BÁRCENAS ACUSA A AZNAR DE INTRODUCIR A CORREA EN EL PARTIDO Y ADVIERTE QUE TIRARÁ DE LA MANTA DE LA BODA DE SU HIJA Y AGAG

El tesorero amenaza con destapar “asuntos comprometedores”

Nuevas revelaciones en el caso Gürtel, que conducen directamente al ex presidente del Gobierno, José María Aznar: el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha amenazado con filtrar información sobre “algunos asuntos teóricamente comprometedores, como la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag”. La declaración ha salido a la luz en medio de la tensión que se ha vivido en los últimos días en Génova, 13, la sede de los populares, donde la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en una reunión privada con Bárcenas, el pasado día 3, le pidió que “renunciara a su cargo, por el bien de la organización y por el suyo propio”.

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La respuesta de Bárcenas no fue sólo decir no, sino que ha hecho insinuaciones de todo tipo. Bárcenas ha declarado que fue el mismo José María Aznar quien llevó al cabecilla de la trama corrupta de Gürtel, Francisco Correa, al partido y que existen “asuntos comprometedores en la boda Aznar-Agag” que puede revelar.

"Mamones y ..."
Bárcenas, que está siendo asesorado, entre otros, por el ex secretario general del partido, Francisco Álvarez-Cascos, utilizó frente a María Dolores de Cospedal una frase, refiriéndose a la dirección del PP, según refiere El Mundo: "Aquí lo que hay son muchos mamones y lo que faltan son cojones". El tesorero del PP mostraba así su malestar con las declaraciones de algunos miembros del partido y, en especial, con las del diputado Vicente Martínez Pujalte, que manifestó que había mucha gente en el partido que pensaba que lo mejor era que dejara su cargo.

La reunión, suave, con Rajoy
Tres días después de la reunión con Cospedal, el lunes 6 de julio, fue el líder de los populares, Mariano Rajoy, quien sentó a Bárcenas en su despacho de Génova. Rajoy fue menos tajante que la secretaria general, pero aconsejó al tesorero que renunciara por su bien, aunque no le pidió que abandonara su puesto. Es evidente que el presidente del PP está siendo excesivamente cauteloso y suave en este tema, hasta ahora no sabemos por qué.

“Antes de caer, me los llevo por delante”
El tesorero ha dejado caer el peso de sus amenazas también sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su segundo, Ignacio González, a los que atribuye algunas filtraciones comprometedoras para él, aparecidas en varios medios de comunicación. Refiriéndose a ellos afirmó: “Antes de caer yo, me los llevo por delante”

Los manejos de la Comunidad
Luis Bárcenas tiene desde hace ya tiempo relaciones tensas con el Gobierno de Madrid, desde que el tesorero, en 2007, intentara que la Comunidad adjudicara contratos a la empresa de seguridad Serygur, gestionada por Álvaro de la Cruz, ex director de Innovación Tecnológica del PP y ex jefe de gabinete de Álvarez-Cascos cuando este era ministro de Fomento. Bárcenas no pudo salirse con la suya porque al parecer el vicepresidente madrileño, Ignacio González, favorecía a otra empresa, con cuyo propietario tenía estrechas relaciones, al punto de que su nombre aparecería luego en un dossier acompañándolo en uno de los viajes que fueron sometidos a espionaje [dentro de la trama de espionaje en la Comunidad], y que ahora investiga la Justicia, según El Mundo.

El suplicatorio
El viernes, la Fiscalía del Supremo elevó un escrito al juez que instruye la causa, Francisco Monterde, en el que solicita que pida al Congreso de los Diputados y al Senado los suplicatorios que permitan llamar a declarar a Luis Bárcenas, que es, además, senador por Cantabria, en relación con la trama de corrupción del caso Gürtel.

Los indicios contra él
El sumario que contiene los indicios contra Bárcenas incluye la declaración del ex concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que entregó a la Fiscalía Anticorrupción la grabación de unas conversaciones de Francisco Correa con frases comprometedoras para el tesorero del PP. Otro ex concejero del mismo Ayuntamiento, Juan José Moreno corroboró el testimonio de Peñas.

"Dinero dado a Bárcenas"
El sumario también cuenta con la declaración de Felisa Isabel Jordán. La ex administradora de Easy Concept, una de las principales empresas de la trama manifestó ante el juez que Correa hablaba a menudo «del dinero dado a Bárcenas». En los documentos y materiales informáticos hallados durante los registros en las empresas Gürtel aparecen repartos de dinero entre un grupo de personas. Una de ellas es LB, las iniciales de Luis Bárcenas, así como “instrumentos para la identificación” de este, como uno de los receptores de dinero y viajes.

Hacienda y paraísos fiscales
Por útlimo, un Informe de la Agencia Tributaria reveló que «las cantidades recibidas por Bárcenas en los años 2002 y 2003 no fueron declaradas» y que existen datos que «ponen de manifiesto la vinculación del tesorero del PP con entidades domiciliadas en paraísos fiscales».

ELPLURAL.COM

LOS PRÓXIMOS ESCALONES DE CAMPS

El futuro del «caso Gürtel» gira en torno a dos hitos: las peticiones de sobreseimiento, con pocas posibilidades de prosperar a tenor del momento procesal en el que se encuentra la causa, y los intentos para que los imputados no sean enjuiciados por un jurado popular. Aquí las distintas leyes colisionan. Y hay interpretaciones para todos los gustos

MIKEL PONCE/Camps, el día que acudió a declarar al Tribunal Superior de Justicia

I. R. T. | VALENCIA

En 1998, un fiscal de Valladolid fue condenado por un delito de cohecho a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 1.200 euros por un delito continuado de cohecho. Pidió casi 600 euros a un abogado a cambio de no presentar acusación en el procedimiento que se seguía contra él por conducir ebrio. Un jurado le halló culpable. De nada le sirvió alegar su alcoholismo, sus problemas económicos, la ristra de deudas con bancos y particulares y la amenaza de desahucio. De nada le sirvió devolver el dinero.

El juicio tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Fue el primero que se celebró en España contra un aforado por el procedimiento del jurado. El segundo podría ser el que se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, y Ricardo Costa, secretario regional del PPCV y portavoz en las Cortes Valencianas, por aceptar trajes supuestamente regalados por varias empresas de la trama «Gürtel» implicadas en un caso de corrupción.

Los dos están imputados por un presunto cohecho; los dos, como el fiscal vallisoletano, son aforados, y por esta condición llevan hasta el TSJ a los otros dos imputados no aforados, Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, y Rafael Betoret, ex alto cargo de Turismo.

Un «auto defensivo»
Los abogados de unos y otros tratan de abortar esa posibilidad por varias vías: no quieren ir a juicio; por eso han recurrido el auto del juez que habla de indicios de cohecho y desestima su petición de archivo; no quieren tampoco dejar el futuro de sus defendidos en manos de nueve ciudadanos legos en derecho que integrarán el jurado popular. Por lo tanto, fían el caso a la Sala. Pero no lo tienen fácil. José Flors, el instructor de la trama valenciana del «caso Gürtel», ha dictado un auto «de manual». Lo dicen juristas de variada extración alejados del cualquier apasionamiento político.

Aseguran que Flors, con su resolución, ha dado la razón a quienes ven en él un juez listo. Sabe a quien tiene en frente; a los mejores abogados penalistas: a Javier Boix y Vicente Grima. Por eso ha dictado un «auto defensivo».

Para decidir lo que ha decidido no era necesario ser tan prolijo en detalles; no era preciso realizar un relato tan minucioso de las diligencias practicadas hasta la fecha y de los indicios encontrados; para rechazar el archivo bastaba replicar a los abogados que no era el momento procesal para solicitarlo; y para transformar el procedimiento y seguir instruyéndolo conforme a la ley del jurado tampoco se requería extenderse en argumentos porque aprecia indicios de cohecho y éste es uno de los delitos que entra en el catálogo de los que son competencia de los tribunales populares. «Bastaba con eso, pero se ha anticipado a las defensas y sobre todo a la Sala», a la que apenas ha dejado resquicio por donde colar una opinión contraria que insufle oxígeno a los imputados.

«Por la contundencia del auto, por lo bien fundado, y porque aún queda camino por recorrer y mucho por investigar sería impensable que la Sala archivara ahora». No lo es tanto que dé la razón a las defensas «en alguna cuestión menor, aunque en Derecho no hay imposibles», explican las mismas fuentes.

El tribunal que revisa las decisiones del instructor cuando éstas son recurridas lo integran tres magistrados conservadores. Uno de ellos, el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, está en funciones desde el lunes y pendiente de una renovación que sólo será posible si los vocales del CGPJ propuestos por el PP respaldan su candidatura. En los últimos meses los populares han trasladado a la opinión pública una imagen de distanciaciamiento con respecto a De la Rúa. Con el mensaje de que ya no cuentan con él, que prefieren a otro candidato, que repiten con relativa insistencia, minimizan la carga política inevitablemente destila cualquier decisión del todavía presidente del TSJCV, respecto del que Camps, ahora imputado, hizo una manifestación pública de amistad.

Colisión de leyes
Es pues poco probable que la Sala estime las peticiones de archivo; también lo es, aunque menos, que contradiga a Flors en su decision de instruir la causa como un jurado. Aún haciéndo esto último, la investigación seguiría hasta desembocar en la apertura de juicio oral. Esa decisión puede ser recurrida. Y ahí la Sala podría dar carpetazo al caso.

En este punto hay dos tesis enfrentadas. Los que dicen que el aforamiento del que gozan Camps y Costa «es un derecho de la persona» con independencia del delito que se le impute; que su enjuiciamiento, y no sólo la instrucción, debe ser sustraido a los tribunales ordinarios y recaer en una Sala especial, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. Sustentan sus argumentos en un acuerdo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en 1998 resolvió no celebrar nunca juicios con tribunal popular, pese a que en su artículo 1.3, la Ley del Jurado contempla expresamente el enjuiciamiento de los aforados por este procedimiento.

El precedente del Supremo
El TS, no obstante, dijo que el enjuiciamiento de diputados, senadores, ministros y presidente del Gobierno compete a la Sala Segunda del TS -es decir, a los magistrados que de ordinario la integran-, y se hará conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y nunca siguiendo la Ley del Jurado.

Las defensas de los imputados en el «caso Gürtel» sostienen que ese acuerdo de la Sala Segunda del Supremo es extrapolable a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y, por tanto, aplicable a aforados autonómicos y a Camps, Costa, Campos y Betoret.

Pero hay una diferencia que puede resultar fundamental. En su acuerdo, el TS apelaba a dos artículos de la Constitución, el 71.3 según el cual «en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» y el 102, que dice que «la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». La Constitución es una norma de rango superior a la Ley del Jurado y, por tanto, prevalece sobre ella.

Quienes pretender realizar la traslación del acuerdo del TS al «caso Gürtel» apelan al Estatuto de Autonomía. En sus artículos 23 y 31 establece que el procesamiento y enjuiciamiento de los miembros de la Cortes, del Consell y del presidente de la Generalitat corresponde al TSJ.

Al contrario de lo que ocurre con la Constitución, el Estatuto no se refiere expresamente a la Sala de lo Penal sino que hace una alusión genérica al TSJ; al contrario de lo que ocurre con la Carta Magna, el Estatuto y la Ley del Jurado son leyes orgánicas y por tanto, tienen el mismo rango. ¿Cuál prevalece? La más reciente, el Estatuto de Autonomía, dicen unos. La Ley del Jurado, mantienen otros: porque es especial y porque además es de ámbito estatal. Si el caso desembocara finalmente en un juicio, presidiría el Tribunal popular un magistrado que no estuviera contaminado, que no hubiera intervenido antes. El instructor queda descartado. De los otros cuatro, tres integran la Sala que estudia los recursos contra las decisiones del instructor. Si no entran a resolver cuestiones de fondo, conservan su «inmunidad».

La opción de Climent
En caso contrario, sólo Climent, el único progresista, el único que no ha intervenido, ejercería de presidente. Si, en contra de lo sostenido por Flors, la Sala estima que la causa ha de tramitarse como un procedimiento ordinario, debería constituirse un tribunal con tres magistrados para enjuiciar. Si están contaminados el instructor y los tres que revisan sus decisiones, habría que recurrir a dos magistrados de otras Salas para que acompañaran a Climent.

El procedimiento, paso a paso
1. VISTA DE CONCRECIÓN DE LA IMPUTACIÓN. Se celebra normalmente al principio de la instrucción. Las partes fijan los delitos por los que ha de seguirse la causa. El juez puede dar a los imputados la oportunidad de hablar. No es previsible que las partes introduzcan hechos sustancialmente distintos a los ya investigados porque obligaría a volver a oír a los imputados.

2. NUEVAS DILIGENCIAS. En el curso de esta vista, las partes pueden proponer el sobreseimiento o solicitar nuevas diligencias. Cuando esté el resultado, el instructor dará a las partes otros cinco días para que pidan más. Mientras la causa se instruyó como diligencias previas, el juez dirigía la instrucción. La Ley del Jurado limita la iniciativa de oficio del instructor. Su papel no es investigar sino garantizar los derechos del imputado. Sólo puede acordar diligencias complementarias, pero no iniciar líneas de investigación autónomas. Las partes tienen unas facultades más amplias.

3. ESCRITO DE CALIFICACIÓN. Practicadas esas pruebas, se da un plazo de cinco días a las acusaciones para que califiquen, para que redacten un escrito en el que especifiquen cómo creen que ocurrieron los hechos y la pena que se pide para los acusados por los delitos.

4. AUDIENCIA PRELIMINAR Y JUICIO ORAL. Es una «vistilla», una especie de «pre-juicio» para valorar si se ha construido una acusación lo suficientemente sólida como para someter a un ciudadano todavía inocente al bochorno de pasar por el banquillo. Habría llegado entonces, el momento del juicio, de la vista oral. La fecha depende de la complejidad de las diligencias que se soliciten.

La selección del jurado
1. 11 DE 20. El día de la vista oral, tendrán que comparecer al menos 20 de los candidatos a jurado seleccionados de entre los 3.000 elegidos en el sorteo celebrado el año pasado tomando como base el censo electoral. De esos 20 se elige a nueve titulares y dos suplentes. Son ciudadanos legos en Derecho.

2. POSIBILIDAD DE RECUSACIÓN. Será el punto más espinoso por las filias y fobias políticas de los jurados. Abogados y fiscal pueden preguntar y recusar a cuatro candidatos. El magistrado presidente puede declarar improcedentes las preguntas que afecten a la intimidad como las relativas al partido al que votan.

3. EL JUICIO Y EL VEREDICTO. Durante el juicio pueden preguntar a los acusados a través del presidente. Concluida la vista, el juez les entrega un cuestionario, el objeto del veredicto. Deben dar por probados o no probados los hechos que se les exponen. Luego el presidente redacta la sentencia. Cada jurado percibe 67 euros diarios en dietas. Se le paga también el desplazamiento, la manutención y el alojamiento.Si los convocados no asisten se enfrentan a una multa que oscila entre 150 y 1.500 euros.

ABC.ES

EL ESPEJO ROTO DE CAMPS

REPORTAJE: CONTRA LAS CUERDAS

El 'caso Gürtel' ha puesto en entredicho la imagen de honestidad y austeridad que el presidente de la Generalitat valenciana ha cultivado desde hace años. Ahora se enfrenta a un posible juicio con jurado por un supuesto delito de cohecho. Nadie, salvo él, le ve igual

JOSEP TORRENT

El espejo se ha roto. Durante años reflejó la imagen de un hombre maduro que en agosto cumplirá 47 años, honrado, austero, afable y cercano a la gente. Capaz de identificarse con los problemas de sus convecinos y, lo que resulta más difícil, capaz de resolverlos. Una persona sencilla, accesible. Uno de los nuestros. Casado, padre de tres hijos, seguidor fervoroso del Valencia CF, un hombre religioso, de los de misa dominical, licenciado en derecho que, en lugar de ejercer la abogacía, eligió desde muy temprana edad la carrera política que ha recorrido con notable éxito. Tanto, que en la actualidad es presidente de la Generalitat valenciana y hasta hace nada, hasta que en el espejo se detectó la primera fisura, uno los políticos más influyentes y con mayor futuro en el Partido Popular.

El actual vicepresidente del Poder Judicial fue quien le fichó para Alianza Popular y le dio las llaves de la sede

¿Qué ha ocurrido para que el austero Camps pueda acabar en el banquillo?

Las fuentes coinciden: vanidad Zaplana no soportó la autonomía política de Camps tras haberle designado como heredero en la Comunidad

Se mira en un espejo en el que sólo se ve él. Por eso no percibe sombras tan turbias como la de Carlos Fabra

Ahora, ese hombre que, a base de autodisciplina y autocontrol, consigue que sus gestos sean suaves, sus formas amables y su sonrisa afectuosa está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho pasivo impropio. Una figura jurídica que se introdujo en el artículo 426 de la reforma del Código Penal realizada en noviembre de 1995 referida a los cargos públicos que admitan "dádivas o regalos que le fueren ofrecidos en consideración a su función". Y Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, no se explica por qué estas cosas le pasan a él que, cada mañana, cuando se levanta y se mira en el espejo, ve a un hombre honrado, austero y afable. Y, como no lo entiende, las pocas veces que habla sobre el caso en el que está implicado dice cosas como: "Quedan uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado".

"Esta cuestión" es, nada menos, su imputación en un presunto delito de cohecho a cuenta de los trajes que le regaló la red corrupta ligada al PP conocida como el Caso Gürtel. Una implicación a la que Camps, de puertas afuera y dentro de su partido, siempre quitó importancia. Primero se mostró convencido de que no se admitirían a trámite las investigaciones efectuadas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón; luego, que no le imputarían, y más tarde, que se archivarían las diligencias en su contra. Nunca creyó que "el ratito largo" que auguró en una de sus comparecencias en las Cortes Valencianas fuera a ser tan largo. De hecho, todavía no cree que esté pasando lo que le está pasando. Cuando se refiere a su imputación como "esa cosa extraña", expresa su percepción de la realidad. Un catedrático de psicología social de la Universidad de Valencia opina que Camps "se siente ajeno y distanciado de lo que está ocurriendo. No lo entiende ni lo asimila. Él trabaja por el bien común, por la verdad y le contestan con inculpaciones. La sensación de extrañamiento implica una pérdida de identidad. Camps no se reconoce en lo que dicen de él porque no hablan de él. Hablan de otro".

El hombre que se mira al espejo, agrietado desde que el 6 de febrero el juez Garzón abrió una investigación por una trama de corrupción ligada a cargos del PP, empezó en política muy joven. Una tarde de verano de 1982, poco antes de matricularse en tercero de derecho, se dirigió a la sede de Alianza Popular en Valencia para afiliarse y se quedó con las llaves de la sede. Un hecho nada insólito en una época en que la derecha valenciana se encontraba huérfana de bases y de apoyos sociales. El actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, tras abrirle la ficha de militante, se las entregó. En ese momento inició un largo y trabajoso camino en el seno del PP que le llevaría desde la base hasta la cúpula. Su primer trabajo institucional, en 1983, consistió en ser el asistente de un concejal de la oposición, y luego, en una rápida sucesión de cargos a partir de 1991: concejal de Tráfico, primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valencia; diputado en el Congreso por Valencia, consejero de Cultura, secretario de Estado en el Ministerio de Administraciones Públicas, de nuevo diputado y vicepresidente de la Mesa del Congreso de los Diputados, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y, por fin, presidente de la Generalitat en 2003. Camps es el paradigma del político: nunca ha sido otra cosa.

En mayo de 2003 el mundo (valenciano) estaba en sus manos: "Ser presidente de la Generalitat es lo más importante que puede ser un valenciano", dijo entonces. Aquel alumno de los jesuitas, que en su etapa de estudiante de derecho fue el animador de una tertulia política en el bar El Agujero, que se encontraba a espaldas de la facultad, en la que participaban dos amigos suyos, Gerardo Camps y Esteban González Pons, se sentía el hombre más feliz de la tierra. La amistad del triunvirato se prolongaría en la política. Gerardo Camps, que fue secretario de Estado en el Ministerio de Trabajo con Eduardo Zaplana, ha formado parte de todos los gobiernos autonómicos de Francisco Camps y ahora es vicepresidente económico del Consell. González Pons, que también formó parte del gobierno valenciano, ahora es diputado nacional y portavoz de la ejecutiva del PP de Mariano Rajoy.

Francisco Enrique Camps Ortiz heredó su primer nombre de su padre y el segundo de su abuelo. La familia procede de Poble Nou, una pedanía de Valencia situada en plena huerta, donde todavía se vive en alquerías y desde donde el abuelo del presidente se trasladaba en tartana hasta el Ateneo Mercantil, en la ciudad de Valencia. El iaio Enrique vivía en la alquería de Felip junto con sus seis hermanos y sus padres. Allí trabajó en la huerta como labrador, al tiempo que participaba en la gestión de la línea de autobús Valencia-Burjassot que explotaba la familia. Persona emprendedora, emigró a Argentina y a su regreso fundó la empresa Transportes Camps, que cubría el trayecto Valencia-Madrid. Su nombre figura entre los fundadores del Valencia CF, que contribuyeron a la construcción del estadio de Mestalla en 1923.

El presidente de la Generalitat siempre se ha mostrado orgulloso de sus orígenes. Valenciano por nacimiento, valencianista en la versión más romántica del concepto e hincha del Valencia CF -"tanto como ser jefe del Consell, me gustaría ser presidente del Valencia", ha confesado en alguna ocasión-, Camps fue el primer mandatario autonómico que realizó su discurso de investidura íntegramente en valenciano, jurando su cargo sobre la Constitución, el Estatuto de Autonomía, un ejemplar de Els Furs (Los Fueros) de Jaime I y una Biblia. En estos cuatro volúmenes se condensa su visión de la política y de la vida.

Los primeros 100 días de su mandato estuvieron marcados por la autoexigencia de desmarcarse del estilo de su antecesor, Eduardo Zaplana. Donde antes hubo boato, soberbia, ambición desmedida, gusto por el gasto y ausencia del idioma valenciano, Camps apostó por la sobriedad ("más importante que la ampliación del museo del IVAM es la construcción de escuelas", dijo González Pons, por entonces consejero de Educación), la cercanía (era fácil verle por la calle paseando con su esposa tras acudir con sus hijos a la cabalgata de Reyes) y un valencianismo militante. Si Zaplana apoyó la fusión de las cajas valencianas, Camps defendió lo contrario y si aquél tenía una visión laxa del presupuesto, éste creó una comisión delegada de asuntos económicos para controlarlo.

Tanta autonomía política fue insoportable para Zaplana, quien confiaba en controlar, con el mando a distancia desde el Ministerio de Trabajo, al bon xiquet (buen chico) que había designado como heredero. La tensión entre ambos llegó a ser tan brutal que Camps se planteó muy seriamente dimitir. La intervención de destacados barones del PP valenciano, entre ellos Carlos Fabra, y de algún notable de la burguesía valenciana frenó la crisis. Camps atravesó un auténtico calvario, con los zaplanistas amagando constantemente con desestabilizar su gobierno y con José María Aznar acusándole poco menos que de catalanista por su valencianismo.

Paradójicamente, la derrota del PP en marzo de 2004 fue la válvula de escape de un presidente que no podía controlar todos los fuegos internos. A partir de esa fecha se produce un punto de inflexión, un giro de 180 grados. Camps, tan sumiso ante el gobierno de su partido, construye un discurso que todavía hoy es imbatible por la oposición socialista. Recupera su discurso valencianista, al que añade, no gotas, sino litros de medievalismo en los que combina religión, historia -con dos velas a Jaime I y una a El Cid- y literatura -Ausiàs March y Joanot Martorell, nada de Joan Fuster ni de Vicent Andrés Estellés-; construye un argumentario victimista contra Zapatero, del que la reivindicación del agua, las infraestructuras y la financiación autonómica eran sus ejes centrales, y descubre que los fastos que tanto criticaba a Zaplana dan un rédito político impagable. Las apuestas por la Copa del América, la puesta en marcha del Palau de les Arts, la Volvo Ocean's Race, la fórmula 1, la visita del Papa... Nada es bastante para un barón territorial que ha conseguido matar a su padre político y que, tras su máscara de bon xiquet, se muestra como un político coriáceo, ambicioso y mejor estratega de lo que muchos imaginaban.

La síntesis de modernidad, tradición y autoestima, acompañados de un endeudamiento sin tasa, el crecimiento económico que proporciona el urbanismo salvaje, más una oposición desnortada conseguirán que en las elecciones autonómicas de 2007 Francisco Camps alcance el 53,3% de los votos, el mejor resultado de la historia en la Comunidad Valenciana. Es su momento de gloria. Nada ni nadie es capaz de prever hasta dónde puede llegar en política el bon xic de Poble Nou. Uno de sus más estrechos colaboradores dirá en ese momento: "Lo hemos conseguido, el PP es a la Comunidad Valenciana lo que Convergència a Cataluña". La conclusión es simple: Camps es Jordi Pujol, quien ataque a Camps, atacará a Valencia.

Tal es su poder y su capacidad de influencia que todos los analistas políticos le incluyen en las quinielas para sustituir a Mariano Rajoy al frente del PP si éste tiene que abandonar la presidencia del partido. Pero no es el caso. Camps, que como gobernante es un Don Tancredo de la política, sabe muy bien cómo moverse en su partido. Tiene estrategia y piensa a medio y largo. Un año antes de la confrontación entre Esperanza Aguirre y Rajoy de cara al último congreso nacional del PP, sabía muy bien a quién no tenía que apoyar: a la presidenta de Madrid. Su apuesta era Rodrigo Rato o Ruiz Gallardón, pero nunca lo dijo. En ausencia de ambos se volcó con Mariano Rajoy.

El congreso del PP en Valencia será su cénit político. El hombre que se maneja como pocos entre las crujías de su partido, que se ha movido con la habilidad de un saltimbanqui de un puesto a otro en su meteórica carrera, parece imparable. Obsesivo y metódico, corrige sus ciclotimias con un autocontrol férreo, tiene al partido en un puño, salvo Alicante, donde los zaplanistas resisten con una escasa pero suficiente mayoría. Actúa sin complejos. Y si cuando llegó al poder en 2003 soñó una televisión autonómica pública, plural y profesional y en valenciano, ahora no le importa que se la considere como una de las más sectarias de España. Incluso parece que le gusta. Se siente omnipotente.

Y esa prepotencia será la causa de sus actuales desgracias.
El espejo en el que se mira el hombre que se ve a sí mismo como una persona honrada y austera se agrieta un poco más cuando EL PAÍS publica el 19 de febrero que el fiscal implica al presidente de la Generalitat en la trama del Caso Gürtel; se rompe cuando este periódico da a conocer sus conversaciones con Álvaro Pérez, cabecilla en la Comunidad Valenciana de la red corrupta, en las que Camps trata de "amiguito del alma" al empresario al que su gobierno le ha adjudicado cerca de ocho millones de euros en contratas (un empresario valenciano con muchos lustros dirá tras leer la transcripción "[Camps] habla como un pijo"); y se caerá al suelo hecho añicos el 6 de julio cuando el auto del magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana José Flors desmonte toda la estrategia del político, confrontando los hechos: las empresas de la trama corrupta hicieron frente a los gastos de vestuario y de zapatos de Camps, frente a sus palabras: "Yo me pago mis trajes".

¿Qué ha ocurrido para que el honrado y austero Francisco Camps pueda acabar sentado en el banquillo de los acusados por la comisión de un presunto delito de cohecho pasivo impropio? La mayor parte de las fuentes consultadas coinciden en una misma palabra: vanidad, y en un mismo nombre: Álvaro Pérez.

El Bigotes. En el PP valenciano reniegan de la hora en que Ricardo Costa -hermano del ex ministro de José María Aznar, Juan Costa, diputado autonómico desde 1993 y persona de la absoluta confianza de Camps, quien le hizo secretario general del PP valenciano en 2007- puso en contacto a Camps con Álvaro Pérez. Ocurrió a principios de 2006. En julio de ese año el Papa iba a venir a Valencia a celebrar el Encuentro Mundial de las Familias y el presidente valenciano sintió la necesidad de contar con un vestuario adecuado para la ocasión. Costa, que conocía con anterioridad a los responsables de la trama, como se ha comprobado por las grabaciones efectuadas a sus cabecillas, puso en contacto a los dos personajes.

Pérez desplegó todos sus encantos, halagó la vanidad del presidente, le convenció de la necesidad de disponer de unos ternos más adecuados a su situación social y Camps, que hasta entonces se hacía sus trajes en El Corte Inglés de Valencia, se fue de la mano de Pérez a Madrid, donde cambió de tienda y de sastre, cayendo, en palabras de una persona próxima al presidente, "en manos de un pelota profesional que explotó todas sus debilidades".

Camps conoció a El Bigotes en 2006, aunque cuando estalló el escándalo sufrió una amnesia temporal, borrando de su memoria a su "amiguito del alma" hasta que la publicación en EL PAÍS de unas conversaciones telefónicas pusieron en evidencia la estrecha relación que ambos habían establecido a lo largo de dos años. Quedó claro que Pérez obsequió con regalos de mucho valor -"te has pasado 20 pueblos"- a la mujer. Tanto se había pasado que ésta dijo que se los iba a devolver: "No, en serio, no me los voy a quedar".

Pero antes de la relación personal con Camps, Álvaro Pérez se había instalado profesionalmente en Valencia. Orange Market se había registrado en julio de 2003 en Algemesí, una ciudad de 28.000 habitantes situada a 40 kilómetros de la capital. La filial de la trama corrupta del PP empezó a trabajar para el PP y la Generalitat, a la que llegó a facturar cerca de ocho millones de euros en diversas contratas. La relación de El Bigotes con el partido era muy estrecha, tanto que entraba y salía como Pedro por su casa de la sede regional del PP y tenía un acceso fácil al Palau de la Generalitat. En el seno del Gobierno y del PP valenciano, Pérez tenía fama de ser un profesional competente.

Pero vanidad más amistades peligrosas no tienen por qué ser sinónimos de corrupción. No, al menos, para alguna gente. "Paco", dice una fuente del PP, "no se venderá jamás por dinero; pero hay algo que le puede: el halago, le encanta que le hagan la pelota y tiene debilidad por la ropa". Dentro del PP, partidarios y detractores del presidente coinciden en subrayar que Camps sigue siendo una persona honrada. Una persona cercana a Eduardo Zaplana es categórica: "Camps no es maleable en sus convicciones. Es mucho más duro de lo que aparenta, nunca se relaja y no es comunicativo, pero no es un tipo de llevárselos". Los más críticos no le ahorran puyas por la deriva que ha seguido en estos últimos años: "Ha pecado de soberbia. Tiene el pecado capital de la vanidad". "Cómo va a entender lo que le pasa si se cree omnipotente", comenta un destacado cargo del PP. "El poder se le ha subido a la cabeza. Se ha visto cerca del Papa, mantiene relaciones fluidas con presidentes de empresas que cotizan en Bolsa, Ecclestone condiciona la celebración de un campeonato de fórmula 1 a su elección... Está tan por encima del bien y del mal que por eso se equivocó al negar sus relaciones con Álvaro Pérez y negar lo de los trajes".

No es ésta la opinión de un estrecho colaborador del presidente valenciano: "El mejor de la historia en nuestra Comunidad. Un hombre que pone los intereses generales por encima de los particulares. Véase cómo ha afrontado el tema de las células madre. Por sus creencias debería de haber frenado su investigación; pero ha apostado por facilitarla".

Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, no se cree la imagen de bon xic ni la del personaje honesto y austero. "¿Es deshonesto? Con lo que sabemos no se puede sostener la imagen de austeridad ni de honestidad. ¿Buen chico? Es un bonapartista, si por él fuera no se convocarían ni elecciones. Es un personaje con un tremendo apego al poder que desprecia todas las opiniones que no sean las suyas. Implacable contra quienes cree que son sus adversarios. No repara en ningún tipo de manipulación. Miente, oculta y amenaza. Tiene todas las características de una persona autoritaria".

El espejo en el que se miraba Camps desde que empezó en política está roto. Partidarios y adversarios lo saben. Como lo saben los empresarios que acuden a los actos públicos y le aplauden para que la demora en los pagos de la Generalitat no se alargue en demasía.

Pero no está tan claro que lo sepa el personaje que en él se mira. Está convencido, "sabe", que al final se le absolverá. El catedrático de psicología ve en Camps a una persona "entregada a una causa, consistente en salvar Valencia, hacerla más honesta y más auténtica. Pero sus creencias, más que sociales o políticas, son religiosas. Cuanto más duro sea el camino, más valioso será el esfuerzo. Camps se ve a sí mismo como un bon xic que tiene un gran destino por delante que debe cumplir. Salvo que se rompa por el camino".

El personaje se mira en un inexistente espejo en el que sólo se ve él. Tal vez por eso no percibe las sombras que le rodean y que ha tolerado y apoyado a lo largo de sus años de mandato. Políticos tan turbios como Carlos Fabra y otros implicados en múltiples escándalos de corrupción con los que convive sin aparentes muestras de incomodidad.

Cuando se tiene un destino histórico, y Camps siente que lo tiene, todo lo demás es accesorio.

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"¡AMIGO, GRACIAS, QUÉ BUEN TRABAJO ME HAS HECHO¡"

Los escándalos que afectan al PP

Camps hizo hasta nueve encargos al sastre José Tomás entre 2006 y 2008

LYDIA GARRIDO - Valencia

Tenía fijación por el largo de los pantalones, el punto de cierre de las trabillas en la cintura, los hombros elevados en las chaquetas y las pinzas delanteras de las americanas, que prefería un poquito más cortas de lo habitual. Costó sacarle del corte tradicional, los colores sobrios y un estilo demodé. Y de ahí pasó a las chaquetas de cuadro ventana, delicadas telas de Loro Piana (hasta de lana súper 180) y finos zapatos de anca de potro.

"¡Amigo, gracias! ¡Me has hecho un buen trabajo!". Así agradecía habitualmente Francisco Camps al sastre José Tomás, según cuenta este último, sus desvelos y dedicación extra (tomar medidas a la una de la madrugada, retocar un traje a dos horas de estrenarlo, abrir la tienda para él o atender incluso a cómo y dónde podía el presidente aparcar su coche oficial).

Hasta nueve encargos tuvo el sastre José Tomás de Francisco Camps. Y para ello se encontraron en distintas ocasiones en el hotel Ritz de Madrid y en las tiendas de Milano, en Serrano número 29, y en Forever Young, Paseo de la Castellana 124.

El auto dictado el pasado día 6 por el magistrado instructor de la parte del caso Gürtel que se investiga en Valencia da cuenta detallada de ellos. Se conocieron en 2006. Camps fue una primera vez a la tienda y Tomás le explicó, según confirmó ayer, qué tenían, qué telas trabajaban, cómo era el proceso de tomar medidas, elegir el mejor modelo, probar, retocar y finalmente entregar.

Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia, todos ellos imputados en la causa junto a Camps por un supuesto delito de cohecho, ya conocían las habilidades de Tomás. El sastre afirma que Álvaro Pérez, el hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, tenía especial interés en que Camps se hiciera cliente. Y lo consiguió.

Después de aquella primera vez hubo varios encuentros en fechas no precisadas de 2006, en la tienda de Milano y en el hotel Ritz, en los que el presidente, que citaba al sastre en ocasiones a la una de la madrugada para que le tomara medidas, encargó cuatro trajes y tres americanas.

En noviembre de ese mismo año, cuando José Tomás ya se había trasladado de Milano a Forever Young, el presidente Camps le visita en la nueva tienda. Tiene la ventaja para él, según cuenta el sastre, de que el emplazamiento del Paseo de la Castellana hace más fácil al chófer aparcar en la puerta sin consecuencias. La tienda de Serrano les daba dolores de cabeza porque delante de la entrada estaba el carril bus y porque el portero de la finca no aprobaba que se invadiera el acceso de los vecinos.

Esos trajes consolidaron, dice José Tomás, un estilo de cuello de americana muy abierto para que la camisa pudiera verse mucho más de lo habitual y una tendencia a nuevos colores, más modernos, más atrevidos. "Al principio le costó. Pero luego me contaba que en alguna ocasión le habían felicitado por el estilo de alguna prenda".

Antes de finalizar 2006 fue, según sigue relatando el auto de Flors, el propio Álvaro Pérez, El Bigotes, quien encargó por teléfono un esmoquin para Camps.

El acierto del sastre hizo que Camps le encargara, ya en 2007, un frac para acudir al Vaticano. El chaleco, negro, como manda el protocolo para visitar al Papa. Y el habitual blanco quedó desterrado también para otros dos chalecos que Camps encargó para el mismo frac. El presidente de la Generalitat dijo ante el juez que esas prendas en concreto las devolvió.

La primavera de 2007 Camps realiza varios encargos. E incluye más prendas. Además del ortodoxo traje, americanas, pantalones sueltos, alguna corbata y zapatos. Los zapatos fueron la joya de la corona: de piel de anca de potro, de Crockett and Jones. De hecho, un par se afeó tras un acto en el que le pisaron varias veces. José Tomás recibió los zapatos afectados, los restauró y con ellos de regreso envió a la esposa del presidente un kit para el especial cuidado que necesitaban. "Siempre gracias, siempre amable, siempre atento. Era una relación con una extraordinaria complicidad entre los dos, por eso me duele que digan las cosas que dicen", afirma José Tomás.

Justo antes del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, en el verano de 2008 según José Tomás, aunque el auto no precisa la fecha, Camps encarga otros dos trajes. Son de finísima lana súper 180. Y un par de zapatos nuevos, no de anca de potro. El presidente acude a Madrid, pasa la noche en el Ritz y le pide a José Tomás que por la mañana, a primera hora, acuda a arreglarle el largo de las mangas. El sastre, a las ocho de la mañana, según su testimonio, empezó la compostura. Fue, dice, a escasas horas del estreno de las piezas.

Francisco Camps afirmó haber pagado varios precios, por un valor de 2.400 euros. Nadie, ni el sastre ni empleados de las tiendas, lo corroboran. Sin embargo, como señala el auto, sí consta que esas piezas fueron pagadas, junto a otras, por Pablo Crespo, responsable de Orange Market junto a Álvaro Pérez.

El auto de Flors desmonta la aparente excepcionalidad de los encargos de Camps. El presidente conocía bien las tiendas de Madrid, encargaba sin preguntar precio (así lo dice el sastre) y sin atender a calendario.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

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LOS TRUCOS DE LA GENERALITAT Y EL BIGOTES

Los escándalos que afectan al PP

INFORME DEL GOBIERNO VALENCIANO SOBRE LAS ADJUDICACIONES A ORANGE MARKET

Los contratos se troceaban para eludir el concurso público y adjudicarlos a dedo

La trama corrupta cobraba por distintos conceptos de un mismo acto

P. X. DE SANDOVAL / M. OLIVARES - Madrid / Valencia

El Gobierno valenciano troceaba en pequeñas cantidades contratos públicos que adjudicaba a la empresa Orange Market, el núcleo valenciano de la trama Gürtel de corrupción vinculada a instituciones del PP. De esta forma, con contratos por debajo de 12.000 euros, eludía la obligación legal de convocar un concurso público y podía hacer la adjudicación a dedo a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, muy vinculado al presidente Francisco Camps, a quien regalaba trajes a medida hechos en tiendas de Madrid, según la investigación.

* "¡Amigo, gracias, qué buen trabajo me has hecho!"

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Para un vídeo, Pérez cobró por un lado la imagen y por otro el sonido

La Presidencia valenciana encargó a la trama unos regalos de Navidad

Esta evidencia aparece reflejada en un informe que detalla todos los contratos adjudicados a Orange Market y que elaboró la propia Generalitat valenciana para enviarlo al Tribunal Superior de Justicia valenciano. En esa causa están imputados por un presunto delito de cohecho Camps, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Camps y Costa niegan los hechos. El juez ha convocado una vista el próximo miércoles (a la que los imputados no acudirán) para decidir si abre juicio contra ellos.

El informe no se refiere a otras sociedades de la trama. Pero refleja decenas de contratos obtenidos por Orange Market. La empresa organizadora de eventos se creó de la nada en Valencia en 2004, tras llegar Camps al Gobierno. Un año después ya facturaba 2,4 millones de euros, el 70% por contratos con la Consejería de Turismo, según la investigación que llevó el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

Aunque el contrato principal, el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo en Madrid (Fitur), lo logró por concurso (Orange Market ha obtenido esta adjudicación millonaria todos los años desde 2005, cuando ganó a pesar de presentar la oferta más cara), buena parte de los 47 contratos se hicieron a dedo. La mayoría de las consejerías, fundaciones y patronatos que contrataban a la empresa de Pérez optó por la fragmentación de un mismo trabajo en varios, justo por debajo de los 12.000 euros.

Esta misma argucia era utilizada por el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo (dimitido y suspendido de militancia en el Partido Popular) para adjudicar contratos en Madrid a las empresas de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama.

Por ejemplo, en Valencia la empresa de Pérez organizó en 2005 el Segundo Congreso de Sofware Libre. Costó 48.000 euros, pero se dividió en cuatro contratos distintos por conceptos como diseño exterior y montaje, alquiler de material, transporte, desmontaje y organización. El consejero de Educación era el mismo que hoy sigue ejerciendo el cargo, Alejandro Font de Mora.

En 2006, también se fragmentó la contratación para el Open de Tenis. Se hizo un contrato para el montaje y la organización y otro para pagar al personal auxiliar y las azafatas. Para los premios de Salud y Sociedad de aquel año se adjudicó un contrato para su diseño (11.510 euros) y otro distinto para pagar a las azafatas y la presentación del evento (4.808 euros). El responsable de Sanidad era Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración y Ciudadanía.

Más ejemplos, citados por la propia Generalitat en su informe para el Tribunal Superior. Para el montaje de un acto en la Ciudad de la Justicia en 2007 se adjudicó a Orange Market por parte del director del gabinete del entonces vicepresidente Campos (hoy imputado) un contrato de montaje por 11.000 euros. Para el mismo acto, el director general de Interior de la Consejería de Justicia adjudicó otro contrato a la empresa por 8.000 euros para material audiovisual y personal técnico.

Para que Orange Market realizara un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico se hicieron dos contratos. Uno adjudicado por el director general de Asistencia Sanitaria por importe de 11.884 euros para el alquiler del equipo y la realización; y otro, del secretario de Sanidad, por 11.930 euros para la producción y el sonido del mismo vídeo.

En la relación de contratos figura también la compra de 1.000 aparatos de radio y 2.000 pilas; el suministro de 1.000 carpetas portadocumentos para el Congreso Familia y Escuela (9.860 euros); la presentación de planes contra la violencia machista; un acto para promocionar un circuito de Golf; y otro gran contrato, por 516.000 euros, para un acto en la salida de las regatas en Alicante de la vuelta al mundo de Vela.

Los altos cargos que adjudicaron estos contratos a Orange Market y que han comparecido ante el juez lo han justificado diciendo que la empresa era conocida como uno de los proveedores de la Generalitat valenciana. Sin embargo, en 2005, cuando logró la mayor facturación por contratos de su historia, la empresa de El Bigotes, no había trabajado nunca antes para esa Administración.

La investigación judicial se ciñe a los contratos de Orange Market, aunque de las declaraciones de algún colaborador próximo a Camps se deduce que otras empresas de la trama corrupta también se beneficiaron. Por ejemplo, DownTown (nombre original de Easy Concept), otra sociedad de la red que dirigía Correa, se encargó de unos regalos de Navidad de la Presidencia de la Comunidad Valenciana. Empresas públicas, como Vaersa, o fundaciones de la Generalitat, como Agua y Progreso, también han contratado con El Bigotes.

Una comida de 150.000 euros

El informe que la Generalitat envió al Tribunal Superior valenciano también revela que el primer montaje del pabellón valenciano de Fitur que hizo Orange Market, en 2005, costó más de lo previsto por algunos extras. La Comunidad pagó 1.320.000 euros por ese pabellón y su utilización para otras cuatro ferias. Pero, además, El Bigotes facturó otros 149.035 euros por un almuerzo para el Gobierno valenciano (119.035 para la comida y 30.000 para la adaptación del local). Aparte, cobró 2.308 euros por un reportaje fotográfico, 11.995 por servicios extra y 102.000 por adaptar el pabellón para otra feria.

Angélica Such, consejera de Turismo desde junio de 2007, justificó el coste de la comida alegando que se sirvió con ocasión del Día de la Comunidad Valenciana en Fitur. Era tradición del Gobierno valenciano ofrecer una comida en el Palacio de Congresos de Madrid con tal motivo.

Ese año, recién llegada a la Consejería de Turismo Milagrosa Martínez (actual presidenta de las Cortes), con Rafael Betoret (imputado por cohecho) como jefe de gabinete, se decidió montar una carpa junto a la feria. En la comida, que contó con un espectáculo, participaron unas 800 personas, según testigos. De ser así, el cubierto habría salido por 200 euros.

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RAJOY DEBE ACABAR CON EL CHANTAJE DE BÁRCENAS AL PP

EDITORIAL

QUE EL PP está sufriendo un chantaje de su tesorero y senador Luis Bárcenas parece cada día más claro. La expresión puede sonar fuerte pero eso es lo que está sucediendo: Bárcenas ha asegurado en unas declaraciones a la cadena Cope que sólo dimitirá «de forma transitoria» cuando el Tribunal Supremo pida el suplicatorio al Parlamento, ya que sigue gozando de «la confianza» de Rajoy. Según mantiene en esa entrevista, nadie en la dirección del partido le ha pedido que dimita y con el único que ha hablado «directamente» del asunto es con Rajoy.

Ello no es cierto, porque, como EL MUNDO revela hoy, Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, le pidió el pasado 3 de julio en la sede de Génova que renunciara al cargo de forma inmediata. Bárcenas se negó, argumentando que su abogado, Miguel Bajo, le había aconsejado que permaneciera en el puesto de tesorero.

Bárcenas se lo está poniendo muy difícil a Rajoy, ya que ha contratado a su propio abogado y a un asesor de imagen al margen del partido. Va diciendo que no se atreven a echarle porque sabe demasiado y amenaza con «llevarse por delante» a Esperanza Aguirre e Ignacio González o con revelar datos comprometedores sobre la boda de la hija de Aznar.

En una reciente columna de Raúl del Pozo, que causó conmoción en el partido, una persona que podía ser el propio Bárcenas o alguien que hablaba en su nombre tachaba de «retrasada mental» a la propia María Dolores de Cospedal, número dos en Génova.

Llegados a este punto, a Rajoy no le queda otra alternativa que exigir la dimisión de Bárcenas, cuya permanencia en el cargo cuestiona su autoridad. Rajoy no puede tolerar que el tesorero diga en público que él es quien va a decidir cuándo deja la dirección y que, en cualquier caso, su salida se hará «de forma transitoria».

Bárcenas va a ser imputado por graves delitos, entre ellos, el de haber aceptado sobornos a cambio de contratos y favores. No puede, por tanto, administrar los tiempos ni decir que su dimisión será «transitoria».

Y menos aceptable todavía es que vaya por el mundo amenazando a sus compañeros de partido y jactándose de que goza de apoyos como los de Álvarez Cascos, Arenas o Ana Mato. De seguir así, corre el riesgo de convertirse en el Rafael Vera del PP, amagando de forma permanente con el chantaje de oscuros secretos.

Si Bárcenas tiene algo que decir, que lo diga de una vez. Que no se calle nada de lo que sabe, pero que, acto seguido, dimita para no provocar más daño al PP. Ayer, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega volvió a insistir en que los ciudadanos merecen «explicaciones».

Igualmente, sería deseable que Cascos, Mato y Arenas se desmarcaran públicamente de Bárcenas, aprovechando su buena relación personal para pedirle que abandone el cargo de tesorero.

Habrá quien argumente que Bárcenas merece la presunción de inocencia. Ello vale en el plano de lo penal pero no en el político. No puede seguir en la dirección del PP cuando pesan sobre él sospechas de delitos tan graves como el cohecho. Por otro lado, Bárcenas no ha dado todavía una justificación convincente del enorme incremento de su patrimonio.

En última instancia, el responsable de su permanencia es Rajoy, que afirmó hace unas semanas que no quiere cometer «una injusticia». Rajoy tiene que defender los intereses y la imagen del partido y, por ello, sólo le queda la opción de exigir la inmediata dimisión de Bárcenas.

ELMUNDO.ES

COSPEDAL PIDIÓ A BÁRCENAS QUE DIMITIERA DE INMEDIATO

El tesorero le dijo que pensaba continuar en su puesto

De Cospedal, en la clausura del Comité Ejecutivo del PP en Castilla La Mancha. | Efe

Casimiro García-Abadillo | Madrid

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, le pidió al tesorero del partido, Luis Bárcenas, que renunciara a su cargo por el bien de la organización y por el suyo propio, según informaron fuentes solventes. La petición se produjo durante una reunión que se celebró en la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova, el pasado 3 de julio.

Aunque la conversación fue difícil, no hubo tensión ni salidas de tono. Bárcenas le dijo a Cospedal que pensaba continuar en su puesto porque así se lo había recomendado su abogado, Miguel Bajo, que se encarga de la defensa del PP en el caso Gürtel y, de manera específica, del asunto del tesorero, ahora en manos del Tribunal Supremo.

Precisamente, el pasado viernes la Fiscalía del Supremo elevó un escrito al juez que instruye la causa, Francisco Monterde, en el que solicita que pida al Congreso de los Diputados y al Senado los suplicatorios que permitan llamar a declarar al diputado Luis Merino y al senador Bárcenas en relación con la trama de corrupción montada por Francisco Correa.

El pasado 24 de junio, el Tribunal Supremo acordó investigar a ambos parlamentarios por las "percepciones económicas irregulares" que ambos habrían recibido de Correa y que podrían constituir delitos fiscales y de cohecho.

También el viernes pasado, coincidiendo, por un lado, con la petición de la Fiscalía al juez para que solicite el suplicatorio del senador Bárcenas y, por otro, con la publicación por EL MUNDO de una información en la que se daba cuenta de su resistencia a abandonar su responsabilidad al frente de la tesorería del PP en contra de los deseos de la dirección, Bárcenas hizo unas declaraciones a la Cadena Cope en las que manifestó su intención de dejar el cargo "de forma transitoria" cuando el juez del Supremo solicite a las Cortes el suplicatorio.

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* Dimisión 'transitoria' | Perfil
* Quién es quién en el caso Gürtel

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