lunes, 16 de noviembre de 2009

"CASO MERCASEVILLA"; EL DELEGADO DE EMPLEO DECLARA QUE MELLET LO INCULPÓ POR PRESIONES DE TERCEROS

El ex gerente lo señaló como inspirador del soborno

Rivas, junto a su abogado, al llegar al juzgado para declarar. | Jesús Morón

* Rivas dice desconocer el destino de la supuesta comisión, "desde luego", no para uso público de la Junta

Sebastián Torres | Sevilla

El delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, ha negado los hechos que se le imputan en su declaración ante la juez titular del número 6 de Instrucción de Sevilla, Mercedes Alaya, que se ha iniciado poco después de las 11.40 horas de este lunes.

Rivas declaró que el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, lo implicó en su declaración ante la policía judicial por "pánico o presiones de terceros". Ante los periodistas, Rivas ha dicho que "cuando se llevan tantos años en lo orgánico y en lo institucional, se han pisado algunos callos" y atribuye a alguno de esos damnificados las presiones para involucrarlo.

A preguntas de los informadores, Rivas declaró no saber si esos terceros a los que se refirió son personas vinculadas al Partido Socialista.

En su declaración, Antonio Rivas ha negado que exigiera o sugiriera el cobro de comisiones por la instalación de una escuela de hostelería como había declarado a la policía el ex gerente de Mercasevilla.

Rivas ha respondido a cuantas preguntas le han formulado su abogado, el fiscal del caso y la juez instructora, aunque se ha acogido a su derecho constitucional a no responder a las cuestiones que le han planteado los abogados de las tres acusaciones particulares que ejercen los partidos políticos PP, PSOE y PA.

De sus declaraciones, también es especialmente destacable su afirmación de que desconoce el destino que se le iba a dar a la supuesta comisión de 300.000 euros pedida a empresarios por ex directivos del mercado, pero "desde luego no iban destinados a ningún uso público" de la Junta.

Primera declaración judicial
Es la primera vez que Rivas depone ante su señoría en calidad de imputado, a raíz de lo afirmado por el anterior gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, quien lo responsabilizó de la exigencia de comisiones a empresarios de hostelería en su declaración ante la policía judicial.

En la declaración de Rivas están presentes como acusaciones particulares los letrados que representan a los partidos políticos PP, PSOE y PA, todos ellos personados en la causa.

Se trata de la primera investigación judicial en torno a Mercasevilla a raíz de la denuncia de los dueños del establecimiento hostelero La Raza, a los que se le exigió un soborno por la adjudicación de un proyecto para una escuela de hostelería en terrenos del mercado central de abastos. En un primer momento, el PSOE negó que el delegado de la Junta estuviera imputado en la causa.

Además
* Los escándalos frenan el plan de prejubilaciones
* La juez imputa a tres altos cargos de Sando
* El PSOE impide otra comisión de investigación

elmundo.es

"CASO MILLET"; MILLET DUDA DE QUE SU DESFALCO LLEGARA A LOS 24 MILLONES DE EUROS AUDITADOS

Desvío de fondos del Palau

* El ex presidente del Palau ha dicho a sus abogados que ve la cifra exagerada
* Según la auditoría, habrían desviado también más de 2 millones públicos
* Los abogados pueden encargar una auditoría propia si no están de acuerdo

Efe | Barcelona

Fèlix Millet, imputado por el presunto desvío de casi 24 millones de euros del Palau de la Música, no cree que la cantidad sea tan elevada, según sus abogados, que a partir de este lunes analizarán las auditorías presentadas el pasado viernes 13, elaboradas por los nuevos gestores del Palau y por la Generalitat.

En declaraciones a Efe, el abogado Jordi Pina, defensor de Jordi Montull, mano derecha de Millet, y miembro del mismo bufete que defiende al ex presidente del Palau de la Música, ha expresado sus dudas de que las cantidades desviadas que arrojan las auditorías sean tan elevadas.

"Habremos de estudiar con calma estos datos", ha precisado Pina, que ha añadido que el propio Millet ha comentado a sus letrados que no cree que las cifras desviadas asciendan a más de 23 millones de euros.

La auditoría encargada por el Palau de la Música a la empresa Deloitte constata que el desvío de fondos realizado desde el año 2000 de la asociación Orfeó Català y de la Fundación Palau de la Música asciende a 20,1 millones de euros, a los que se sumarían otros 3 millones defraudados al Consorcio.

De los 20,1 millones de euros desviados por Fèlix Millet y Jordi Montull, 14,6 corresponden a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y 5,5 millones al Orfeó Català.

A esta cantidad hay que sumar los 2,9 millones desviados de fondos públicos del Consorci del Palau de la Música, en el que figuran la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y el Orfeó Català, según la auditoría realizada por la administración catalana.

Los abogados de Millet y Montull podrán analizar durante un mes a partir de hoy las dos auditorías y comprobar si todas las salidas de dinero "están contabilizadas una sola vez y no más", ha explicado Pina.

El juez ha fijado para mediados del próximo mes de diciembre las ratificaciones de los peritos de las auditorías de Deloitte y de la Generalitat, momento en el que el fiscal y los abogados podrán realizar las apreciaciones y preguntas que consideren convenientes sobre estos datos.

En el supuesto de que la defensa de los dos principales imputados no estuviese de acuerdo con los resultados de las auditorías, podría solicitar al juez que sus propios peritos realizaran otro estudio económico del dinero que supuestamente desviaron Félix Millet y Jordi Montull.

elmundo.es

"CASO PRETORIA"; LA FISCALÍA PEDIRÁ AL JUEZ QUE NO PONGA EN LIBERTAD A PRENAFETA Y ALAVEDRA

Baltasar Garzón decidirá el martes

Prenafeta, tras ser detenido por agentes de la Guardia Civil | Quique García

* Las defensas de los dos ex altos cargos alegan motivos de edad y salud
* Les acusan de asociación ilícita, blanqueo y tráfico de influencias

La Fiscalía Anticorrupción informará el martes al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en contra de la puesta en libertad de los ex altos cargos de la Generalitat en los Gobiernos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, solicitada por sus defensas en la llamada "operación Pretoria".

Así lo han informado fuentes del Ministerio Público, que han señalado que, en opinión de la Fiscalía, no han variado las circunstancias que el pasado 30 de octubre hicieron que el fiscal Luis Pastor solicitara el ingreso en prisión incondicional de estos dos imputados en la investigación de una trama de corrupción urbanística radicada en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Garzón acordó la medida e imputó a Alavedra y Prenafeta los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Sus abogados han recurrido el auto de prisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al tiempo que han solicitado al juez que acuerde su libertad en atención a su avanzada edad -Alavedra tiene 75 años y Prenafeta 70- y a su estado de salud.

Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han confirmado que la Fiscalía aún no ha presentado su informe a Garzón sobre esta petición y que previsiblemente lo hará mañana.

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PEDREIRA CONFIRMA LA FIANZA DE UN MILLÓN DE EUROS PARA JOSÉ GALEOTE

* Galeote está imputado por cohecho, prevaricación y malversación de fondos.

Efe | Madrid

El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha confirmado la fianza de un millón de euros que el pasado 12 de mayo impuso al ex concejal del PP en Boadilla del Monte José Galeote, padre del eurodiputado popular Gerardo Galeote.

El TSJM ha señalado, mediante comunicado de prensa, que Pedreira ha rechazado el recurso de Galeote contra el auto en el que fijó esa cantidad como fianza para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que le pudieran imponer.

En el auto notificado, el juez da un plazo de 24 horas al ex concejal para que haga efectiva la fianza, con la advertencia de que en caso contrario procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente hasta asegurar la suma señalada.

Pedreira afirma que de las investigaciones se deduce la existencia de indicios que apuntan a la comisión por parte de Galeote de un delito de cohecho continuado -así como presumiblemente otros de prevaricación y malversación de caudales-, que puede desvirtuar la presunción de inocencia.

Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, José Galeote habría recibido un total de 612.506 euros de la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa durante su etapa de concejal de relaciones institucionales y de gerente del Consorcio Deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid, entre 2002 y 2004.

Esa cantidad se divide en seis partidas que figuran en la contabilidad 'B' de la trama, la mayor de 270.000 euros, otra de 189.300 euros, una de 111.206 euros, dos de 18.000 euros y la última de 6.000 euros.

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"CASO CUADRIFOLIO"; IMPUTAN POR PREVARICACIÓN A OTRO CONCEJAL DE LEGANÉS

El Ayuntamiento confía en su inocencia

Efe | Leganés

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Emilio Fernández Castro ha imputado al edil de Hacienda de Leganés, Antonio García Blázquez, por presunta prevaricación en el llamado 'caso Cuadrifolio', por el que están procesados el anterior alcalde, José Luis Pérez Ráez, y seis ediles de su Gobierno.

En un auto, el juez instructor ha citado a declarar el próximo día 24 como imputados tanto a García Blázquez como a la actual directora de Sistemas de Información del Ayuntamiento, Virginia Moreno.

En un comunicado, los actuales responsables municipales han insistido en el argumento esgrimido con la imputación de Pérez Ráez de que se trata de una "hipotética irregularidad administrativa"

Por su parte, el juez admite el recurso presentado por los ya imputados contra el auto en que advertía indicios de que el actual diputado regional del Partido Socialista (PSOE) José Luis Pérez Ráez y los seis concejales de su entonces Junta de Gobierno pudieron haber cometido prevaricación en el llamado 'caso Cuadrifolio'.

El juez consideraba que aprobaron, en la Junta de Gobierno celebrada el 22 de mayo de 2007, el pago de una factura de 101.478 euros a la empresa Cuadrifolio, a pesar de que la interventora había advertido de que no se había reservado crédito para el gasto y no se había tramitado el oportuno expediente administrativo.

Mientras, el equipo de Gobierno actual "continúa esperando con tranquilidad la resolución de este caso de modo favorable para los encausados, ya que los ex responsables municipales llamados a declarar, en principio no hicieron más que cumplir con su obligación", señala el comunicado del Consistorio.

"El Equipo de Gobierno colaborará con la Justicia en todo aquello que fuera preciso para la resolución definitiva del caso, si así fuese requerido", subrayan.

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"CASO CAN DOMENGE"; GRITOS DE "FUERA, FUERA" Y "A LA CÁRCEL" EN LA LLEGADA DE MUNAR PARA DECLARAR ANTE EL JUEZ

Imputada en la causa

La ex líder de UM lanzando besos a todo el mundo a su llegada. | Pep Vicens

* Un grupo de ciudadanos la esperaba con pancartas de 'Munar dimisión'
* Desde el Círculo Balear critican que 'ha venido como una estrella'
* La cúpula de UM también ha sido increpada en las inmediaciones
* La ex líder de UM ha llegado sola y en su coche oficial
* Gran cantidad de medios locales y nacionales cubren la noticia


C. Arrieta | D. Álvarez | H. Rubio | E. Colom | Palma

Elegantemente vestida para la ocasión, 15 minutos antes de la hora prevista y lanzando besos y saludando a todo el mundo que aparecía en su camino como si de una estrella de Hollywood se tratase, Maria Antònia Munar ha cumplido su compromiso con la Justicia y ha acudido esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Baleares para prestar declaración como imputada por su implicación en el caso Can Domenge mientras presidía el Consell de Mallorca.

Frente al TSJB la esperaba más de un centenar de ciudadanos ataviados con carteles y pancartas en los que se podía leer "Munar dimisión" y que no han cesado de proferir gritos como "corrupción", "a la cárcel", "fuera, fuera" o "chorizos" constantemente contra ella. Munar, que ha llegado sola en su coche oficial, no ha parado de saludar en ningún momento y lanzar besos a los asistentes, pese a los insultos, como si la cosa no fuera con ella.

A pocos metros de distancia, toda la cúpula de UM aguardaba paciente su llegada para darle su apoyo en forma de aplausos. Entre ellos estaba el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; el ex vicepresidente del Consell de Mallorca y hoy conseller de Turismo, Miquel Nadal; ambos también imputados en la causa, el conseller Antoni Pascual y el ex conseller Francesc Buils. Todos ellos han tenido que aguantar estoicamente los improperios de los ciudadanos que en un momento dado se han dirigido contra ellos y les han gritado consignas como "no tenéis vergüenza" o "chorizos".

Munar tendrá ahora que explicar un escándalo en el que la Fiscalía Anticorrupción y otra juez de Palma aprecian indicios de malversación, prevaricación y fraude y en el que se investiga la venta del mejor solar que poseía la institución insular en Palma por la mitad de su valor real en un concurso que, según apunta Anticorrupción, fue amañado.

Jorge Campos: 'Ha venido como una estrella de cine'
Entre los ciudadanos que se han dado cita frente al TSJB se encontraban caras conocidas de la política balear, como la coordinadora de UPyD en Baleares, Elena Vallhonrat, el ex coordinador de este mismo partido, Juan Luis Calbarro y el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos. Este último ha asegurado tras presenciar la llegada de Munar que "ha llegado como una estrella de cine" a declarar ante el juez. Campos ha defendido que la institución que él preside es "la única que se manifiesta por la corrupción, sea del lado que sea". También han acudido a presenciar la llegada de Munar miembros de Joves de Esquerra Unida. Muchos medios, tanto locales como nacionales, han acudido a cubrir el acontecimiento judicial del año en las Islas.

Aunque la estrategia de defensa que ha venido preparando la histórica dirigente de Unió Mallorquina hasta ahora pasa por esgrimir que estuvo de baja por problemas de salud cuando se aprobaron las bases del concurso, un repaso a las actas oficiales de los Plenos del Consell y al expediente echan por tierra el desmarque. No sólo porque ella era la presidenta de lo que el TSJB ha definido ya como una estructutra jerárquizada: el Consell. Sino porque el proyecto fue gestándose en un puñado de plenos y actos administrativos celebrados bajo su presidencia. Movimientos internos del Consell que arrancan el 7 de marzo de 2005, justo 9 meses antes de la fecha en que empieza su baja.

La imputación de Munar -defendida por el letrado Gabriel Garcías- se produjo el pasado 21 de octubre, después de que el día 5 del mismo mes la Sala de lo Penal y Civil acordara asumir las competencias para instruir este caso teniendo en cuenta que entre los imputados se encuentran los aforados Miquel Nadal, actual conseller de Turismo del Govern, y Bartomeu Vicens, diputado del Grupo Mixto (ex portavoz de UM) en la Cámara autonómica.

El TSJIB asumió la causa después de que el Juzgado de Instrucción número 12, encargado de las investigaciones, elevase a la máxima instancia judicial de las islas una extensa exposición razonada en la que la jueza Mari Carmen González determinó que el Decreto aprobado el 30 de diciembre de 2005 para la enajenación de los terrenos palmesanos iba dirigido a "un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos" y constituyó una "conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales".

Sacresa conoció el proyecto siete meses antes
Sacresa realizó al menos un pago al arquitecto francés Jean Nouvel -encargado del proyecto- bajo el concepto "concurso en Mallorca" cuando la venta pública de este solar sólo existía en la cabeza de los líderes de Unió Mallorquina (UM), por lo que Sacresa partió en una situación de clara ventaja frente al resto de concursantes. De hecho, en esta causa están imputados la presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar -declarará el 16 de noviembre-, el diputado del Grupo Mixto y ex conseller de Territorio de Baleares, Bartomeu Vicens y el conseller de Turismo de las Islas, Miquel Nadal.

Sacresa y Ferratur resultaron adjudicatarias en 2006 de los terrenos de Can Domenge en el concurso convocado por el Consell de Mallorca para la enajenación del solar. La constructora catalana obtuvo los terrenos por 30 millones de euros, una cantidad muy inferior a los 60 millones de euros que ofrecía Núñez y Navarro, que también optaba a la compra de los solares.

Según un informe de Hacienda encargado por el juzgado de Instrucción Número 12 de Palma -que inicialmente investigó la causa-, el precio de mercado del solar en 2006, año de la venta, era de 57,8 millones de euros.

A raíz de la adjudicación del solar a Sacresa y Ferratur, el ex presidente del FC Barcelona presentó una querella contra las empresas beneficiarias y contra todos los consellers insulares del PP y de UM que en la pasada legislatura votaron a favor de adjudicar el solar a la UTE beneficiaria.

Además
* Antich, prudente y respetuoso con Munar
* El PP pide que se juzgue a Munar con 'prontitud'
* Munar presidió el Pleno del Consell que preparó la venta

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"CASO CAN DOMENGE"; EL JUEZ MANTIENE A MUNAR LA IMPUTACIÓN BAJO LOS MISMOS CARGOS

Imputada por esta causa

La presidenta del Parlament balear a su llegada a los juzgados | Pep Vicens

* Fernando Rubio ya ha concluido también su declaración ante el magistrado
* La Fiscalía aprecia en el caso malversación, prevaricación y fraude

Agencias | Palma


Libertad con cargos. Eso es lo que ha decidido el juez esta mañana tras tomarle declaración a Maria Antónia Munar. La presidenta del Parlament balear sigue imputada en la causa de Can Domenge con los mismos cargos que figuran en la querella inicial: malversación, prevaricación y fraude.

La presidenta del Parlament ha declarado ante el juez en la Audiencia Provincial de Palma por espacio de dos horas. Si a la llegada todo eran besos, sonrisas y saludos al más puro estilo 'alfombra roja', pese a los abucheos e improperios lanzados por un centenar de personas concentradas a las puertas de los juzgados, la salida no ha sido en absoluto tan efusiva. Munar no ha querido hacer declaraciones y su semblante era serio. Apenas media hora después leía una declaración ante los medios de la prensa pero evitaba responder preguntas.

En dicha declaración la presidenta de honor de UM ha agradecido el apoyo de los suyos y ha asegurado: "a partir de ahora continuaré trabajando, que es lo realmente importante para ayudar a solucionar los problemas de los ciudadanos".

En cuanto a su comparecencia se ha excusado diciendo que "tomar decisiones en política implica alguna vez tener algún problema" y ha reprochado que "los políticos ya tenemos lo que se llama la pena del telediario".

Por otro lado el diputado en el Consell del PP, Fernando Rubio, ya ha concluido también su declaración ante el magistrado.

El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha declarado ante el juez que su grupo firmó la venta del solar de Can Domenge creyendo que era ajustada a la legalidad y por lealtad a Unió Mallorquina (UM).

'Firmé obligado por el pacto de gobernabilidad'
Rubio ha declarado por espacio de una hora ante el magistrado instructor de las diligencias abiertas en la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, Francisco Javier Muñoz, por el caso Can Domenge, que investiga la venta del solar público durante la legislatura pasada, cuando era portavoz del PP en el Consell.

Su abogado, Rafael Perera, ha explicado que Rubio ha indicado, a preguntas del juez, que el PP gobernaba con UM cuando se vendió el solar y estaba "obligado por ese pacto de gobernabilidad a apoyar las mociones que hacía UM".

En el caso de la venta de Can Domenge, investigada por haberse efectuado por la mitad del valor que ofertó un comprador, ha dicho que los consellers del PP no vieron "ningún motivo especial para apartarse de esta línea de actuación política pactada", puesto que comprobaron que "los informes técnicos que avalaban el proyecto estaban todos correctos y ajustados a la legalidad".

También ha dicho al juez que a los miembros del PP en el Consell "les extrañó" tener que votar en pleno esta venta, puesto que era una competencia de la presidenta de la institución insular, Maria Antònia Munar, actualmente presidenta del Parlament y que ha declarado ante el juez justo antes que Rubio.

Esta medida fue, por "transparencia", revocada por un decreto de avocación, lo que, según ha dicho Perera, "sorprendió" a los populares.

"Ellos, confiados en que todo estaba ajustado al interés general, a la corrección y a la legalidad, no pusieron obstáculos puesto que no había motivo alguno", ha añadido el letrado.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que investiga el caso Can Domenge procesa a la presidenta de honor de UM por la presunta malversación de 30 millones de euros públicos al vender a mitad de precio la finca de Can Domenge a la promotora catalana Sacresa mientras presidía el Consell en un concurso plagado de irregularidades.

Un asunto en el que la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios sólidos de que se malversó, se prevaricó y se defraudó conscientemente a las arcas públicas. Pero en el que, pese a que el caso lleva tres años en los juzgados, los fiscales no han considerado necesario pedir explicaciones a la máxima autoridad de la institución que malvendió la parcela.

Además
* 'La responsabilidad es de las consellerias de Flaquer y Vicens'
* 'Los políticos ya tenemos lo que se llama la pena del telediario'
* Besos al entrar, silencio al salir del juzgado
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