Sebastián Torres | Sevilla
La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella ante los juzgados contra el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), por conceder la licencia de obras para construir una escuela de hostelería promovida por la Junta de Andalucía en terrenos catalogados como espacios libres.
Además, el fiscal responsable de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Delitos Urbanísticos, Javier Rufino, se ha querellado contra los concejales que acordaron conceder la licencia, así como contra el arquitecto técnico municipal Ventura Vique y el arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), Juan Carlos Muñoz Zapatero, que informaron a favor de la licencia.
El fiscal los considera presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio, conocido también como prevaricación urbanística, que consiste en informar a favor de proyectos o concesión de licencias contrarias a las normas, «a sabiendas de su injusticia». El Código Penal prevé para este delito una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años.
Los inspectores urbanísticos de la Junta consideran las obras ilegales
Según la querella del fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, el 31 de enero de 2008, la junta de gobierno local de Castilleja de Guzmán concedió licencia urbanística para construir una escuela de hostelería en una parcela catalogada como espacios libres, «siendo ilegal todo acto de construcción que contradijera tal uso, así como superara la superficie máxima permitida del 50 por ciento».
«Dicho acuerdo –señala el fiscal– se encontraba avalado por dos informes técnicos (...) según los cuales el proyecto cumplía las exigencias de las Normas Subsidiarias tanto en lo relativo al uso (una escuela de hostelería) como al porcentaje de ocupación (supuestamente inferior al 50 por ciento)».
La escuela de hostelería está promovida por la Consejería de Empleo, la Mancomunidad del Aljarafe y el propio Ayuntamiento. La parcela, situada junto a la piscina municipal de Castilleja de Guzmán, aparecía en las Normas Subsidiarias, aprobadas en los años 90 y revisadas en 2003, como espacios libres con determinados usos compatibles: deportivo, restauración y cultural. No se contempla el uso docente.
Por ello, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán aprobó en marzo pasado una recalificación de los suelos, que pasaron a ser calificados como SIPS (servicios de interés público y social), para amparar el uso docente.
Poco antes de aprobarse la recalificación, un grupo de vecinos llevó el caso a la Fiscalía, si bien previamente ya había intervenido el Defensor del Pueblo Andaluz. Ahora el fiscal formula su querella contra el alcalde, los arquitectos y los concejales implicados basándose en dos informes de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, que visitó las obras de la escuela de hostelería el 15 de diciembre de 2008 y el 21 de mayo de 2009.
Los inspectores urbanísticos concluyen que «el uso docente que implica la escuela de hostelería no está permitido en los terrenos donde se ubica» y añaden que «no puede considerarse que una escuela de hostelería (...) se corresponda con los usos de instalciones complementarias relacionadas con este tipo de suelos», es decir, espacios libres.
ELMUNDO.ES
Además, el fiscal responsable de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Delitos Urbanísticos, Javier Rufino, se ha querellado contra los concejales que acordaron conceder la licencia, así como contra el arquitecto técnico municipal Ventura Vique y el arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), Juan Carlos Muñoz Zapatero, que informaron a favor de la licencia.
El fiscal los considera presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio, conocido también como prevaricación urbanística, que consiste en informar a favor de proyectos o concesión de licencias contrarias a las normas, «a sabiendas de su injusticia». El Código Penal prevé para este delito una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años.
Los inspectores urbanísticos de la Junta consideran las obras ilegales
Según la querella del fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, el 31 de enero de 2008, la junta de gobierno local de Castilleja de Guzmán concedió licencia urbanística para construir una escuela de hostelería en una parcela catalogada como espacios libres, «siendo ilegal todo acto de construcción que contradijera tal uso, así como superara la superficie máxima permitida del 50 por ciento».
«Dicho acuerdo –señala el fiscal– se encontraba avalado por dos informes técnicos (...) según los cuales el proyecto cumplía las exigencias de las Normas Subsidiarias tanto en lo relativo al uso (una escuela de hostelería) como al porcentaje de ocupación (supuestamente inferior al 50 por ciento)».
La escuela de hostelería está promovida por la Consejería de Empleo, la Mancomunidad del Aljarafe y el propio Ayuntamiento. La parcela, situada junto a la piscina municipal de Castilleja de Guzmán, aparecía en las Normas Subsidiarias, aprobadas en los años 90 y revisadas en 2003, como espacios libres con determinados usos compatibles: deportivo, restauración y cultural. No se contempla el uso docente.
Por ello, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán aprobó en marzo pasado una recalificación de los suelos, que pasaron a ser calificados como SIPS (servicios de interés público y social), para amparar el uso docente.
Poco antes de aprobarse la recalificación, un grupo de vecinos llevó el caso a la Fiscalía, si bien previamente ya había intervenido el Defensor del Pueblo Andaluz. Ahora el fiscal formula su querella contra el alcalde, los arquitectos y los concejales implicados basándose en dos informes de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, que visitó las obras de la escuela de hostelería el 15 de diciembre de 2008 y el 21 de mayo de 2009.
Los inspectores urbanísticos concluyen que «el uso docente que implica la escuela de hostelería no está permitido en los terrenos donde se ubica» y añaden que «no puede considerarse que una escuela de hostelería (...) se corresponda con los usos de instalciones complementarias relacionadas con este tipo de suelos», es decir, espacios libres.
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