martes, 7 de julio de 2009

EL JUEZ EVIDENCIA QUE CAMPS MINTIÓ: LA TRAMA DE CORREA PAGÓ SUS TRAJES PARA "AGASAJARLE"

Francisco Camps, 'caso Gürtel', PP, trajes, José Tomas, Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market

Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. (Efe)

@Alberto Mendoza.

Francisco Camps no pagó los trajes que encargó en las tiendas madrileñas de Milano y Forever Young. La trama de Francisco Correa, a través de la empresa Orange Market, abonó las prendas para “agasajar” y “complacer” al presidente de la Comunidad Valenciana. Así lo constata el auto del juez José Flors, quien, tras observar “indicios racionales” de cohecho, ha decidido continuar con el proceso que puede acabar con Camps sentado en el banquillo ante un jurado popular.

El presidente valenciano se puso por primera vez en manos del sastre José Tomas a principios de 2006, aconsejado por su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, administrador único de Orange Market. Entonces, Camps adquirió cuatro trajes (que devolvió porque no le sentaban bien) y tres americanas a medida. Después del verano, cuando el sastre se había trasladado al establecimiento de Forever Young, Camps se llevó otros cuatro trajes a medida por un valor de 2.880 euros.

El juez asegura que “no existe constancia de que su precio fuera abondo en caja y en metálico, como afirmó el Sr. Camps en su declaración”, pero “sí hay, en cambio, constancia de que el pago pendiente generado por aquella operación de los cuatro trajes se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad Servimadrid Integral S.L.”. Con esta rotunda afirmación, el magistrado contradice la palabra del presidente valenciano, quien ha asegurado públicamente que siempre se paga sus trajes. En su declaración, Camps sólo admitió haber tomado prestado un frac y un chaleco, que devolvió a José Tomás tras su visita al Vaticano.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia recoge otros casos en que Camps se sirvió de la generosidad de la trama de Correa para completar su armario. El presidente valenciano admitió haberse llevado un par de zapatos en marzo de 2007, pero, según el juez, no dijo la verdad al declarar que había pagado 120 o 130 euros por ellos. El juez deduce que su precio “debió ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos”.

Por todo ello, el magistrado asegura que existen “indicios racionales” de un delito de “cohecho”, y que “la verosimilitud inicial sobre su posible existencia ha alcanzado el grado de realidad muy probable”. El auto apunta al artículo 426 del Código Penal, en el que se tipifica “la conducta de la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función”. Para el magistrado, la única razón por la que la trama de Correa regalaba trajes a Camps es por su “condición de autoridad”.

Regalos a cambio de gratitud

El juez recuerda que, aparte de los encargos efectuados por el PP, Orange Market consiguió numerosas adjudicaciones de diversos organismos dependientes de la Generalitat Valenciana, como en las ferias FITUR, TVC, Expovacaciones, SITC e INTUR. Así, entre 2005 y 2009, la empresa de El Bigotes recibió casi 7 millones de euros.

El auto recoge que “no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y los funcionarios” de la Administración autonómica. Sin embargo, el juez advierte que “la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”.

El magistrado parece responder en uno de los párrafos del auto a aquellos que, como Mariano Rajoy, han salido en defensa de Camps asegurando que “no se vende por unos trajes”. De acuerdo con el juez Flors, “aunque el precio de esas prendas pudiera parecer a alguien escaso o aún ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas, esas circunstancia no es excluyente del desvalor de su acción”. Es decir, que despreciar un posible delito de cohecho por el poco valor económico de los regalos significaría “una degradación de los principios que deben regir en todo caso la actuación de quienes ejercen funciones públicas”.

Por otra parte, el juez también ha encontrado evidencias de que el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, han recibido regalos de la trama de Correa, y continúan como imputados. El próximo día 15, las acusaciones deberán concretar la imputación, mientras que las defensas podrán alegar “lo que estimen oportuno, pudiendo solicitar nuevamente el sobreseimiento”. Asimismo, todas las partes podrán pedir nuevas diligencias de investigación, por lo que el proceso amenaza con perseguir a Camps durante los próximos meses.

ELCONFIDENCIAL.COM

GRUPOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CAMPS CRUZAN CÁNTICOS Y PANCARTAS EN ALAQUÁS

CASO GÜRTEL

Incidentes antes del acto del PP

- Protesta celebrada en la localidad valenciana de Alaquàs. | Efe

* El PPCV celebra un acto en la localidad de Alaquàs con la ausencia de Camps
* PSPV-PSOE: 'Camps está acabado y siente vergüenza de lo que ha hecho'
* Costa: 'Camps es el más honrado y el que más ha hecho por la Comunitat'

Efe | Alaquàs

Un grupo de simpatizantes y otro de contrarios al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se concentraron a las puertas del Auditorio de Alaquàs, donde el PPCV tenía previsto celebrar un acto, y mantuvieron un enfrentamiento dialéctico por su imputación en el caso 'Gürtel'.

El acto, previsto para las 19.00 horas, era un homenaje a los portavoces del PP en los municipios de la Comunitat Valenciana, celebrado en Alaquàs, un municipio en el que este partido está en la oposición y del que el presidente del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, era alcalde hasta el pasado viernes.

Los contrarios a Camps, que sumaban más de un centenar, portaban carteles en forma de traje y lemas en los que se leía 'Yo quiero ser jurado popular' o 'Cambio traje por' Ley de Dependencia, escuela pública digna, metro de Alaquàs o transporte público, entre otras cuestiones.

Este grupo, en el que se encontraban dos personas disfrazadas del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, y del sastre José Tomás, esperaban la llegada de Camps al grito de 'president a Picassent', 'Camps dimisión' e 'imputados, oé oé'.

En el otro lado, medio centenar de simpatizantes del PP con banderas del partido, respondían con gritos de 'Zapatero es el paro', 'Todos con Paco', 'El PSOE se va de Alaquàs' y 'Hemos ganado', y con carteles en los que se podía leer 'Paco Camps, Alaquàs está contigo'.

En la zona se encontraban varias dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía, que tuvieron que cortar la calle en la que se ubica el Auditorio debido al gran número de personas que se concentró allí, y al que se fueron adhiriendo más ciudadanos de ambos bandos.

'Camps está acabado y siente vergüenza'

La secretaria provincial del PSPV-PSOE, Carmen Martínez, afirmó que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "está acabado, siente vergüenza de lo que ha hecho y ya no da la cara ni ante los suyos", ya que no acudió al acto organizado por su partido en Alaquàs.

La dirigente socialista atribuyó la ausencia del presidente del PPCV al acto de Alaquàs a que éste "siente vergüenza de lo que ha hecho durante tanto tiempo, de contar tantas mentiras y rodearse de tantos corruptos a quien ha entregado dinero de los valencianos".

"No es de extrañar que haya plantado hoy a sus propios militantes y les haya dado la espalda en un acto que no era más que una provocación y un insulto a un pueblo de gente honrada", señaló la socialista.

La dirigente también subrayó que "Camps ya no tiene autoridad moral para ir a ninguna ciudad gobernada por socialistas honrados a provocar y será recibido así (con pitos y pancartas) siempre que sean actos de deslealtad institucional como éste", en alusión a las concentraciones de personas contrarias a él que han denunciado con pancartas su imputación en el caso 'Gürtel'.

Martínez afirmó que "lo más triste" es que a Camps no le interesa lo más mínimo los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas de Alaquàs. "No iba a entrevistarse con colectivos o asociaciones. No iba a visitar los barracones a los que obliga a ir a los estudiantes. No iba a interesarse por las familias que no reciben las ayudas de la Ley de Dependencia. Iba a darse un homenaje y un baño de aplausos, pero al final no se ha atrevido", argumentó la dirigente socialista.

Martínez consideró que a Camps "no le queda otra salida que dimitir y reconocer lo que el juez ha puesto por escrito en papel oficial". Para Martínez, la resolución judicial ha demostrado que "ha engañado a los valencianos y valencianas, que sí conocía a la cuadrilla de corruptos, que sí aceptó regalos y que los problemas de los valencianos no le interesan lo más mínimo. Sólo le interesa su situación personal".

Costa: 'Camps es el presidente más honrado'

El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, manifestó que el president de la Generalitat, Francisco Camps, es "el mejor presidente, el más honesto, el más honrado y el que ha hecho más por esta comunidad". Costa hizo estas afirmaciones durante el acto en Alaquàs.

El secretario general del PPCV ha pedido a los asistentes al acto -más de 400 en el auditorio de Alaquàs y un centenar en una sala anexa- un "sonoro aplauso" para el president de la Generalitat -que no ha acudido al acto-, tras recordar que este partido es "el que mejor defiende los intereses de los valencianos", y que ganó hace dos años las elecciones autonómicas y hace un mes las europeas.

"Hoy celebramos la victoria, otros no pueden llenar ni el salón de su casa", indicó Costa, quien dijo del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, que hace "de muerto viviente" pero cuando salga la luz "morirá políticamente y acabará donde tiene que acabar".

Según dijo Costa, los socialistas "hacen dos cosas: destrozan lo que ha hecho el PP y derogan el trasvase del Ebro", y con ellos "ha vuelto la crisis económica, el paro y los subsidios". "Alarte crea crispación y nos monta un pitote por venir a Alaquàs, Pajín insulta a los populares valencianos y Luna se querella. Y ¿qué hacen los valencianos? Votar a Camps y al PP", aseguró.

El procedimiento judicial contra Camps por un supuesto delito de cohecho ha protagonizado los lemas que los vecinos han coreado a las puertas del auditorio, donde han pedido la dimisión de Camps a la llegada del vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, que ha tenido que ser escoltado por la Policía para entrar al lugar, al igual que ha ocurrido con los consellers Font de Mora, Manuel Cervera, José Ramón García Antón y Mario Flores.

La misma situación se ha vivido al finalizar el acto, cuando Rambla ha tenido que ser escoltado por policías, que han formado un cordón para facilitarle la salida del lugar hasta una calle perpendicular al auditorio.

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ELMUNDO.ES

ACUSAN AL ALCALDE DE CALATAYUD DE PREVARICACIÓN TRAS DECLARAR ANTE LA JUEZA

Piden que comparezca un ex edil del PSOE, asesor del empresario beneficiado por el alcalde

R.P. | ZARAGOZA

El alcalde de Calatayud, el socialista Víctor Ruiz, acudió el pasado viernes a los juzgados bilbilitanos a declarar como imputado por un posible delito de malversación. Fue a raíz de una denuncia presentada por el PP, tras confirmarse que un empresario de la ciudad ocupaba gratis y sin contrato una nave industrial que pertenece a partes iguales al Ayuntamiento y al Gobierno aragonés, que fue cedida personalmente por el alcalde y sin cumplir con los requisitos establecidos para disfrutar de ese edificio.

Ahora, ante lo que declaró el alcalde, la documentación de que se dispone y cómo se sucedieron los acontecimientos durante meses, la acusación considera que Víctor Ruiz incurrió también en un delito de prevaricación. Así lo ha hecho constar en un nuevo escrito presentado ayer ante el juzgado de Instrucción número 1 de Calatayud, donde se siguen las diligencias previas por este caso.

Para avanzar en la investigación judicial, el escrito de la acusación solicita a la juez que reclame al Ayuntamiento diversa documentación relacionada con la cesión de esta nave a la empresa Auxidcoc. Y también le pide que llame a declarar en calidad de testigo a Ángel Júlvez, ex-concejal del PSOE y asesor fiscal del empresario José Luis Santo, propietario de Auxidcoc.

Considera la acusación que Víctor Ruiz entregó esa nave a Auxidcoc «de forma arbitraria y discrecional, sin causa alguna que lo justifique». Y subraya que lo hizo «sin acuerdo administrativo, contrato ni documento que habilite o justifique la permanencia legal» de esa sociedad en dicho edificio. La nave es contigua a la que ocupa Carpintería Santos, ligada también a José Luis Santos, que declaró el viernes como testigo.

Subraya igualmente que el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), meses después de que ese edificio empezara a ser usado por Auxidcoc, emitió un informe negativo a la cesión de la nave a esa empresa. No era un proyecto innovador, según indicaba el CEEI en sus conclusiones. Ese informe era preceptivo para dar en uso este edificio. Además, aunque el informe hubiera sido favorable, debería haberse emitido antes de ceder la nave. Y dicha cesión sólo podía haber sido realizada con un contrato de arrendamiento, según establece el convenio firmado en su día entre los dos copropietarios del edificio, el Ayuntamiento y el Gobierno aragonés.

Cesión arbitraria
La acusación también destaca que la documentación que el alcalde ha llevado al juzgado para defenderse fue realizada después de que se destapara el caso y de que aparecieran las primeras informaciones al respecto, que en su momento recogió ABC.

En el mismo escrito presentado ayer ante el juzgado se indica que la actuación de Víctor Ruiz «representa de forma clara» el delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal, por haber acordado la cesión gratuita de forma arbitraria y a sabiendas de que no se ajustaba a la legalidad. Además, la acusación también cree constatado que el alcalde trató de corregir y justificar esas irregularidades con actos e informes solicitados después de que se destapara el caso.

El Código Penal castiga el delito de prevaricación con la pena de entre siete y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

ABC.ES

EL JUEZ CIFRA LOS CONTRATOS DE ORANGE MARKET CON EL COSELL EN 7 MILLONES

Primer paso para juzgar a Camps

El auto dice que Álvaro Pérez ya era conocido de Ricardo Costa desde 1996
La relación entre la Generalitat y Orange Market no fue esporádica ni casual. La Administración valenciana adjudicó desde 2005 a 2009 a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y a otras sociedades de la trama Gürtel, contratos por cerca de siete millones de euros, según recoge el magistrado instructor del caso en el auto conocido ayer. Esta red colaboró además con el PP valenciano en la preparación y diseño de actos de partido en varias campañas electorales. "Álvaro Pérez ya era conocido de Ricardo Costa [secretario general del PP e imputado] desde 1996", recoge.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

El PP trabajó con esta sociedad en las campañas de 1999, 2003 y 2007
Nada más estallar el escándalo Gürtel, el Consell negó que la Generalitat hubiera trabajado con las empresas de la trama de forma habitual. Sólo admitió -porque en su día se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana- la concesión mediante concurso público de contratos por un total de 5,5 millones de euros por el montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria del Turismo de Madrid (Fitur) de 2005 a 2009.

El magistrado instructor elevó ayer esa cantidad a 6,9 millones de euros. "Desde 2005 le fueron adjudicados a esta sociedad por diferentes organismos de la Generalitat numerosos contratos de muy variado objeto", que el auto concreta en la organización de Fitur y otras ferias como TVC, Expovacaciones, SITC e Intur.

El auto no precisa el resto de contratos con la Generalitat, pero entre los que han trascendido en los últimos meses está el encargo a Orange Market de la fiesta de inauguración de la Volvo Ocean Race por 445.000 euros. La Consejería de Bienestar Social le encargó dos actos de una de sus fundaciones por 32.000 euros y la de Cultura le entregó 100.000 euros por actos relacionados con el décimo aniversario de Castelló Cultural. El departamento de Medio Ambiente, a través de su empresa Vaersa, le encargó en 2004 un documental didáctico sobre los contenedores amarillos que no concluyó, aunque por él cobró el 50% del importe del contrato, cifrado en casi 70.000 euros. Hasta ocho consejerías encargaron trabajos a la red de empresas de Correa.

No fueron las únicas. Una serie de entidades controladas por el PP, como Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Feria Valencia o la Fundación Agua y Progreso contrataron también con El Bigotes. De ellos, uno de los más costosos fue el adjudicado por la dirección ferial por un monto de 800.000 euros.

Orange Market era una habitual en la preparación de actos para el PP valenciano. Los populares trabajaron con Álvaro Pérez en actos celebrados con motivo de las campañas electorales de 1999, 2003 y 2007. Algunas fuentes elevan a 1,8 millones el importe de estos encargos.

Contratos públicos
Según el juez, la Generalitat adjudicó a Orange Market desde 2005 contratos por cerca de siete millones de euros:

- Año 2005: 1.748.839,19 euros

- Año 2006: 1.174.767,17 euros

- Año 2007: 1.325.741,44 euros

- Año 2008: 1.714.860,26 euros.

- Año 2009: 953.172 euros hasta el pasado mes de mayo.

LA AUDIENCIA RATIFICA EL ARCHIVO DEL "CASO SOLER"

CRISTINA MEDINA - Elche

La Audiencia de Alicante ha dado carpetazo definitivo a la querella del PP contra el alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, por el supuesto pago de facturas del PSPV con fondos municipales. La sección 7ª de la Audiencia, con sede en Elche, ha ratificado el archivo de las diligencias y ha desestimado el recurso de casación presentado por el grupo municipal del PP de Elche a esa resolución judicial.

El fallo judicial ratifica el auto judicial dictado el pasado 19 de junio por el mismo tribunal en el que declaraba el sobreseimiento y archivo del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche contra Soler por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Contra la resolución de la Audiencia de Alicante cabe recurso de queja ante el Tribunal Supremo.

Soler ha declarado que no cabía ese último recurso del PP, "y ya son diez las veces en los que los juzgados han frenado el intento del PP por calumniar la gestión de este gobierno".

ELPAÍS.COM

EL JUEZ SITÚA A CAMPS EN LA ANTESALA DE SER JUZGADO POR UN DELITO DE COHECHO

Primer paso para juzgar a Camps

El magistrado constata que no hay pruebas de que el presidente de la Generalitat pagara los trajes, en contra de su declaración, y sí de que los abonó la red corrupta

JOSEP TORRENT - Valencia

José Flors, magistrado de tribunal superior de justicia de la comunidad Valenciana (TSJCV), abrió ayer el camino para sentar en el banquillo de los acusados por primera vez en la historia a un presidente de la Generalitat Valenciana. Flors, en un auto demoledor, sostiene que hay "indicios racionales suficientes" para creer que Camps ha podido incurrir en un delito de cohecho por haber aceptado regalos de la trama corrupta ligada al PP y liderada por Francisco Correa. Flors ha convocado para el día 15 una vista previa para decidir si Camps acaba en el banquillo ante un jurado popular.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Nacimiento:
28-08-1962
Lugar:
Valencia


El PP sostiene que ningún dirigente pedirá la dimisión de Francisco Camps

El juicio contra el presidente se celebraría con jurado popular
La noticia de la imputación de Camps provocó la inmediata reacción de la oposición. Los socialistas valencianos exigieron la dimisión inmediata del presidente valenciano. Esquerra Unida y Compromís, los otros dos grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes Valencianas, reclamaron, además, la convocatoria de elecciones anticipadas.

El auto de Flors es contundente y deja en una posición muy desairada a Camps, del que dice que faltó a la verdad en sus declaraciones. El texto del magistrado es meridianamente claro cuando, refiriéndose al pago de unos trajes, dice: "No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes como afirmó el Sr. Camps en su declaración, pues el contenido de los documentos del pago en efectivo que han sido aportados a la causa (...) no se corresponde ni con el número de prendas, ni con la cualidad de los trajes a medida, ni coinciden tampoco las fechas que aparecen en esos documentos con aquellas en que el expresado señor dijo haber efectuado los pagos".

Esta no es la única referencia al escaso rigor del presidente valenciano en sus manifestaciones. El auto también señala que "en la primavera de 2007, Francisco Camps encargó [al sastre José Tomás] dos americanas a medida y algún pantalón, llevándose también en esa ocasión dos pares de zapatos de piel de potro (...). El Sr. Camps admitió haberse llevado un solo par de zapatos, cuyo precio de 120 o de 130 euros dijo haber pagado en el acto y en efectivo". Los hechos, según el juez, fueron de otra manera: "De los documentos de pago en efectivo (...) no se desprende la realidad de ese pago en metálico, pues no coinciden dichos documentos con la fecha, ni con el precio, ni con la clase de género correspondiente a dichos zapatos. Su precio, por tanto, debió ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos".

Un sistema que consistía en que las compras que hicieran determinadas personas, tanto en las tiendas de Milano, primero, como en las de Forever Young después, no les fueran cobradas en caja y se anotaran en una cuenta de Álvaro Pérez.

En esa cuenta se cargaron también los gastos del secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, del ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos estos hechos llevan al magistrado a la conclusión de que los indicios que impulsaron a Baltasar Garzón a comenzar su investigación, no sólo están fundamentados, sino que además su "verosimilitud inicial ha alcanzado el grado de realidad muy probable".

Todo este cúmulo de realidades, aparentemente, no ha alterado la hoja de ruta del PP, que no está dispuesto a dar un paso atrás ni para tomar impulso en la defensa numantina de Francisco Camps. Fuentes de la dirección nacional del PP señalaron que Camps no dimitirá de su cargo ni aún en el supuesto de que fuera condenado. "Recurriremos hasta Estrasburgo si es necesario", dicen, aunque no creen que sea necesario llegar tan lejos.

Sostienen los populares, con la fe del carbonero, que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ va a aceptar los recursos de la defensa de los imputados. Una sala que estará compuesta por tres magistrados conservadores, José Francisco Ceres, Juan Montoro y el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, que intervendrá ante la ausencia del único juez progresista, Juan Climent, que se encuentra de vacaciones.

La unidad del PP valenciano es casi obligada. Aparte de Camps, y en ausencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no tienen un líder claro.

Cinco meses de investigación judicial
- 6 de febrero. El juez Baltasar Garzón abre una investigación por una trama de corrupción ligada a cargos del PP. Es lo que se conocerá como el caso Gürtel (correa, en alemán). Una de las empresas implicadas es Orange Market, filial valenciana de Special Events, compañía del jefe de la red, Francisco Correa.
- 8 de febrero. El PP valenciano reconoce haber contratado los servicios de Orange Market.
- 9 de febrero. La policía detiene al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes.
- 10 de febrero. Garzón imputa a Pérez y a otras 33 personas.
- 19 de febrero. EL PAÍS informa de que la Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la trama por haber recibido 30.000 euros en trajes.
- 5 de marzo. Garzón envía parte del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la existencia de indicios contra Camps, Ricardo Costa (portavoz del PP en el Parlamento autónomo), Víctor Campos (ex vicepresidente del Consell) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).
- 17 de marzo. El magistrado José Flors es nombrado ponente de la causa.
- 23 de abril. EL PAÍS publica una conversación entre Camps y El Bigotes en la que el primero llama al segundo "amiguito del alma" y le pide quedar para "hablar de lo nuestro, que es muy bonito". Ambos aluden a regalos caros de Pérez a la esposa de Camps.
- 4 de mayo. El tribunal desestima la petición de Camps para anular las actuaciones de Garzón.
- 20 de mayo. Camps y El Bigotes declaran ante el juez.
- 21 de mayo. El sastre José Tomás declara como testigo que "todos" los trajes fueron pagados por Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego hasta 1999 y en prisión desde febrero por este caso.
- 2 de junio. Rajoy muestra de nuevo todo su apoyo a Camps en un mitin multitudinario celebrado en la plaza de toros de Valencia.

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CAMPS: "QUEDAN DOS ESCALONCITOS Y TODA ESTA CUESTIÓN ABSURDA HABRÁ PASADO"

Primer paso para juzgar a Camps

"El presidente de la Generalitat valenciana confía en que su mandato dure muchos meses
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Barberá pide que se incoen diligencias contra Zapatero por aceptar anchoas del presidente de Cantabria

XAVIER ESPANYA / SARA VELERT - Algemesí / Valencia

"Quedan uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado". Con estas palabras se ha pronunciado Francisco Camps esta mañana en sus primeras declaraciones tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ratifica los indicios de un supuesto delito de cohecho. "Estoy convencido de que la verdad está más cerca que nunca, por eso estoy muy contento", ha insistido.
AUDIO - Cadena Ser - 07-07-2009

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha defendido a su compañero de partido, Francisco Camps. Barberá ha encontrado razones para pedir responsabilidades legales a Zapatero: las anchoas con las que le obsequia el presidente de Cantabria
Nacimiento:
28-08-1962
Lugar:
Valencia


El presidente de la Generalitat ha acudido este mediodía a un acto institucional en la localidad valenciana de Algemesí, el mismo municipio donde se registró la empresa Orange Market, la empresa que dirige Álvaro Pérez, en el verano de 2003.

En la presentación de un proyecto de reforma del mercado municipal y construcción de un aparcamiento, Camps ha evitado responder a las preguntas de los medios de comunicación, pero en su alocución se ha referido a su situación procesal y política. "No hay cosa más grande que la presidencia de la Generalitat", ha dicho Camps, "y cuando sea la hora de inaugurar este aparcamiento todo habrá pasado".

El pesidente valenciano ha dado a entender que no piensa dimitir por ahora al afirmar: "En los próximos meses iré por todos los pueblos y comarcas para explicar los proyectos" del Consell.

Al acto institucional ha acudido apenas medio centenar de personas, fundamentalmente alcaldes y concejales de la comarcade La Ribera y el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus.

"Que se incoen diligencias contra Zapatero"
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha minimizado la importancia de las imputaciones a Camps por la vía de extender las sospechas de cohecho a todo político que acepte regalos.

"Si el presidente de todos los valencianos está incurso en un procedimiento" por aceptar supuestamente dádivas, "que se incoen diligencias contra Zapatero por las anchoas que le regala el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla", ha dicho Barberá. "Y también contra mí, que he recibido ramos de flores", ha añadido la alcaldesa, que ha comparecido junto al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, tras una reunión con el sector de la hostelería.

Rambla ha insistido en que el gobierno valenciano y el partido afrontan la situación "con absoluta tranquilidad" y "todavía más seguros de que esto va a acabar muy bien para Camps y el resto de afectados". También el vicepresidente ha señalado que se "raya la locura" cuando se trata de "enjuiciar" a Camps por "un supuesto regalo", ya que "tendrían que estar los juzgados llenos de cargos públicos, hasta el presidente del Gobierno".

Un silencio difícil de justificar
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también ha opinado sobre Camps y ha aseverado tras firmar un convenio con la Fundación Príncipe de Asturias que el silencio del PP en torno a su caso es "cada vez más difícil de justificar", informa Efe.

De la Vega no ha querido valorar el auto del juez Flors, pero sí que ha puesto la pelota en el tejado del PP y ha dicho que es a ellos a quienes les compete decidir si Camps "debe continuar representando a los valencianos".

La vicepresidenta ha recalcado que el PP lleva "demasiado tiempo" mirando "hacia otro lado" con este asunto y ha opinado que "en política, como en la vida, no se pueden dar lecciones sin dar ejemplo". También ha eludido presionar a la Justicia de ningún modo, y ha añadido que ésta "tiene sus procedimientos, sus tiempos, su curso y trabajo que todos debemos respetar y apoyar".

ELPAÍS.COM

EL JUZGADO DE BAENA DESETIMA EL ARCHIVO DEL CASO DE LAS FACTURAS FALSAS

BAENA El dinero del Ayuntamiento acababa en un club de alterne

El juzgado ha pedido un nuevo informe pericial sobre las facturas

Manuel María Becerro. Sevilla

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena ha determinado, tras desestimar las peticiones de sobreseimiento y archivo planteadas por las defensas, continuar adelante con el procedimiento relativo al caso de las 'facturas falsas', que, en consecuencia, puede llegar a juicio.

De las investigaciones se desprende la existencia de una presunta red de corrupción en el Ayuntamiento baenense que estaría coordinada por Rafael Santano, secretario personal y hombre confianza del alcalde y senador socialista Luis Moreno, y que ha sido imputado por malversación de caudales públicos, falsificación de documentos mercantiles, fraude, cohecho y soborno.

Según informes de la Policía Judicial, el dinero obtenido ilícitamente se gastaba en el club de alterne de Marbella Milady Palace.

La investigación se origina con la confesión ante la Guardia Civil de un empresario local que facilitaba facturas falsas a Santano. Aportó copias de las mismas y se ratificó en su primera declaración ante el juez, aunque posteriormente se desdijo de sus acusaciones, cuando resultó imputado y su hermano le reveló que había llegado a ser secuestrado.

No obstante, durante el tiempo en que colaboró con la Justicia para destapar la red de corrupción, depositó judicialmente 2.265,42 euros abonados por el Ayuntamiento de Baena por una factura falsa, cuya negociación puede probarse en escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil por orden judicial.

El modus operandi de la red consistía básicamente en la emisión de facturas por encargo y a nombre del Ayuntamiento en las que figuraban trabajos y materiales inexistentes.

Tras la entrega de los recibos y su pago con cargo al presupuesto, el que facturaba volvía a entregar al secretario del alcalde el mismo importe deducida la cantidad de IVA, lo que generaba una contabilidad paralela en manos de Santano que supuestamente se blanqueaba con gastos protocolarios inexistentes.

Ni al secretario del alcalde de Baena ni al otro trabajador imputado, Juan Díaz Pérez, les costaban dinero sus visitas al club de alterne Milady Palace. Según las escuchas teléfonicas realizadas por la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número uno de Baena, Santano se justificaba en que "a mí me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas".

Informes contradictorios
El juzgado baenense dispone de un informe municipal, según el cual las supuestas facturas falsas, emitidas al Ayuntamiento por el empresario que confesó inicialmente haberlas realizado, son auténticas y se corresponden con obras ya acabadas y con costes ajustados a los precios de mercado. Hay otros dos informes encargados por el juzgado a petición de la acusación y que fueron elaborados por Tinsa, que coinciden.

Sin embargo, la acusación particular aportó posteriormente otro informe pericial, en el que se cuestionaban los anteriores.

El juzgado de Baena ha solicitado un nuevo informe a petición del Ministerio Fiscal, exigiendo que ahora sea elaborado por un arquitecto, y no por un aparejador, como el primero elaborado por Tinsa.

CAMPS: "QUEDAN UNO O DOS ESCALONCITOS Y ESTA EXTRAÑA SITUACIÓN SERÁ PASADO"

CASO GÜRTEL Acto en Algemesí

Francisco Camps, durante el acto en Algemesí.

'La fuerza de la democracia hace que los obstáculos sean menores', ha dicho.
Sin hacer mención expresa al caso Gürtel, ha dejado claro que no piensa dimitir
'No hay cosa más grande que ser presidente de la Comunidad Valenciana' Hèctor Sanjuan Valencia

Un día después de que el juez instructor del denominado caso Gürtel concluyera que existen "indicios racionales de delito" en el comportamiento de Francisco Camps que pueden acabar llevándole a juicio, el presidente de la Generalitat Valenciana ha dado la cara en la localidad valenciana de Algemesí.

Allí ha reconocido que está "muy contento porque la verdad está más cerca que nunca" y ha asegurado que "quedan uno o dos escaloncitos para que toda esta situación tan extraña sea pasado".

En una intervención pública, en valenciano, rodeado por varios alcaldes 'populares' de la comarca que le han aclamado y durante la entrega de la resolución del proyecto del 'Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios', Camps ha dejado claro que no piensa dimitir y ha subrayado el "placer" que le supondrá poder seguir "directamente y muy de cerca" durante los próximos años el desarrollo del plan económico puesto en marcha por el Consell. "Tengo el compromiso como presidente de la Comunidad Valenciana de ir a cada una de las comarcas", ha dicho.

El presidente valenciano ha ironizado sobre el interés que debían tener en su 'plan confianza' los numerosos medios de comunicación que han asistido al acto en Algemesí y ha apuntado que estará "junto a todos los ciudadanos para hacer que la Comunidad Valenciana sea la mejor comunidad de toda Europa".

Sin citar ni una sola vez la palabra Gürtel ni hacer mención expresa al caso, Camps ha dicho que "saber que tiene el cariño del pueblo que le ha dado democrácticamente su apoyo" le da fuerza para continuar, porque "la fuerza de la democracia se lleva por delante cualquier otra cuestión y hace que los obstáculos sean menores".

El líder valenciano ha asegurado que "no hay cosa más grande que ser presidente de la Comunidad Valenciana" y ha dicho que "luchar por su tierra es lo mejor que se puede hacer".

Tras él, ha tomado la palabra el alcalde de Algemesí, Vicent García, quien ha calificado a Francisco Camps como "el mejor presidente de la historia de la Comunidad Valenciana" y ha dicho que "muy honorable y muy trabajador.

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ELMUNDO.ES

BARCELÓ ASUME LAS DILIGENCIAS DEL CASO MATAS PARA CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN

CORRUPCIÓN Todo empezó por una denuncia anónima

Conde-Pumpido deberá decidir si el fiscal superior puede asumir el expediente

Efe Palma

El fiscal general el Estado, Cándido Conde-Pumpido, deberá decidir si el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, asume el procedimiento abierto para investigar el origen del patrimonio acumulado por el ex presidente de la comunidad, el popular Jaume Matas.

La Fiscalía de Baleares informa en un comunicado de que el fiscal superior ha asumido el procedimiento de las diligencias informativas abiertas sobre Matas después de que Conde-Pumpido denegase en los pasados días la prórroga que había solicitado el Ministerio Público balear para seguir investigando si Matas había incrementado irregularmente su patrimonio.
En el comunicado se indica que, "tras el decreto de la Fiscalía General del Estado, según el cual se acuerda denegar la prórroga para continuar en la investigación" que dirigían los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, y de acuerdo con el artículo 23 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, "se acordó la avocación de las diligencias", por lo que el "fiscal superior asume el procedimiento".

La nota precisa que, "conforme prevé el citado precepto legal, los fiscales que han instruido las diligencias (Juan Carrau y Pedro Horrach) han planteado esta cuestión ante el Fiscal General del Estado, que deberá decidir, oído el Consejo Fiscal, sobre la avocación", por lo que en última instancia deberá ser Conde-Pumpido quien acuerde si Barceló asume el caso.

De ser así, Barceló deberá decidir si archiva las diligencias abiertas por un presunto delito de cohecho o, por el contrario, remite los resultados de la investigación al juez para que instruya una causa contra el ex presidente.

La investigación a Matas comenzó a partir de una denuncia anónima, según puntualiza la nota.