EL JUZ INVESTIGA DECENAS DE CONTRATOS A DEDO DE CAMPS A LA "TRAMA GÜRTEL"

Las consecuencias del 'caso Gürtel'

El Tribunal de Madrid pide a la Generalitat las adjudicaciones a 13 empresas de Correa

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

El Gobierno de Francisco Camps adjudicó a dedo al menos 45 contratos, muchos de ellos troceados en varios por debajo de 12.000 euros para evitar el concurso, a Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta del encarcelado Francisco Correa. Ahora, el juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, quiere saber más y ha pedido al Gobierno valenciano que le facilite "los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato" realizados entre la Generalitat valenciana y 13 de las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La petición del juez ha sido instada por la Fiscalía Anticorrupción, que aguarda desde hace seis meses esa información que no le ha suministrado el Gobierno de Francisco Camps. Baltasar Garzón la pidió en febrero y ahora ha vuelto a reiterar la petición el juez Pedreira.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia



Francisco Correa
A FONDO

El magistrado dice que no se trata de reabrir el 'caso Camps', ya archivado

La información permitirá aclarar en qué condiciones obtuvo la trama Gürtel de la Administración valenciana adjudicaciones de contratos, la mayoría a dedo, para actos institucionales. Los investigadores policiales del caso Gürtel tienen acreditado que altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos el propio presidente Camps, así como cargos de confianza de su Administración (secretarias, jefes de gabinete...) recibieron dádivas (trajes, relojes, pulseras, bolsos...) de la trama coincidiendo con tales adjudicaciones. La Consejería de Turismo adjudicó durante cuatro años la organización de los sucesivos pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur, y Rafael Betoret, jefe del gabinete de dicha consejería, fue agasajado, al igual que Camps, con trajes por parte de la trama Gürtel.

La Generalitat valenciana sólo ha enviado una parte de los contratos que le solicitaron en febrero, por lo que la fiscalía, a finales de mayo pasado, volvió a instar judicialmente (en ese momento el caso ya había pasado a las manos del magistrado Pedreira, tras la inhibición de Garzón) la petición de todos los contratos desde 1998. Pedreira formalizó la petición en un auto fechado el pasado 3 de agosto.

El Tribunal Superior de Madrid aclaró en una nota que la solicitud de los contratos "en modo alguno" obedece a un interés del magistrado Pedreira en investigar "las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa", sino al interés de conocer las actividades de 13 empresas vinculadas a Correa, entre las que se halla Orange Market. En cualquier caso, la información solicitada permitirá saber si hubo trato de favor del Gobierno de Camps a la trama corrupta.

La explicación dada por el juez es que muchas de esas empresas no sólo han operado en Valencia, sino también en otras comunidades de "ámbito nacional". Esta matización se debe a que las diligencias del caso Gürtel en Valencia -focalizadas en los regalos de trajes que recibieron Camps, el número dos del PP en esta comunidad, Ricardo Costa, o el propio Betoret- fueron archivadas el pasado mes de agosto por el Tribunal Superior de Valencia en una polémica decisión que dividió en dos al tribunal. José Flors, el juez que instruyó la causa por cohecho impropio contra los aforados de Valencia, quiso que todos ellos se sentaran en el banquillo, pero dos de los tres magistrados de la Sala, entre ellos el presidente, Juan Luis de la Rúa, amigo personal de Camps, impusieron sus votos y dieron carpetazo al asunto.

La fiscalía ha recurrido el archivo de la causa valenciana ante el Tribunal Supremo al entender que Camps pudo cometer cohecho impropio al haber recibido regalos (trajes) de las empresas de Correa y ser el jefe de una Administración que les ha adjudicado en los últimos años contratos por más de siete millones de euros. El Tribunal de Valencia limitó la investigación contra Camps y Costa al delito de cohecho y obvió otros, como el de tráfico de influencias, que figuraban en el auto en el que Garzón se inhibe de la variante de la trama Gürtel en esa comunidad.

Entre la documentación que el juez Pedreira remitió a Valencia figura una relación de regalos de la trama corrupta a diferentes miembros de la administración valenciana y del PP de esa comunidad.

Los regalos

- Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, logró en cuatro años 45 contratos de la Administración valenciana por más de siete millones. Ganó por concurso durante cuatro años el montaje del pabellón de Fitur y otros 40 contratos de campañas institucionales de casi todas las consejerías. Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, hizo una veintena de regalos por Navidad a varios consejeros, a secretarias y colaboradores de Camps, y a la familia de éste. Además, pagó trajes por 30.000 euros a los siguientes dirigentes:

- Francisco Camps, presidente de la Generalitat de Valencia: Dos trajes a medida, cinco pantalones, un cinturón de piel, una chaqueta deportiva, otra austriaca, una americana sport, otra deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, un esmoquin (para un viaje a Nueva York) y un chaleco blanco (para una recepción en el Vaticano). Valor de las prendas: 12.783 euros.

- Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia: Tres trajes a medida, otro traje (chaqueta americana-pantalón), dos pantalones y prendas varias. Valor de las prendas: 7.325 euros.

- José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP de la Comunidad Valenciana: Tres trajes, cinco pantalones y dos chaquetas americanas, por 4.850 euros.

- Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo: Tres trajes, un pantalón y una americana, por 9.950 euros.

Noticias relacionadas:
* El Gobierno valenciano oculta información desde hace meses
* Las Cortes aceleran el suplicatorio de Merino y de Bárcenas
* El PP contraataca tratando de airear corruptelas del PSOE
* Los trajes del honorable Camps
* El juez instructor del 'caso Gürtel' aclara que ordenó la actuación policial en el domicilio de Bárcenas.

ELPAÍS.COM

EL JNUEZ INSTRUCTOR DEL "CASO GURTEL" ACLARA QUE ORDENÓ LA ACTUACIÓN POLICIAL EN EL DOMICILIO DE BÁRCENAS

Antonio Pedreira solicitó la intervención en casa del ex tesorero del PP.- Barcenas presentó el 27 de julio una denuncia por delitos de amenazas y coacciones

EP - Madrid

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha aclarado -a través de una nota de prensa remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)- que fue él quien ordenó la actuación policial realizada al ex tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, que denunció en julio haber sufrido un "intento de allanamiento de morada" por parte de dos policías nacionales. La citada nota señala que la acción de la policía, llevada a cabo en el domicilio del imputado, fue solicitada por el Ministerio Fiscal y respondió a gestiones ordenadas por el propio juez, "quien en todo momento estuvo informado de su realización y resultados".

Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

Bárcenas solicitó ayer amparo a la Mesa del Senado tras denunciar haber sufrido este "intento de allanamiento" por parte de dos personas que se identificaron como miembros del Cuerpo Superior de Policía, algo que a su juicio supone una "inadmisible forma de intimidación a un miembro de las Cortes Generales" y una "quiebra del orden constitucional y de las normas de conducta democráticas". La Mesa ha analizado en su reunión de hoy el asunto y dio traslado del mismo al Gobierno. Bárcenas denunció el pasado 27 de julio en un Juzgado de Guardia de Madrid que dos personas que se identificaron como policías habían tratado de entrar en su casa para entregarle "una citación judicial que en realidad no existía".

El ex tesorero del PP especifica que "con la única intención de acceder a mi domicilio, lo que constituye un intento de allanamiento de morada", explica el senador en el escrito remitido a la Mesa. "El hecho, objetivamente es gravísimo. Que funcionarios del Ministerio del Interior, los envíe quien los envíe, intenten irrumpir ilegalmente en el domicilio de un parlamentario sin orden judicial", añade Luis Bárcenas, que asegura que este "precedente" no puede quedar "sin la adecuada respuesta por parte de las instituciones del Reino de España. Equivaldría a reconocer por el Senado la pérdida de fortaleza del Estado de Derecho".

Amenazas, coacciones y usurpación de funciones públicas

El ex tesorero del PP registró en el Senado la solicitud de amparo el pasado 24 de agosto y añadió como documentación la denuncia que presentó el 27 de julio por los delitos de amenazas y coacciones, contra la integridad moral, de usurpación de funciones públicas y contra los derechos individuales, "cometidos por determinadas personas que se identificaron como policías". El senador asegura en su denuncia que estos hechos fueron "sin duda" una "respuesta o represalia" a una conversación que él había mantenido el 17 de junio con el Comisario Jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González García.

Aprovechando una "inesperada coincidencia" entre ambos, Bárcenas le comentó que sufría una "persecución judicial y mediática" desde hacía meses, así como "inexplicables filtraciones de datos confidencales" del llamado caso Gürtel, relata el senador en la denuncia. Tras esta conversación, añade, el 29 de junio se produjeron los hechos denunciados: la visita a su domicilio de dos personas que se identificaron como policías y posteriores llamadas al teléfono móvil de su mujer realizadas desde la Policía Judicial y la Comisaría de Canillas. Todo ello, constitutivo según el senador de los citados delitos.

Noticias relacionadas
* El juez investiga decenas de contratos a dedo de Camps a la 'trama Gürtel'
* Las Cortes aceleran el suplicatorio de Merino y de Bárcenas
* El Gobierno valenciano oculta información desde hace meses
* El PP contraataca tratando de airear corruptelas del PSOE

ELPAÍS.COM

EL PP DIFUNDE UNA GRABACIÓN COMO PRUEBA DE COMISIONES ILEGALES EN MERCASEVILLA

CASO MERCASEVILLA | Zoido denuncia los 'brazos caídos' de la Fiscalía

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, durante su comparecencia. | EM

El PP ha denunciado hoy la "actuación de brazos caídos" de la Fiscalía General del Estado y de la Policía ante un posible caso de corrupción y de cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla, participada en un 48% por la Sepi y el Ministerio de Medio Ambiente.

El caso parte de una grabación realizada por los empresarios sevillanos del grupo La Raza durante una reunión en la que los directivos de la empresa pública Mercasevila les exigieron una comisión de 450.000 euros por la concesión de una subvención de 900.000 euros para financiar la puesta en marcha de una escuela de hostelería en terrenos del mercado central de abastos de la capital andaluza.

El director de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su subdirector, Daniel Ponce, le propusieron a los empresarios extorsionados que dejaran olvidado un maletín con esa cantidad de dinero como contrapartida a la adjudicación de un proyecto. En la grabación, se escucha perfectamente cómo sugieren esta posibilidad.

Mellet y Ponce, en la actualidad imputados por el juzgado que instruye el caso, llegaron a los puestos de máxima responsabilidad de la empresa mixta Mercasevilla de la mano del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, que rige una coalición PSOE-IU bajo el mandato del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, denunció que la Fiscalía "no ha hecho nada" ante este caso, en el que hay implicados dirigentes de la Junta de Andalucía y militantes del PSOE.

González Pons criticó la "impunidad" de las administraciones gobernadas por cargos socialistas y la "doble vara de medir" de los órganos del Estado "según sea una administración del PSOE o del PP" la afectada por un supuesto caso de corrupción.

Aseguró que "de grabaciones muy parecidas surgió el caso Gürtel" de presuntos cohechos en el que inicialmente se imputó a Francisco Camps y posteriormente fue archivado. Por eso, supuso que si lo ocurrido en torno a Mercasevilla hubiera sido responsabilidad de políticos del PP, "habría intervenido el fiscal, la Audiencia Nacional, habría detenciones y un gran escándalo periodístico".

González Pons fue todavía más allá al afirmar que "según las cintas (del caso Mercasevilla) y las personas que intervienen, el PSOE se estaría financiando ilegalmente a través de subvenciones de la Junta de Andalucía e incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta para blanquear dinero, con el que se financian las campañas del PSOE".

Dinero público y dinero B
A su juicio, lo que queda claro con las grabaciones realizadas por los empresarios es que "la Junta cobraba comisiones por todo" cuando el actual vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, estaba al frente del Ejecutivo andaluz.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, acusó al PSOE de convertir "dinero blanco en negro y el dinero público en dinero B" para favorecer sus intereses personales o los del partido. Zoido sacó a relucir que los responsables del PSOE en Andalucía conocen estos hechos desde el 4 de febrero, pero entonces "no cesaron ni suspendieron de militancia" a los responsables de Mercasevilla.

Lo cierto es que este caso está dejando en evidencia la tensión entre el Ayuntamiento hispalense, gobernado por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y la Junta de Andalucía, que señala el Ayuntamiento como el único responsable del caso, de manera que el desgaste político sólo afecte a la coalición municipal y no salpique las instituciones controladas por el PSOE.

Según se ha hecho público hasta la fecha, la Fundación Mercasevilla recibió cerca de 590.000 euros en donaciones en tres años, y la jueza que lleva el caso investiga si el mercado de mayoristas camufló como donativos comisiones ilegales.

Se da la circunstancia de que el imputado y ex director general de la empresa pública Fernando Mellet ha llegado a afirmar que la Alcaldía estaba al tanto de otros enjuagues de Mercasevilla. «Nos han ofrecido de ‘teloneros’ el oro y el moro», dice el ex director gerente de la empresa municipal en la grabación que originó el caso.

Con el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín al frente del Ayuntamiento de Sevilla, ha asegurado Zoido, "la corrupción ha estado más presente de lo que nos hubiera gustado" y se ha puesto de manifiesto que han sido "10 años de chanchullos y de extorsiones" como los puestos de manifiesto en las grabaciones a los directores de Mercasevilla.

Además
* El PSOE se defiende: 'La Junta lo denunció' | Quién es quién
* Audio: Escuche la grabación de las comisiones
* Audio: 'Si colaboras, habrá subvención'
* Audio: 'Pago una comisión por conseguir un ERE'
* Audio: 'Impuesto revolucionario'

ELMUNDO.ES

EL PSOE ANUNCIA LA IMPUTACIÓN DE UN ALCALDE DEL PP SIN QUE ÉL LO SUPIERA

POLÍTICA | La 'doble vara' de la Fiscalía, según el PP

* El PP cree que los socialistas usan la Fiscalía en su beneficio

Miguel Cabrera | Almería

El PSOE de Almería anunció este martes, en la sede provincial del partido y en primicia informativa, que la Fiscalía ha imputado al alcalde de Sorbas y portavoz del Partido Popular en la Diputación, José Fernández, por un delito de prevaricación. El PSOE hacía pública la noticia así, antes incluso de que el propio afectado la conociera, según denunció luego el PP.

El anuncio fue comunicado en una rueda de prensa convocada por el secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE de Almería, Juan Antonio Segura Vizcaíno, y también asistió el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sorbas, Francisco Pérez, quienes pidieron la dimisión de José Fernández, que se enfrenta, como informaron pormenorizadamente, a una petición fiscal de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por autorizar la construcción de tres viviendas sobre suelo no urbanizable y protegido de Sierra de Cabrera.

Al margen de esta imputación, la sorpresa e inquietud para el Partido Popular se produce por lo que considera otra posible utilización de la Fiscalía por parte del Partido Socialista, que ha dado a conocer una acusación que hasta el momento desconocía el propio afectado.

Garantías procesales
El portavoz del PP de Almería, Francisco Góngora, aseguró que la información facilitada por Segura Vizcaíno «induce a pensar que no se están respetando las garantías procesales», y por lo tanto el PSOE estaría utilizando de nuevo a la Fiscalía en beneficio propio. «Mientras Fernández aún no sabe nada, los socialistas ya disponen del escrito de acusación», denunció el PP.

La utilización de esta 'noticia' está clara para los populares desde el momento en que el PSOE convocó a bombo y platillo una rueda de prensa para hacerla pública en los medios de comunicación. No obstante, el portavoz socialista en Sorbas afirmó que el alcalde sí conocía su imputación, y añadió que desde que la supo «no ha dado ninguna licencia, pues al parecer no quiere que se den casos similares».

Además, el PSOE exigió la dimisión del alcalde popular y puso como ejemplo y antecedente el hecho de que los socialistas almerienses sí ‘obligaran’ a dimitir al que fuera concejal socialista en Lubrín Juan López Camacho, por su imputación por un presunto delito de prevaricación.

Respaldo del PP
No obstante, Francisco Góngora respaldó al imputado afirmando: «Fernández es honesto y trabajador, pero lo único que le interesa al PSOE es meter ruido para intentar silenciar su trabajo al frente del Ayuntamiento y de la oposición en la Diputación almeriense».

El escrito de acusación contra el alcalde de Sorbas hecho público por el PSOE atribuye a José Fernández un presunto delito de prevaricación que extiende al técnico municipal Pablo Antonio L.G. Para ambos solicita una multa de 14 meses a razón de 12 euros.

El afectado, José Fernández, se defendió de las imputaciones asegurando que desconocía que el lugar para el que el Ayuntamiento concedió licencia para construir viviendas estuviera protegido y aseguró que para aceptar la concesión se basó en los informes técnicos, que así lo aconsejaban. «Yo tenía el visto bueno de los técnicos y creo que hizo lo que hubiera hecho cualquier alcalde», se defendió.

ELMUNDO.ES

HACIENDA DESTAPA A MORALES COMO "SOCIO OCULTO" DE SON OMS

CORRUPCIÓN | Informe

Esteban Urreiztieta | Palma

La Agencia Tributaria de Baleares apunta directamente a que dos empresas participadas mayoritariamente por el ex presidente del Parlament balear por UM Maximiliano Morales constituyen uno de los cuatro socios ocultos del pelotazo de Son Oms. Hacienda advierte ya en un informe preliminar que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares poderosos indicios de que el histórico líder de UM podría ser a través de sus empresas Pitosporum, S.L., y Arrendaments Son Oms, S.L., uno de los beneficiarios del millonario reparto de dinero negro que, tal y como dejó por escrito el testaferro Jaime Montis, se llevó a cabo con los beneficios de la venta de seis de los solares procedentes de los 15%. Unas comisiones, cabe recordar, cobradas en suelo a cambio de la recalificación del predio de rústico a industrial.

Y más concretamente de la liquidación de un montante de "50.460 metros cuadrados" que este conocido abogado percibió en nombre de la histórica cúpula uemita a cambio de la reconversión aprobada por Maria Antònia Munar desde la presidencia del Consell de Mallorca en 1999 y que devolvió durante la pasada legislatura a sus propietarios reales.

Quedándose él, eso sí, con uno de los cinco lotes a los que alude constantemente como pago por sus servicios. Esta línea señalada ahora por Hacienda puede cambiar por completo la situación procesal de Morales, que pese a ser sancionado con una multa de dos millones de euros por el fisco al defraudar un millón en impuestos al recuperar sus comisiones, había sido exonerado de la comisión de un delito fiscal al considerarse que no tuvo «dolo defraudatorio».

La 'clave'
Y es que, de confirmarse esta tesis en un informe definitivo, Morales podría verse obligado a responder por el dinero negro de Son Oms mientras se intenta dilucidir la identidad del resto de partícipes clandestinos. «Sólo uno de los socios ocultos se menciona y es D. Jaime Montis Suau», indican los inspectores de Hacienda tras analizar la documentación que le fue intervenida al testaferro que ahora alega un supuesto trastorno mental para no revelar la identidad de los beneficiarios reales del mayor pelotazo urbanístico de la historia reciente de Baleares.

«La tarea de poner nombres y apellidos a los otros cuatro, que permanecen ocultos, es bastante más compleja», prosigue la Agencia Tributaria. No obstante, Hacienda aporta en su dictamen preliminar, que forma parte del sumario del caso Son Oms y acaba de ser notificado a las partes del proceso, «algunas claves que permitan su posible señalamiento».

ELMUNDO.ES