viernes, 11 de septiembre de 2009

DESAPARECEN LOS DOCUMENTOS DEL CASO GÜRTEL ENVIADOS A VALENCIA

El TSJV alega que nunca llegaron los papeles de Correa, Crespo y El Bigotes

A finales del pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid decidió que algunos de los cabecillas de la trama de corrupción de la Operación Gürtel como Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez El Bigotes debían ser imputados también por el TSJ de Valencia y remitió al organismo regional varias cajas con documentación sobre los presuntos regalos de trajes y otros objetos de valor a dirigentes del Gobierno valenciano. Por increíble que parezca, las cajas que seguían precintadas este verano han desaparecido: en Madrid aseguran que las enviaron a Valencia, allí dicen que no las han recibido.

¿Pueden perderse cajas precintadas con documentos judiciales sobre un caso de tanta magnitud como la trama de corrupción de la operación Gürtel? Por difícil que parezca, eso es lo que ha ocurrido en este caso que salpica a numerosos altos cargos del PP. Según informa el diario Levante, numerosa documentación que fue remitida desde el TSJ de Madrid hasta su homónimo valenciano sobre las conexiones de los cabecillas de trama con los dirigentes del Govern se ha extraviado sin ninguno de los dos tribunales pueda dar una explicación.

Sumado al procedimiento contra Camps
El alto tribunal madrileño debía enviar esta documentación al valenciano por haberse inhibido parcialmente de la causa remitiéndola a la comunidad que preside Francisco Camps. Aunque el juez madrileño Santiago Pedreira mantiene la imputación de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el magistrado consideró que todos ellos debían ser investigados también en Valencia “para su unión al procedimiento (…) en relación con las eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa, Francisco Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos”.

Remisión de documentos
Pedreira levantó entonces el secreto de sumario respecto de estas actuaciones y acordó la “remisión de testimonio de algunos documentos”. Según su informe, en aquel momento aún no se había “concluido el levantamiento de precinto de documentación intervenida”. En este sentido, el magistrado explicaba que “la documentación soporte de la inhibición que ahora se acuerda se encuentra incluida en el testimonio de las diligencias” que en su día Baltasar Garzón remitió en su auto de inhibición a principios de marzo.

Documentación sin recibir
El juez señalaba también que “con posterioridad, al irse avanzando en el volcado y el levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos”, se acordó la “remisión de algunos documentos” al TSJ de Valencia. Pedreira ordenaba que se comunicara su decisión a su colega valenciano, José Flors, a quien se habría remitido la documentación antes del verano. Sin embargo, en el tribunal valenciano aseguran que no han recibido aún ninguna documentación.

Decisión la próxima semana
En cualquier caso, y tal y como se esperaba, Flors ha decidido hoy mismo que no se pronunciará sobre la inhibición del TSJ de Madrid, alegando que el procedimiento tramitado en Valencia "se sobreseyó libremente el 1 de agosto pasado". El magistrado considera que la sala no puede ya realizar "ningún acto procesal de continuidad", así que tampoco puede "ni aceptar ni rechazar" la inhibición, lo que significa que no juzgará a los cabecillas de la trama.

ELPLURAL.COM

EL ABOGADO DE MATAS NO TIENE "NI IDEA" DEL PARADERO DE SU CLIENTE


@Agustín Rivera.

El ex president del Govern, Jaume Matas (Efe).

Paco Lobatón tendría trabajo con un remake balear de Quién sabe dónde. El primer protagonista sería el ex president del Govern Jaume Matas. Y es que el abogado del ex ministro popular, Salvador Perera, ignora el paradero de su cliente. “No tengo ni idea de dónde está. Estuvo en Mallorca en verano, pero él no me dice su ubicación. Matas es una persona normal, como otra cualquiera”, destacó Perera en declaraciones a El Confidencial.

No parece sostener el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, la misma valoración del abogado de Matas sobre la “normalidad” de su cliente. Castro dictó ayer una providencia pidiendo a la Fiscalía que le remita su investigación sobre el patrimonio del ex president del Govern de Baleares y su cuñado Fernando Areal para incluirla en la instrucción del caso Palma Arena. Los documentos sobre el patrimonio de Matas de la Fiscalía Anticorrupción ya se encuentran en posesión del juez.

Perera se niega a cambiar su estrategia judicial. En conversación telefónica concedida ayer a este diario, aseguró que no tiene previsto un recurso en relación a la providencia de Castro, magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. “Este tema no tiene nada especial, aunque no sabemos qué puede pasar. No se pueden hacer adivinanzas ni quinielas”, destacó el abogado de Matas.

El letrado del ex ministro de Medio Ambiente en la etapa de José María Aznar desmiente que exista una posible relación causa-efecto entre el caso de la vivienda de lujo que se compró Matas en el centro de la capital mallorquina y el Palma Arena, el velódromo que se construyó en apenas un año (“un milagro”, reconoció el propio Matas) y que tuvo un coste final de 90,6 millones de euros, un incremento del 89% más de lo presupuestado: 47,7 millones de euros. “En el caso Palma Arena hay una instrucción judicial, mientras que con su patrimonio hubo una investigación de Fiscalía que se cerró y nada más”, destacó.

Jaume Matas vive ahora en Nueva York, junto a su mujer, Maite Areal. Desde el pasado mes de junio trabaja en la consultora Pricewaterhouse como experto en cambio climático y energías renovables, después de ejercer durante dos años, tras su huida a Estados Unidos, como asesor de inversiones turísticas en el grupo Barceló en la zona del Caribe. Barceló negó que la renuncia de Matas a la nómina en la cadena hotelera mallorquina tuviera relación con la investigación de la Fiscalía sobre cómo amuebló el conocido popularmente como Palacete de la calle Sant Feliu (en realidad una vivienda lujosa de 550 metros cuadrados), en el centro de Palma.

Matas no ha esquivado, hasta ahora, a la Justicia. El pasado mes de agosto dejó claro que se ofrecía a declarar ante el juez Castro. Eso sí, al ex president le hubiera venido bien hacerlo mientras pasaba sus vacaciones en su apartamento mallorquín de la Colònia de Sant Jordi. Rafael Perera, abogado de Matas al igual que su hijo Salvador, explicó que al residir en el extranjero, el procedimiento que tendría que seguir el juez si quisiera citarle era “complicado”, por lo que el ofrecimiento del ex presidente evitaría “dilaciones” en el mismo.

ELCONFIDENCIA.COM

EL JUEZ DEL PALMA ARENA INVESTIGA EL ORIGEN DEL PATRIMONIO DE JAUME MATAS

Las pesquisas aluden al posible enriquecimiento ilícito del ex presidente balear

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Jaume Matas, ex presidente de Baleares, en 1996 - TOLO RAMÓN

El juez José Castro decidió ayer investigar la presunta relación entre el patrimonio de Jaume Matas, ex presidente de Baleares y ex ministro de Aznar, con el caso Palma Arena, el megavelódromo cuyo coste casi se triplicó hasta los 110 millones, en el que están imputados una decena de ex altos cargos del PP, incluido el ex cuñado de Matas y ex tesorero de los populares de las islas, Fernando Areal. Matas, que desde 2007 vive en Estados Unidos, adonde se marchó tras perder el poder en Baleares, se mostró dispuesto a "colaborar" con la justicia y siempre rechazó las sospechas sobre el origen de sus bienes. El PP ve persecución política al partido en éste y otros casos destapados en Baleares.

* "Sé que Matas no sabía que el PP contrató con la agencia Nimbus"

Jaume Matas Palou
A FONDO

Nacimiento:
05-10-1956

Lugar:
Palma de Mallorca

Las investigaciones judiciales aluden directamente al presunto enriquecimiento ilícito de Matas, según fuentes judiciales. Castro, tras recibir e incorporar a la causa un informe de la Agencia Tributaria sobre la evolución del patrimonio y la renta del ex presidente, ha reclamado a la fiscalía la "documentación más extensa" que ésta acumuló sobre la evolución de los bienes y el nivel de vida de Matas y su familia. Castro decidió en una providencia "judicializar" las "diligencias informativas" de la fiscalía sobre el incremento de la fortuna personal de Jaume Matas, que se habían sustanciado en junio de 2009 en una denuncia penal por posible cohecho impropio que fue vetada por la cúpula de fiscalía y no pudo ser registrada ante un juzgado.

La labor de los fiscales del primitivo caso Matas, Juan Carrau y Pedro Horrach, fue bloqueada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y por el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, quien asumió para sí el asunto. La resolución final, lo que se preveía como un eventual archivo, se ha dilatado desde finales de julio, sin solución. Los fiscales Horrach y Carrau habían expresado su discrepancia con la decisión de sus superiores jerárquicos ante el Consejo Fiscal, órgano que les apoyó por unanimidad para que ellos continuaran en sus indagaciones sobre Matas.

En los cientos de folios de los informes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil se ha ido filtrado la actividad económica privada del ex presidente balear (1996-1999 y 2003-2007) y ex ministro de José María Aznar (2000-2003). Según la investigación, Matas pudo incrementar en cerca de dos millones de euros el valor neto de su patrimonio con tres casas -dos en Mallorca y una en Madrid-, que son propiedad o disfruta su familia.

El juez Castro observa la existencia de una posible "conexión" con el supuesto despilfarro en las obras del Palma Arena y, por ello, quiere despejar los interrogantes sobre la fortuna del ex presidente, que eligió a los arquitectos y gerentes y trató de manera directa con constructoras del complejo deportivo. Durante la investigación sobre el velódromo se han rastreado empresas de construcción que trabajaron en las viviendas de Matas y que también operaron en adjudicaciones oficiales del Gobierno balear y del partido en las islas.

Fuentes judiciales consultadas ayer en Palma indicaron que existe la obligación de la fiscalía de trasladar las investigaciones al juez José Castro, que ya lleva un año examinado el caso del velódromo, cuyo coste se disparó desde 40 millones de euros a 110. En el asunto ya están imputados una docena de cargos del PP, cinco de ellos del entorno directo de Matas.

Si, como es probable, el magistrado Castro imputa y llama a declarar a Matas, será la primera vez que éste comparece ante un juez. Mientras era presidente y después ministro (entre 1996 y 2003), el que fuera fiscal general del Estado con los gobiernos del PP, Jesús Cardenal, evitó que Matas acudiera como testigo o imputado, como habían decidido los fiscales, en el caso Formentera/Mapau, que trataba sobre una supuesta compra de votos, una operación urdida desde la Presidencia que el fiscal del Supremo consideró "estética y éticamente reprochable". En otro caso, el del espionaje de correos electrónicos al PSOE, desviados al ordenador de Presidencia, la Audiencia de Palma exoneró a dos secretarios de Matas por pinchar los e-mails "de manera ciertamente ilegítima" en una acción "ética ni jurídicamente indiferente". Matas acusó al PSOE de querer "eliminar o destruir al adversario".

El 'caso Matas'
- Las investigaciones de los fiscales de Baleares sobre el patrimonio de Jaume Matas fueron bloqueadas en julio por instrucciones del fiscal general del Estado, Cándido Cónde-Pumpido.

- El juez José Castro, tras recibir un informe de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de Matas, decidió ayer investigar la posible conexión con el caso Palma Arena.

- Castro ha reclamado las pesquisas que hicieron entonces los fiscales y que fueron bloqueadas.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ IMPUTA NUEVOS DELITOS AL ALCALDE DE ARONA

J. M. PARDELLAS - Tenerife

Hasta 14 horas seguidas declaró el pasado martes el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (Coalición Canaria), ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la localidad, Nelson Díaz Frías, que intenta desenmarañar una red de corrupción vinculada a favores y concesión de licencias urbanísticas durante años en uno de los principales puntos turísticos de España, el litoral sur de Tenerife. A los delitos iniciales de prevaricación y contra la ordenación del territorio, el juez sumó los de tráfico de influencias y malversación, según informó el Tribunal Superior de Canarias.

"Me he limitado a hacer lo que cualquier alcalde de Canarias y España: preocuparse por el bienestar de sus vecinos más desfavorecidos", dijo González Reverón tras su maratoniana jornada. También ha sido imputado por nuevos delitos Félix Sierra (PP), consejero del Cabildo Insular de Tenerife delegado para el sur de la isla y concejal en Arona, municipio de 75.000 habitantes.

Sierra fue edil de Urbanismo entre 1999 y 2003 y estaba imputado por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. El juez ha sumado dos delitos tras escuchar su testimonio el miércoles: cohecho y tráfico de influencias. Ayer declararon otros dos ediles de Coalición Canaria: Antonio Sosa y Clara Pérez. Sosa esperó que con su declaración "se haya aclarado todo".

Conversación con Rivero
Durante más de dos años el juez ha ido acumulando documentación (sólo del domicilio y oficinas del consejero del PP salieron numerosas bolsas con papeles y material informático) y transcripción de conversaciones telefónicas; en una de ellas se escucha al presidente de Canarias, Paulino Rivero (Coalición Canaria), solicitando al alcalde de Arona que interceda para que una sobrina ingrese en la Policía Local, presuntamente manipulando unas oposiciones.

Por esta conversación, uno de los abogados de la defensa, Juan Manuel Fernández del Torco, ha insistido desde el lunes ante el juez para que se inhiba o, al menos, cree una pieza separada y la envíe al Tribunal Superior de Canarias para juzgar a Rivero. El propio Del Torco ha comparado el caso Arona con "los escándalos urbanísticos de Marbella".

Los abogados de la acusación afirman: "Estamos ante un pelotazo galopante". En el caso hay 34 imputados, entre políticos, funcionarios, empresarios y agentes de la policía local y de la Guardia Civil.

elpaís.com

EL PP PRETENDE REACTIVAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE ALCAUCÍN

POLÍTICA | En la Diputación

Europa Press | Málaga

El Partido Popular pretende reactivar la comisión de investigación en la Diputación Provincial sobre la presunta trama de corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga), conocida como caso 'Arcos', al presentar parte de los documentos que entregaron en los juzgados, y que son fragmentos de cartas dirigidas a quienes por entonces -entre 2006 y 2007- eran secretaria general del PSOE, Marisa Bustinduy, presidente del partido en Málaga, Juan Paniagua, y secretario de Política Municipal, Luis Reina, en las que se les informa de irregularidades en el municipio.

En las misivas, todas ellas con el sello del PSOE que indica que fueron recibidas por la formación, se nombra al entonces secretario de Organización del PSOE de Málaga, Francisco Fernández España, del que se dice que "conoce perfectamente la situación" en el municipio, según explicó hoy en rueda de prensa el secretario general del PP malagueño, Francisco Salado.

Tras el "bloqueo" del equipo de gobierno de Diputación de la comisión de Alcaucín, a la espera de que el PP presentase documentos que justificasen la comparecencia solicitada por los populares de los cuatro miembros del PSOE antes citados, "hemos evitado la trampa acudiendo ante un notario con las cartas y extrayendo una serie de párrafos", indicó Salado, que volvió a solicitar estas comparecencias tras anunciar que registrarán hoy estos escritos en Diputación.

Para el responsable popular, tanto Fernández España, como Reina, Paniagua y Bustinduy, "conocían lo que ocurría en Alcaucín y deben dar explicaciones".

Asimismo, Salado precisó que un aparejador implicado en el caso de Alcaucín y en las presuntas irregularidades en Almáchar (Málaga) relacionadas con el actual vicepresidente primero de la Diputación, "es el apoderado de una de las empresas que a su vez forma parte de la UTE encargada de gestionar los escombros de las comarcas de la Axarquía y el Guadalhorce".

La Diputación adjudicó a esta UTE el citado servicio de gestión de escombros en 2005, "y el PP lleva años pidiendo explicaciones porque la adjudicataria no cumple con el pliego de condiciones", señaló Salado, que indicó que su partido pedirá explicaciones sobre esta relación entre el aparejador y Fernández España.

"La mano que el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Heredia, y el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, han puesto en el fuego por Fernández España les huele a chamusquina", ironizó el dirigente popular que consideró que la credibilidad del vicepresidente de la Diputación "está bajo mínimos y no puede permanecer ni un minuto más" en el puesto que ocupa.

Por último, el secretario general del PP de Málaga apuntó que están a la espera de contrastar una serie de informaciones sobre obras presuntamente irregulares en el municipio malagueño de El Borge.

ELMUNDO.ES

MERCASEVILLA DIO UNA BECA PARA LONDRES A LA HIJA DEL PRESIDENTE DE LOS MAYORISTAS

CASO MERCASEVILLA | Según la auditoría, «sin bases que la justifiquen»

* Un simple muestreo gastos sin justificar por más de 234.000 euros

M. Rionegro | F.J. Recio | Sevilla

La empresa pública Mercasevilla –propiedad del Ayuntamiento de Sevilla en un 51 por ciento de su capital– concedió ‘a dedo’ una beca de estudios por 24.000 euros a la hija del presidente de la asociación de mayoristas de pescado de este mercado, Antonio Vela. La joven, que estudia Diseño en una de las más prestigiosas escuelas del mundo, la Central Saint Martins College of Art & Design de Londres, recibió un primer pago de 9.300 euros a principios de este año. Tras la aparición del escándalo por el pago de comisiones en Mercasevilla, el pasado febrero, el abono de la beca ha quedado interrumpido.

Esta ayuda de estudios sin publicidad ni procedimiento concursal alguno es sólo una de las numerosísimas irregularidades detectada por los auditores de la firma Deloitte en el informe realizado a principios de junio pasado a instancias del Ayuntamiento de Sevilla. El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, desvela un sinfín de incumplimientos de la legislación y de las mas mínimas normas de control contable tanto en los contratos como en los pagos, en la solicitud de préstamos o en la contratación de personal. Y eso que, como indican sus autores, no se trata de una auditoría sino, simplemente, de un informe para el que se han tomado expedientes de forma aleatoria y no exhaustiva.

El documento detecta, por ejemplo, importantes gastos no justificados en viajes, pagos con la tarjeta Visa adscrita a la dirección general de la empresa o derivados de las actividades Foro Jurídico de la Fundación Mercasevilla, una de cuyas conferencias impartió el juez Baltasar Garzón. El documento revela que Fernando Mellet aprobó en numerosas ocasiones pagos por cantidades superiores a las que estaba autorizado.

El informe revela irregularidades en gastos de viajes, de la tarjeta Visa e importantes sumas en comidas y celebraciones de Navidad

Antonio Vela aseguró a este periódico que la concesión de la beca fue una decisión personal del ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, imputado por el presunto cobro de comisiones tras la denuncia de los empresarios del Grupo La Raza. Vela aseguró que su hija, a la que él mismo había llevado a algunos viajes profesionales para que le sirviera de intérprete, ya venía colaborando desinteresadamente con la empresa en algunos proyectos, como el cambio de imagen corporativa desarrollado hace unos años.

Asimismo, la joven habría realizado también tareas de intérprete para algunos de sus directivos con ocasión de viajes a ferias alimentarias fuera de España. Al menos en uno de esos desplazamientos en los que la estudiante colaboró –sin contrato ni remuneración– con la dirección de Mercasevilla participó el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. Fue el viaje realizado a Bruselas con ocasión de la feria Seafood en abril de 2008. A partir de esos contactos previos y de la colaboración desinteresada de la joven en determinados trabajos de cartelería que le solicitó Mercasevilla, el ex director general de la empresa pública decidió becar los estudios que aquélla pensaba iniciar en la Universidad Saint Martins de Londres, según aseguró ayer Antonio Vela, su padre.

El presidente de los mayoristas, Antonio Vela, señaló a este periódico que el compromiso de Mellet fue verbal –aunque alguna documentación debió de generar, la misma que han detectado ahora los auditores– y por una cuantía total de 24.000 euros, que incluía gastos de viaje y matrícula. No se acordó ningún tipo de devolución, sino el compromiso por ambas partes de seguir colaborando una vez que la joven concluyera su formación en Londres.

Vela dijo ayer a este periódico desconocer el procedimiento correcto que debe seguir Mercasevilla –sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público– para adjudicar este tipo de ayudas de estudios, aunque admitió haber tenido dudas desde un principio.

El informe, encargado por el Ayuntamiento, está ya en manos de la jueza de Instrucción

Pero el listado de ‘incidencias’ es mucho más extenso. Visas, viajes, almuerzos, regalos... no había límite de gastos para los directivos de Mercasevilla. Los auditores de las cuentas del mercado de mayoristas de Sevilla han detectado gastos por un importe superior a los 230.000 euros sin que se hayan aportado justificantes. La mayoría de este dispendio económico pertenece a la dirección general de Mercasevilla, departamento al frente del cual estaba, además de Mellet, Daniel Ponce, también imputado por el supuesto intento de extorsión.

El informe de Deloitte, que está en poder del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el ‘caso Mercasevilla’, detecta en las cuentas hasta seis gastos diferentes de los que asegura que «no se ha venido aportando adecuado soporte documental justificativo de los conceptos de gastos abonados». Desde 2007, y atendiendo a un muestreo de las cuentas, las incidencias derivadas de la falta de justificación alcanzan un total de al menos 234.146 euros.

La jueza del caso, Mercedes Alaya, ya analiza una a una las más de cuarenta páginas del documento. El informe se solicitó después de que los propietarios del grupo La Raza denunciaran un intento de soborno por parte de los directivos de Mercasevilla. Durante una reunión, Mellet y Ponce les pidieron –presuntamente y según se recoge en una grabación– 450.000 euros como condición para transferirles el dinero de una subvención aprobada previamente por la Junta.

En el informe, además, se refleja otro gasto de 30.272 euros sin verificar realizados con una tarjeta Visa adscrita a la dirección de Mercasevilla. Sobre ello, los auditores constatan que tan sólo se ha aportado el recibo del cargo bancario, un justificante insuficiente que imposibilita «concluir de forma objetiva sobre la naturaleza y justificación de los distintos importes cargados».

La auditora detecta gastos de los que «no se ha venido aportando adecuado soporte documental justificativo"

No es el único pago sin soporte documental. El informe detalla otra gratificación de 11.417 euros sin verificar. Este importe se corresponde con una de las entregas de dinero a cuenta que percibió el ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, para dos viajes realizados a Vietnam. El coste de estos dos viajes asciende a 33.321 euros, según el informe de la auditoría.

La empresa de mercados mayoristas de Sevilla también abonó a la Asociación de Mayoristas de Pescados un importe total de 76.000 euros en concepto de servicios de asesoramiento en relación con el traslado a las futuras instalaciones de Mercasevilla, así como la compra de mil palets por 32.645 euros para contener bultos de pescado. Pues bien, dichos importes –detallan los auditores–, «no están soportados por facturas con los adecuados requisitos formales y no existe, además, un contrato que recoja las condiciones y alcance de los servicios a prestar».

Otro de los casos sin justificar que señala la auditoría es la «ausencia de factura» en relación al importe abonado por la Conferencia del Foro Jurídico que organiza la Fundación Mercasevilla por importe de 6.000 euros, una cantidad que figura registrada en la contabilidad de la empresa como un gasto del ejercicio 2009. Precisamente, el juez Baltasar Garzón ha sido una de las personalidades ‘invitadas’ a participar en este foro, concretamente en diciembre del pasado año. Adicionalmente Mercasevilla ha registrado un gasto por el mismo concepto por una cantidad de 7.629 euros.

Por último, si bien los gastos registrados en esta ocasión están soportados por facturas emitidas y visadas por la dirección general, se ha confirmado la existencia de gastos anuales de «importe elevado» asociados a la realización de celebraciones diversas como almuerzos de Navidad o con mayoristas que han ascendido a un importe de 60.883 euros entre los ejercicios 2007 y 2008.

Además:
* Mercasevilla pagó 25.000 € de más pero no lo reclama
* El PP solicita la relación de visitas a la Consejería de Empleo

ELMUNDO.ES

EL JUEZ INCORPORA AL CASO PALMA ARENA LAS PESQUISAS DEL PATRIMONIO DE JAUME MATAS Y SU CUÑADO

PALMA ARENA
También el de su cuñado Areal


Jaume Matas y Fernando Areal en imágenes de archivo.

* Podría ser citado a declarar en breve en calidad de imputado
* Fuentes judiciales: 'La investigación va dirigida contra Matas'
* La documentación de la Agencia Tributaria ya ha sido unida a la causa

Agencias | Palma

El juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, ha acordado incorporar las investigaciones realizadas por la Fiscalía sobre el patrimonio del ex presidente del Govern, Jaume Matas, y de su cuñado y ex gerente del PP, Fernando Areal, al procedimiento sobre las supuestas irregularidades cometidas durante la construcción del velódromo Palma Arena de la capital balear, informa Europa Press.

De esta manera, será Castro quien, junto a las investigaciones sobre la construcción de la infraestructura, se encargue de proseguir con las indagaciones referidas a los bienes del ex jefe del Ejecutivo autonómico.

En concreto, la documentación de la Agencia Tributaria ya ha sido unida a la causa, según reza la resolución del juez, que por otro lado también señala que ya ha sido recibida la documentación de la Fundació Illesport sobre la contratación de la empresa Nimbus -que también se encuentra bajo investigación judicial en el caso Palma Arena- para llevar a cabo la campaña publicitaria del campeonato del mundo de ciclismo, celebrado en 2007.

Podría ser citado a declarar en breve
Fuentes judiciales inciden en que podría ser citado a declarar en breve en calidad de imputado para dar explicaciones sobre las condiciones que rodearon a la construcción del velódromo. "Vendría imputadísimo", recalcaron al respecto, al manifestar que el nombre del ex presidente "está apareciendo por todos lados", al tiempo que enfatizaron de forma rotunda que "la investigación va dirigida a Matas".

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los documentos sobre el patrimonio de Matas de la Fiscalía Anticorrupción ya están, desde esta mañana, en posesión del juez.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 ha dictado una providencia, al tiempo que también ha decidido retirar la imputación que pesaba sobre el ex secretario general de la Conselleria de Turismo, Javier Cases, que estaba citado como encausado para el próximo 15 de septiembre. Mientras que ahora lo hará en calidad de testigo, según informan fuentes judiciales.

La investigación del patrimonio de Matas fue asumida por el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, denegase la prórroga para continuar las pesquisas que habían solicitado los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach

Por otro lado, esta mañana prestó declaración, en calidad de testigo, la ex jefa de Contratación de la Conselleria de Presidencia y Deportes, Margarita Torres, quien explicó cómo se desarrolló el sistema de contrataciones durante la ejecución de las obras del Palma Arena, así como el procedimiento a seguir para llevar a cabo las contrataciones menores

Además:
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