jueves, 1 de octubre de 2009

EL JUEZ DEL CASO "MALAYA" PROCESA A LA CONDESA ALEMANA SANDRA VON BISMARK

TRIBUNALES | Por blanqueo de capitales

Europa Press | Málaga

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, ha acordado procesar a la condesa alemana Alexandra María Sybilla Sofie Grafin Von Bismark, conocida como Sandra Von Bismark, por presunto delito de blanqueo de capitales en relación a una pieza separada del caso 'Malaya', en la que se investiga una operación urbanística.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado atribuye el mismo delito al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, y a los abogados Francisco Antonio Soriano Pastor y Juan Luis Soriano Pastor, que ya están procesados en la causa principal.

Las declaraciones indagatorias de los procesados -a los que se les fijó para cada uno de ellos una fianza de 200.000 euros para responder de eventuales responsabilidades pecuniarias- se celebrarán el próximo martes, 6 de octubre.

El magistrado dejó fuera del procedimiento al abogado de la propiedad, ya que "no existen indicios de que hiciera cosa distinta que la de articular jurídicamente la operación en la que intervenía siguiendo las instrucciones de Alexandra María Von Bismark, pero sin indicios de que conociera la eventual actuación de ésta extramuros de la legalidad".

Esta pieza separada de la causa principal del caso 'Malaya' tuvo su origen en un informe realizado por el grupo III de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol, en el que se investigaba la venta en diciembre de 1997 por parte de una sociedad propiedad de la condesa, de unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros por una empresa gestionada por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, en la que Roca participaba en un 50%.

Estos terrenos fueron objeto previamente, en 1996, de un convenio ratificado en pleno en 1997, por el que se pasó su uso de no programado a suelo urbanizable programado para viviendas unifamiliares, según se especifica en el citado documento. Los procesados declararon como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el pasado 29 de abril.

ELMUNDO.ES

EL DIRECTIVO ADJUNTO IMPUTADO EN EL CASO COBRARÁ 865.000 EUROS POR ACOGERSE AL ERE

CASO MERCASEVILLA | El directivo ratificó con su firma el expediente

Efe | Sevilla

El director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado en la presunta petición de comisiones ilegales, cobrará 865.000 euros por acogerse a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según datos divulgados por el PP, quien entiende que con esta cantidad "compran su silencio" en la causa judicial.

El concejal del PP Beltrán Pérez ha dicho que, según el ERE de Mercasevilla para el periodo 2007-2010, Ponce podrá acogerse a él cuando en marzo de 2010 cumpla 50 años.

El directivo del mercado central sevillano cobra a día de hoy un sueldo de 5.488 euros al mes, y en el ERE tendrá garantizado el 89 por ciento, según las prejubilaciones acordadas.

Entonces Ponce percibirá una "jubilación de oro de casi un millón de euros" y seguirá cobrando "en su casa, sin hacer nada y habiendo sido pillado pidiendo comisiones", según Beltrán Pérez.

El concejal del PP ha considerado que Ponce no fue despedido al conocerse la denuncia de los empresarios del Grupo La Raza por la petición de 450.000 euros en comisiones "porque ese es el precio de su silencio", de la misma manera que, a su juicio, el Ayuntamiento retrasará al máximo el expediente abierto contra él para que pueda llegar a marzo de 2010 y acogerse al ERE.

Entre otras irregularidades, el PP ha denunciado que el ERE de Mercasevilla está firmado por el propio Ponce como director adjunto, lo que quiere decir que "la prejubilación se la ha dado a sí mismo".

Beltrán Pérez ha informado, además, de que este miércoles se presentó en la sede de Mercasevilla, acompañado por un notario, para levantar acta de que no le entregan la documentación que ha pedido en su condición de consejero de la empresa.

Además
* Imputados los técnicos que intervinieron en la operación
* El intermediario niega haber oído hablar de 'donativos'
* Quién es quién

ELMUNDO.ES

INVESTIGAN LA RELACIÓN ENTRE UN IMPUTADO Y EL JEFE DE PLANEAMIENTO DE MARBELLA

'Caso Astapa'

El ex jefe de Alcaldía José Flores el día de su detención. | elmundo.es

Marga García | Málaga

La Policía investiga en el marco de la 'operación Astapa' las relaciones societarias y mercantiles existentes entre el que fuera jefe de Alcaldía de Barrientos, José Flores, uno de los principales imputados de la trama, con su cuñado el jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Marbella, Federico Guardabrazo.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la escuchas telefónicas a José Flores de las que se derivaron sus estrechas relaciones con Federico Guardabrazo y Juan Mena Lirio. Los tres son cuñados ya que las dos hermanas del jefe de Planeamiento de Marbella –Rosa María y María del Carmen– están casadas con Flores y Mena Lirio, según viene recogido en un informe policial.

En la denuncia que fue formulada el día 16 de noviembre de 2006 por el actual alcalde David Valadez y la edil del PSOE Cristina Rodríguez ya se hacía alusión a este triunvirato al que en Estepona denominan desde hace años por sus múltiples negocios 'el clan de los cuñados'.

Según las investigaciones de la Policía, José Flores, imputado y en libertad bajo fianza de 150.000 euros, podría estar utilizando el entramado societario de sus cuñados Juan Mena Lirio, procurador y ex concejal de Urbanismo entre 1991-1995 y gerente de este mismo área entre 199-2001, y Federico Guardabrazo, jefe de planeamiento del Ayuntamiento de Marbella y ex director de Planeamiento Urbanístico de Estepona entre 1999-2001 para fines no lícitos.

La Policía recuerda que Juan Mena Lirio y Federico Guardabrazo estuvieron imputados por tráfico de influencias por el caso Zagorra aunque finalmente fue archivado. Destacan los investigadores del entramado societario de Guardabrazo, en el que participa su mujer y su hija Isabel, los ingresos procedentes de las empresas Azata S.L (214.878,40 euros) y Chamartín Sur SL (24.401,09 euros), ambas con negocios y convenios sobre los que pesa la sospecha de corrupción; así como de la empresa del arquitecto redactor del Plan General de Estepona Enrique Bardaji.

Imputados
Mena y Guardabrazo están imputados en una presunta estafa inmobiliaria que investiga el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga . Guardabrazo se enfrenta por este proceso a una petición de la Fiscalía de dos años de prisión por un presunto delito de receptación, tal y como desveló EL MUNDO en 2007.

También resalta en el informe policial las relaciones del 'clan de los cuñados' con el que fuera alcalde de Estepona, Toni Caba, cuyo nombre sonó como candidato del sector crítico del PSOE aunque al final declinó esta propuesta.

Afirma la Policía que Caba mantiene unos lazos muy estrechos con el clan de los cuñados y refleja su relación societaria con los también imputados Manuel Reina y Carlos Barrientos. El que fue considerado por el sector critico del PSOE como la gran esperanza blanca para sustituir a la ex secretaria provincial Marisa Bustinduy también trabaja para empresas investigadas como Azata y Prasa.

El caso Astapa de momento se ha saldado con 63 imputados entre empresarios y políticos. Actualmente, en la corporación municipal, hay ocho imputados en este caso, cinco de los cuales pertenecían al PSOE y están en el grupo de no adscritos tras negarse a entregar sus actas tal y como les exigió su partido tras su imputación.

Además
* Adjudicar chiringuitos antes de ir a concurso
* Perdidos 50 millones por convenios firmados a bajo precio
* Barrientos tenía dinero del que se desconocía su origen
* El PSOE y el PES trataron de infravalorar suelos

ELMUNDO.ES

EL PP DICE QUE EL FISCAL "OBVIA" HECHOS ESENCIALES DE SU QUERELLA CONTRA CHAVES

'CASO MATSA' | Por prevaricación

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en la sesión de control al Gobierno. | Efe

Antonio Salvador | Sevilla

El PP andaluz considera que el informe en el que el fiscal solicita al Tribunal Supremo que dé carpetazo a la querella interpuesta contra Manuel Chaves por la concesión del incentivo millonario a la empresa que apodera su hija (Minas de Aguas Teñidas SAU) durante su etapa como presidente autonómico «obvia» hechos esenciales y «no desmonta» ninguna de las «dudas razonables» planteadas en la denuncia interpuesta el pasado 15 de julio.

En un documento de siete páginas elaborado por sus servicios jurídicos, al que ha tenido acceso este periódico, los 'populares' analizan detalladamente los ‘olvidos’ e inexactitudes en que incurre el teniente fiscal del Supremo en los razonamientos con los que insta la inadmisión de la acción penal.

Así, recuerda que la Fiscalía soslaya en su informe el hecho de que la propuesta de incentivo de 10,1 millones de euros a favor de Matsa elevada a la comisión de valoración autonómica para su aprobación no esté firmada por el técnico correspondiente, a diferencia de lo que ocurrió con las dos propuestas anteriores (fechadas los días 4 y 5 de noviembre de 2008). Tampoco merece la consideración del fiscal –critica el Partido Popular– el cambio de criterio en la aplicación de los módulos industriales, pese a elevar en tres millones de euros la cantidad susceptible de ser incentivada.

En paralelo, considera «sorprendente» que la Fiscalía no haga referencia alguna en las 13 páginas de su escrito a la subvención que con el mismo objeto denegó el Ministerio de Industria meses antes por estar iniciadas las inversiones antes de solicitarse la ayuda, uno de los hechos en los que abunda la querella. De igual manera, censuran el «desconocimiento absoluto» que muestra el fiscal acerca de la orden que regula concesión de incentivos, puesto que la empresa no solicita el importe de la subvención sino el volumen de la inversión a realizar.

Chaves, ¿papel secundario
Llama también la atención esta formación política sobre el papel secundario que el Ministerio Público atribuye a Chaves en la aprobación del incentivo, al afirmar que se limitó a «ratificar» lo que el consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y empresa– ya había aprobado.

En este sentido, el PP recuerda que la ratificación de un acuerdo por parte del Consejo de Gobierno «no es un mero acto de trámite», como demuestra el hecho de que sin esta sanción «no hay resolución, ni provisional ni definitiva, de concesión de la subvención». «Es un acto resolutorio», recalca.

Invocando la misma doctrina que alega el fiscal, los 'populares' insisten en que el «cúmulo de irregularidades» en la tramitación del expediente es tan «flagrante» –propuesta sin la firma del técnico, cambio de criterio sin justificación alguna que permite elevar la cantidad subvencionable, no presentación de documentación con la que Matsa acreditara estar al día con la Seguridad Social...– que exceden el «mero ilícito administrativo». Ni una sola línea en el informe del Ministerio Público.

Resulta sorprendente también para este partido que el fiscal justificara el cambio de la orden reguladora de incentivos para amparar inversiones ya en marcha no como una maniobra para modificar una norma en beneficio de una empresa, sino como una medida para contribuir a «paliar la crisis económica por la que atraviesa la sociedad en su conjunto». «Más parece un argumento político que un informe de un experto jurista», responden.

Una mera empleada
Tampoco pasan por alto los 'populares' la consideración de mera empleada que viene a atribuirle Martín Casallo a Paula Chaves Iborra, pese a acreditar que ésta ya ejercía de apoderada de Matsa antes de que su padre ratificara en Consejo de Gobierno la ayuda.

En este sentido, consideran que la Fiscalía «no desmonta» ninguno de los argumentos esgrimidos en la querella, como la falta de compulsa de su segundo apoderamiento o el hecho de que la Junta se dirigiera a ella antes de la aceptación. Tampoco hay ninguna referencia a la ausencia en el expediente del informe que justifica la estimación del recurso de reposición interpuesto por la hija del ex presidente andaluz sobre el incremento del capital social de la empresa en 38 millones de euros.

Igualmente, los populares critican que la Fiscalía sostenga «tan tajantemente» que Chaves no incurrió en el deber de inhibición sin esperar a que transcurran los dos meses de plazo de que disponen para presentar recurso ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Además
* El fiscal pide al TS que rechace la querella del PP contra Chaves

ELMUNDO.ES

LA JUEZA ORDENA INTERVENIR ORDENADORES DE URBANISMO

CASO MERCASEVILLA | Iban a ser destruidos algunos datos

* Una de las funcionarias imputadas advirtió de que la información de su ordenador de trabajo iba a ser destruida por la 'actualización' de programas

Agencias | Sevilla

La juez que investiga presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla ha ordenado a la Policía intervenir y examinar el contenido del servidor informático en el que la Gerencia de Urbanismo almacena la información, después de que una trabajadora de la Gerencia imputada en el caso comunicase la inminente destrucción de la información de su ordenador por la "actualización de elementos informáticos".

La técnico de Urbanismo M.V.B., imputada por haber intervenido en la venta a la constructora Sando de los terrenos de Mercasevilla, comunicó a la Policía Judicial que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, dentro de un proceso de "reordenación y actualización de elementos informáticos", iba a retirar la CPU (Unidad Central de Proceso en sus siglas en inglés) de su ordenador de trabajo.

Dicha CPU, según manifestó la funcionaria, "contiene correos electrónicos y comunicaciones relativas a los hechos investigados y las personas implicadas", por lo que ofrecía su entrega al juzgado. La juez ha dictado una providencia requiriendo "inmediatamente" a la Policía retirar dicha CPU de Urbanismo y depositarla en el juzgado, y una vez realizada la operación, ha ordenado que se examine el contenido del servidor "en los asuntos relacionados con la presente causa".

Dicho análisis debe realizarse en presencia del secretario del juzgado, de un representan de la Gerencia de Urbanismo y de la propia M.V.B., como usuaria habitual de ese ordenador.

En un auto emitido este mismo jueves, la juez dice que "existen fundados indicios de que mediante la intervención y examen del servidor perteneciente a la Gerencia de Urbanismo pueden descubrirse hechos y circunstancias de interés sobre la comisión de los delitos que están siendo investigados y la identidad de las personas que han intervenido en los mismos".

Los técnicos M.V.B. y J.A.R. declararon como testigo sobre la presunta "adjudicación fraudulenta" a Sando de los terrenos de Mercasevilla, decidida en febrero de 2006, pero la juez ha decidido imputarlos al haber sido señalados por otro imputado como artífices de dos de las condiciones más polémicas del concurso: la cláusula que penalizó las "alzas desproporcionadas" y la valoración de los derechos previos sobre el terreno que poseía Sando.

En esta parte del sumario, desgajada de la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, la juez ha imputado hasta ahora a cuatro personas: el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, el ex vicesecretario del Consejo Jorge Piñero y los dos técnicos.

Las nuevas diligencias han llevado a la juez a adelantar al día 5 de octubre la declaración de estos técnicos, que estaba fijada inicialmente para el 22 de octubre, y la de Mellet ha sido adelantada al día 22, en lugar del 23 de noviembre. Por la presunta petición de 450.000 euros en comisiones están imputadas cuatro personas, entre ellas Mellet y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.

ELMUNDO.ES

EL ALCALDE DE LA LÍNEA DEJA EL CARGO TRAS INHABILITARLO SEIS MESES LA AUDIENCIA PROVINCIAL

LA LÍNEA
Por desobedecer cuatro veces un requerimiento judicial

Juan Carlos Juárez charlando con su sustituto, Gabriel Gonzálvez. | F. Ledesma

Alberto Espinosa | La Línea (Cádiz)

El alcalde de la La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez (PP), ha dimitido tras ratificar la Audiencia Provincial la condena de seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia a raíz del 'caso Palex', basado en la deuda contraída entre 1994 y 1997 por el servicio de hemodiálisis que, pese a cobrar a los usuarios, no pagaba a los proveedores. El regidor linense, según la resolución, desobedeció en cuatro ocasiones el requerimiento judicial para abonar la deuda pendiente.

Según ha confirmado elmundo.es, Juárez no ha acudido al pleno fijado para la mañana de hoy. Posteriormente, ha emitido una nota en la que afirmaba: "Mi absoluto respeto a la Administración de Justicia y al cumplimiento de sus resoluciones, como siempre he puesto de manifiesto. Si bien quiero dejar bien claro que la sentencia por la cual debo dejar mi cargo vulnera derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, en especial el artículo 24, donde se establece el principio de tutela específica de los derechos".

En opinión de Juárez, es "inaudito" que deba penar hechos derivados de otros equipos de gobierno. "Como se recordará, este asunto proviene de una deuda generada entre los años 1994 a 1997 por el servicio de Hemodiálisis, el cual se cobraba a los usuarios y no se pagaba a los proveedores. Llama estrepitosamente la atención que a los regidores de esos años no se les haya llamado", ha añadido el regidor del PP.

El sillón de la Alcaldía lo ocupará el primer teniente de alcalde, Gabriel Gonzálvez, de forma accidental hasta que, siguiendo el proceso establecido, se lleve a cabo la elección de nuevo alcalde en el transcurso de un pleno extraordinario de la corporación que muy probablemente tendrá lugar el 14 de octubre.

Además
* Javier Arenas cree "coherente" la salida del regidor de La Línea

ELMUNDO.ES

EL JUEZ MALINTERPRETÓ EL COHECHO CON LOS TRAJES DE CAMPS, SEGÚN LA FISCALÍA

'CASO GÜRTEL' | Recurre ante el Supremo el archivo de la causa

El presidente valenciano, Francisco Camps, en el Tribunal de las Aguas. | José Cuéllar

* El archivo del caso fue 'prematuro' porque la investigación estaba abierta
* Critica que es imposible reabrirlo 'aun cuando aparecieran nuevos datos'

Efe | Madrid

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo el archivo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros cargos del PP en dicha comunidad en relación con la trama 'Gürtel'. En su escrito dice que el tribunal hizo una interpretación errónea del cohecho en el caso de los trajes.

En el escrito presentado este jueves al Tribunal Supremo, la Fiscalía dice también que el archivo el pasado 3 de agosto de la causa fue "prematuro", ya que la fase de investigación seguía abierta y, al tratarse de un sobreseimiento libre -es decir, definitivo- y no provisional, es imposible reabrir la causa "aun cuando aparecieran nuevos datos referidos a los hechos del procedimiento".

El archivo decidido por el TSJCV afectó, además de a Camps, al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, quienes, como el primero, aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama de Francisco Correa.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que el Tribunal Superior valenciano "yerra" en la interpretación dada al delito de cohecho impropio previsto en el artículo 426 del Código Penal y, en concreto, "en la relación de causalidad en él exigida" entre la dádiva admitida y la función pública desempeñada por los imputados.

El TSJCV argumentó que no existía el delito de cohecho porque no se había acreditado ninguna relación entre los "agasajos" que pudieron recibir esas personas y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.

El fiscal recuerda que el artículo 426 dice que comete cohecho impropio "la autoridad o funcionario público que admite dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente" y estima que el TSJCV "prescinde" de la primera de las alternativas y sólo considera delito aceptar un regalo a cambio de un acto concreto.

"Esta derogación tácita del precepto conllevaría la atipicidad de la admisión de regalos por funcionarios o autoridades cualquiera que fuera el valor de aquellos (pensemos, por ejemplo, en un inmueble, un vehículo de lujo, un millón de euros, etc.) si no se constatara la realización de un acto concreto", afirma.

Añade que, además, en este caso "no hay duda" de que el bien jurídico protegido por ese artículo -la conservación de la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus funciones sometidos exclusivamente al imperio de la Ley- se ha visto "gravemente dañado", ya que las empresas investigadas recibieron contratos por más de un millón de euros anuales del Gobierno valenciano.

Dice también el fiscal que "la experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva o presente no tiene por objeto una contraprestación inmediata por parte del receptor", sino que lo que se pretende es "poner en nómina" al beneficiario, "colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor", de modo que cuando éste le pida un favor no pueda negarse.

Costa no es del Gobierno, pero sí es diputado autonómico
Discrepa también el fiscal respecto del argumento empleado por el TSJCV para archivar la investigación abierta sobre Ricardo Costa: el de que si éste recibió regalos de Orange Market fue en su calidad de secretario general del PP y no de cargo público.

"Ambos supuestos no resultan incompatibles", dice la Fiscalía, que recuerda que si bien Costa no forma parte del Gobierno valenciano sí es parlamentario autonómico y que el Código Penal no establece diferencia alguna "entre la cualidad pública del autor (del delito de cohecho impropio) como miembro del poder ejecutivo o del legislativo".

También afirma que "resulta llamativo" que el TSJCV aludiera a "la situación relevante del señor Costa en el PP" para explicar por qué recibía los regalos, ya que ésta "sería exactamente igual que la que pudiera predicarse" de Camps y de Campos en la Generalitat valenciana "y que no se estima suficiente para acreditar la relación entre el cargo del funcionario y la dádiva entregada".

Sobre lo "prematuro" del archivo definitivo dictado por el Tribunal Superior, el fiscal recuerda que la investigación aún no había concluido y que, por tanto, no se puede afirmar que no hay relación entre los regalos de Orange Market y los contratos obtenidos por esta empresa cuando falta por analizar un "ingente volumen de documentación" intervenido en distintos registros.

Además
* Documento: Lea el recurso de la Fiscalía (PDF)
* Rajoy acusa a la Fiscalía de actuar con 'saña'
* El PSOE pide a la Fiscalía que actúe ante el informe policial
* La rama valenciana del caso 'Gürtel', paso a paso

ELMUNDO.ES

RAJOY DA A CAMPS VÍA LIBRE PARA ACTUAR "SIN PLAZOS NI EXIGENCIAS DE DIMISIONES"

'CASO GÜRTEL' Así se lo hizo saber ayer durante su encuentro
El presidente del PP no le pidió ayer la 'cabeza' de nadie de Valencia
La tensión entre Génova y el PP valenciano creció por un informe policial
Cospedal pidió medidas contundentes y Camps dijo que no gobierna para el PP
Europa Press Madrid
El líder del PP, Mariano Rajoy, mantiene su plena confianza en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en su capacidad de actuar, "sin plazos y sin exigencia de dimisiones", tras las últimas revelaciones del 'caso Gürtel' que apuntan una supuesta financiación irregular del PP valenciano, informaron fuentes de la dirección nacional del partido.

Ese apoyo se lo trasladó personalmente el miércoles a Camps durante el almuerzo 'secreto' que ambos mantuvieron durante varias horas en el Parador de Alarcón (Cuenca) para analizar la situación creada en el PP valenciano a raíz del informe de la Brigada Policial de Blanqueo.
Las fuentes consultadas niegan que haya habido algún tipo de distanciamiento entre el presidente nacional del PP y el presidente de la Generalitat por las últimas informaciones del 'caso Gürtel' y, de hecho, destacan que la relación entre ambos ha sido y sigue siendo "magnífica".
Sin embargo, se ha puesto de manifiesto esta semana la tensión entre Génova y el PP valenciano por la negativa de Camps a tomar medidas disciplinarias en su partido tal y como le había pedido en público María Dolores de Cospedal. "Lo conveniente sería que el PP de Valencia actúe de manera libre y contundente", dijo el lunes la 'número dos' del PP. Estas palabras fueron interpretadas como preludio de posibles ceses en la dirección regional, y que colocaban en una situación vulnerable al propio secretario general, Ricardo Costa, que el miércoles sufrió otro revés al ver archivado su denuncia contra el informe policial. Camps, un día después, recogió el guante y afirmó: "Yo no gobierno para un partido". Una frase que mostró el distanciamiento entre Madrid y Valencia.

La dirección nacional considera que es el PP valenciano que preside Camps el que tiene que actuar tras las últimas informaciones de la trama 'Gürtel', adoptando las medidas que considere necesarias y oportunas. En esta línea, fuentes 'populares' aseguran que Rajoy no ha pedido 'cabezas' a Camps ni le ha dado instrucciones o le ha impuesto unos plazos determinados.
El vicesecretario general de Comunicación del PP, el diputado valenciano Esteban González Pons, ya afirmó esta mañana que Camps "no tiene ninguna mano atada" y sí una "plena libertad" para adoptar las decisiones que estime convenientes. Eso sí, reclamó "una respuesta contundente" para que "se pueda escuchar" y garantizó que si "alguien en la Comunidad Valenciana la ha hecho, debe pagarla y la pagará".

Además