sábado, 11 de julio de 2009

EL CONSEJERO DE CULTURA, "TRANQUILO Y CONFIADO" TRAS DECLARAR ANTE EL TSJC

Francisco Javier López Marcano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte / ABC

ROCÍO FERNÁNDEZ ORTIZ | SANTANDER

Durante cerca de hora y media prestó declaración ayer el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la cueva El Soplao. A su salida de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el regionalista manifestó que todo había ido «muy bien», por lo que dijo estar «tranquilo, sereno, equilibrado y confiado». De esta manera, reiteró su confianza en la justicia y en la investigación, que en este momento se encuentra en fase de instrucción.

Tras López Marcano, declaró Juan de Miguel, presidente de SIEC, empresa adjudicataria de la cueva de El Soplao y el complejo turístico que la rodea. En su opinión, la querella tiene connotaciones políticas contra López Marcano. Es más, afirmó que «van a por el consejero», aunque no precisó en qué formación tuvieron orígen las denuncias.

De Miguel, que también prestó declaración en calidad de imputado, aseguró que las acusaciones son «impresentables», además de ser «injurias, una calumnia y un esperpento». «Todo es falso y ha quedado demostrado», agregó.

Explicó que en el trámite de concesión de las obras hubo tres concursos en los que compitieron varias empresas y que después, durante la ejecución de las mismas, se hicieron unas «mejoras» en las que se adjudicaron contratos menores por actuaciones que no tenían «nada que ver con las obras principales».

El constructor situó el origen de la querella en las intenciones del ingeniero que la promueve de «obtener dinero» y «hacer daño». Afirmó que el querellante les pidió dinero al principio del trámite «porque decía tener la concesión». «Como no pasamos, se ha metido en este lío de mentiras y calumnias», manifestó De Miguel, quien lamentó que tras una trayectoria de 36 años en la que su empresa ha trabajado siempre con administraciones de todos los partidos políticos, se encuentre en esta «situación atípica».

Instrucción
Tanto el consejero como el presidente de SIEC fueron llamados a declarar en calidad de imputados después de que un particular se querellara por supuestos delitos de prevaricación en torno a algunos expedientes relacionados con la cueva de El Soplao. A raíz de esa querella, el TSJC se planteó abrir diligencias previas para esclarecer la adjudicación de unos contratos.

La declaración de ayer estaba prevista para la semana pasada pero la Sala de lo Civil y Penal del TSJC decidió aplazarla, atendiendo así a la petición de las partes de más tiempo para estudiar la documentación.

ABC.ES

ACUSAN AL ALCALDE DE CALATAYUD DE PREVARICACIÓN TRAS DECLARAR ANTE LA JUEZA

Piden que comparezca un ex edil del PSOE, asesor del empresario beneficiado por el alcalde

El socialista Víctor Ruiz, el pasado viernes, a su llegada a los juzgados para declarar como imputado

FABIÁN SIMÓN / R. P. | ZARAGOZA

El alcalde de Calatayud, el socialista Víctor Ruiz, acudió el pasado viernes a los juzgados bilbilitanos a declarar como imputado por un posible delito de malversación. Fue a raíz de una denuncia presentada por el PP, tras confirmarse que un empresario de la ciudad ocupaba gratis y sin contrato una nave industrial que pertenece a partes iguales al Ayuntamiento y al Gobierno aragonés, que fue cedida personalmente por el alcalde y sin cumplir con los requisitos establecidos para disfrutar de ese edificio.

Ahora, ante lo que declaró el alcalde, la documentación de que se dispone y cómo se sucedieron los acontecimientos durante meses, la acusación considera que Víctor Ruiz incurrió también en un delito de prevaricación. Así lo ha hecho constar en un nuevo escrito presentado ayer ante el juzgado de Instrucción número 1 de Calatayud, donde se siguen las diligencias previas por este caso.

Para avanzar en la investigación judicial, el escrito de la acusación solicita a la juez que reclame al Ayuntamiento diversa documentación relacionada con la cesión de esta nave a la empresa Auxidcoc. Y también le pide que llame a declarar en calidad de testigo a Ángel Júlvez, ex-concejal del PSOE y asesor fiscal del empresario José Luis Santo, propietario de Auxidcoc.

Considera la acusación que Víctor Ruiz entregó esa nave a Auxidcoc «de forma arbitraria y discrecional, sin causa alguna que lo justifique». Y subraya que lo hizo «sin acuerdo administrativo, contrato ni documento que habilite o justifique la permanencia legal» de esa sociedad en dicho edificio. La nave es contigua a la que ocupa Carpintería Santos, ligada también a José Luis Santos, que declaró el viernes como testigo.

Subraya igualmente que el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), meses después de que ese edificio empezara a ser usado por Auxidcoc, emitió un informe negativo a la cesión de la nave a esa empresa. No era un proyecto innovador, según indicaba el CEEI en sus conclusiones. Ese informe era preceptivo para dar en uso este edificio. Además, aunque el informe hubiera sido favorable, debería haberse emitido antes de ceder la nave. Y dicha cesión sólo podía haber sido realizada con un contrato de arrendamiento, según establece el convenio firmado en su día entre los dos copropietarios del edificio, el Ayuntamiento y el Gobierno aragonés.

Cesión arbitraria
La acusación también destaca que la documentación que el alcalde ha llevado al juzgado para defenderse fue realizada después de que se destapara el caso y de que aparecieran las primeras informaciones al respecto, que en su momento recogió ABC.

En el mismo escrito presentado ayer ante el juzgado se indica que la actuación de Víctor Ruiz «representa de forma clara» el delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal, por haber acordado la cesión gratuita de forma arbitraria y a sabiendas de que no se ajustaba a la legalidad. Además, la acusación también cree constatado que el alcalde trató de corregir y justificar esas irregularidades con actos e informes solicitados después de que se destapara el caso.

El Código Penal castiga el delito de prevaricación con la pena de entre siete y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

ABC.ES

LA FISCALÍA ACEPTA QUE BÁRCENAS Y MERINO DECLAREN SIN ESPERAR EL SUPLICATORIO

Pide al instructor del Supremo que mantenga el secreto de sumario y que solicite al TSJ de Madrid algunas diligencias

Costa presenta el recurso contra el auto de José Flors
El portavoz del PP en las Cortes Valencianas y número dos de los populares valencianos, Ricardo Costa, presentó ayer ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso de apelación que había anunciado contra el auto del magistrado instructor, José Flors. Costa se mostró convencido de que el resultado del proceso judicial determinará que las acusaciones que se vierten sobre los imputados «son injustificadas».

N. COLLI/ M. CONEJOS |MADRID/VALENCIA

En ese mismo escrito, y según informaron fuentes jurídicas, la Fiscalía pide al magistrado que reclame del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diversas diligencias practicadas durante la investigación, y que se refieren directamente a Bárcenas y Merino. También solicita a Monterde que decrete el secreto de las actuaciones que se siguen por esta causa en el Tribunal Supremo.

La petición de la Fiscalía se produce después de que el pasado 25 de junio el Tribunal Supremo se declarara competente para investigar la vinculación de los dos aforados con la presunta trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa y dejara el resto de la investigación en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Recepción de cantidades
En aquella resolución el Supremo afirmaba respecto a Bárcenas que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso de Correa eran «indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas» por parte del senador, al que «se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis “el cabrón”».

Sobre Merino señalaba que «los indicios sobre la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente»: la documentación intervenida en el registro domiciliario de la «trama» y un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas que se identifica como «grupo Correa», «en referencia a quien parece ser el principal responsable de un entramado de sociedades y empresas» que son investigadas por su participación en la obtención irregular e ilícita de contrataciones a cambio de pagos a funcionarios, así como por operaciones de blanqueo.

Sobre otros delitos apuntados en la exposición motivada remitida al Supremo por el instructor del TSJM, Antonio Pedreira, como la pertenencia a la «trama» o la participación de las aforados en el desvío de fondos típico del blanqueo, el alto Tribunal considera que no hay elementos que sustenten esta imputación.

Desde el PP, su portavoz en temas de Justicia, Federico Trillo, consideró que el escrito de la Fiscalía es «extemporáneo» y que no aporta nada nuevo. Considera que el Ministerio Público está siendo «utilizado como instrumento de propaganda política, «para hacer ruido», por lo que el partido se plantea pedir la comparecencia de Cándido Conde-Pumpido.

Por otra parte, y en relación con la pieza que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el portavoz del gobierno regional, Vicente Rambla, consideró ayer que se está realizando «un acecho y una caza y captura absolutamente desproporcionada y fuera de lugar» hacia el presidente, Francisco Camps.

«Echarse al monte»
Rambla acusó a los socialistas de haberse «echado al monte» por el boicot de varios actos del PP esta misma semana y lamentó esa «deriva radical». Sobre la situación procesal de Camps, el consejero Portavoz entiende que no se sentará en el banquillo y se mostró orgulloso de «la honradez y la capacidad de trabajo» del presidente valenciano. Rambla también puso en solfa el artículo 426 del Código Penal porque «genera indefinición jurídica al no fijar límites ni cuantías», aunque matizó que abrir un debate en torno a su revisión en estos momentos «podría llevar a malas interpretaciones».

ABC.ES

LA EX EDIL DE IBI PAGÓ VIAJES Y ROPA CON DINERO PÚBLICO


LUCÍA GADEA - Alcoi

La ex concejal de Deportes en el ayuntamiento de Ibi, Ana Sarabia (en la foto saliendo de los juzgados de Ibi con sus abogados), reconoció ayer ante el juez que cargó a la cuenta del polideportivo los gastos derivados de viajes a la nieve y al Camino de Santiago. Según fuentes jurídicas, Sarabia trató de justificar ante el juez que no abonó de su bolsillo estos pagos por ser ella la titular de la concejalía de Deportes, organizadora de estos viajes. Aseguró, pero sin justificarlo con facturas, que tanto la alcaldesa, Mayte Parra, como sus familiares, que también fueron de viaje, sí abonaron las facturas de desplazamientos, alojamiento, ropa y comida. La denuncia presentada por el grupo socialista en el Ayuntamiento y las declaraciones del gerente del polideportivo y el interventor municipal sostienen que el pago de estas facturas se afrontó con la recaudación del polideportivo municipal. En las cuatro horas en las que la ex edil de Deportes declaró ante el juez trató de demostrar que tanto el interventor como el gerente "mintieron" en sus declaraciones.

El interventor del Ayuntamiento de Ibi, Pedro Luís García Vargas, atribuyó en su comparecencia ante el juez instructor a la ex concejal Ana Sarabia el pago de más de 20.000 euros en facturas sin control. García cuestionó las cuentas del polideportivo de los años 2005 y 2006, en los que el concejal de Hacienda era Miguel Ángel Agüera, presidente local del PP. Según su testimonio, en esos años la ex concejal de Deportes, Ana Sarabia, dio conformidad al pago de facturas no intervenidas por importes superiores a 10.000 euros. Sarabia tampoco explicó las razones del "descuadre" cercano a los 20.000 euros en la caja del polideportivo.

ELPAÍS.COM

CAMPOS ADMITIRÁ HABER RECIBIDO REGALOS DE EL BIGOTES PORQUE FUERON PERSONALES

Los escándalos que afectan al PP

El ex vicepresidente se desmarca de la línea de defensa de Camps y Costa

LYDIA GARRIDO - Valencia

El ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos (En la foto tras declarar en el TS Valenciano en mayo) cambia de estrategia de defensa y admitirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que recibió regalos de la trama corrupta de empresas que dirigía el empresario Francisco Correa y cuyo representante en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes. Esos regalos fueron personales y no le pidieron nunca nada a cambio. Así lo aseguran fuentes del PP de Génova y del despacho que le defiende.

* Bárcenas cesará como tesorero cuando el juez pida el suplicatorio
* Los socialistas piden que declaren seis consejeros


Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Campos, que fue 'número dos' de Camps, se retiró de la política en 2007

Costa, secretario general del PP, recurre el auto de su imputación

Campos, en principio, no recurrirá el auto del caso Camps, en el que el juez instructor José Flors rechazaba el archivo solicitado por los otros tres imputados -el presidente valenciano, Francisco Camps; su número dos, Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret- y acordaba continuar con la investigación de un presunto delito de cohecho pasivo impropio, recogido en el artículo 426 del Código Penal.

La decisión de Campos, el único de los tres cargos del PP que fue dado de baja de militancia por la dirección nacional del partido y al que sus compañeros han dejado en el ostracismo, pone patas arriba la estrategia del presidente de la Generalitat y del secretario general de los populares valencianos. Ambos insisten en que no recibieron regalos de El Bigotes.

Campos defenderá ante el juez que recibió regalos, que lo hizo en razón de amistad y que nadie le pidió nada a cambio. Su defensa esgrimirá, además, que nunca interfirió en proceso de adjudicación alguno y que los hechos que se le imputan podrían haber prescrito. Campos sólo se plantea recurrir el auto del Tribunal Superior por considerar que parte de los hechos que se le imputan han prescrito.

La decisión de Campos supone un cambio en la estrategia mantenida hasta ahora en el proceso. El ex vicepresidente del Gobierno valenciano, en su declaración ante el juez instructor José Flors, había manifestado que había pagado los trajes recibidos -igual que los otros tres cargos-, recurrió su imputación y llegó a presentar una solicitud de archivo.

Ahora, después de que el auto le vincule con, al menos, un pedido de tres trajes, dos americanas y cinco pantalones, valorados en 4.850 euros y pagados por Pablo Crespo, copropietario de Orange Market y uno de los cabecillas de la trama, Víctor Campos ha decidido adoptar otra línea de defensa.

El auto del magistrado José Flors lo explica así: "[en 2005] Álvaro Pérez y José Tomás [sastre y principal testigo de cargo] acudieron al despacho oficial de Víctor Campos Guinot, que desempeñaba el cargo de vicepresidente del Consell de la Generalitat valenciana, en cuyas dependencias el señor Tomás [el sastre de Milano y Forever Young] le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prendas de ropa".

El cambio de rumbo de la defensa del Víctor Campos coloca a Camps y a Costa ante un nuevo aprieto. El ex vicepresidente de la Generalitat se retiró de la política en la primavera de 2007, justo antes de la campaña electoral autonómica. Campos, a diferencia de Camps y Costa, fue suspendido de militancia en el Partido Popular inmediatamente después de que el juez de la Audiencia Nacional lo incluyera como posible autor de un delito de cohecho en el auto redactado el pasado mes de marzo.

Es el único de los imputados en Valencia que ha sido suspendido de militancia. Ahora, Víctor Campos asume que puede ser condenado a una multa, aunque considere que los regalos fueron personales y que no ha cometido delito alguno. De hecho, el ex vicepresidente de la Generalitat nunca ocultó su relación con Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia.

La defensa de Campos, además, pone en duda que el supuesto delito todavía pueda ser perseguido. ¿Por qué? Porque si se toma como referencia la apertura de diligencias, 6 de agosto de 2008, dado que el delito de cohecho tiene tres años de prescripción, el encuentro en el despacho del ex vicepresidente, cuya fecha no se precisa, debería haberse producido con posterioridad al seis de agosto de 2005.

Las acusaciones entienden que el regalo no es efectivo, aunque los trajes se le hubiesen entregado antes, hasta que se abonó el coste de los mismos. Un pago que se hizo en el segundo semestre de 2006.

Sin embargo, en el auto del Tribunal Superior valenciano se señala que Campos "según manifestó José Tomás en la declaración que prestó ante este magistrado instructor, sobre la primavera de 2006 se presentó en la tienda de la calle de Serrano y se llevó un chaqué que confeccionó de la talla 48 y varias cosas más". Campos negó tal cosa en su comparecencia como imputado ante Flors.

Por contra, Francisco Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret, han decidido mantener la estrategia que han seguido hasta ahora. Esto es, negar que han recibido regalos y que pagaron en efectivo las prendas que aparecen referenciadas en la documentación de Milano y Forever Young.

Costa, en su recurso, ha decidido cuestionar los testimonios del sastre, poner en duda su credibilidad, minimizar la trascendencia de su relato y cuestionar el soporte de pagarés, facturas, hojas de pedido, de entrega y tiques varios. Eso es lo que argumentará, según fuentes próximas a Camps, el presidente valenciano. Las mismas fuentes argumentan que el jefe del Gobierno valenciano prefirió optar por negar la mayor antes que admitir que recibió los trajes.

Los trajes del ex vicepresidente Campos

En el auto del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors, dictado el pasado lunes, refleja los siguientes encargos de ropa del ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos.

- En 2005, "Álvaro [Pérez, El Bigotes] y José Tomás [el sastre] acuden al despacho oficial de Víctor Campos, en cuyas dependencias el Sr. Tomás le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prensas de ropa: tres trajes, dos americanas y cinco pantalones por 4.850 euros". "No existe constancia de que los receptores de esas prendas abonaran su precio ni directa ni indirectamente, y sí la hay, en cambio, de que fueron satisfechas mediante dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market".

- "En la primavera de 2006, D. Víctor Campos se presentó en la tienda de [Milano de] Serrano y se llevó un chaqué de confección de la talla 48 y varias cosas más (lo que el Sr. Campos negó en su declaración)". "La deuda fue finalmente saldada en metálico, y no por el señor Campos".

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