DIECISIETE ALCALDES DETENIDOS EN TRES AÑOS POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

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@Efe. Madrid.

La detención hoy del alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, del PSC, eleva a diecisiete el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006. Bartomeu Muñoz ha sido detenido un día después de que lo fuera el regidor de Castro de Rei (Lugo) y diputado provincial del PSOE, Juan José Díaz Valiño, quien no está incluido en esta relación debido a que los delitos de los que se le acusa son prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores en la jefatura provincial de Tráfico.

Esta es la relación de los ediles detenidos:

- MARISOL YAGÜE (GIL).- Ex alcaldesa de Marbella, detenida en marzo de 2006, en la denominada "Operación Malaya", imputada por cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, en abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió en septiembre, tras satisfacer una fianza de 60.000 euros. -

- FRANCISCO VALIDO (PP).- Ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido en noviembre de 2006, en el "Caso Faycan", por el presunto cobro de comisiones por licencias de obras. Imputado por cohecho, quedó en libertad tras abonar una fianza de 80.000 euros. El PP suspendió cautelarmente su militancia, pero después levantó la suspensión.

- EUGENIO HIDALGO (PP).- Ex alcalde de Andratx (Mallorca), detenido en noviembre de 2006, en la "Operación Voramar". Fue condenado en dos juicios a cuatro años de cárcel primero y a 7 años de inhabilitación después por construir un chalet ilegal y por prevaricación. Fue expulsado del PP.

- JUAN MARTÍN SERÓN (PP).- Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), detenido en enero de 2007, quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía le acusó en 2009 en el "caso Troya" de corrupción urbanística. Sigue al frente de la alcaldía.

- JOSE FRANCISCO GÓNZALEZ (PP).- Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la "Operación Góndola" en enero de 2007, imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. En libertad sin fianza, se reincorporó a su puesto.

- JOSÉ MARTÍNEZ ANDREO (PP).- Alcalde de Totana (Murcia), detenido en noviembre de 2007 en la "operación Totem", de corrupción urbanística. En febrero de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros y se reincorporó a la alcaldía. El caso sigue siendo objeto de investigación judicial.

- CANDIDO TRABALON (PA).- Alcalde de Zurgena (Almería), detenido en abril de 2008, en la "Operación Costurero". En libertad con cargos está imputado por un presunto delito de prevaricación por permitir la obtención de licencias urbanísticas ilegales.

- DANIEL GARCÍA MADRID (PP).- Alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido en abril de 2008, en relación a la permuta de una parcela municipal destinada a dotaciones deportivas a cambio de cuatro fincas de naturaleza rústica. En libertad con cargos se reincorporó a la alcaldía.

- ANTONIO BARRIENTOS (PSOE).- Alcalde de Estepona (Málaga), detenido en junio de 2008 junto a otras veinticuatro personas en la "operación Astapa". En libertad bajo fianza de 150.000 euros. Barrientos abandonó la alcaldía y el PSOE.

- JUAN CARDONA (INDEPENDIENTE).- Alcalde Benitatxell (Alicante), detenido en julio de 2008 por un supuesto delito de prevaricación y cohecho en relación a una recalificación de terrenos. En libertad provisional, abandonó la alcaldía en febrero de 2009.

- JUAN JOSE RUBIO (INDEPENDIENTE).- Alcalde de Zarra (Valencia), detenido en octubre de 2008.En libertad bajo fianza de 18.000 euros, había sido expulsado del PSOE tras una denuncia de la Fiscalía en 2006 por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.

- JOSE JOAQUIN MOYA (PSOE).- Alcalde de Bigastro (Alicante), detenido en octubre de 2008, acusado de malversación, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y falsedades por una permuta de terrenos en suelo industrial. En enero de 2009 salió en libertad sin fianza. Suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE.

- JOSE MARTINEZ GARCIA (PP).- Alcalde de Librilla (Murcia), detenido en noviembre de 2008 por el supuesto cobro de comisiones ilegales. En libertad, aunque inicialmente renunció a la alcaldía, actualmente se mantiene al frente del Consistorio. El PP lo expulsó junto a los tres ediles que le apoyaron.

- FERNANDO MUGURUZA (NO ADSCRITO).- Alcalde de Castro Urdiales (Santander), fue detenido en febrero de 2009, acusado de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos en relación con la construcción de unas viviendas. En libertad con cargos.

- JOSE MANUEL MARTIN ALBA (PSOE).- Alcalde de Alcaucín (Málaga), detenido en febrero de 2009, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dimitió como alcalde y fue expulsado del PSOE.

- MARIA VICTORIA PINILLA (PAR).- Alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela, detenida en marzo de 2009, acusada de un delito de corrupción urbanística, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

- BARTOMEU MUÑOZ (PSC).- Alcalde de Santa Coloma de Gramanet, y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, detenido el 27 de octubre de 2009, en el marco de una operación relacionada con la presunta adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción, que fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

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"CASO GÜRTEL"; LA DIPUTACIÓN COMPRÓ 70.000 SILLAS POR 210.000 EUROS PARA VER AL PAPA

El alquiler de la misma cantidad de asientos habría costado 35.000 euros

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia

La contribución de la Diputación de Valencia a la fundación que organizó el V Encuentro Mundial de la Familia en julio de 2006 fueron 70.000 sillas, un busto del Papa en bronce, dípticos y DVD sobre la visita papal. En total, unos 300.000 euros. La corporación, en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Rafael Rubio, reconoce que gastó 210.000 euros en la compra de los asientos, a los que se añaden otros 4.814 euros por la termoimpresión del logotipo del encuentro en los respaldos. La Diputación cargó además con otros 18.000 euros que costó el transporte de las sillas.

El CGPJ pregunta a De la Rúa por qué no se abstuvo en el caso de Camps

Para la contratación de sillas se convocó concurso, pero tras quedar desierto, la sociedad SP Berner Plastic Group se adjudicó el contrato por un procedimiento negociado sin publicidad. Según consultó ayer este diario en una empresa del sector, si hubiera optado por alquilar sillas de resina similares a las del V Encuentro, le habrían costado 0,50 euros por unidad frente a los 3 que pagó la corporación, entonces presidida por el popular Fernando Giner. En ese caso, las 70.000 sillas, hubieran costado 35.000 euros.

La lista de gastos es más amplia. En 2004 la Diputación aportó otros 10.000 euros tras incorporarse a la fundación encargada de la organización de la visita del Papa. Un año después libró una subvención de 10.000 euros para la confección de 100.000 dípticos y 100.000 folletos informativos en cinco idiomas. En diciembre de 2005 y con cargo a los presupuestos del año siguiente, la institución consignó una segunda ayuda por 9.438 euros, que la fundación empleó en carteles y dossiers.

Por último, también por un procedimiento negociado sin publicidad, el artista Nassio Bayarri consiguió otra contrata para realizar un busto en bronce de Benedicto XVI, una pieza de 100 kilos de peso que costó 45.000 euros a las arcas públicas.

Además de las aportaciones dinerarias, Rubio ha pedido las actas de las reuniones de la fundación en las que participó la Diputación. "Estamos recopilándolas para remitírselas lo antes posible", le contestan.

Por otra parte, la vertiente judicial del caso Gürtel sitúa a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior valenciano, en primer plano. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha pedido explicaciones de por qué no se abstuvo en el caso que implicaba al presidente Camps, quien dijo de él que era su "más que amigo", informa Lydia Garrido. Que De la Rúa, que opta a la reelección, acudiera a un acto electoral del PP ha sido clave para que la queja que presentó contra él un abogado no se archivara y la inspección técnica avance en la investigación, que podrá ser archivada o convertirse en expediente disciplinario. Respecto a la denuncia por supuesta prevaricación formulada contra De la Rúa por Iniciativa del Poble Valencià (IPV), será el teniente fiscal del Tribunal Supremo quien resuelva el asunto.

Mientras los hechos se suceden a diario, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mantiene una agenda oficial de perfil bajo y lo más alejada del escándalo que le rodea. Ayer estuvo, junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la inauguración de un centro de educación especial en la capital.

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Francisco Camps Ortiz
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Nacimiento:
28-08-1962
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Rita Barberá Nolla
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Nacimiento:
16-07-1948
Lugar:
Valencia

La crisis del PP
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"OPERACIÓN PRETORIA"; DETENIDOS EL ALCALDE DE SANTA COLOMA DE GRAMENET Y DOS ALTOS CARGOS EN GOBIERNOS DE PUJOL

Al menos ocho detenidos en una operación relacionada con tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho

JORGE A. RODRÍGUEZ / PERE RÍOS - Madrid / Barcelona

La Guardia Civil ha detenido esta mañana al alcalde de Santa Coloma de Gramenet (PSC), Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo de la localidad, Manuel Dobarco Touriño, al director gerente de la alcaldía, Pascual Vela, a dos altos cargos en gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra, que ocupó las carteras de Gobernación y Economía, y Lluís Prenafeta, mano derecha de Pujol y secretario de Presidencia, así como al ex diputado socialista en el Parlamento catalán Luis García, en una operación que lleva a cabo en la provincia de Barcelona por orden del juez Baltasar Garzón y que está relacionada con presunto blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias, según han confirmado fuentes de la investigación. El presidente de Proinosa, el constructor Josep Singla (también vicepresidente de la Cámara de Contratistas de Cataluña y del Gremio de Constructores de la provincia de Barcelona), y el presidente del grupo inmobiliario Espais, Lluis Casamitjana, también figuran entre los detenidos en la operación anticorrupción. Los detenidos declararán mañana ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional.

La investigación judicial arranca de las pesquisas llevadas a cabo por el juez Garzón en 2002 sobre BBVA Privanza, que opera en las Islas Jersey. El juez de la Audiencia Nacional llegó a la conclusión de que algunos supuestos implicados en este caso -Macià Alavedra y Lluís Prenafeta- habían transferido parte de los fondos que supuestamente tenían en las Islas Jersey para blanquearlo en una operación urbanística desarrollada por el Ayuntamiento de Santa Coloma. Se trata de unos terrenos en los que actualmente está construido el centro comercial Gramanet que fueron vendidos en subasta en la época en que la alcaldesa era la socialista Manuela de Madre.

Reventa de terrenos
Los compradores lo revendieron a unos terceros y posteriormente el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet llegó a un acuerdo con ellos ante la presión ejercida por los comerciantes de la zona. De esa manera, se redujo el suelo comercial, se construyó un hotel y una residencia de ancianos. Estos nuevos propietarios lo acabaron vendiendo otra vez.

Agentes de la Guardia Civil se han desplazado hoy a la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet en el marco de esta operación para registrar varios despachos de la sede municipal, de donde han hecho salir a los funcionarios para llevar a cabo la operación. El alcalde, Bartomeu Muñoz, ha sido trasladado esta tarde a la sede consistorial de esta localidad para presenciar parte del registro de varias dependencias municipales. Probablemente el sustituto de Muñoz sea el actual presidente de la Diputación de Barcelona y concejal de Santa Coloma por el PSC, Antoni Fogué, a la sazón marido de la dirigente socialista Manuela de Madre.

Repercusión en Badalona
Como consecuencia de la misma operación policial, el Ayuntamiento de Badalona ha recibido esta tarde un requerimiento judicial secreto en el que se le solicitaba información sobre un solar no edificado de esta población. Al parecer, el terreno podría guardar alguna relación con las sociedades investigadas por Garzón e implicadas en la trama, si bien el alcalde de Badalona, el socialista Jordi Serra, declinó dar más detalles sobre la ubicación del solar, informa Jesús García. También declinó explicar las relaciones del consistorio con las empresas Proinosa y el grupo inmobiliario Espais, aunque apuntó que el consistorio no ha sufrido ningún registro y que ha ofrecido la máxima colaboración con la justicia.

¿Quién es quién en la operación?

Bartomeu Muñoz Calvet (Santa Coloma de Gramanet, 1957) . Es alcalde de esa localidad desde junio de 2002 cuando sustituyó en el cargo a Manuela de Madre, que se retiró de la primera línea política a raíz de una enfermedad. Además de alcalde, Bartomeu es vicepresidente de la Diputación de Barcelona.

Hijo de Blas Muñoz, último alcalde franquista de de Santa Coloma (1975 y 1979) y promotor urbanístico, Bartomeu Muñoz se afilió con 18 años a la Federación Catalana del PSOE.

Pese a que es alcalde de una localidad del cinturón industrial de Barcelona, Bartomeu tiene su residencia en el Turó Parc, en una de las zonas más exclusivas de la capital catalana. Bartomeu es desde 1983 concejal de Santa Coloma y alcalde desde 2002 cuando sustituyó a De Madre.

En las elecciones de 2003, ganó las municipales por mayoría absoluta pero formó una coalición de gobierno con el PSC, ICV-EUiA y CiU. En los comicios de 2007, revalidó la mayoría absoluta aunque ya optó por gobernar en solitario.

Macià Alavedra i Moner (Barcelona, 1934). Fue uno de personaje clave en diferentes gobiernos de Jordi Pujol. Hijo del que fuera secretario de los presidentes de la Generalitat Lluís Companys y Francesc Macià, Alavedra vivió durante su infancia en el exilio. En 1974 fundó junto a Ramon Trias Fargas el partido Esquerra Democràtica de Cataunya que luego acabaría fusionándose con Convergència.

Durante su larga trayectoria política, Alavedra ocupó diferentes carteras en los sucesivos gobiernos de Pujol como las de Gobernación, Industria y Energía y Economía y Finanzas. Fue diputado desde 1979 hasta 1995 tanto en el Congreso como en el Parlament de Catalunya. En 1997, renunció a su escaño de diputado y a la consejería -le sustituyó Artur Mas, actual presidente de Convergencia.

Fue nombrado presidente del consejo de administración de la sociedad Autopistas de Catalunya. Alavedra declaró como testigo en el sumario por corrupción instruido contra el juez Pasqual Estevill, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU.

Lluís Prenafeta (Ivars d'Urgell, Lleida, 1939) . Es empresario: empezó su actividad profesional en el sector de la piel con la empresa familiar Tipel.

Prenafeta fue el brazo derecho del presidente de la Generalitat Jordi Pujol, durante nueve años. Se afilió a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en 1976 y ahí empezó su carrera política. El 8 de mayo de 1980 fue nombrado secretario general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, lo que le convirtió en el número dos del Gobierno catalán y hombre de confianza de Pujol.

Presentó la dimisión el 9 de marzo de 1990 tras conocerse que la fiscalía de Barcelona había abierto una investigación para determinar si existía incompatibilidad con el cargo que ocupaba en el Ejecutivo catalán y sus actividades en el mundo de los negocios, en concreto Tipel.

El caso fue archivado por la Audiencia de Barcelona el 5 de marzo de 1993. No encontró delito, pero advirtió a los cargos públicos que su dedicación debía ser exclusiva. Dos años más tarde, Prenafeta también fue citado a declarar como inculpado en el llamado caso Casinos, que investigó un supuesto desvío de 3.000 millones de pesetas de Casinos de Catalunya para financiar Convergència Democràtica. El caso fue archivado porque no existía la figura de delito de financiación ilegal de partidos políticos.

En 1995 Prenafeta declaró como inculpado en el caso Grand Tibidabo, que inculpaba a Javier de la Rosa de la pérdida de 10.000 millones de pesetas. El caso también fue archivado.

A su salida de la política, en 1990, fue nombrado presidente de la compañía Petrolis de Catalunya (Petrocat), promovida por la Generalitat. Y también asumió la presidencia de la empresa Túnel del Cadí. Prenafeta fue el principal promotor del diario El Observador, un intento fallido de Convergencia de tener un diario afín.

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El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz.-




El ex secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta (CDC).-




El ex consejero de Economía, Industria y Gobernación, Macià Alavedra (CDC).-




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"OPERACIÓN PONIENTE"; UNO DE LOS LÍDERES DE LA TRAMA CORRUPTA DE EL EJIDO ES SOCIO DE JOSÉ BARRIONUEVO

Corrupción en El Ejido (Almería)

* Sociedades de Juan Antonio Galán y del ex ministro gestionan Sclarea SL
* Barrionuevo también mantiene buenas relaciones con el alcalde Enciso

Miguel Cabrera | El Ejido (Almería)

El ex ministro del Interior José Barrionuevo es socio, junto a su mujer, de Juan Antonio Galán, uno de los principales cabecillas de la trama de presunta corrupción destapada en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), por la que han sido detenidas hasta el momento 20 personas. Entre ellas, el alcalde, Juan Enciso (Partido de Almería, PAL), en prisión incondicional desde el viernes.

Galán es uno de los cuatro 'patriarcas' encarcelados sin fianza que han involucrado a sus familiares más directos en la red que percibía cantidades millonarias de la sociedad mixta Elsur participada en un 30% por el Consistorio y en un 70% por Cajasol, Cajasur y Abengoa a través de subcontratas que eran, en realidad, empresas fantasma, creadas con un capital mínimo y sin apenas medios materiales, pese a lo que percibían desmesurados beneficios de hasta el 80% del capital que les pagaba la compañía matriz.

José Barrionuevo y Juan Antonio Galán.

Con estas actividades habrían conseguido defraudar a las arcas públicas unos 150 millones de euros, según calcula la Fiscalía Anticorrupción. Junto a Galán fueron detenidas su mujer y su hija. La primera ha quedado en libertad con cargos y la segunda ha pagado una fianza de 50.000 euros para eludir el ingreso en prisión.

Según detalla una de las denuncias presentadas en 2007 ante la Fiscalía, Juan Antonio Galán es administrador solidario de la firma Sclarea junto a Jeos Integral, una sociedad que a la vez tiene como administradores solidarios a José Barrionuevo, condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey por los GAL, y a su mujer, Esperanza Huélamo.

Además
* Los personajes clave de la trama de El Ejido

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EL TRIBUNAL SUPREMO MANTIENE LA CONDENA A HUETE POR EL "CASO FUNERARIA"

Impone 2 multas a uno de los acusados absuelto

Europa Press | Madrid

El Tribunal Supremo ha dictaminado mantener la condena a dos años de inhabilitación por prevaricación a Luis María Huete, uno de los tres concejales de la Corporación de Álvarez del Manzano implicados en la venta de la Funeraria a Funespaña.

También ha condenado al ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo al pago de una multa que asciende a 3,7 millones de euros.

En una sentencia hecha pública este martes, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal considera a Rodrigo cómplice responsable de un delito consumado de prevaricación y autor de otro delito consumado de trafico de influencias, con la concurrencia en ambos tipos penales de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El 'caso Funeraria' significó el mayor escándalo del mandato del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. Los hechos se remontan al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña por su quiebra económica. La empresa la adquirió por un precio simbólico de 0,60 euros. La Fiscalía acusaba a Huete, Piñal y Moreno de hacer caso omiso de las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación.

El fallo del Supremo resuelve los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía de Madrid y los imputados contra la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2008. La Sala de instancia consideró a Huete responsable de la privatización del 49% del capital de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, cuya "gestión la adquirió por 100 pesetas" (0,60 euros). El valor neto de la empresa era de más de mil millones de pesetas.

En la resolución, el Alto Tribunal concluye que la acción desplegada por el acusado Rodrigo constituía una clara "sugestión, invitación o instigación a la persona de Huete, artífice de la privatización, a que resolviera en un determinado sentido, desde luego en favor de Funespaña en la que poseía claros intereses".

Argumenta el delito de tráfico de influencias, al señalar que la acción típica de "influir" en un funcionario público o autoridad "lo constituye el hecho del asesoramiento permanente a Huete, al que convenció además de la necesidad de adjudicar el concurso, alegando que la entidad en otro caso debería de declarar la quiebra".

Para el Supremo, "este comportamiento supone sin ningún género de dudas un aporte causal relevante en la toma de decisión a la hora de adjudicar el concurso y de condonar la deuda de la empresa con el Ayuntamiento, que a instancias de Huete acordó el Pleno de 26 de febrero de 1993".

La Audiencia de Madrid absolvió a los ex concejales populares Simón Viñals y Antonio Moreno de los delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación, malversación y tráfico de influencias de los que habían sido acusados al no quedar acreditada su comisión. La Fiscalía de Madrid solicitaba para los tres procesados 4 años y 10 meses de prisión, así como 24 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

También salieron bien parados el ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, a quienes se les exoneró de la comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública por haber prescrito su responsabilidad penal. Se pedía para ellos 18 años y siete meses por un amplio abanico de delitos.

Sobre Funespaña, la Audiencia de Madrid señaló en su fallo que Rodrigo y los Valdivia consiguieron mediante su influencia en el Ayuntamiento de Madrid adjudicarse el 49 por ciento del capital de la funeraria municipal y su "gestión por el precio de 100 pesetas, asegurándose además, el cobro del 20 por ciento de los beneficios antes de impuestos que aquella generara". La sentencia concluía que Funespaña debió pagar 1.236 millones de pesetas "si se hubieran hecho los controles necesarios.

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LIBERTAD SIN FIANZA PARA UNO DE LOS CUATRO DETENIDOS EN CASTRO DE REI

Presunta corrupción en el municipio lucense

Efe | Lugo

La concejala de Mujer y Bienestar en el Ayuntamiento de Castro de Rei (Lugo), Ana Canto, ha quedado en libertad sin fianza tras prestar declaración en los juzgados de Lugo.

Ana Canto fue detenida el lunes junto con otros tres miembros de la corporación, entre ellos el alcalde, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El resto de imputados en este caso no pasarán a disposición judicial hasta el miércoles, según informaron fuentes judiciales.

La concejala socialista ha quedado en libertad sin fianza, aunque no se ha informado de si la jueza Estela San José le imputa algún cargo.

El alcalde, el socialista Juan José Díaz Valiño, y los ediles Antonio Balado, también del PSdeG-PSOE, y Roberto Lorenzo, de Terra Galega, permanecen en la comisaría de policía de Lugo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quiso ser prudente sobre el caso de Castro de Rei e insistió en que es preciso esperar a lo que diga la Justicia.

Núñez Feijóo, presidente también del PPdeG, abogó por que, "a diferencia de otros partidos", cuando "una cuestión está sometida al dictamen de la Justicia, hay que respetar lo que diga la Justicia y no hacer prejuicios ni juicios paralelos", dijo.

El municipio de Castro de Rei, de casi 5.800 habitantes, está gobernado por una coalición entre PSOE (cuatro concejales), Terra Galega (uno) y BNG (dos), aunque las investigaciones no afectan a los ediles nacionalistas, que se integraron en el gobierno después del verano.

elmundo.es

EL NÚMERO 3 DE "GÜRTEL" PODRÍA SALIR DE LA CÁRCEL SI PAGA 600.000 EUROS

Primo y testaferro de Correa

* El juez acepta la petición de la defensa, con el visto bueno del fiscal
* Se le retirará el pasaporte y deberá comparecer los lunes y los viernes
* Es uno de los tres imputados, junto a Correa y Crespo, en prisión provisional

Agencias | Madrid

El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha acordado la puesta en libertad provisional bajo fianza de 600.000 euros del primo de Francisco Correa Antoine Sánchez, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 12 de febrero, informó a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

De este modo, el magistrado atiende a la petición realizada por la defensa de Antoine Sánchez, la cual contaba con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, el Ministerio Público solicitó la pasada semana que se modificara la situación procesal del considerado testaferro de Correa.

La petición de libertad se basó en las circunstancias que rodean la actuación de Sánchez dentro de la trama, el tiempo que ha transcurrido en la prisión y los delitos que se le imputan. Como medida de precaución, a Sánchez se le retirará el pasaporte y deberá comparecer ante el juzgado más cercano del lugar donde se encuentre los lunes y viernes de cada semana y cuantas veces sea llamado por el instructor.

El auto de libertad también dispone su libertad siempre y cuando acredite el domicilio en el que va a residir y la estancia de su esposa en España.

Antoine Sánchez figuraba como el administrador de las empresas de la 'red Gürtel' y está considerado uno de los principales cabecillas de la trama. Sánchez, Correa y Pablo Crespo, ex secretario general del PP en Galicia, son los únicos imputados del caso que se encuentran encarcelados con carácter preventivo por orden del juez.

En el auto, Pedreira expone que "la medida cautelar inicialmente adoptada estaba absolutamente justificada y era proporcional a los delitos imputados y a las circunstancias personales de Antoine Sánchez". "En el estado actual de la causa, tras casi ocho meses de instrucción (*) resulta procedente la adopción de medidas menos gravosas para el derecho de libertad", añade el auto.

Se le acusa de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Antoine era pieza clave en la estrategia que había montado Correa para desvincularse de las sociedades gestionadas desde el despacho de Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

El líder de la trama quería apartarse con motivo de las investigaciones que había iniciado la Fiscalía Anticorrupción en las oficinas de Balín.

Además
* Un mes más de secreto de sumario | Documento: Auto
* Claves | Quién es quién

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"OPERACIÓN PRETORIA"; "ESTO ES MARBELLA 2"

SANTA COLOMA | La reacción de los vecinos

Algunos de los vecinos protestan en la entrada del Ayuntamiento. | Efe

* Un centenar de vecinos se ha concentrado frente al ayuntamiento
* Una simpatizante de avanzada edad del PSC ha sido increpada por los vecinos
* Mientras paseaba al perro, alzaba una bolsa de plástico del PSC
* Los vecinos recuerdan recientes polémicas urbanísticas: 'Esto se veía venir'

Jordi Ribalaygue | St. Coloma de Gramenet

"No siento vergüenza, sino alegría", afirma uno de los más de cien vecinos que se han agolpado en la plaza de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, frente al Ayuntamiento, justo después de saberse que la Guardia Civil ha iniciado registros en el consistorio, además de en los de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Ante las acusaciones de corrupción urbanística, los vecinos lo tienen claro: "Hacía tiempo que se veía venir". Así, los vecinos recuerdan recientes polémicas urbanísticas como las críticas a que la ciudad gastara 3,3 millones en unas pistas de atletismo no reglamentarias, destapado en abril de este año.

Además, no dudan en comparar esta operación con la última gran lucha contra la corrupción urbanística: "Esto es Marbella 2", afirman tajantes.

Una mujer de avanzada edad que paseaba al perro luciendo una bolsa del PSC ha sido una de las protagonistas de lo que ocurría en el exterior del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. La señora ha sido increpada por un grupo de jóvenes -los mismos que protagonizaron los encierros antiBolonia en la ciudad-, que han intentado arracarle la bolsa de las manos.

La mujer se ha atrevido hasta a levantar la bolsa a modo de bandera por la defensa del alcalde. Mientras, el resto de vecinos, del otro lado, no cesaban de gritar "ladrón" y "chorizo" hacia las puertas del consistorio.

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"OPERACIÓN PRETORIA"; EL ALCALDE DE SANTA COLOMA QUE VIVE EN LA BARCELONA RICA

Bartomeu Muñoz

Bartomeu Muñoz, entre Montilla y Nadal, en las obras de la L9 de metro. | Christian Maury

* Vive en Turó Parc pese a ser alcalde de la población desde 2002
* Su padre, Blas Muñoz, fue el último alcalde franquista de Santa Coloma
* La gente del partido y los ciudadanos le llaman 'Bartu'
* Actualmente es miembro del Comité Federal del PSOE
* En mayo recibió un premio como 'ejemplo de regeneración urbanística'

Europa Press | Barcelona

Uno de los detenidos más importante de la operación contra la corrupción urbanística que se ha desarrollodo hoy en diferentes municipios de Barcelona es el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y miembro del Comité Federal del PSOE. Bartomeu Muñoz (PSC) vive en Turó Parc, una de las zonas más exclusivas de Barcelona, pese a ser alcalde de la población desde 2002.

Casado y con dos hijos, alternó desde 1983 diversos cargos en la Diputación de Barcelona, donde en 2004 fue nombrado vicepresidente primero. Pese a que, en un principio, su nombre sonaba para presidir el órgano, finalmente se optó por el de Antoni Fogué, marido de Manuela de Madre.

Muñoz sustituyó a De Madre en la alcaldía en 2002, cuando la dirigente socialista tuvo que renunciar al cargo por motivos de salud.

Desde 1981 es también primer secretario de la Federació del Barcelonès Nord, del que forman parte otras ciudades como Badalona, Sant Adrià de Besòs, Montgat y Tiana. El PSC es la formación hegemónica en la mayoría del territorio.

Su padre, Blas Muñoz, también fue alcalde de Santa Coloma durante la transición democrática en la ciudad. El actual alcalde inició su actividad política en 1974 como militante de la federación catalana del PSOE, y dos años después fue detenido por su activismo contra el régimen franquista.

En Santa Coloma de Gramenet fue concejal sin cartera desde la segunda legislatura, en 1983, y hasta el pasado congreso del PSOE perteneció a la comisión de control financiero del PSOE y, actualmente, es miembro del Comité Federal del partido.

Algunas de sus recientes decisiones ha sido implantar desde primero de ESO ordenadores portátiles gratuitos para los alumnos de las escuelas de la población, y que desde P3 hasta bachillerato no tengan que pagar los libros de texto. Popularmente, la gente del partido y los ciudadanos de Santa Coloma de Gramenet le llaman 'bartu'.

Premio como 'ejemplo de regeneración urbanística'
El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, recibió el pasado mayo un premio en el marco del Salón Ecocity and Industry de Barcelona, por considerar que los proyectos inmobiliarios desarrollados en los barrios en los últimos años eran "un ejemplo de regeneración urbanística".

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"OPERACIÓN PRETORIA"; LLUÍS PRENAFETA, EL "FONTANERO" DE PUJOL

Secretario de la Presidencia entre 1980 y 1990

Prenafeta en trando a la Audiencia en 2001, por una acusación de la que fue absuelto. | J. M.

* Fue absuelto por la Audiencia de usar su cargo para intereses personales
* Intervino en la creación de TV3, Catalunya Ràdi o la lotería de la Generalitat.
* Fue presidente de la compañía Petrolis de Catalunya (Petrocat)

Efe | Barcelona

Considerado la mano derecha del ex presidente catalán Jordi Pujol durante los años 80 y procedente del mundo de los negocios, Lluís Prenafeta fue secretario general de la Presidencia y un controvertido 'fontanero' en la sombra del poder de los primeros gobiernos de CiU.

Con su afiliación en 1976 a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el empresario Lluís Prenafeta Garrusta (1939, Ivars d'Urgell, Lleida) inició una actividad política que se alargó hasta 1990, cuando dimitió de su cargo como secretario general para dedicarse a la actividad privada.

Tras formar parte de la dirección nacional de CDC, el 8 de mayo de 1980 fue nombrado secretario general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, liderada por Jordi Pujol, puesto desde el que impulsó la coordinación del Govern y contribuyó a su proyección internacional durante los sucesivos mandatos de Pujol.

El ático de Barcelona en el que reside Lluís Prenafeta. | Efe

Perito industrial y hombre de confianza del entonces presidente catalán, el 31 de mayo de 1990 dimitió de su cargo como secretario general para dedicarse a la actividad empresarial.

Fue a inicios de ese mismo año cuando Prenafeta inició un periplo de presuntas vinculaciones a distintas tramas de corrupción, de las que siempre fue absuelto.

Absuelto en dos ocasiones
A comienzos de los 90, la Fiscalía de Barcelona inició una investigación por supuestas incompatibilidades entre su actividad pública y empresarial, después de que el sindicato CNT y un grupo de abogados catalanes le acusaran de aprovecharse de su cargo público para intereses personales en la concesión de servicios y equipamientos para la Generalitat de Cataluña.

No obstante, tres años más tarde, en febrero de 1993, la Audiencia archivó las diligencias del llamado "caso Prenafeta" por entender que el acusado no había incurrido en ningún delito.

El juez de instrucción que decidió el archivo fue Lluís Pascual Estevill, condenado a la postre por prevaricación en otros casos.

Prenafeta también fue imputado en 1996, junto a 30 implicados más, entre ellos el hijo del presidente del Comité Olímpico Internacional y ex presidente de La Caixa Juan Antonio Samaranch Salisachs, por el presunto desvío de 30.000 millones de pesetas de la constructora Huarte, que suspendió pagos en 1996.

Prenafeta declaró en enero de 2000 en la Audiencia Nacional para explicar los ingresos procedentes de Huarte a empresas vinculadas con él, causas que fueron archivadas en mayo de 2001.

El ex secretario general de la Presidencia intervino en proyectos como la creación de la televisión catalana (TV3), la emisora institucional Catalunya Ràdio, la organización de las loterías de la Generalitat y en el proyecto de instalación de un parque temático en Tarragona, en lo que finalmente sería Port Aventura.

El 15 de junio de 1990 fue nombrado presidente de la compañía Petrolis de Catalunya (Petrocat), promovida por la Generalitat y participada por Repsol y CEPSA. En septiembre de ese mismo año, fue nombrado presidente de la empresa Túnel del Cadí.

Dentro de la empresa privada, a comienzos de los noventa estaba ligado a una treintena de sociedades.

Prenafeta, principal inspirador de la fundación del rotativo "El Observador", que salió por primera vez a la calle el 23 de octubre de 1990, y accionista mayoritario, vendió su participación del 51% en septiembre de 1992. El diario dejó de editarse en octubre de 1993.

En marzo de 1994 dejó tanto la presidencia de Petrocat como la del Túnel del Cadí. Estas salidas fueron interpretadas como una ruptura y distanciamiento respecto del gobierno catalán de Pujol.

Lluís Prenafeta desmintió a continuación esa explicación y argumentó que dejaba ambas entidades para dedicarse a sus inversiones en Rusia a través de su empresa Juspi, que años antes había creado con Chupa-Chups Invest, y de la que posteriormente se retiró Chupa-Chups para hacerse con el control Prenafeta.

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"OPERACIÓN PRETORIA"; DETENIDOS POR CORRUPCIÓN DOS EX ALTOS CARGOS DE PUJOL Y EL ALCALDE DE SANTA COLOMA

En total hay ocho personas arrestadas

La entrada del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. | Efe

* Además del alcalde, está detenido el regidor de Urbanismo, ambos socialistas
* Los constructores Josep Singla y Llúis Casamitjana se suman a los detenidos
* Por adjudicaciones amañanadas, cobro ilegal de comisiones y blanqueo
* La operación parte de otra causa contra BBVA Privanza por blanqueo

Jordi Ribalaygue | Xiana Siccardi | Santa Coloma | Sant Andreu

Dos cargos de confianza del gobierno catalán que dirigió Jordi Pujol, un alcalde, un regidor (ambos socialistas), un ex diputado del PSC y dos importantes constructores han sido detenidos esta mañana. En total, al menos siete personas han sido arrestadas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística -bautizada como Operación Pretoria- que salpicaría a tres municipios de la provincia de Barcelona: Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres.

Uno de los detenidos es Lluís Prenafeta, quien fue secretario de la Presidencia con Jordi Pujol. Otro de los implicados 'convergentes' es Macià Alavedra, ex conseller de Economía de CiU de la misma época.

Entre los cargos en activo destaca la detención del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz Calvet y de Manuel Dobarco Touriño, regidor de Urbanismo de la misma localidad y presidente de la empresa Gramepark. De hecho, esta mañana la Guardia Civil también ha acudido a la sede de esta compañía, una empresa municipal.

También han sido detenidos Pascual Vela, el ex diputado del PSC, Josep Singla, constructor y presidente de la inmobiliaria Proinosa; y Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais. El séptimo arrestado es el ex diputado del PSC Luis García Sáez, quien ya estuvo imputado por estafa cuando presidía la inmobiliaria AGT, en el caso que fue instruído por el juez Adolfo Fernández Oubiña.

Además de las detenciones, se han realizado 13 registros, según fuentes de la investigación. Los arrestados están acusados de adjudicaciones amañanadas de obra y servicios públicos, cobro ilegal de comisiones y blanqueo.

Registros en Santa Coloma y entrada en Sant Andreu
La operación policial contra la corrupción urbanística ha tenido su epicentro, a primera hora de esta mañana, en Santa Coloma de Gramenet. Ha sido allí donde se ha concentrado una mayor presión de los agentes de la Guardia Civil. Allí, el edificio está siendo custodiado por agentes de la Guardia civil y varios vehículos policiales. A la entrada del consistorio, en la plaza de la Vila, algunos vecinos se han reunido para presenciar la actividad policial.

Según informaron Fuentes de la Fiscalía, llevan a cabo los registros la Guardia Civil junto con la Fiscalía Anticorrupción. Trabajan junto a algunos técnicos del mismo ayuntamiento y han vetado el acceso a los despachos de la Secretaría General, Servicios Jurídicos y el Departamento de Informática.

En Sant Andreu de Llavaneres, las pesquisas se centran en el convenio de urbanismo de 2006, cuando gobernaban en coalición PP y PSC. En la actualidad, el gobierno es convergente.

Dos alcaldías socialistas y una convergente
Santa Coloma de Gramanet, a sólo ocho kilómetros de Barcelona, está gobernada por el PSC, con el alcalde Bartomeu Muñoz Calvet al frente del equipo de gobierno. Cuenta con más de 115.000 habitantes.

Badalona es la tercera ciudad más poblada de Cataluña, tras Barcelona y Hospitalet de Llobregat. Con más de 221.000 habitantes, está gobernado por el PSC en coalición con ERC y CiU. El alcalde es Jordi Serra Isern, que ocupó el cargo en abril de 2008 en sustitución de Maite Arqué, quien abandonó la alcaldía para ocupar su escaño en el Senado.

BBVA Privanza como precedente
La operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey.

En este fraude se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los detenidos hoy por orden de Garzón.

Las investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal".

Las pesquisas sobre el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta y el rastro de las transferencias llevaron hasta varios despachos de abogados, entre ellos Petrus, que -según la investigación- cooperaron presuntamente en una operativa para defraudar al fisco y de ese modo "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus clientes.

La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía a su vez del sumario sobre la gestión económica de la Expo'92 y el supuesto cobro de comisiones ilegales, después de que el Tribunal de Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas.

Además
* Prenafeta, El 'fontanero' de Pujol
* Bartomeu, alcalde de Santa Coloma, residente en la Barcelona rica

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"OPERACIÓN PRETORIA"; EL PSC YA PREPARA AL MARIDO DE DE MADRE COMO RELEVO DEL ALCALDE DE SANTA COLOMA

Reacciones a la operación contra la corrupción municipal

Fogué y Bartomeu. | Foto: A. Moreno| Q. García

Efe | Barcelona

Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona, concejal en Santa Coloma de Gramanet y marido de la diputada socialista, Manuela de madre se perfila como sustituto del actual alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, a la espera de lo que dictamine el juez tras detener a Muñoz en el marco de una operación anticorrupción.

Así lo han avanzado a Efe fuentes de los socialistas catalanes, después de una operación de la Audiencia Nacional contra la corrupción desarrollada en la provincia de Barcelona saldada con nueve detenidos, entre ellos también el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramanet, Manuel Dobarco, y el director gerente de Servicios del consistorio, Pascual Vela.

A los detenidos por este golpe a la corrupción, relacionado con la adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción, se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

José Zaragoza. | Efe

Respuesta contundente

Los movimientos se suceden después de que el secretario de organización del PSC, José Zaragoza, anunciara al poco de conocerse la opración policial que si la "autoridad judicial toma medidas" contra el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet desde 2002, el PSC pedirá su renuncia y le expulsará del partido.

El caso también ha llevado al PSC a anunciar que nombrará dos comisiones gestoras, una para la agrupación de Santa Coloma de Gramenet y otra para la Federación del Barcelonés Norte, que sustituirán a las actuales ejecutivas en ambos territorios, y a concretar que mientras tanto la secretaría de organización del PSC asumirá su control.

El partido ha remarcado que si se confirman las sospechas, el PSC propondría la "elección inmediata de un nuevo alcalde" de Santa Coloma y también relevaría a Muñoz como vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona.

La Generalitat será 'intolerante'
Por parte de la Generalitat, el conseller de Interior, Joan Saura, ha asegurado que el gobierno catalán se mantendrá "intolerante" ante cualquier posible caso de corrupción en Cataluña y ha pedido a los ciudadanos que en "estos momentos difíciles" mantengan su "confianza" en las instituciones y el Estado de Derecho.

Tras la reunión del gobierno catalán, Saura se ha referido así a la operación policial anticorrupción abierta en Cataluña, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por la que han sido detenidas al menos seis personas, entre ellas el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, y el ex secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.

Saura ha remarcado que el Ejecutivo catalán, desde el respeto a la presunción de inocencia, mantendrá una actitud de "firmeza" y de "intolerancia" ante los posibles casos de corrupción que se puedan conocer.

Saura ha pedido a los ciudadanos que "en estos momentos difíciles" -esta nueva operación anticorrupción en Cataluña ha coincidido con el gran revuelo y estupor originado por el 'caso Palau'-, mantengan su confianza en las instituciones, ya que la Justicia, la Fiscalía y las fuerzas de Seguridad trabajan para defender al Estado de Derecho.

Además
* CiU alega que Alavedra y Prenafeta no son dirigentes
* Pefiles, Lluís Prenafeta | Bartomeu Muñoz | Macià Alavedra
* Detenidos por corrupción dos ex altos cargos de Pujol y el alcalde de Santa Coloma

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