REPORTAJE: PRESUNTA CORRUPCIÓN EN BALEARESFachada de acceso a la casa de Jaume Matas en Palma-Tolo Ramón
La gestión de Jaume Matas como presidente de Baleares está en los juzgados. Cuatro ex consejeros, media docena de asesores, varios ex alcaldes, secretarios y miembros del PP de las islas y el mismo Matas son sospechosos de corrupción. Algunos ya han sido condenados
ANDREU MANRESA
Jaume Matas, ex barón del PP, está en capilla en Nueva York a la espera de la citación de José Castro, juez del caso Palma Arena, un magistrado duro y meticuloso, que fue pionero en desenmascarar la corrupción política cuando, en los años noventa, se ocupó del caso Calviá (compra de votos de un 
concejal socialista por parte del PP). Alejado del poder, huido de la vida política y social española, el ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente con el Gobierno de Aznar deberá explicarse ante la justicia.
Según la Fiscalía, la mujer de Matas gastó 70.000 euros en joyas y regalos a lo largo de cuatro meses
Matas pagó menos de un millón por una casa en Palma valorada en el mercado en 2,47 millones. Los fiscales sospechan
Dos fiscales anticorrupción, Juan Carrau y Pedro Horrach, sostienen que Matas es el presunto autor de un delito de cohecho impropio por recibir regalos en especie al comprar, rehabilitar y decorar su casa-palacio de Palma, por la que pagó menos de un millón de euros. La Agencia Tributaria valora esta lujosa vivienda en 2,47 millones y observa indicios de delito fiscal por un incremento patrimonial no declarado.
Tras años de sospechas sobre su fortuna, Matas quedó finalmente enredado por un detalle: su cuñado, Fernando Areal -a quien dio poderes como tesorero del PP y gestor de sus negocios privados-, le "destapó" al ser acusado, a su vez, por uso de 71.058 euros de dinero negro para pagar a la agencia Nimbus la campaña electoral de 2007. Esa compañía anotó el rastro de tres partidas abonadas en efectivo, hecho que se descubrió en el registro de sus oficinas.
El juez Castro preguntó directamente por la existencia de comisiones entregadas al PP y por un supuesto uso de cuentas clandestinas. Interpeló a varios políticos y empresarios imputados. Areal lo rechazó todo y aseguró que Matas lo desconocía todo. "Fue hilarante y patético. Areal ha quedado al pie de los caballos y su cuñado mucho más que aludido", cuenta un testigo del interrogatorio.
A pesar de la espectacular y costosa campaña electoral de 2007 y de las grandes obras emprendidas, los últimos comicios -con los posteriores pactos- terminaron en fiasco para Matas y su grupo político, que hubo de salir de todas las instituciones. La derrota frustró además la utopía soñada por el líder: el fastuoso teatro de la ópera flotante en la bahía de Palma, que encargó a Santiago Calatrava. Imaginaron el símbolo -una alcachofa blanca- sobre el mar, enfrente del despacho oficial del presidente de la comunidad y en un espacio físico donde hay dos monumentos góticos (la catedral y el castillo de Bellver).
"La historia pondrá las cosas en su sitio", aseguró Rosa Estarás, efímera sucesora de Matas al frente del PP balear. Pero sólo hay un borrador provisional de la crónica de la etapa de Matas como presidente de la comunidad autónoma con mayoría absoluta (2003-2007). La actuación global, por partes, está siendo cuestionada hasta en diez causas penales, todas por asuntos de supuesta corrupción.
El PP ha asegurado que esa época fue un ejemplo de gestión y eficacia, de obras, expansión económica y pleno empleo; pero cuatro ex altos cargos ya han sido condenados a penas de cárcel, culpables de delitos urbanísticos y de malversación. Las primeras sentencias a prisión -recurridas- afectan a Jaume Massot, director general de Ordenación del Territorio, el cerebro de urbanismo en el Gobierno de Matas; Javier Rodrigo de Santos, número 2 del Ayuntamiento de Palma y jefe de la campaña electoral de 2003; Lluc Tomás de Llucmajor, un alcalde aupado tras haber sido imputado; y Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx, a quien Matas había fichado a pesar de sus problemas en los juzgados. El líder caído, al ver las borrascas, se alejó del mapa de Baleares y se lavó las manos.
"Yo apoyé a Matas y al PP, pero no lo haré más. No puedo consentirle a la gente que robe". Un empresario insular con negocios internacionales mostró públicamente su desazón. No es un secreto: tras ser detenidos, seis altos cargos en organismos oficiales confesaron haber metido la mano en la caja. Varios devolvieron el dinero sustraído para lograr atenuantes en sus condenas.
Antònia Ordinas, gestora amparada por Matas al frente del Consorcio de Desarrollo Económico, tenía un botín de 240.000 euros enterrado en una caja de ColaCao, procedente de una supuesta malversación de más de 2,5 millones. Un agujero delictivo de 700.000 euros se atribuye a otro protegido, Damián Vidal, director de la empresa Balear de Innovación Bitel, que antes fue el perito informático elegido por Matas para no ser implicado en un supuesto caso de espionaje electrónico. Aseguró que apenas le conocía.
La fiscalía anticorrupción desveló diferentes tramas, así como la ausencia de cautelas en la Administración. Y detalló un operativo: "Aprovechándose de la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión", los detenidos idearon, planificaron y desarrollaron la acción para "apoderarse de ingentes cantidades de dinero".
Los escándalos afloraron tras las auditorías ejecutadas por la nueva mayoría política que gobierna actualmente en Baleares (encabezada por los socialistas). Se hallaron indicios de relevancia penal por presunto uso de fondos públicos en cuestiones privadas y cobros de comisiones de hasta 100.000 euros en ataúdes y tumbas de la Funeraria de Palma. Y en la Empresa de Infraestructuras de la capital se gastaron más de 50.000 euros con una tarjeta bancaria oficial en clubes de alterne.
En la empresa de Turismo Joven, los gestores políticos maquinaron apropiaciones y alquilaron a la institución sus propios inmuebles. En el Instituto Balear de Turismo, un abogado y consejero de administración falsificó facturas y contratos para sí mismo. En el Palma Arena, el locutor que gestionó el proyecto percibió comisiones que le facturaron como "gorras": la factura existe.
"Sé lo que yo hice, pero no sé qué firmaron mis altos cargos", confesó inquieto uno de los consejeros afectados. "Vaya muerto que me ha caído", comentó Rosa Estarás, vicepresidenta de Matas, que dirigió dos años escasos al PP en sustitución de éste y ahora se encuentra retirada en el Parlamento Europeo -tras alegar un problema de salud-.
Del Ejecutivo de Matas, cuatro consejerías están salpicadas, con directores y secretarios imputados y organismos bajo investigación en sumarios judiciales. El ex consejero de Industria, José Juan Cardona, ex líder del PP en Ibiza, está imputado por supuesta malversación y por pagar desde su departamento la edición de unos folletos electorales del partido en 2007.
El propio Matas, ex presidente y ex ministro, se declara inocente y dispuesto a colaborar con el juez. Pero no llama a los consejeros que van a los juzgados o dan la cara. Un ex miembro del Gobierno balear, Jaume Font, que regía Medio Ambiente, ha visto su carrera bloqueada porque permanece imputado en la causa sobre el plan territorial de Mallorca, el mapa de lo urbanizable dibujado por Matas en compañía de su antigua socia política, la ex líder de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar (aliada actualmente de la izquierda).
Hasta quince políticos del PP de Matas han sido arrestados como supuestos delincuentes en estos dos últimos años. Los implicados que han pasado más recientemente por el juzgado -esposados, para escándalo de Mariano Rajoy, en una actuación reconocida como un error por parte del Gobierno- lo hicieron para dar cuenta del sobrecoste y supuestos desvíos de fondos en lo que fue una obra estrella de Matas, el supervelódromo del Palma Arena. El ex presidente describió como "un milagro" esa enorme infraestructura, que se presupuestó en 41 millones, costó 110 millones y se culminó repleta de deficiencias atribuibles a la urgencia política impuesta.
Tras perder la presidencia, Matas se marchó a Estados Unidos pese a haber realizado una espectacular inversión inmobiliaria para residir en Palma. También mantiene otro amplio domicilio en Madrid y un piso de veraneo en Sa Colònia, en Mallorca, donde siendo ministro gastó 21 millones en un centro de interpretación del parque natural de Cabrera; esta obra es una de las analizadas por los fiscales.
La mansión de Palma ha provocado escándalo en la opinión pública. La compra de la planta noble, patio con escalera posgótica y balconada manierista -considerada como "un error de imagen" por dos de sus consejeros- está en la raíz de los problemas judiciales de Matas, por las actuaciones iniciadas por Fiscalía y por el departamento de Hacienda tras recibir una denuncia anónima.
En 2007, al conocerse las primeras noticias sobre este asunto, el ex presidente balear lamentó en dos cartas dirigidas a EL PAÍS que se "quiera sembrar la sombra de la duda acerca de mi honestidad". Y explicó que había vendido su chalé adosado y asumido una hipoteca para pagar la nueva propiedad. Antonio Diéguez, portavoz del PSOE, se preguntó cómo era posible que el ex presidente de la comunidad autónoma hubiera podido pagar una vivienda tan cara sólo con su sueldo. En 2006, Matas había abonado 980.000 euros por esa propiedad, aunque su precio de mercado era mucho mayor.
Hace unas semanas, en este verano de 2009, Matas pasó tres días en Sa Colònia al conocer que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal superior de Baleares, Tomeu Barceló, habían bloqueado la investigación que le afectaba, al negar una prórroga a los fiscales Horrach y Carrau para continuar las indagaciones. Pero las pesquisas sobre su patrimonio y sus gastos del piso-palacio de Palma no han sido archivadas: siguen vivas en manos de un juez. El magistrado que lleva el caso Palma Arena las conectó a la causa donde se rastrean los desvíos millonarios de fondos en las obras del velódromo, que fueron adjudicadas por el Gobierno de Matas. El juez interrogó a Fernando Areal, cuñado del ex presidente balear, y a otros imputados, por la existencia de una presunta caja b del Partido Popular, así como por otros fondos sospechosos, procedentes de comisiones.
Areal, tesorero del PP y de Matas, gestionó también los donativos a la fundación Maura del partido. Y desde Bancaja administró tres sociedades de inversión de capitales variables (sicav), de empresas que eran concesionarias del Gobierno balear: la constructora del velódromo Palma Arena, Melchor Mascaró, SA, y el promotor de confianza de Matas, Vicente Grande. Los detalles sobre los movimientos de los fondos se encuentran en el juzgado.
Los fiscales analizan la actuación de Fernando Areal desde antes de que apareciera como imputado ante el juez como supuesto pagador en dinero b de gastos electorales del PP en 2007, tras estallar el caso Palma Arena en agosto de 2009. Como hombre de confianza de Matas, Areal abonó parte de la reforma de la polémica casa familiar en Palma, controló la rehabilitación de otra vivienda y efectuó una opción de compra sobre su piso de Madrid, que costó un millón. Matas asegura que la vivienda de Madrid es de alquiler; si bien la Guardia Civil, en el informe que obra en la causa, afirma que ese piso madrileño es propiedad de Matas, a través de un testaferro.
La denuncia anónima que había desencadenado la investigación sobre la mansión y el nivel de vida de los Matas apuntaba que la esposa del ex presidente, Maite Areal, efectuaba repetidas y lujosas compras en efectivo. En el resumen de sus rastreos y entrevistas, los policías judiciales documentan el uso de decenas de miles de euros en efectivo para pagar adquisiciones suntuosas, desde relojes de lujo hasta decoración doméstica de firma.
Siempre según las facturas y relatos de vendedores aportados por la fiscalía, Maite Areal dispuso de 70.000 euros en metálico en cuatro meses para comprar joyas, entre ellas un reloj Cartier de 12.894 euros, un anillo de 5.000 euros o un reloj Rolex con brillantes y esfera de nácar de 23.000 euros.
El precio de la cuchara de servir helado y el informe sobre el valor real de la casa se acumulan en el detallado expediente presentado por la fiscalía al juez que indaga sobre posibles dádivas y uso de dinero opaco. En cortinas, telas y vajilla del piso, los Matas abonaron 126.248 euros; y sólo en menaje, 38.760 euros. Medio millón se invirtió en detalles interiores.
A los amigos que mostraron cierta curiosidad por el hecho de que su esposa se comprara un coche Mini al contado y en papel moneda, Matas les lanzó esta pregunta: "¿Tú crees que soy tonto y que pagaría un coche en billetes de 500 euros en dinero negro?". Matas, que es economista tributario, se defiende con argumentos como éste.
Mientras fue ministro del Gobierno de Aznar (2000-2003), esquivó a los jueces y fiscales que indagaron sobre las sospechas de corrupción que afectaban a personas de su entorno en la época del primer mandato como presidente de Baleares (1996-1999). Ahora, se encuentra jurídicamente a la intemperie -sin aforamiento por no ser diputado ni alto cargo- y políticamente huérfano, sin padrinazgo que le proteja. En su partido no se habla de él. Cuando sea convocado tendrá que aparecer en Palma ante el juez José Castro y los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, quienes ya elaboraron en mayo de 2009 una denuncia contra él por cohecho impropio, registrada y después bloqueada en la Fiscalía, y ahora integrada por el juez en la causa sobre las presuntas desviaciones de fondos en el caso del velódromo Palma Arena.
En su escrito, los fiscales describen el presunto delito como la recepción de "una dádiva o regalo en especie" por la mansión en Palma. La empresa que compró la finca y la dividió en viviendas, según los fiscales, vendió a Matas su casa en 2006 a "precio manifiestamente inferior al de mercado". Los fiscales cifran la rebaja obtenida por Matas en 1.527.550 euros. El entonces presidente del Gobierno balear pagó algo menos de un millón de euros por 465 metros habitables: en total, 725 metros cuadrados contando el jardín y las áreas propias. "Viva en un palacio", así se promociona un edificio vecino.
Raúl Burillo, delegado de Hacienda en Baleares, comunicó al juez la existencia de indicios razonables de un supuesto delito fiscal por "incrementos de patrimonio no justificados", debido a la tasación de la finca, valorada en 2,47 millones en 2006. Por la renta del ejercicio anterior a la compra, Hacienda devolvió 866 (euros) a Matas, quien abonó 481 (euros) por impuesto de patrimonio.
La familia triplicó sus bienes en cinco años: desde los 152.805 euros en 2003 hasta los 495.715 de 2007. Matas, como presidente de Baleares, cobró 84.000 euros en 2006. Al perder el cargo, en el verano de 2007, estuvo a sueldo del PP (3.475 euros al mes) y percibió otra cantidad del gabinete de Estudios Jurídicos y Procesales.
El expediente recoge pormenorizadamente cientos de datos sobre la compra, reforma y decoración de la casa de Palma. Detalla la vida y las cuentas de las sociedades ligadas a la mansión, Nova Labritja, de los abogados vecinos y amigos de Matas, Joan Buades y Teresa Castellá con su firma Hacienda Macondo, y del arquitecto Pino Violante. Los fiscales implican a esas personas en la denuncia por cohecho. La fiscalía anota que el bufete de Buades, puntero en Palma, recibió contratos de entidades gubernamentales.
El decorador Antonio Obrador, de Denario, vecino y amigo también de Matas, fue investigado. Obrador controló la reforma y las compras de la tan citada mansión. El presidente le había condecorado, en 2005, con el Premio Ramon Llull por ser "creador de espacios" y "merecedor de espectaculares encargos". La Consejería de Agricultura restauró caminos, acequias, estanques de traza árabe del entorno de la finca de Obrador, en Coanegra, una comunidad de 18 regantes.
"Lamentablemente son informaciones sesgadas o parciales, y en muchos casos abiertamente erróneas". Matas replica así los datos acumulados en la causa sobre su fortuna. El PP niega, por su parte, que los hechos objeto de la investigación estén relacionados con financiación ilegal del partido. Y Matas se considera víctima de una "persecución".
Matas controló el velódromo y adjudicó un contrato de 8,9 millones a los arquitectos Luís y Jaime García-Ruiz -imputados en la causa y bajo una fianza civil de 1,2 millones- y mantuvo con ellos reuniones amistosas en su piso-palacio. Esos arquitectos diseñaron la sede del PP de Palma y sobre ello fueron preguntados en el juzgado.
La mansión de la familia de Matas oculta una historia macabra. Un soldado, en los años sesenta, cometió allí un crimen, mató a una anciana y quemó su cuerpo descuartizado en una chimenea. El albañil de los Matas contó que al entrar le mandaron desmontar el salón donde supuestamente sucedió aquel hecho. El edificio se convirtió en centro de la curiosidad morbosa en el barrio antiguo de Palma. La fachada, edificada en el siglo XVI, muestra relieves de genios y rostros que representan a jóvenes enamorados. Hay edificios que, con el paso de los siglos, siguen dando que hablar.
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