LA TRAMA GÚRTEL COBRÓ AL PP EN NEGRO ACTOS DE CAMPAÑAS DE 2007

Casi 20 Ayuntamientos del Partido Popular de Valencia, en entredicho por su relación con El Bigotes

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Mientras Camps y Costa se empeñan en seguir su huida hacía adelante, la prensa no deja de revelar nuevas informaciones sobre la más que estrecha relación entre el Partido Popular de Valencia y la trama Gürtel. Este martes, el diario Levante ha desvelado que la red corrupta cobró al PP en negro por las principales campañas de las elecciones municipales de 2007.

En concreto, son más de catorce los alcaldes y portavoces que aparecen en el informe elaborado por la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según la policía, el Partido Popular de estos municipios pagó en B, es decir, en negro, numerosos actos de precampaña y campaña de las municipales de 2007.

Alcaldes
Los alcaldes que aparecen tanto en el libro de facturas de Orange Market como en la contabilidad incautada de la trama son Lorenzo Agustí (Paterna), Adela Pedrosa (Elda), Manuel Corredera (Mislata), César Augusto Asencio (Crevillent) o José Ciscar (Teulada).

Portavoces
En otros casos, “la persona de contacto para tratar sobre la financiación” eran los portavoces del Partido Popular. Así, en los documentos incautados por la policía aparecen Mercedes Alonso (Elx), Amparo Mora (Quart), o Miguel Peralta (Alcoi). La policía también sospecha de las facturas que Orange Market emitió al Partido Popular de Vila-real y Gandía.

Omnipresencia
En definitiva, queda claro que la huella del entramado Gürtel en el PP Valenciano es omnipresente. Y es que El Bigotes no sólo movía hilos en los despachos de los conselleries y en la sede regional del PP, sino en cualquier municipio gobernado por el partido de Camps.

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jmgarrido@elplural.com

LA GÜRTEL TAMBIÉN CERCA AL PP DE GALICIA

Feijóo, nervioso, le dice a Camps que “cada palo aguante su vela”

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Tocado pero no hundido. Así se podría explicar la situación que atraviesa Alberto Nuñez Feijoo después de las últimas revelaciones sobre el caso Gürtel. Las cosas empezaron a complicarse en el PP Gallego el pasado domingo cuando todos los medios de comunicación publicaron una carta que El Bigotes envió a Mariano Rajoy para reclamarle una deuda por los servicios prestados -la mitad en negro- en las elecciones municipales de 1999.

Desde entonces, los socialistas no titubean al afirmar que “hay una evidencia documental de que la trama Gürtel financió al PP de Galicia”. Para realizar esta acusación se basan un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), organismo que apunta que de 1996 a 1999 las empresas Gürtel estaban detrás de todos los actos que organizaba el partido en Galicia. La mitad de estos actos se pagaban en dinero negro y por tanto sin posibilidad de ser fiscalizados.

El ex de Organización
Por aquella época, el secretario de Organización de los populares gallegos no era otro que Pablo Crespo, uno de los primeros detenidos en la operación de la Audiencia Nacional contra la trama de corrupción vinculada al PP. Feijóo ha reconocido públicamente que Crespo deberá responder ante la justicia por su vinculación con Correa y El Bigotes, pero ha pedido que por este hecho “no se intoxique a todo un partido”.

Balones fuera
“Hacerme responsable a mí de algo que pasó en 1999 -cuando supuestamente firmas de la trama organizaron actos electorales para su partido en Galicia- es política ficción (…) pues yo, en esa época, ni si quiera estaba afiliado”, ha dicho Feijóo este martes en un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía.

Colaborador
Versión bien distinta esgrimen en el PSOE: “Pablo Crespo era un estrecho colaborador de Feijóo cuando formaba parte del Consejo de Administración de Portos de Galicia y Feijóo era el máximo responsable de este organismo como consejero de Política Territorial”.

Dos hombres clave
Asimismo, desde el PSOE recuerdan al presidente de la Xunta que “dos hombres clave” de la actual estructura política del PP gallego están “tocados” y “claramente relacionados” con el caso Gürtel: El presidente del PP de A Coruña, Carlos Negreira y su homólogo en Pontevedra, Rafael Louzán, hombre de confianza de Rajoy en su región.

Acusaciones fundadas
A este respecto, el secretario general del PSOE Gallego, Manuel Vázquez, explica que existen "datos documentales" que apuntan a que el presidente de la Diputación de Pontevedra está "claramente relacionado con el caso Gürtel a través de la contratación de trabajos. Vázquez también pone en el punto de mira a Carlos Negreira debido a su gestión al frente de Puertos de Galicia con contrataciones a empresas vinculadas a la trama de corrupción que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo.

Más acusaciones
Pero no sólo el PSOE acusa de forma tan contundente a Nuñez Feijoo de tener vinculaciones con la Gürtel. Por ejemplo, el pasado mes de julio, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), denunció que en el año 2005, cuando Feijóo era vicepresidente de la Xunta, el Partido Popular autorizó la construcción de una cementera de Coirós (A Coruña) a un imputado en la trama de corrupción. La reacción de Feijóo entonces fue inmediata: “Eso no se lo creen ni ellos”.

Balones fuera
Ahora, las cosas parecen haber cambiado un poco. El presidente de la Xunta es consciente que la trama corrupta podría afectar a su gobierno. De momento ha optado por echar balones fuera y centrar el foco de interés en Valencia. Así, este martes ha pedido al PP valenciano que aclare los presuntos vínculos que le unen con el caso Gürtel para evitar que sus “inapelables” triunfos electorales se vean “empañados”. Acto seguido, dirigió a Francisco Camps un mensaje contundente: “Que cada palo aguante su vela”.

Celoso
Un mensaje que a buen seguro no habrá gustado al presidente de la Comunidad Valenciana, celoso de Feijóo.

El mañana
“Es bueno para un partido que gana las elecciones que no se deje llevar por la comodidad y aclare cualquier duda sobre su financiación (…) si mañana pasa en Galicia, yo sería quien tendría que adoptar las decisiones correspondientes”, concluyó Feijóo. Quizás, el mañana está más cerca que nunca para el PP gallego.

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jmgarrido@elplural.com

DESALOJAN LA SEDE DE LA TELEVISIÓN QUE CAMPS REGALÓ A ULIBARRI POR NO PAGAR EL ALQUILER

Sigue la caída en picado del constructor y magnate de la comunicación imputado en la Gürtel

Que el imperio empresarial del magnate José Luis Ulibarri está, poco a poco desmoronándose –más aún después de su imputación en la trama de corrupción de la Operación Gürtel- es un hecho cada vez más constatado. Después de que su principal constructora, Begar, se declarase en concurso de acreedores, le llega ahora el turno a uno de sus medios de comunicación, la emisora local valenciana Tele 7. El grupo de televisión ha sido desalojado de sus estudios esta semana por impago del alquiler de los locales desde noviembre de 2008. La cadena pertenece al grupo Mediamed, adjudicatario de trece polémicas licencias de TDT en la Comunidad Valenciana.

Los estudios de la cadena valenciana Tele 7 ya no están en Paterna desde que esta semana la policía desalojó la sede de la cadena denunciada por impago del alquiler de los locales desde noviembre de 2008. Es el último varapalo que ha sufrido una de las empresas de José Luis Ulibarri, que está viendo la caída de su emporio empresarial desde que apareció como imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, acusado de presuntos delitos de pagos de comisiones.

En suspensión de pagos
La cadena, que llevaba además sin pagar a sus trabajadores desde hace meses, sigue emitiendo –principalmente redifusiones- desde sus estudios en Sagunto, según informa el diario Levante. Tele 7 forma parte del conglomerado de medios agrupados en Mediamed, sociedad de Ulibarri que consiguió, en medio de una fuerte polémica, 13 concesiones de TDT en la Comunidad. Pese a que el holding siempre ha negado que el empresario mediara en la concesión de las licencias televisivas, el despacho en el que trabaja el ex ministro Michavila, Eius Abogados, se convirtió en juez y parte en todo este asunto. Alberto Dorrego de Carlos, director del buffete asesoró a Mediamed en este asunto y, previamente, había asesorado también al Gobierno de Camps sobre cómo preparar la licitación del concurso que habría de dar en total, 42 permisos de TDT.

Ulibarri vende sus acciones
Según la información de hoy de Levante, Ulibarri se habría desprendido hace solo unos días de su paquete de acciones en Tele 7, que suponían el 25 por ciento, y se lo habría vendido al empresario valenciano Andrés Selma, quien ya era el principal accionista. Actualmente los dos figuran en el Registro Mercantil como apoderados de la firma.

"Nueva etapa", según Mediamed
Mediamed ha dado como única explicación un comunicado en el que asegura que Tele 7 “abandona sus instalaciones en Paterna y traslada la central administrativa a Valencia para optimizar sus recursos”. Según la nota, comienza una “nueva etapa” después de los cambios en el accionariado provocados por los “profundos desacuerdos con el anterior equipo gestor”. Además, la organización asegura que esta nueva situación “garantiza la viabilidad del proyecto”.

"Diez años de trabajo perdidos"
Muy diferente es la opinión de Ángel Rega, uno de los responsables de la empresa que gestiona los recién desalojados platós, que lamentó los “diez años de trabajo perdidos” y las “dificultades actuales de algunos trabajadores que crecieron con nosotros y que llevan meses sin cobrar”. Además, afirmó sentirse “engañado y estafado” por los gestores de Tele 7.

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ELPLURAL.COM

ESTEPONA PERDIÓ 49,4 MILLONES DE EUROS CON CONVENIOS FRAUDULENTOS

El sumario del 'caso Astapa' desvela decenas de comportamientos corruptos

F. J. PÉREZ / D. NARVÁEZ - Málaga

El Ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar al menos 49,4 millones de euros de convenios con promotores debido a las tasaciones a la baja de los aprovechamientos urbanísticos que presuntamente realizaban los responsables municipales imputados en el caso Astapa. Las valoraciones de los terrenos por debajo del precio de mercado despatrimonializaban al municipio pero beneficiaban a los promotores cuyos terrenos eran recalificados. A cambio de la ventajosa tasación, los empresarios pagaban una cantidad económica a los políticos. "De esta forma, los responsables del Consistorio tendrían un colchón de dinero, no controlado por nadie, con el que poder efectuar pagos de las concejalías, financiar a los partidos políticos gobernantes (...) o manejar grandes cantidades de efectivo".

Los agentes señalan que una promotora pagó 1,2 millones a un edil del PA

La frase fue escrita el 3 de junio de 2008 por el inspector del Cuerpo Nacional de Policía al frente del caso en un informe de 570 páginas y seis anexos de más de 1.500 folios, que desde ayer quedó fuera del secreto del sumario. En el dosier, que sirvió de base para la detención dos semanas después del ex alcalde socialista Antonio Barrientos y otras 19 personas, entre concejales y técnicos municipales, el inspector pone decenas de ejemplos de comportamientos corruptos. Adjudicaciones a dedo de obras y servicios -ciudad deportiva, aparcamientos, depósito de vehículos y grúa-, contrataciones en el Ayuntamiento sin ningún tipo de concurso (muchas veces de familiares y amigos de ediles) o financiación irregular de los partidos en el poder eran el día a día del consistorio.

En el caso de los convenios urbanísticos, los investigadores analizaron un total de 32 acuerdos entre promotores y el ayuntamiento para la recalificación de los terrenos. En algunos de ellos existen diferencias de hasta nueve millones de euros entre la tasación efectuada por el Ayuntamiento y el precio de mercado de los suelos. La mayoría de estas tasaciones fueron realizadas por el técnico Xavier Witmeur, perteneciente a la formación posgilistas Partido Estepona (PES) y que ocupaba el cargo sin haber participado en ningún proceso selectivo de personal.

Los agentes prestaron especial atención -un anexo completo- al Grupo Valle Romano, el principal financiador de eventos locales durante el mandato de Barrientos y que pagó numerosos actos de la lujosa campaña electoral del PSOE local en 2007. El "colosal fenómeno urbanizatorio" de Valle Romano, según la Policía, no sólo financiaba actividades a cambio de un trato preferente, sino que participaba activamente en la vida municipal. En una conversación intervenida por la Policía, el concejal del PES Manuel Reina habla sobre un posible pago de 1,2 millones de euros al concejal andalucista Rafael Montesinos a cambio de pactar tras las elecciones de 2007 con el socialisa Barrientos y dejar en la estacada a los posgilistas.

El sumario levantado ayer recoge desde el inicio de la investigación hasta algunas de las primeras detenciones del caso Astapa, el 17 de junio de 2008. En su declaración ante la entonces instructora, Isabel Conejo, el presidente de la constructora Prasa, José Romero, reconoció el pago de hasta dos millones de euros en patrocinios en el Ayuntamiento de Estepona. Romero, supuestamente se benefició de una tasación a la baja. "Esta infravaloración ha permitido que el imputado haya podido financiar diversas actividades del consistorio, generando una dinámica de mutuos beneficios, como se desprende de las actuaciones de demolición del hotel La Rada", escribió la juez. El derribo del hotel ilegal, valorado en 1,2 millones de euros, acabó pagándolo el Estado.

ELPAÍS.COM

LA INVESTIGACIÓN BUSCA EN PARAÍSOS FISCALES 40 MILLONES DE LA TRAMA GÜRTEL

Los escándalos que afectan al PP

Levantado el secreto de sumario, con la mujer de Bárcenas entre los 70 imputados

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Los investigadores de la trama Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha podido blanquear en una decena de paraísos fiscales en torno a 40 millones de euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habrían obtenido fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP y de operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió en favor de constructores y sacó suculentas tajadas.

El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que decretó la apertura parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los más de 70.000 folios que nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y nutrida de la trama Gürtel, que tenía otra vertiente en Valencia (la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia.

En el auto dictado ayer por Pedreira, el juez justifica el que se mantenga secreta durante otro mes otra extensa parte del sumario en el hecho de que hay en marcha "numerosas comisiones rogatorias internacionales". Se han enviado peticiones judiciales de ayuda internacional con solicitudes de bloqueo de cuentas a nombre de Correa, de sus empresas corruptas y de sus lugartenientes en la trama: Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, y de su primo Antoine Sánchez.

El juez se queja en el auto de que algunos países a los que ha remitido comisiones rogatorias "no son colaboradores". Sí está colaborando Suiza, donde la investigación sospecha que Correa oculta buena parte del dinero blanqueado. Testimonios de testigos e imputados del caso Gürtel apuntan a la posibilidad de que sólo en el país helvético la trama haya lavado en torno a los 23 millones de euros. Los investigadores están buscando esos más de 40 millones de euros, además de en Suiza, en las Antillas Holandesas, Panamá, Portugal, Colombia, Estados Unidos y en las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Correa utilizaba esos países para lavar el dinero que obtenía y para sobornar a altos cargos del PP, autonómicos y municipales, que a cambio le daban contratas y otras prebendas.

Otro de los motivos por los que el juez mantiene secretas el resto de las diligencias es que aún está sin analizar, según explica en su auto, abundante documentación requisada en empresas y oficinas de la trama Gürtel. Al abrir ayer parcialmente el secreto, el juez desvela en su auto quiénes son los imputados. Uno de ellos, tal como avanzó este periódico el pasado lunes, es Rosalía Iglesias, esposa del senador por Cantabria y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La lista de imputados se ha visto reducida respecto a la que elaboró el primer instructor de esta gigantesca causa, Baltasar Garzón. Pedreira ha sacado de la lista inicial a una decena de personas que se habían visto salpicadas.

La esposa de Bárcenas tendrá que declarar para explicar de dónde procede un millón de euros descubierto en una cuenta a su nombre. Otros imputados son los ex alcaldes de importantes municipios madrileños como Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, así como los aún diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo (ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos del PP.

Los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto serán entregados a los interesados durante los días 6, 7 y 8 de octubre. También se entregarán las diligencias a los abogados del PP y del PSOE, que están personados como acción popular en la causa.

Por otro lado, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró ayer "encantada" con la decisión del juez Pedreira de levantar parcialmente el secreto sumarial. "Es una noticia esperanzadora", puesto que a partir de este momento se sabrá qué personas "están acusadas" y "de qué delito". Preguntada sobre si el PP asumirá responsabilidades de algún tipo, comentó que ella aceptó, "desde el primer momento", "las dimisiones de todas las personas que estaban afectadas".

Fotografías comprometedoras
El instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, indica en el auto en el que levanta parcialmente el secreto sumarial que ha ordenado que se eliminen de las diligencias documentos obrantes en ellas que afectan a la intimidad de algunos imputados y que no aportan nada a la investigación criminal. Pedreira no especifica en el auto el contenido de esos documentos, aunque fuentes de la investigación señalan que en la mastodóntica causa de la trama Gürtel había numerosas fotografías de algunos cabecillas de la trama de tinte sexual y muy comprometedoras. "La decisión del juez me parece muy correcta: si todo eso se entrega a las partes y termina saliendo a la luz, es probable que se hubieran producido algunos divorcios", señalan fuentes cercanas a la investigación.

Y es que hay decenas de fotografías, algunas captadas a la entrada de burdeles y otras decomisadas a los propios afectados -incluso del interior de esos locales, tomadas con cámaras de teléfonos móviles-. Y no sólo hay fotografías. También hay conversaciones grabadas a algunos de los cabecillas de la trama, entre ellos y con terceras personas, de fuerte contenido sexual, relativas a fiestas celebradas en prostíbulos.

El juez Pedreira explica al respecto en el auto: "Entre la documentación intervenida existen documentos que aportan datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa, y que de hacerse públicos se podría vulnerar el derecho a la intimidad de las mismas, por lo que dicho derecho fundamental debe ser preservado". El juez también ha eliminado de las diligencias datos fiscales y privados de empresas que no afectan a la investigación y que constaban en el sumario.

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ELPAÍS.COM

LA JUEZA IMPUTA A LOS DOS TÉCNICOS QUE INTERVINIERON EN LA CONCESIÓN DE TERRENOS

CASO MERCASEVILLA | Irregularidades en el concurso público

Europa Press | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha emitido una providencia en la que cita a declarar como imputados a J.A.R.M. y M.V.B., dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades cometidas en el concurso público sobre el derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla.

De esta manera, la juez, que considera ilegal la venta, cita a declarar a los dos técnicos que elaboraron el informe de estudio y valoración de las ofertas para la adjudicación por concurso de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, adjudicado a Sando, pese a la mejor oferta presentada por el Grupo Noga. estos técnicos el pasado mes de julio prestaron declaración pero en calidad de testigos.

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ELMUNDO.ES

DIRIGENTES DEL PP PIDEN QUE CAMPS TOME "MEDIDAS EJEMPLARIZANTES" COMO AGUIRRE

'CASO GÜRTEL' | A los implicados de Madrid se les suspendió de militancia

* Creen que Ricardo Costa está en una 'situación muy complicada'

Europa Press | Madrid

Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP consideran que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, debe tomar "medidas ejemplarizantes" tras la implicación del PP valenciano en el 'caso Gürtel', en la línea de las que tomó hace varios meses en Madrid la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, aseguraron fuentes 'populares'.

A raíz de las investigaciones del juez Baltasar Garzón vinculando a dirigentes del PP madrileño en el 'caso Gürtel', se suspendió temporalmente de militancia a los cargos implicados, entre ellos tres diputados autonómicos -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-. También dejaron su cargo como alcaldes Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón), Arturo González Panero (Boadilla del Monte) o Ginés López (Arganda del Rey).

Dentro de la Ejecutiva del PP hay dirigentes que comparan las dos situaciones y coinciden en que, con el comportamiento que ha mantenido hasta ahora el PP valenciano, la sensación que se traslada a la ciudadanía es que existe una "doble vara de medir".

Los cargos consultados comparten la idea de que en la Comunidad Valenciana deben depurarse responsabilidades. "Camps debe tomar la iniciativa y debe tomar medidas", dice un miembro de la dirección, en línea con las declaraciones que estos días ha realizado la secretaria general, María Dolores de Cospedal, exigiendo "contundencia".

Es más, apuntan que esas medidas "ejemplarizantes" deben tomarse tanto en el PP valenciano como en el seno del Gobierno valenciano, después de que en las conversaciones publicadas con el responsable de Orange Market, 'El Bigotes', -que recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo- figuren nombres como el del secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el vicesecretario de Organización, David Serra, o el vicepresidente del Gobierno, Vicente Rambla.

Las fuentes consultadas consideran que la posición de Ricardo Costa es "muy complicada", sobre todo después de que la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana haya archivado la denuncia que interpuso el propio Costa contra el informe policial.

En el PP hay quien compara "la resistencia" de Costa a dejar su cargo con la que en su día tuvo el senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, que finalmente acabó marchándose pero después de muchos meses aferrándose a su puesto al frente de las finanzas del PP, señalan fuentes 'populares'.

En el Grupo Popular ha provocado malestar la "pasividad" que hasta ahora está teniendo el presidente de la Generalitat a raíz de las informaciones que apuntan una supuesta financiación irregular del PP valenciano. A su entender, este asunto ha tomado nuevas dimensiones que obligan a Camps a tomar decisiones.

Los parlamentarios consultados consideran que, si Camps quiere que el partido le siga mostrando su apoyo y respaldándole 'como una piña', debe despejar cualquier tipo de duda sobre posibles irregularidades en las finanzas de la organización en la Comunidad Valenciana. "Esto ya no es lo de los trajes", resumió ayer gráficamente un veterano parlamentario.

elmundo.es

EL SUPREMO REVISA A PUERTA CERRADA LA CONDENA AL EX ALCALDE DE ANDRATX

CASO ANDRATX | A petición de la defensa

* Condenado a cuatro años de cárcel por construirse un chalé en una zona protegida

Europa Press | Madrid

Eugenio Hidalgo

El Tribunal Supremo revisara a puerta cerrada la condena a cuatro años de cárcel impuesta en mayo de 2008 al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola, una de las piezas del llamado 'caso Andratx'.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca también condenó al el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, a tres años y medio de cárcel; y al ex celador de Obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, a cuatro meses de prisión.

Igualmente, el ex letrado municipal de Andratx, Ignacio Mir, fue condenado a un año de cárcel como autor directo de un delito de prevaricación administrativa. Mir fue condenado también con inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración por tiempo de 8 años, así como al pago de una sexta parte de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular.

La Sala que deliberará sobre los recursos de casación de los tres condenados estará integrada por los magistrados Adolfo Prego, Perfecto Andrés Ibáñez, Luciano Varela, Manuel Marchena y Álvaro García Barreiro, informaron fuentes del alto tribunal.

Hidalgo fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a 3 años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio, concurriendo en este segundo la circunstancia agravante de prevalerse de su cargo público.

Asimismo, el ex primer edil fue inhabilitado para empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un periodo de ocho años por el primer delito y a las penas de 3 años de cárcel e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un tiempo de tres años.

Por otro lado, se le condenó a pagar una multa de 20 meses, con 100 euros de cuota diaria por el delito contra la ordenación del territorio, así como a satisfacer dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular personada. Además, la sentencia ordenaba a Hidalgo demoler a su costa la vivienda unifamiliar construida en la finca de su propiedad o sufragar los gastos de demolición.

Por su parte, Massot fue considerado autor directo de un delito de prevaricación y cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, por lo que fue condenado a 2 años por el primero y a 1 y seis meses por el segundo, así como a la inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración por tiempo de 10 años, a la multa de 15 meses con 60 euros de cuota diaria y a pagar dos sextas partes de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Además, según la sentencia, el ex celador de Obras de Andratx, Jaume Gibert, fue condenado a cuatro meses de privación de libertad por cooperación necesaria en un delito contra la ordenación del territorio y, aunque inicialmente el fiscal pedía seis meses, se le consideró un atenuante el que colaborara con la Justicia para esclarecer el caso.

También fue condenado a suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un periodo de 18 meses y multa de diez meses, con 10 euros de cuota diaria, así como a satisfacer una sexta parte de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

ELMUNDO.ES

DETENIDOS EL EX ALCALDE DE YAIZA Y DOS HIJOS SUYOS POR CORRUPCIÓN

URBANISMO | Registro domiciliario en Lanzarote

* El ex edil salió esposado de su domilicio por agentes de la Policía Nacional
* Está acusado de la posible comisión de varios delitos urbanísticos

Efe | Lanzarote

El ex alcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y dos de sus hijos han sido detenidos por la Policía acusados de presunta corrupción urbanística relacionada con irregularidades en la concesión de licencias supuestamente ilegales para proyectos hoteleros en el municipio lanzaroteño.

Los agentes irrumpieron por sorpresa en el domicilio del político sobre las 10 horas para proceder a un registro ordenado por la autoridad judicial.

Testigos presenciales indicaron que Reyes, que ya fue detenido también en el marco de la 'Operación Unión', que investiga una trama de corrupción urbanística en Lanzarote, salió de la vivienda esposado, mientras que al menos uno de sus hijos permaneció retenido por los agentes en el interior de un vehículo policial durante el registro domiciliario.

La detención del ex alcalde y sus dos hijos está relacionada con una denuncia que en su día presentó el ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general del PSOE en la isla, Carlos Espino, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.

Espino denunció entonces al ex alcalde de Yaiza y al actual alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, de CC, a partir de un informe elaborado por los servicios jurídicos externos del Cabildo en el que se le advertía de la posible comisión de varios delitos urbanísticos por parte de los citados regidores municipales.

En vista de ese informe, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo se presentó a finales de 2006 ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales, para denunciar los hechos supuestamente delictivos. En concreto, el ex alcalde está imputado en esta causa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística, blanqueo de capitales y cohecho.

ELMUNDO.ES