UNA VEINTENA DE POLÍTICOS DE BALEARES IMPUTADOS EN UNA QUINCENA DE CASOS DE CORRUPCIÓN

EFE | PALMA DE MALLORCA

La actividad política en Baleares está marcada en los últimos años por la imputación en una quincena de causas judiciales sobre corrupción de más de veinte dirigentes políticos y ex altos cargos, la mayoría del PP y de Unió Mallorquina (UM).

Los principales casos de presunta corrupción habidos en los últimos años, en su mayoría por delitos urbanísticos u obras públicas, son los siguientes:

•«Caso Palma Arena»: El juzgado investiga presuntas irregularidades y malversación en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno del entonces presidente autonómico Jaume Matas (PP), imputado en la causa. El coste del proyecto se disparó de los 48 millones de euros presupuestados a más de cien.

Por este caso fueron detenidos el pasado mes de agosto el ex director general de Deportes de Baleares, el campeón olímpico José Luis «Pepote» Ballester, y el portavoz PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, quien abandonó el cargo en septiembre.

•«Can Domenge»: En este caso se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en la capital balear. El caso se inició a raíz de una querella de la constructora Núñez y Navarro ante la decisión del Consejo de Gobierno de Mallorca, durante la legislatura 2004-2008, de enajenar el solar para construir viviendas en beneficio de una constructora que ofreció 30 millones de euros frente a los 60 que ofertaron los querellantes.

En la causa están imputados la ahora presidenta del Parlamento balear y entonces presidenta del Consejo, Maria Antònia Munar (UM); el consejero balear de Turismo, Miquel Nadal (UM), y el diputado autonómico suspendido de este partido, Bartomeu Vicens, entre otros.

•«Caso Son Oms»: Relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Entre los imputados figuran el ex secretario general de Unión Mallorquina (UM) y ex director del territorio de Mallorca, Damià Nicolau, así como el diputado del grupo mixto y ex conseller de Ordenación del Territorio de Mallorca, Bartomeu Vicens.

•«Caso Andratx»: Dividido en cerca de 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, tres de las cuales ya han sido juzgadas. Entre los condenados, el que fuera director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas (PP), Jaume Massot, que acumula en las tres condenas más de ocho años de prisión y que se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Palma en diciembre de 2008.

El ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, expulsado del PP tras ser detenido, también cuenta con una condena de cuatro años de cárcel.

•«Caso Peaje»: En él se investiga el presunto desvío de dinero destinado a las obras de carretera de Manacor a obras privadas durante el pasado mandato del Consejo de Gobierno de Mallorca, gobernado por PP y UM.

Entre los imputados se encuentran el actual vicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), y el director insular de Carreteras en el pasado y presente mandato, Gonzalo Aguiar, cargo de confianza de Unió en la institución.

•«Caso Plan Territorial de Mallorca»: En este caso, abierto en agosto de 2008, se investigan supuestos "pelotazos" urbanísticos en la isla con plusvalías superiores a los 300 millones de euros. Entre los imputados se encuentran los dirigentes Bartomeu Vicens, expulsado de Unió Mallorquina, y Jaime Font, del Partido Popular, además de los promotores inmobiliarios Vicente Grande, Mateo y Cristóbal Sastre.

•«Operación Pitiusa»: Presunta trama de corrupción urdida por el ex arquitecto municipal de Sant Josep (Ibiza) Antonio Huerta Brito en colaboración con su hijo y su nuera, a quien presuntamente trasladaba los proyectos que tramitó en el ayuntamiento entre los años 1998 y 2007.

•«Caso Eivisssa centre»: En él se juzga a la cúpula del anterior gobierno del Ayuntamiento de Ibiza por haber cobrado presuntamente comisiones en el proceso de remodelación del centro de la ciudad. Por este caso está imputado el ex dirigente del PSOE Roque López.

•«Caso Scala»: En este caso se investiga un caso de presunta corrupción, que habría tenido lugar en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en la legislatura 2004-2008. El 15 de julio de 2009, Felipe Ferré, ex concejal de Lloseta (PP) e imputado en el caso, aseguró que el ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas conocía la supuesta trama.

Entre los acusados por el PP se encuentran el ex consejero de Comercio, Industria y Energía y actual diputado del PP en el Parlament balear, Josep Juan Cardona; el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene; y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, entre otros.

•«Caso Bitel 2»: En él que se investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos por una cantidad que la Fiscalía Anticorrupción estima que podría alcanzar los 700.000 euros, así como los de fraude, falsedad documental y revelación de secretos. Entre los imputados, el ex director general de la empresa pública Bitel, Damià Vidal, detenido el 19 de abril de 2008 y puesto en libertad dos días después, tras pagar una fianza de 200.000 euros.

•«Caso Turismo joven»: Caso relativo a una supuesta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven durante la legislatura 2004-2008, en la que se encuentran implicadas varios miembros del PP.

•«Caso Rodrigo de Santos»: El ex teniente de alcalde popular del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos fue condenado a dos años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos al pagar con la tarjeta del consistorio en clubes de alterne, motivo por el cual el PP le suspendió de militancia. En estos momentos está pendiente de sentencia tras el juicio celebrado en octubre acusado de abusos a menores.

•«Caso Lluc Tomas»: En noviembre de 2008, el alcalde del municipio mallorquín de Llucmajor, Lluc Tomàs, fue condenado por la Audiencia de Baleares a tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por malversación de caudales públicos. Ese mismo día, anunció su dimisión del cargo y pidió su baja del PP.

•«Caso Ibatur»: El 13 de febrero de 2009, el que fuera secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Angel Bonet fue puesto en libertad con cargos y una fianza de 85.000 euros, acusado de los cargos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Bonet estaría detrás de una presunta trama de corrupción, en la pasada legislatura del PP.

•«Caso Funeraria Palma»: En este caso se investigan presuntas irregularidades económicas cometidas en esta empresa pública en los últimos años, como la venta de tumbas, la alteración de facturas e incluso la falsedad de alguna de ellas. Entre los imputados se encuentra Óscar Collado, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma, así como la actual edil del PP y ex presidenta de la EFM en la pasada legislatura, Marina Sans.

abc.es

EL "CASO GÜRTEL" SALPICA AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

Un funcionario dice al juez que amañó un contrato para una constructora ligada a Correa

D. BORASTEROS - Madrid

Constructora Hispánica, la compañía que más pagos realizó a la trama corrupta de Correa y una de las que más se benefició de las relaciones del grupo con el PP -según los policías que investigaron el caso Gürtel-, también actuó en Alcalá de Henares, gobernada por los populares desde 2003. O al menos eso es lo que Juan Antonio Camargo Muñoz, jefe de los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcalá y funcionario desde 1980, denunció ante el juez Baltasar Garzón en marzo pasado, según consta en el sumario: "Ordenaron a este funcionario que adjudicase las obras a la mercantil Constructora Hispánica". Lo mantuvo, dice, después en su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira.

"Decidimos otra compañía, pero el concejal nos dijo que a ésa, ni hablar"

Según Camargo, Francisco Javier Fernández Abad, el concejal de Obras y Seguridad alcalaíno, le exigió en agosto de 2004 que adjudicase una obra, por un montante de más de tres millones de euros, a Constructora Hispánica. Se trataba de la conservación y reforma de pavimentos y la concesión duraba hasta principios de 2006. La elección fue en detrimento de otra empresa que había sido la escogida por los técnicos previamente por "ser de largo la mejor oferta", según este trabajador, que así se lo comunicó al juez.

Constructora Hispánica es la compañía que según el recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel más dinero pagó a la trama de Francisco Correa: 4.192.000 euros. También una de las más bendecidas por sus oficios: se embolsó, por ejemplo, más de 30 millones por la construcción de una instalación deportiva en la Boadilla del ex alcalde imputado Arturo González Panero.

El Consistorio alcalaíno niega las irregularidades de la contrata y considera que la denuncia de Camargo se debe al contencioso laboral que mantiene con el Ayuntamiento, del que fue apartado "a petición del comité de trabajadores", según una portavoz municipal. Un apartamiento que Camargo achaca, precisamente, a su "resistencia a los tejemanejes de los concejales".

Desde Constructora Hispánica afirman desconocer el caso. Su director general, José Luis Montesinos, ironiza sobre la fecha y asegura no recordar nada de 2004.Montesinos argumenta que su empresa lleva a cabo 100 obras anuales. También alude al saber perder de los concurrentes a un concurso: "Cuando gano, me pongo contento y, cuando pierdo, muchas veces, me enfado un poco y sigo trabajando".

Camargo, el funcionario denunciante, relata en conversación telefónica cómo se fraguó la adjudicación a la empresa constructora ligada al entramado ideado por Francisco Correa de manera semejante a como lo denunció en su día a Garzón. Su relato, explicado con bastante precisión, comienza cuando "Juan María Palacios, que era el técnico, me dice que va a otorgar el contrato a otra empresa, que era la que daba la oferta más barata. Yo le digo que me parece bien. Pero entonces, cuando lo ve Fernández Abad, el concejal, me replica: 'A esa empresa ni hablar', y se va sin darme más explicaciones".

Después, el funcionario va ganando velocidad y prosigue: "Al final, me volvió a decir que se lo diese a Construcciones Hispánica, que era la tercera valorada de tres y que era cosa de Gustavo Severien [teniente de alcalde del municipio]. Yo lo acepté, porque en tantos años he visto hacer cosas semejantes muchas veces, y firmé la adjudicación dándola por ganadora por 13 centésimas, aunque era con mucho la peor de todas las que concurrieron".

El técnico aludido en la denuncia, Juan María Palacios, dice no recordar que eso sucediera: "Me habla de 2004, no me acuerdo, pero no me suena que ningún concejal haga esas cosas ni hable así", contesta con brevedad por teléfono desde su domicilio.

Desde el Ayuntamiento ofrecen mostrar con brevedad el contrato de licitación, niegan la menor relación de Severien con la concesión y dicen que su nombre figura en la declaración por una mera cuestión de "organigrama de trabajo". Por supuesto, también subrayan la absoluta legalidad de la adjudicación, aunque ninguno de los supuestos implicados, especialmente el concejal de obras Francisco Javier Fernández Abad, diese ayer la menor explicación al respecto a pesar de los requerimientos de este periódico.

Camargo explica, además, que en 2006, cuando expiraba el contrato con Construcciones Hispánica, le pidieron que hiciese un informe en contra de prorrogarlo. "Me pareció muy mal que si ya habíamos hecho trampas para dárselo, ahora me pidiera hacerlas para quitárselo". En esta ocasión sostiene que se negó y que por eso comenzaron sus problemas con el Consistorio.

El funcionario explica que mandó un escrito al juez Baltasar Garzón "al leer en la prensa con bastante reiteración el nombre de esa empresa siempre ligada a la trama Gürtel".

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* Los contratos con la trama son secretos, según Castilla y León

elpaís.com

UN INTERVENTOR DEL PP RECIBIÓ 15 CONTRATOS A DEDO EN MÁLAGA

D. N. - Málaga

Un constructor vinculado al PP recibió entre los años 2006 y 2008 adjudicaciones directas por parte del Ayuntamiento de Málaga de al menos 15 contratos de obras que sumaban una cantidad de 369.093 euros. Miguel Ángel Pérez Barba fue interventor del PP en las elecciones europeas del pasado junio y en octubre de 2006 fue nombrado representante del PP en la junta de distrito de Campanillas. Además es propietario del local en el que el PP tiene su sede en este barrio.

El portavoz municipal del PSOE, Rafael Fuentes, aseguró ayer que se trata de un "grave trato de favor a un amiguete" y denunció que el equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre fraccionó las obras para que ninguna superara los 30.000 euros de presupuesto, cantidad tope para la contratación directa sin concurso público que permite la ley. En ocho de los 15 contratos la suma oscila entre 29.992 y 29.999.

En la relación de obras adjudicadas a Pérez Barba se repiten conceptos iguales. Por ejemplo, dos adjudicaciones para "obras menores de acerado en Campanillas, Manceras y Castañeta" por 29.997 y 24.998 euros. O en varios colegios, "obras varias" por un lado, y pintura y carpintería por otro.

El concejal de Campanillas José Hazañas, negó ayer cualquier trato de favor y explicó que en todos los contratos hay una "distribución proporcionada" sin que ninguna empresa acapare concentración, de forma que en esos años 20 constructoras se repartieron 2,6 millones en obras en el distrito. Insistió además en que todas las contrataciones de ajustan a la ley.

elpaís.com

"CASO CAN DOMENGE"; MARÍA ANTONIA MUNAR, PRESIDENTA DE HONOR DE UNIÓ MALLORQUINA (UM), HA SIDO CITADA PARA DECLARAR

Imputada la presidenta del Parlamento balear por corrupción urbanística

ANDREU MANRESA - Palma

El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Javier Muñoz ha dictado hoy una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Maria Antònia Munar, presidenta del Parlamento balear, y al diputado del PP Fernando Rubio. El juez investiga el caso Can Domege, por posibles delitos de malversación de fondos, revelación de secretos oficiales y prevaricación en la adjudicación de unos terrenos de Palma para construir 600 viviendas. La operación la efectuó el Consell de Mallorca en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Maria Antònia Munar, con el apoyo del PP.

Fotografía de archivo del 11 de julio de 2009 de la presidenta del Parlamento balear, Maria Antónia Munar, imputada por un caso urbanístico.- EFE

Munar, presidenta fundadora de Unió Mallorquina (UM), es una de las figuras clave en la formación de las mayorías políticas con el PP desde los años 80. En las últimas legislaturas ha dado mayoría parlamentaria al PP encabezado por Jaume Matas y al PSOE liderado por Francesc Antich. En la causa de Can Domenge, por el último gran solar disponible en el centro de Palma, de 52.000 metros cuadrados, está imputado también Miquel Nadal, consejero de Turismo de Baleares y ex dirigente de Unió Mallorquina (UM). Nadal, ex vicepresidente del Consell, rechazó que vaya a dimitir del Gobierno de Baleares. Cuatro políticos de UM están encausados en este sumario.

El Consell premió la oferta inmobiliaria de 30 millones de las firmas Sacresa y Ferrá-Tur con un proyecto del arquitecto Jean Nouvel. Nadal, antes de convocar el concurso, se reunió con el ex consejero de la Generalitat Joan Maria Pujals (CIU), que representaba a Sacresa. La empresa Núñez y Navarro, que ofreció 60 millones al Consell, se querelló contra los políticos de la antigua mayoría de UM y PP que votaron la decisión.

Un juez de Palma fijó una fianza de 38,5 millones de euros para diversos políticos y empresarios que intervinieron en la toma de decisiones y trámites previos, entre ellos el actual presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; la empresa Sacrera y el político catalán Joan Maria Pujals.

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elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA INVESTIGA LOS VÍNCULOS DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN CON OTRAS EMPRESAS

La Policía Judicial les envía cuestionarios

M. Rionegro | Sevilla

La Policía Judicial ha empezado a enviar a todos los altos cargos de Mercasevilla –tanto de la comisión ejecutiva como del consejo de administración– por correo electrónico un cuestionario a través cual cada uno debe precisar qué papel desempeñó en la adjudicación de los terrenos del mercado a la empresa Sanma Desarrollos Urbanísticos –filial de Sando–, una venta que investiga la juez Mercedes Alaya al considerarla «fraudulenta» e «ilegal». Esta actuación policial viene motivada por un auto que la juez emitió el 9 de octubre y que este periódico adelantó en su edición del pasado viernes.

Fuentes del caso han confirmado a EL MUNDO de Andalucía que la Policía Judicial está remitiendo a los diferentes miembros de la empresa pública que votaron a favor de la venta de los terrenos un cuestionario en el que deben señalar el cargo que ostentaron durante el proceso de adjudicación, así como precisar si, además, en aquel momento, o en los meses posteriores, desempeñaron algún otro puesto en la administración pública, en algún partido político o en alguna empresa privada.

Los últimos pasos dados por la jueza permitirán aclarar no sólo el papel de cada uno de los integrantes en los órganos de dirección de Mercasevilla sino también posibles casos de incompatibilidades, como podría ser el de Domingo Enrique Castaño, el ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

Castaño incumplió la ley de incompatibilidades al no respetar el plazo de dos años que debió pasar entre su cese como alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla y ex consejero de Mercasevilla y su fichaje por la empresa Sando –beneficiaria de la venta de los suelos– con la que tuvo relación directa en el ejercicio de sus cargos políticos. Una circunstancia que, según la normativa vigente, sería susceptible de una inhabilitación administrativa de entre cinco y diez años.

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"CASO MERCASEVILLA"; MELLET SUPERA LA DEPRESIÓN Y DECLARARÁ MAÑANA ANTE LA JUEZA

Imputado por las comisiones ilegales y la venta de los suelos

* Estaba citado para el 28 de julio, pero su baja médica le impidió declarar

La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla tomará declaración este jueves a Fernando Mellet, ex gerente de la empresa pública que aparece implicado en las dos ramas del caso: la petición de comisiones ilegales y la adjudicación de los terrenos de la empresa a la constructora Sando en una venta presuntamente ilegal.

Fuentes de su defensa han informado a Efe de que Mellet tiene intención de declarar, en una comparecencia a la que, por primera vez, acudirá un abogado del PSOE, tras haber sido admitida su personación como acción popular.

La comparecencia de Mellet estaba prevista para el 28 de julio pasado, al inicio de la investigación judicial, pero fue aplazada debido a la depresión que sufría el ex directivo como consecuencia de la investigación judicial.

Una vez recibida el alta médica, Mellet ha sido citado ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, para declarar en relación con la venta de los terrenos de Mercasevilla a la constructora Sando, asunto en el que está imputado de presuntos delitos de prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Del mismo modo, será imputado por cohecho y fraude en la presunta petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, asunto en el que también figura como imputado su adjunto Daniel Ponce, la funcionaria M.R.P. y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.

Según los empresarios denunciantes, Mellet y Ponce les solicitaron comisiones, "porque así se lo exigía la Junta de Andalucía", y les dijeron que el pago debían hacerlo "con un maletín que dejarían en un despacho".

En la parte del sumario relativa a la venta de los terrenos están imputados además Jorge Piñero, vicedecano del Colegio de Abogados y secretario de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, y dos técnicos urbanistas que intervinieron en el proceso.

La juez ha calificado como "adjudicación fraudulenta" la venta de los terrenos de Mercasevilla a Sando, decidida en febrero de 2006, pues supuestamente su oferta era "antieconómica y contraria al interés público" respecto a la ofrecida por la empresa Noga, que suponía 52 millones de euros más.

Según se recoge en el sumario, Sando hizo donaciones que totalizaron 246.000 euros a la Fundación Mercasevilla, a raíz de ser adjudicataria de la opción de compra de esos terrenos, una bolsa de 363.000 metros cuadrados adyacentes a la vía de circunvalación SE-30.

elmundo.es

UNA VEINTENA DE IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN CONTRA EL URBANISMO ILEGAL EN ALMOGÍA

Gobernado por el PSOE

Torreblanca, ya por la noche, a la salida de los registros. | L. España

* Algunos han empezado a declarar ante la Guardia Civil

Efe | Málaga

Una veintena de personas han sido imputadas en la operación que dirige el Juzgado de Instrucción Número 12 de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas en Almogía (Málaga), algunas de las cuales han comenzado a prestar declaración ante la Guardia Civil.

Fuentes próximas a la investigación han dicho a Efe que en la actuación han sido imputadas más personas de las previstas inicialmente tras un primer examen de la documentación incautada en el registro de las dependencias municipales, mayor de la prevista.

Las imputaciones tienen como objetivo que las personas investigadas puedan prestar su testimonio asistidas por sus respectivos abogados para preservar sus derechos.

De sus declaraciones dependerá que sean citados por el instructor posteriormente, lo que está previsto que ocurra en una decena de casos, bien mediante su puesta a disposición judicial en las próximas horas o en una fecha posterior.

Los investigadores estudian y clasifican la documentación intervenida antes de trasladarla al titular del Juzgado que instruye el caso.

Entre los imputados hay ediles y funcionarios municipales, entre ellos un policía local que está incluido entre los tres investigados. Uno de estos policías locales fue trasladado a la Comandancia detenido y ha quedado en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial.

Las declaraciones, que podrían prolongarse dos o tres días, está previsto que comiencen por los funcionarios municipales investigados en esta operación, que se inició hace meses tras una denuncia, y se centra en el delito de prevaricación urbanística, aunque también podrían incluir otros como el delito de falsedad.

Registros
El Ayuntamiento y la Casa de la Cultura de Almogía, donde se encuentra el archivo municipal, fueron registrados ayer durante doce horas por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y la Policía Judicial de la Guardia Civil.

En los últimos seis años, el Ayuntamiento de Almogía ha incoado 283 expedientes de disciplina urbanística por construir en suelo no urbanizable, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en el campo y a la conversión de casas de aperos en viviendas, según ha recordado el portavoz local de IU, Diego Aranda.

Almogía, con 4.300 habitantes y situado a 23 kilómetros de la capital malagueña por carretera, está gobernado por los socialistas, que tiene ocho ediles, mientras que IU tiene dos y el PP, uno.

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* El alcalde se irá si es imputado
* IU: 'Se ha pemitido construir en el campo'
* Una ruta por la corrupción municipal en la provincia
* La GuardiaCivil busca pruebas de ilegalidad urbanística en la Casa de la Cultura

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"OPERACIÓN PONIENTE"; LOS PERSONAJES CLAVE DE LA TRAMA DE EL EJIDO

La investigación se centra en cuatro familias

Miguel Cabrera | Almería

Cuatro familias acaparan la mayor parte de los detenidos en la redada policial de ayer en el Ayuntamiento de El Ejido, Almería, Sevilla y Madrid por blanqueo de dinero y malversación de fondos a través de la red de subcontratas creadas en torno a la empresa municipal de obras y servicios ejidense, Elsur, con la que podrían haberse apropiado de decenas de millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha centrado su actuación en las familias de Juan Enciso, alcalde de El Ejido, el interventor municipal, José Alemán, presunto cerebro de la trama, y los empresarios José Amate Rueda, detenido en Sevilla, y Juan Antonio Galán Eslava, arrestado en Madrid.

Estos son los detenidos más importantes por el momento:

Juan Enciso Ruiz

Alcalde de El Ejido y presidente del consejo de administración de la empresa mixta Elsur. Además, ha participado como consejero en la sociedad Gestora Ejidense a través de la sociedad ‘Enciso y Aguilera’, creada en abril de 2003 con 4.000 euros de capital, de la que es apoderado. Gestora Ejidense es una sociedad mercantil con sede en Madrid creada en febrero de 2003, dedicada a explotaciones agrícolas, construcción y promoción de inmuebles, entre otros objetivos sociales. En ella también participa, como representantes otros de los detenidos, como Juan Antonio Galán, también pieza fundamental en el entramado creado en torno a Elsur.

Francisca Aguilera Callejón

Mujer de Juan Enciso, es representante de Gestora Ejidense y administradora única de Enciso y Aguilera, la empresa que, junto a otras tres, es consejera de Gestora Ejidense. Enciso y Aguilera fue creada unos meses antes que Gestora Ejidense y tiene por objeto social la promoción, construcción, arrendamiento y conservación de viviendas, alojamientos turísticos, locales comerciales o industriales, explotaciones de solares y terrenos rústicos o urbanos.

José Amate Rueda

Es un veterano ejecutivo del grupo Abengoa que fue director de producción de Elsur hasta su jubilación, en 2006. Ha sido apoderado de al menos seis subcontratas a las que Elsur adjudicaba sus trabajos por sumas multimillonarias. Se trata de Jarbauros Servicios, Alseconsa Indalo, Merfaoran Servicios, Carseal Servicios, Mafran Servicios y Fracenta Servicios. Estas subcontratas de Amate facturaron más de 15 millones de euros sólo entre 2003 y 2005. Según reconoció Juan Enciso, Amate contribuyó a la fundación del Partido de Almería. Amate articuló un entramado familiar para facturar sumas millonarias desde esas sociedades.

Aurora Ávila

Mujer de José Amate y apoderada de Fracenta Servicios, una de las subcontratas de Elsur.

Alberto Amate Ávila

Hijo de José Amate y Aurora Ávila, es presidente del consejo de administración de Carfama Gestión, empresa matriz que administra Arborimar y Maviroad, otras dos de las subcontratadas por Elsur, recientemente sancionadas por la Inspección de Trabajo de Almería por cesión ilegal de trabajadores a la empresa municipal de obras y servicios. Alberto Amate ha ostentado también el cargo de apoderado en al menos otras seis empresas subcontratadas por Elsur.

José Alemán

Interventor municipal en funciones del Ayuntamiento de El Ejido, está considerado por los investigadores como el presunto cerebro del entramado empresarial. Su boda en el hotel Ritz de Madrid, cuya invitación incluía billete de avión, estancia y fiesta, pudo ser una de las pistas a la Policía sobre un ritmo de vida demasiado elevado para su cargo.

Juan Antonio Galán Eslava

Otra de las piezas claves del entramado, detenido en Madrid, es administrador único de las empresas subcontratadas por Elsur Jardines del Poniente y Jardines del Alcor, que se han encargado de desarrollar las tareas de jardinería en Almerimar tras ser contratadas por la empresa mixta. Ambas empresas se constituyeron en 2002 con un capital suscrito de poco más de 3.000 euros. Las dos sociedades llegaron a compartir el mismo domicilio social, en la carretera de Almerimar. Además, Galán es administrador único de Multigestión Nuevo Ejido, una de los cuatro representantes de Gestora Ejidense, en la que también participa Juan Enciso.

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"OPERACIÓN PONIENTE"; LIBRES CON CARGOS LA MUJER E HIJA DEL ALCALDE Y EN PRISIÓN LA ESPOSA DEL INTERVENTOR

Primeras declaraciones por corrupción en El Ejido

* La juez le retira el pasaporte a la esposa de Juan Enciso
* Impone una fianza de 90.000 euros para la mujer del interventor
* Esta tarde seguirán prestando declaración los detenidos

Efe | El Ejido (Almería)

La juez que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha dejado este miércoles en libertad con cargos a las tres primeras detenidas en la denominada 'operación Poniente' y una cuarta ha ingresado en prisión, eludible bajo fianza de 90.000 euros.

Según la información facilitada a Efe por fuentes judiciales, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido, Monserrat Peña, ha decretado el ingreso en prisión de la principal imputada, I.C.S, esposa del interventor municipal, José Alemán.

Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad de documentación mercantil, así como cohecho y tráfico de influencias.

Las otras detenidas, acusadas de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad de documentación mercantil son la mujer del alcalde de El Ejido, Juan Enciso, Francisca Aguilera; su hija, María Encarnación Enciso, y la cuñada del interventor, R.G.V.

Además, la juez ha retirado el pasaporte a la mujer de Enciso y ha decretado su comparecencia los días 1 y 15 de cada mes.

A lo largo de la tarde continuarán declarando más detenidos, que han sido trasladados a los juzgados para prestar declaración.

Francisca Aguilera es además, la administradora de la entidad 'Enciso y Aguilera', así como la representante de la mercantil 'Gestora Ejidense', entidad por la que también fueron detenidos otros de sus representantes como Jesús Aragón y Ambrosio Cuevas en Almería y el empresario Juan Antonio Galán y su mujer María Gema de la Peña en Madrid.

Juan Enciso, por su parte, permanece en dependencias policiales y no prestará declaración hasta el próximo viernes por los delitos continuados de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

A primera hora de la mañana se personó en la Comisaría de Policía uno de los hermanos de Juan Enciso, quien se entrevistó con el comisario de Almería, Custodio Hidalgo, si bien a su salida sólo declaró ante los medios que "su familia estaba bien".

Además
* Los personajes clave de la trama de El Ejido
* Juan Enciso, alcalde del pueblo con la renta per cápita más alta
* El PSOE rompe el pacto con el PAL en la Diputación Provincial

elmundo.es

"CASO SON OMS"; MACROOPERACIÓN POLICIAL CONTRA EL CORAZÓN DE UM

Bajo secreto de sumario

* La operación tiene como objetivo la promotora 'Nova Singladura'
* Se están llevando a cabo seis registros y cuatro requerimientos de información

Esteban Urreiztieta | Palma

La policía judicial registra en estos momentos la sede de la promotora Nova Singladura propiedad del conseller de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal, del diputado Bartomeu Vicens y de la secretaria de Maria Antónia Munar Rosario Martín.

Dicha empresa que está siendo investigada en el caso Son Oms por la Fiscalía Anticorrupción al haber acogido como partícipe a la tapadera que utilizó el ex conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca para cobrar sus comisiones del 15% por lograr la recalificación del predio de Son Oms.

Asimismo, el registro afecta a la empresa Inversora Idueña, que durante los últimos años ha vendido inmuebles a muy bajo precio a la presidenta del Parlament balear.

En esta nueva operación, puesta en marcha por uno de los jueces del caso Son Oms, se extiende también a las oficinas del gestor de Miguel Nadal, Miguel Sard así como a varios despachos más y a una constructora que se sospecha que ha emitido facturas falsas a los históricos líderes de UM.

La policía ha bautizado el operativo como 'operación Maquillaje', y está bajo la tutela del juzgado de Instrucción Número dos de Palma. Según han informado fuentes de la Policía Nacional, el operativo está bajo secreto de sumario y tan sólo ha trascendido que en estos momentos se están llevando a cabo seis registros en Palma y cuatro requerimientos de información a organismos oficiales.

Una operación fraguada en los años 90
Hace ya tiempo que Anticorrupción anda detrás de la cúpula uemita. La reconversión del medio millón de metros cuadrados de los terrenos que hoy conforman el polígono de Son Oms está plagada de irregularidades. El proceso fue iniciado en la década de los noventa, cuando los líderes de UM Vicens y Morales, como representantes del despacho particular en el que trabajaba Maria Antónia Munar, decidieron proponer a los propietarios del predio de Son Oms un acuerdo por escrito. Pasaba por que éstos les entregasen el 15% de sus terrenos siempre y cuando los pesos pesados de UM "lograsen" gracias a su influencia política que la institución que comandaba su propia formación política recalificase el suelo.

Esta circunstancia se produjo finalmente en 1999 y fue entonces cuando ante el notario Víctor Alonso Cuevillas la media decena de terratenientes que aceptaron la propuesta dieron el porcentaje acordado de sus parcelas al abogado Jaime Montis, que fue quien aglutinó las comisiones en torno a una sociedad creada ad hoc: Gestora Desarrollo Son Oms, S.L.

Precisamente, por el caso Son Oms se sentarán en el banquillo de los acusados los próximos días el 9 y 10 de diciembre el diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, el ex secretario general de UM, Damià Nicolau, y el antiguo contable del primero, Tomàs Martín, para ser juzgados por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), acusados de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por el pago de 12.020 euros procedentes del Consell de Mallorca por un informe plagiado sobre el suelo.

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"CASO CAN DOMENGE"; "CASO SOM OMS"; "OPERACIÓN PEAJE" LA LARGA MANO DE MUNAR

Los últimos casos que afectan a UM

Sus más estrechos colaboradores han sido imputados. | Cati Cladera

* Varios casos de corrupción han salpicado a UM en los últimos meses
* La Justicia llevaba ya un tiempo estrechando el cerco sobre Munar

Hugo Sáenz | Palma

Hasta ahora, Maria Antònia Munar siempre había conseguido eludir la acción de la Justicia, pese a que en los últimos tiempos, muchas de las personas que habían trabajado a su sombra, habían salido malparadas. Sin embargo, la presidenta del Parlament balear y presidenta de honor de Unió Mallorquina se unirá el 16 de noviembre a la larga lista de políticos y dirigentes que han tenido que visitar los juzgados últimamente para explicar algunas de sus actuaciones.

En los últimos meses, han sido varios los casos de corrupción que han salpicado a UM pero el último golpe lo ha dado este miércoles el TSJB, que tras asumir hace dos semanas la causa de Can Domenge, ha decidido imputar a la hasta ahora intocable Maria Antònia Munar.

Aun así, el caso Can Domenge no es el único en el que la presidenta del Parlament o sus más estrechos colaboradores se han visto envueltos, la Fiscalía Anticorrupción también ha seguido sus pasos en casos como Son Oms, la Operación Peaje, el Plan Territorial de Mallorca o la Piñata.

El 'pelotazo' del polígono de Son Oms

Bartomeu Vicens

Sin duda uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Baleares. Dos históricos de UM Bartomeu Vicens y Maximiliano Morales pactaron en la década de los noventa con media docena de propietarios del predio de Son Oms, por el cual ambos cobraron una comisión del 15% en suelo, a cambio de lograr que su partido reconvirtiese el predio de medio millón de metros cuadrados situado junto al aeropuerto palmesano de Son Sant Joan de rústico a industrial.

Una vez acreditado el cobro de comisiones, el lobby de UM en Son Oms también infló el tamaño de la mayoría de sus parcelas. Tras la recalificación, Morales y Vicens utilizaron al abogado Jaume Montis como testaferro, para que éste percibiera en su lugar una cifra inusitada en la historia reciente de las comisiones en España: el 15% de cada parcela que acaba de ser dotada de un nuevo uso. Un total de 60.000 metros cuadrados valorados en unos 60 millones de euros.

El testaferro de los líderes de Unió Mallorquina (UM) y cuatro socios suyos sin identificar en este pelotazo se repartieron, tal y como dejó por escrito el propio Jaime Montis, un "beneficio B" de 2 millones de euros. Así lo atestigua el mismo documento incautado por la policía judicial en el registro del Bufete Montis que detalla los réditos de oscuras operaciones inmobiliarias. El ya ex secretario general de UM, Damià Nicolau, tuvo que dimitir de su cargo tras pedir el fiscal tres años de cárcel para él por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos por este caso.

Can Domenge, el concurso más polémico de la historia

Miquel Nadal

El solar de Can Domenge se vendió a mitad de precio a la promotora Sacresa y se amañó el concurso que acabó ganando el proyecto firmado por el afamado arquitecto francés Jeane Nouvel. La licitación se acabó otorgando por un máximo de 30 millones de euros cuando el precio de mercado del solar ascendía, según ha certificado el peritaje judicial, a 60 millones. El conseller de Turismo del Govern balear y presidente de UM, Miquel Nadal fue imputado en marzo de 2009 y este miércoles lo ha sido también Maria Antònia Munar.

Todo el proceso judicial se originó con la querella que interpuso el ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez, cuya promotora, Nuñez y Navarro, participó en dicho concurso. Sacresa supo siete meses antes que Can Domenge sería un concurso tras mantener una reunión con Miquel Nadal, tal y como lo atestiguan las facturas libradas por la empresa que acabó resultando ganadora en el concurso urdido por la institución insular que presidía Maria Antònia Munar. El actual presidente de UM, Miquel Ángel Flaquer, también está imputado en esta causa.

La Piñata de Munar

Dolça Mulet

Otro de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Baleares, en el que se llegaron a desviar cerca de 3,7 millones de euros públicos en subvenciones otorgadas a dedo por la ahora presidenta del Parlament e imputada por Can Domenge, a las entidades lideradas por vips de su partido, UM.

La Agencia Tributaria realizó un informe en el que advertía de la implicación directa de Unió Mallorquina (UM) en este escándalo de corrupción. Se trata de un detallado resumen de las pesquisas que ha realizado durante los últimos años en calidad de perito judicial. Y en el que por primera vez sobrepasa el ámbito de los posibles delitos cometidos por las pseudoasociaciones subvencionadas por el Consell de Mallorca presidido por Maria Antònia Munar. "Las irregularidades van mucho más allá de lo que podrían considerarse meros errores administrativos", sentencia la Delegación de Hacienda.

La carretera que pagó obras privadas como 'peaje'

Gonzalo Aguiar

En marzo de este mismo año fue detenido Gonzalo Aguiar, el Director Insular de Carreteras del Consell de Mallorca. La Fiscalía Anticorrupción acusa a este miembro de Unió Mallorquina de de haber utilizado en beneficio propio la infraestructura pública que ejecutó la carretera de Manacor que él dirigía. Sostienen que pudo usar material sobrante de la obra pública para destinarlo a alguno de los solares que posee en el término municipal de Manacor.

La Fiscalía Anticorrupción planteó en un escrito a la juez que instruye la denominada Operación Peaje la "necesidad" de determinar si la carretera que une Palma y Manacor y que constituyó el proyecto estrella de Unió Mallorquina (UM) durante la pasada legislatura en el Consell de Mallorca bajo la presidencia de Maria Antònia Munar se infló 17 millones de euros mediante la fórmula de falsear el número de unidades de obra existentes a lo largo del trazado.

Los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach pretenden comprobar en la investigación del desfase millonario de la carretera Ma-15, que sólo 4 días antes de las elecciones pasó a costar 23 millones de euros más sin que mediara expediente de contratación alguno, si la revelación que les ha realizado el celador de la obra imputado Gabriel Mestre se ajusta a la realidad.

El Plan Territorial de Mallorca

El Plan Territorial de Mallorca ha albergado también unas cuantas recalificaciones sospechosas, todas ellas aprobadas por el Consell que entonces presidía Munar y que tuvo en la finca de Es Creuers la mayor de cuantas alberga el PTM. Se trata de 73 hectáreas de suelo rústico ubicadas delante del centro comercial Alcampo en las que la ley de leyes urbanística diseñada por Unió Mallorquina (UM) con los votos favorables del PP autorizaba la construcción de 1.200 viviendas.

A finales de diciembre de 2004, el Consell de Mallorca aprobó definitivamente el Plan Territorial de Mallorca incluyendo Es Creuer entre las ya celebres Áreas de Reconversión Directa (ARD), ideadas por el ex conseller de Ordenación del Territorio Bartomeu Vicens para acometer grandes recalificaciones bajo el pretexto de preservar en otros enclaves de Mallorca parajes interesantes desde el punto de vista medioambiental o zonas muy degradadas que, siempre según su criterio, debían ser rehabilitadas.

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"OPERACIÓN PONIENTE"; JUAN ENCISO, ALIAS "EL CHATO"; EL "HURACÁN" DE LA COMARCA MÁS RICA DE ANDALUCÍA

Juan Enciso, PP, El Ejido, Operación Poniente

@Agustín Rivera.

La Policía Nacional en el Ayuntamiento de El Ejido (Efe).

“Un bravucón, brusco, muy soberbio, complicado en el trato y árido”. Así definen fuentes políticas consultadas por El Confidencial a Juan Enciso, El Chato, alcalde de El Ejido desde 1991, detenido ayer en la Operación Poniente por presunto blanqueo de capitales. “Es una persona impulsiva, en algunos momento un pedazo de pan y en otros un huracán, un huracán imparable, un río desbordado, pero luego vuelve a la calma”, señala un antiguo colaborador suyo. Enciso, nacido en 1950, rige uno de los municipios más ricos España, situado en la comarca más próspera de Andalucía y gana elecciones con claridad. En los últimos comicios consiguió 15 de los 25 concejales de la corporación municipal.

Enciso, cuya abuela la asesinaron en la Guerra Civil por “ser roja” en el pueblo de Berja, situado a 20 kilómetros de El Ejido, maneja en el Ayuntamiento un presupuesto anual de 110 millones de euros. En 2005 fundó el PAL (Partido de Almería) y se alió con el PSOE para parar el crecimiento del PP en la provincia. Fue el colofón a un sinfín de desencuentros con el que era su partido. La relación personal con su antiguo jefe, Javier Arenas, presidente del PP-A, tuvo también sus momentos dulces. Arenas llegó a proclamar en el Círculo Cultural Recreativo de El Ejido que Enciso era “el mejor alcalde de España”.

Ahora Arenas está a la expectativa de recuperar la Diputación Provincial de Almería. El PSOE rompió ayer el pacto con el PAL. El PP acusa al ex presidente de los socialistas de Almería y ahora consejero de Innovación del Gobierno andaluz, Martín Soler, y al ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de asociarse con Enciso en la Diputación para frenar el ascenso electoral del PP en Almería. “El PSOE pensó que políticamente le podía salir rentable tener a Enciso a su lado”.

Los continuos órdagos a la dirección regional del alcalde de el Ejido acabaron con la expulsión del partido en 2005 (él dice que se fue, que no le echaron) y eso que el propio Enciso, populista y con un discurso político antiinmigración, lindando con la xenofobia, se sentía más popular que la gaviota azul. Solía celebrar sus triunfos en los comicios con una tarta en la que figuraba la cara de José María Aznar y la suya.

“Él dice lo que la gente quiere oír en un pueblo hecho así mismo: en apenas 30 años ha pasado de una población de 15.000 a 90.000 habitantes. Le ha dorado la píldora a la gente con un orgullo patrio, local. Aquí la gente está poco formada, con pocos licenciados universitarios, en una sociedad rica que ha conseguido traducir en rentabilidad electoral”, cuenta a este diario un vecino de El Ejido, que asegura que Enciso se ha hecho “enemigo” de los inmigrantes.

“¡Esto es Marbella”,”¡Viva la revolución!”, lanzaron ayer como proclamas un grupo de vecinos del pueblo. “El problema”, cuenta una de ellos bien informado a El Confidencial, es que “continúe siendo alcalde”.

José Alemán, interventor del Ayuntamiento, también detenido, podría ser el cerebro de la trama, compuesta por sociedades relacionadas con la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA de El Ejido (Elsur), entre ellas las subcontratas Arborimar, Maviroad o Alcor. Alemán y Enciso son uña y carne. Alemán es el que maneja los cuentas y controla los medios de comunicación locales.

elconfidencial.com

EL TSJB IMPUTA A MUNAR POR EL "CASO CAN DOMENGE"

El TSJB actúa de oficio

La presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, en una imagen reciente. |P. Vicens

* Fernando Rubio, ex portavoz del PP en el Consell, también está imputado
* Investigan la venta de un solar público a Sacresa por la mitad de su precio

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El TSJB cita como imputada a la presidenta del Parlament por el caso Can Domenge el 16 de noviembre.

El juez Francisco Javier Muñoz Jiménez, ha dictado una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta del Parlament de les Illes Balears, el día 16 de noviembre a las 10 horas, y a Fernando Rubio Aguiló, ex portavoz del PP en el Consell y también diputado, el mismo día a las 11.30 horas.

En esta causa están también imputados el diputado del Grupo Mixto y ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens y el conseller de Turismo, Miquel Nadal.

El pasado cinco de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Baleares asumió la causa sobre Can Domenge.

El presunto caso de corrupción viene derivado de la venta a la empresa Sacresa de este solar público de e 52.000 metros cuadrados por valor de 30 millones de euros. El proyecto del arquitecto Jean Nouvel fue, presuntamente, elegido a dedo y la venta del solar se filtró a los 'elegidos' meses antes de celebrarse.

Según un informe de Hacienda encargado por la jueza, el precio de mercado del solar en el momento en que se formalizó la venta por parte del Consell de Mallorca era de casi 60 millones de euros.

El pelotazo fue denunciado por el promotor Nuñez y Navarro que ofreció el doble del dinero por el solar y se querelló contra todos los consellers que votaron a favor de la venta del solar a Sacresa.

Durante su investigación, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, señalaba a este respecto que los políticos de UM en el Consell usaron el Plan Territorial como mero pretexto para favorecer a Sacresa al adjudicar la parcela de Can Domenge por 30 millones de euros y que sacaron el concurso en plenas fechas navideñas con el fin de "eliminar la competencia" a la promotora catalana y propiciar así que se quedase con el mejor solar público "por la mitad de su precio real". En lo que califica como la "primera vez en la historia de la Administración española que se establece un precio máximo, es decir, que la administración renuncia de forma altruista a obtener el valor real de un bien público".

Además
* El PP no duda de la 'honradez y gestión' de Rubio | Diéguez dice que no implica que haya cometido un delito
* UM considera 'previsible' que el juez impute a Munar | El Círculo Balear pide la dimisión de Munar

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