su firma telemática.
Pero lo realmente llamativo de este documento es la fecha: 4 de noviembre de 2008. En la misma copia puesta a disposición del grupo parlamentario del PP, en concreto entre las páginas 326 a 348, figuran otras dos propuestas remitidas a la comisión autonómica de la Agencia IDEA por el propio Félix Soto –ambas con su firma telemática– abogando por que el incentivo a Aguas Teñidas sea por un importe de 6,9 millones de euros.
Propuesta contradictoria
La primera propuesta es contradictoria con la de los 10,1 millones porque está fechada también el 4 de noviembre de 2008, y parece evidente que no tiene sentido que un mismo órgano emita en un mismo día dos resoluciones distintas. Pero la segunda propuesta ya es directa y absolutamente incompatible: no puede ser que la Junta alegue que aumentó en más de tres millones de euros su incentivo a Matsa en virtud de una resolución cuando sabe que existe otra fechada posteriormente en la que se vuelve a la postura inicial de incentivar en sólo 6,9 millones.
La lógica obligaría a concluir, en todo caso, que esta última propuesta de 5 de noviembre es la que vendría a resolver la contradicción del día 4. Entonces, la ayuda que habría tenido que elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el pasado 20 de enero no tendría que haber sido la de 10,1 millones de euros, sino una en más de tres millones inferior.
Como la documentación carece de sentido, en el PP sospechan que todo puede responder a una «manipulación» del expediente y a la inclusión de una propuesta dirigida a la Agencia IDEA en una fecha que pretendería neutralizar las de 6,9 millones, aunque el efecto habría sido bastante contraproducente, porque ha terminado convirtiendo en ininteligible una de las fases esenciales de ese expediente supuestamente «inmaculado» del que tanto ha estado presumiendo la Junta de Andalucía durante las últimas semanas.
ELMUNDO.ES
