"CASO GORDILLO"; PIDEN LA NO READMISIÓN DE PEDRO GORDILLO EN LA UGR

Polémica

El ex vicepresidente del Gobierno ceutí ha sido denunciado por acoso sexual

EFE La coordinadora territorial de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido hoy a la Universidad de Granada que no readmita al ex vicepresidente del Gobierno ceutí y ex consejero de Presidencia, Pedro Gordillo, denunciado por acoso sexual.

En un comunicado, la UPyD se ha referido a la posibilidad del reingreso como profesor universitario de Pedro Gordillo "por lo que esperamos que hasta que no se produzca resolución judicial la Universidad de Granada no lo readmita".

Por otro lado, ha argumentado que la mujer, S.M., es la "víctima del escándalo" y ha señalado que "con independencia de la resolución judicial que proceda en derecho lo que es evidente es que se está haciendo un juicio paralelo a nivel popular".

El partido ha estimado que algunos medios de comunicación "están participando muy activamente, sin incluso moderar adecuadamente los comentarios en que se califica soezmente a la denunciante".

Por este motivo, ha argumentado que "seguimos sin entender por qué las instituciones y los responsables políticos de Ceuta a los que compete no han tomado medida alguna, en particular el PP, con Pedro Gordillo ante una denuncia de semejante trascendencia política y mediática".

laopiniondegranada.es

IMPUTADOS VARIOS EMPRESARIOS POR EL URBANISMO DE ARBOLEAS

R. RODRÍGUEZ - Almería

El juez que investiga las presuntas irregularidades urbanísticas en Arboleas (Almería) ha imputado a varios empresarios de la construcción vinculados al municipio. El juez Alberto Blanco, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa, atribuye a estas personas, entre las que no se encuentra ningún cargo público o político, la presunta autoría de delitos contra la ordenación del territorio, según afirmaron fuentes judiciales. El juez mantiene abierta la investigación al haberse incorporado un nuevo atestado a la misma que abre la posibilidad de que también se haya incurrido en prevaricación urbanística.

Estas novedades en la investigación llevaron a la Policía Autonómica a intervenir el pasado lunes el despacho del ex secretario e interventor municipal, Fernando García Benito, en el que los agentes requisaron documentos relativos a solicitudes y concesiones de licencia de obra así como los proyectos de ejecución, y que ahora examinará el juez para determinar las supuestas irregularidades.

Esta pequeña localidad del Valle del Almanzora, una comarca en la que se calcula que existen 5.000 viviendas construidas fuera de ordenación, aprobó el pasado junio la adaptación a la ley del Suelo de sus normas subsidiarias, que recogen que 3.480 de sus 5.801 inmuebles se encuentran en núcleos diseminados del municipio.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PEDREIRA INVESTIGA EL CONTRATO DE CANAL 9 PARA LOS ACTOS DEL PAPA

El director de RTVV remitió al juez el expediente del que se lucró la 'trama Gürtel'

ADOLF BELTRAN - Valencia

"El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos la había solicitado", explicó ayer José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en su primera comparecencia en las Cortes Valencianas tras la dimisión de su predecesor, Pedro Garcia. Era una justificación para no atender la exigencia socialista de que aportara la documentación sobre el contrato de Canal 9 con la empresa Teconsa para la sonorización y la instalación de pantallas durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Un contrato del que la trama de corrupción de Francisco Correa habría obtenido más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales.

De esa manera, López Jaraba reveló que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, está investigando la contratación y se negó a explicar el expediente más allá de confirmar que se adjudicó mediante un concurso negociado sin publicidad al que concurrieron siete ofertas. La diputada socialista Núria Espí, que arremetió contra el anterior director general de RTVV, Pedro García, amigo de Álvaro Pérez, jefe de la trama en Valencia, y dimitido hace unos meses, reclamó información y recordó que Canal 9 pagó 6,4 millones de euros por un trabajo que, en realidad, costó la mitad.

La revelación del director general de RTVV, que se escudó en la confidencialidad a que obligan los contratos a las empresas que se rigen por el derecho privado, como es el caso del grupo audiovisual, y en el secreto del sumario decretado por el juez, para no ofrecer detalles, contradice todo el discurso sostenido por el PP valenciano en los últimos meses en el sentido de que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción que afectan a la Generalitat.

Los grupos de la oposición aludieron reiteradamente al caso de la visita del Papa. Núria Espí, cuyo grupo había solicitado la comparecencia, le preguntó, sin obtener respuesta, qué medidas adoptará para esclarecer lo ocurrido tras haberse demostrado que "se ha utilizado una empresa pública para que hicieran negocio unos cuantos". Enric Morera, de Compromís pel País Valencià, le recriminó el flaco favor que se le hizo al Papa al permitir que se enredara "una pandilla de delincuentes" en la organización de los actos. Y Marga Sanz, de Esquerra Unida, denunció "un pelotazo increíble" del que se aprovecharon "unos señores corruptos".

"Manipulación obscena"
En una larga sesión de la comisión parlamentaria, López Jaraba, que había solicitado una comparecencia para hacerlo, explicó ayer sus intenciones al frente de RTVV, con reiteradas alusiones a la "austeridad" y al anuncio de crear la figura de un defensor de la audiencia, como existe en Canal Sur, de poner en marcha desconexiones de Canal 9 en Castellón y Alicante y de convertir Si Ràdio en una cadena de información durante 24 horas.

Sin embargo, fue la manipulación informativa la que centró el debate. López Jaraba se enrocó en que la cadena pública cumple los criterios de "objetividad, veracidad e imparcialidad" que marca la Ley de Creación de RTVV, "aunque hay posiciones interesadas en desprestigiar a nuestros periodistas".

Toda la oposición criticó la manipulación, aunque los socialistas, por boca de Núria Espí, de Carmen Ninet y de Vicent Sarrià, explicitaron que no están dispuestos a dar al nuevo director general ni el más mínimo margen. "Tras la defensa numantina que ha hecho aquí de la línea de manipulación obscena de un medio público", le dijo Ninet, "está claro que hará lo mismo que sus predecesores". Tanto Ninet como Marga Sanz, de EU, y Enric Morera, de Compromís, pusieron en duda un cambio de intenciones cuando siguen en cargos directivos dos figuras del equipo de Pedro García como Lola Johnson y Lluís Motes, una en Canal 9 y el otro en Ràdio Nou. López Jaraba consideró "desalentadoras" las "descalificaciones personales a compañeros".

elpaís.com

ASÍ NEGOCIABA LA RED DE BAENA LOS "PELOTAZOS" URBANÍSTICOS CON TERRENOS DEL MUNICIPIO

La trama de las facturas falsas se 'diversifica'

Vista general del Ayuntamiento de Baena con la plaza en primer plano. | Madero Cubero







* Las escuchas incorporadas al sumario revelan cómo tramitaban la venta
* Los dos imputados maquinaban cómo beneficiarse de la venta de un solar
* El trabajador de confianza del alcalde ofrecía a un inversor los terrenos

Manuel Mª Becerro | Sevilla

La investigación judicial sobre la presunta red de facturas falsas del Ayuntamiento de Baena, que servía para financiar visitas a un club de alterne de Marbella, ha revelado otras prácticas corruptas en la que incurría el personal de confianza del alcalde, el también senador del PSOE Luis Moreno Castro.

En concreto, las escuchas telefónicas interceptadas por orden del juzgado a Rafael Santano, secretario del regidor y supuesto 'cerebro' de la trama, y el otro trabajador imputado, Juan Díaz, revelan que ambos negociaban pelotazos urbanísticos a comisión.

"Imagínate que te dan un soplo"h3>

Así, por ejemplo, el 16 de agosto de 2007 se produjo una conversación entre Santano y Díaz en la que el primero explica cómo, manejando información privilegiada, pueden beneficiarse de una venta de terrenos. Su único temor es acabar siendo puenteados y perder la condición de intermediarios.

«Imagínate que te dan un soplo a ti. Que van a recalificar dos suelos. Sin saber todavía ni cuándo, ni qué plan, pero que se recalificarán en su momento con unas ideas generales. ¿Qué riesgo hay ahora? Pues que no tienes por escrito eso. Pero ¿qué ganas con eso? Que compras más barato», explica Santano.

"Cobraremos sobre el tipo de inversión"

Igualmente, hay una llamada interceptada el 24 de septiembre de 2007 entre Juan Díaz y una mujer, identificada como Renata y con acento italiano, a la que ofrece terrenos para un tercero que pueda estar interesado en construir un parque de ocio. «Te estoy hablando de darle al tío luego una información privilegiada que solamente va a tener él», argumenta el imputado.

«Lo que se trata es de que 'usted qué quiere hacer'. 'Pues mire usted, yo quiero hacer este proyecto. Este proyecto vale 50 millones de euros, vale'. 'Pues este proyecto nosotros vamos a buscarle un sitio en esta zona. ¿Le gusta a usted?' Bien, y nosotros vamos a comprar aquel terreno pues a un precio razonable, y el tío pues va a ganar un dinero. Entonces nosotros tenemos que cobrar sobre el tipo de inversión que se hace, porque el que vamos a darle es un terreno superbarato», explica Juan Díaz.

Además
Explicación de cómo dar un 'pelotazo'
Ofrecimiento de un 'pelotazo'

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"CASO PRETORIA"; EL IMPUTADO JOSEP SINGLA SE DESVINCULA DE CUALQUIER TRAMA CORRUPTA

El presidente de Proinosa admite que contrataba a Luis García Luigi "esporádicamente"

LLUÍS PELLICER - Barcelona

El constructor Josep Singla, imputado por el caso Pretoria, se ha desvinculado de cualquier trama corrupta y ha asegurado que él no protagonizó "ningún pelotazo" en la Operación Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El presidente de la constructora Proinosa ha afirmado haber contado con los servicios del presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García Luigi "esporádicamente".

Según Singla, Luigi intermedió entre su empresa y una sociedad holandesa de Eugenio Mora, ex propietario de Burberry, para la venta del proyecto Cubics de Santa Coloma, que en principio debía ser un centro comercial. El constructor ha afirmado que de esa operación apenas sacó "unos 200.000 o 300.000 euros de plusvalías".

Singla, que ahora está en libertad bajo fianza de 500.000 euros, ha admitido esta mañana en un encuentro informativo que Luigi también intermedió en la adquisición de un ático en la calle de Beethoven de Barcelona. Esta vivienda, curiosamente, está justamente al lado de la residencia del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet y también imputado por Garzón, Bartomeu Muñoz. "El piso era una buena inversión y está bien situado. Siempre ha estado vacío y está pendiente de reforma", ha afirmado Singla, que no ha recordado a quién lo adquirió.

El constructor ha asegurado que en las últimas tres semanas ha recibido "un trato que no merezco" que se ha materializado en un "desprestigio personal y profesional". Sin embargo, Singla ha hecho hincapié en la "honorabilidad" de su grupo constructor. Por ello, su director general, Ramon Peñaranda, ha invitado a todas las administraciones a auditar sus adjudicaciones, como ya han hecho el Instituto Catalán del Suelo o ayuntamientos como el de L'Hospitalet de Llobregat o Gandía.

El imputado, que ha recurrido la decisión de Garzón, ha afirmado que Luigi es "un operador libre con un despacho profesional" que cobró "una comisión absolutamente legal". "Nadie ha demostrado que haya hecho nada. Yo lo tenía por una persona honrada, y aún nadie ha demostrado que no lo sea", ha asegurado. Singla también ha tenido conversaciones con Bartomeu y con el ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco. "Como en muchos otros municipios", ha dicho. Sin embargo, el constructor ha afirmado no conocer ni a Macià Alavedra ni a Lluís Prenafeta.

Singla ha resaltado el trato correcto de la Guardia Civil, aunque ha criticado el "escarnio" que supusieron las imágenes en las que salía esposado. "Fue el único instante en el que me ataron", ha dicho. En cuanto a la declaración ante el juez Garzón, ha narrado que el interrogatorio sólo constó de tres preguntas y duró unos 15 minutos.

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LA JUSTICIA TIENE 730 INVESTIGACIONES ABIERTAS CONTRA POLÍTICOS POR CORRUPCIÓN

De ellas, 264 son procedimientos penales contra cargos públicos del PSOE y 200 contra miembros del PP

AGENCIAS - Madrid

Gürtel, Munar, Santa Coloma de Gramenet. La acumulación de casos de corrupción en España no para. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha revelado hoy en el Congreso que en estos momentos la Justicia tramita 730 causas en las que se investiga a cargos públicos por corrupción. De estas, 264 son procedimientos penales contra representantes del PSOE y 200 contra miembros del PP. Conde-Pumpido ha explicado que la cifra puede ser engañosa y que la sombra de la corrupción tan sólo salpica a un 1% de los cargos públicos. Se trata de la primera vez que la Justicia difunde esta estadística por partidos.

Aparte de los casos contra representantes de los dos grandes partidos políticos, también hay 43 causas abiertas a los de Coalición Canaria, 30 de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Ezquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, 3 del PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.

"Como ven", ha dicho Conde-Pumpido durante su intervención en el Congreso, "hay de todo. En el Partido Popular, en el Partido Socialista y en otros partidos". El fiscal general ha defendido la actuación de los fiscales y ha explicado que no persiguen a los políticos en general sino a aquellos que son corruptos. También ha rechazado las acusaciones vertidas por algunos partidos de que la Justicia persigue a los políticos basándose en su afiliación.

Al final de su intervención, Conde-Pumpido ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad asegurando que la plaga de la corrupción no está tan extendida como se cree. Frente a los 66.000 concejales y alcaldes, además de los miembros de parlamentos autonómicos y órganos centrales del Estado, hay poco más de 700 investigaciones abiertas, lo que supone que indica que un 1% de los cargos públicos españoles están bajo sospecha.

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"CASO GÜRTEL"; COSTA, EN EL OTRO BANQUILLO

Comité Nacional de Derechos y Garantías

Ricardo Costa, este miércoles en su escaño de las Cortes Valencianas. | Efe

* Esta mañana ha regresado a las Cortes pero ha evitado hacer declaraciones
* Comparece esta tarde en el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP
* Espera recuperar su militancia y preparar el regreso a alguno de sus cargos

Rodrigo Terrasa | Valencia

Ricardo Costa vuelve hoy a declarar. Otra vez en el 'banquillo de los acusados'. Por la mañana ha regresado en silencio a su escaño número 98 en las Cortes Valencianas. No ha hecho declaraciones, sólo: "Hablaré esta tarde". Será entonces cuando desfile ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, el mismo órgano que hace un par de semanas le abrió expediente disciplinario y le suspendió cautelarmente de militancia. Motivo: su "actitud".

Costa perdía el carné 'popular' 15 días después de que Francisco Camps, presionado por Génova, se viese obligado a destituirle de todas sus funciones (secertario general y portavoz parlamentario) acorralado por las últimas revelaciones del sumario del caso Gürtel y una incendiaria rueda de prensa del propio Costa y en un Comité regional que nunca quedó demasiado claro. Tras varios días de contradicciones cruzadas entre Madrid y Valencia, Costa reaparecía en las Cortes Valencianas para reclamar "como militante y como secretario general"

Fue la gota que colmó el vaso. Ni secretario general ni militante. En unas horas Ricardo Costa fue 'despedido' y el PP recordó "a todos los militantes su obligación de abstenerse y de hacer manifestaciones o declaraciones que puedan perjudicar la imagen o disciplina interna del partido".

Ricardo desapareció del mapa político y sólo su hermano Juan, ex ministro y diputado del PP, salió en su defensa. "Creo que no se le ha tratado de manera justa. Se ha tomado una decisión que no se ha explicado", aseguró.

Mientras, Camps reestructuraba por segunda vez la cúpula del partido forzado por sus barones provinciales y reemplazaba a Costa por Antonio Clemente, nuevo secretario general, y Rafael Blasco, conseller y nuevo portavoz en las Cortes. "Estoy convencido de que Costa volverá al partido. Se lo merece", reconocía este lunes Blasco en ELMUNDO.es. "Ricardo Costa solucionará en breve un contencioso que no deseábamos que se produjera en nuestra Comunidad".

Costa, el único de los 'populares' imputados por la rama valenciana del caso Gürtel cuya causa fue archivada por unanimidad de todos los jueces, declarará ante Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, con la intención de recuperar su militancia, defender una vez más su gestión e ir cimentando la recuperación de sus cargos.

Las palabras de Rajoy el pasado lunes alimentan su optimismo: "Costa fue suspendido por razones puramente políticas y declaraciones hechas en público que nunca debería haber hecho. Yo creo que Costa es una persona honrada y así quiero que se sepa públicamente". ".

Además
* Cronología: La rama valenciana del caso Gürtel
* Vídeo: Camps se encara con un joven que le llama 'corrupto'

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; RICARDO COSTA, SATISFECHO TRAS DECLARAR ANTE EL COMITÉ DE GARANTÍAS DEL PP

El PP lo suspendió de militancia por su 'actitud'

Costa, a su salida de Génova. | Efe

Europa Press | Madrid

El ex secretario general del PP valenciano y ex portavoz en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, abandonó esta tarde la sede nacional del PP sonriente y haciendo un gesto de OK, tras prestar declaración durante una hora ante el Comité de Derechos y Garantías del PP, que le suspendió de militancia hace más de dos semanas por su "actitud" tras las informaciones publicadas sobre el 'caso Gürtel'.

Alrededor de las 18.30 horas, Ricardo Costa abandonó 'Génova' por el garaje —conduciendo él mismo un coche y acompañado por una responsable de prensa del PPCV— para evitar encontrarse con los periodistas que aguardaban desde primera hora de la tarde a las puertas de la sede del partido.

Pese a que iba al volante, los reporteros le gritaron varias veces "Señor Costa, ¿cómo ha ido la reunión?" y él, con una sonrisa, levantó el dedo pulgar en señal de que todo había salido de manera satisfactoria.

La declaración de Costa ante el instructor del órgano disciplinario ha durado alrededor de una hora. Llegó minutos antes de las 17.30 horas a 'Génova' y también entró por el garaje para no hacer declaraciones ante los medios de comunicación.

Esta mañana, el 'ex número dos' del PP valenciano también evitó hacer declaraciones previas a su comparecencia en el Comité de Derechos y Garantías porque, según dijo, hablará "esta tarde". Fuentes 'populares' aseguraron antes de esta cita que Costa esperaba en su declaración contestar a todas las cuestiones que se le plantearan con la intención de defender su honorabilidad y ser readmitido como militante de la formación.

Además
* Costa, en el otro banquillo | Cronología

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; GRUP FER TAMBIÉN EMPEZÓ ANTES DE EXISTIR EL CONCURSO

Declaraciones de los implicados

* Los arquiectos empezaron a trabajar en el proyecto '4 meses antes'
* Munar declaró que el concurso 'tenía muchas novias' antes de publicarse

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Dos de los arquitectos que diseñaron el proyecto con el que la promotora Grup Fer concurrió al concurso de Can Domenge confesaron ayer ante el juez del Tribunal Superior de Justicia que empezaron a trabajar "3 ó 4 meses antes" de que existiera el concurso.

Una declaración efectuada por integrantes del estudio CMV después de que el magistrado Francisco Javier Muñoz los emplazase como testigos al advertir que el peritaje judicial concluía que su proyecto, como el de la ganadora Sacresa, tenía un grado de perfeccionamiento que difícilmente pudo lograrse en el escueto plazo que otorgó el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar.

Este periodo de antelación, no obstante, es menor del que dispuso la promotora catalana, que ya seis meses antes de que siquiera existiese concurso convocado contrató a uno de los arquitectos más afamados del mundo, el francés Jean Nouvel, al que le pagó 100.000 euros en concepto de un "concurso en Mallorca" medio año antes de que el anuncio de la venta de los terrenos y el procedimiento de enajenación fuese publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Curiosamente, estos pagos se produjeron poco después de que dos directivos de Sacresa se reunieran personalmente con el entonces vicepresidente insular Miquel Nadal en la sede del Consell que presidía Maria Antònia Munar.

También declararon ayer, a lo largo de una jornada maratoniana que comenzó a las diez de la mañana y concluyó a las cinco de la tarde, los arquitectos que realizaron el proyecto de la promotora Vertix. Éstos, sin embargo, aseguraron que se pusieron manos a la obra a partir de la fecha en la que el concurso fue publicado en el BOIB. Es decir, a partir del 3 de enero de 2006. Cuando otras dos promotoras llevaban ya más de 100 días sobre el proyecto.

Además
* Munar dice que el pelotazo fur urdido a sus espaldas
* El juez mantiene a Munar la imputación
* 'La responsabilidad es de las consellerias de Flaquer y Vicens'
* Álbum: Vea todas las imágenes

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; ANTICH ADMITE QUE "NO ES BUENA" LA IMAGEN DE MUNAR IMPUTADA

No pedirá la dimisión

* El presidente pide 'prudencia' y que se deje 'trabajar a la Justicia'
* Dice que si la imputación 'va más adelante' tomará las medidas que deba tomar

Europa Press | Palma

El presidente del Govern, Francesc Antich, admitió hoy que "no es buena" la imputación de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, en el caso Can Domenge, si bien reiteró que "nadie debe pedir dimisiones", mientras no finalice el proceso judicial, ya que "deberíamos tener un cierto respeto para que éste se pueda llevar a cabo".

Tras anunciar una partida de más de 20 millones de euros para la contratación directa de 2.000 parados sin prestaciones, Antich ha remarcado que en todos los casos de personas imputadas ha mantenido una postura "coherente" en el sentido de no exigir ninguna dimisión hasta que la justicia no decrete "toda una serie de medidas".

"Así lo hemos hecho para todos, ya sea Munar, el ex-presidente del Govern, Jaume Matas, o el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés", recalcó Antich, quien insistió en que "siempre que hay imputaciones de por medio, la imagen no es buena, si bien deberíamos esperar a que concluyan estas cuestiones".

En este sentido, ha recordado que a la actual gerente del Consorcio de la Playa de Palma y ex-alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera, se le interpusieron ocho denuncias, que "se han ido archivando una detrás de otra y, difícilmente, se le retornará todo lo que se ha dicho de ella durante el tiempo en el que le ponían las denuncias".

Por ello, el presidente del Govern ha pedido una "cierta prudencia" en el caso de Munar y reitera que si la imputación "va más adelante, se tomarán las medidas que se deban tomar, tal como hemos hecho en todos los casos en los que hemos dicho que mientras hubiera imputaciones sin pedir toda una serie de medidas, defenderíamos que los procesos siguieran y cuando se han sobrepasado estos temas, lo que hemos hecho es pedir lo que se debía de pedir".

Asimismo, ha expresado su "preocupación" por las diferentes imputaciones por casos de corrupción que hay en estos momentos en Baleares y que afectan a cargos públicos y se ha negado a valorar el hecho de que Munar acudiera a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en su coche oficial del Parlament e hiciera declaraciones en la Cámara Autonómica tras finalizar el interrogatorio. "Los partidos ya han hecho sus valoraciones y, como presidente, no creo que deba entrar en estas cosas", zanja.

'Se están aclarando más temas que nunca'
Por otra parte, Antich recuerda que cuando el Govern ha encontrado cualquier cosa que cree que no está bien hecha, la ha llevado a la Justicia para que se aclarase y, en esta línea, destacó que "en esta legislatura se están aclarando más temas que nunca, debido a que hay una total colaboración con la Justicia para que haga su trabajo".

No obstante, apunta que el Ejecutivo balear también está intentando elaborar medidas para que "no se den según qué tipo de actuaciones o sea más difícil que ocurran" y, entre las iniciativas, resaltó la nueva Ley del Sector Público, que pretende "dar más transparencia" al trabajo de las instituciones.

Finalmente, Antich aboga por "dejar trabajar a la Justicia" y trasladar "lo menos posible" las situaciones de presunta corrupción a la ciudadanía, porque, en estos momentos, "su principal problema son las dificultades económicas que está padeciendo" y, por ello, recordó que en distintas ocasiones ha pedido que haya la "mayor estabilidad para poder dar estas respuestas".

Además
* UM ve 'muy atrevido' pedir responsabilidades
* El PSOE critica la comparecencia de Munar en el Parlament
* El Bloc también critica el uso del Parlament
* Humor: El chiste de Alfie

elmundo.es

"CASO IBIZA CENTRO"; XICO TARRÉS, IMPUTADO POR FALSEDAD DOCUMENTAL

Presidente del Consell de Ibiza

* El juez Espinosa lo imputó y posteriormente retiró el cargo

Israel Rodríguez | Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares vuelve a imputar al presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrès, por falsedad documental dentro del marco del llamado 'caso Ibiza Centro', según ha informado el abogado de Roque López, Andrés Tuells.

Fue el ex secretario general de la Federación Socialista de las Pitiusas, Roque López, quien reveló en una serie de grabaciones que el PSOE de Ibiza presuntamente pactó el cobro de una comisión de 1,5 millones de euros con la promotora Brues a cambio del mayor proyecto urbanístico de la ciudad Eivissa Centre.

El juez encargado de la investigación del caso, José Espinosa, imputó a Tarrès, entre otros presuntos delitos, el de falsedad documental, que luego fue retirado. Ahora, tras revisar la documentación de la investigación, el TSJB ha decidido volver a imputar al ex alcalde de Ibiza dicho delito.

Este hecho provocó un airado escrito por parte de la Fiscalía en el que criticaba que Espinosa actuó de forma "incomprensible", "anticipada" y "extralimitándose en sus funciones" al retirar en fase de instrucción la imputación al socialista y solicitaba a la Audiencia que revocase esta decisión.

Tarrés era el alcalde de Ibiza cuando se destapó el presunto caso de corrupción. Precisamente cuando el ex secretario general de los socialistas de Ibiza detalla, en una serie de conversaciones mantenidas mientras dirigía el partido, que el PSOE pactó con el presidente de la promotora Brues el cobro de una comisión de 1,5 millones de euros. También cuenta cómo la formación política que lideró hasta noviembre de 2006 acordó el cobro con uno de los protagonistas del caso Roldán, el empresario Antonio Pinal.

Además
* Lea el auto del TSJB (PDF)

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"CASO PRETORIA"; BARCELONA REVISA LOS CONVENIOS CON EMPRESAS IMPLICADAS

Trabajan en decenas de obras públicas

Europa Press | Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a revisar los procedimientos de contratación con la constructora Proinosa y la inmobiliaria Espais, cuyos presidentes, Josep Singla y Lluís Casamitjana respectivamente, han sido imputados en la trama de corrupción urbanística del caso Pretoria.

Lo anunció el cuarto teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García Bragado, en la Comisión de Presidencia, Territorio y Función Pública, en la que se aprobó por unanimidad una proposición a instancias del PP para revisar los convenios con las dos empresas y otras relacionadas con casos de corrupción.

Bragado explicó que, con la información de que disponen, "los procedimientos han sido correctos" y las obras se realizan correctamente. Mostró su disposición a dar toda la información que tenga, y avanzó que el PP presentará en la Comisión de Urbanismo del jueves una propuesta similar para que se revisen los posibles contratos con la veintena de filiales de estas empresas.

La concejal popular Àngels Esteller defendió la propuesta para "que se vea que hay transparencia" y la revisión de todos los procedimientos. "Es bueno que se clarifiquen que los procedimientos se han ajustado a la legalidad", añadió.

Esteller explicó que el Ayuntamiento ha otorgado contratos en 2007 y 2008 a Proinosa, que ejecuta cinco obras del Fondo Estatal de Inversión Local, tiene un contrato con la empresa municipal Bimsa por cuatro millones de euros para trabajos en la calle Mandri, trabajos en Trinitat Vella y otras siete obras en Barcelona.

Además, continuó Esteller, Proinosa forma parte de una UTE para asfaltar calles en la ciudad. En relación a Espais, ejecuta dos promociones de pisos protegidos en el denominado distrito de la innovación, el 22@.

Jaume Ciurana (CiU) apoyó que el análisis no se limite al caso Pretoria, y Ester Capella (ERC) también defendió la revisión para que al Ayuntamiento "no haya pasado nada por alto".

Además
* Tensión entre policía y vecinos ante el Ayuntamiento

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"CASO PRETORIA"; LA OPOSICIÓN DE SANTA COLOMA SE NIEGA A FORMAR GOBIERNO CON LA NUEVA ALCALDESA

Gobernará en solitario

Núria Parlón, en el momento de recibir el bastón de mando municipal | Q. García

* PP, CiU e ICV piden que se frenen todos los proyectos urbanístico del PSC
* CiU e ICV ya abandonaron el gobierno municipal al chocar con Bartomeu Muñoz

Europa Press | Santa Coloma (Barcelona)

Los tres grupos de la oposición en Santa Coloma de Gramenet (PP, ICV-EUiA y CiU) han coincidido en rechazar su entrada en el gobierno municipal, como el martes les ofreció la nueva alcaldesa, la socialista Núria Parlón.

Los portavoces del PP (Maria del Carmen Sáez), ICV-EUiA (Siscu Sánchez) y CiU (Manel Olivés) pidieron a la alcaldesa que renueve el organigrama municipal y revise toda la gestión urbanística heredada del anterior alcalde, Bartomeu Muñoz, como gestos para ganarse la confianza no sólo de la oposición, sino de toda la ciudadanía de Santa Coloma.

Los tres coincidieron en que es necesario que el urbanismo de Santa Coloma entre en una nueva etapa. Así, lamentaron la estrategia que había impulsado Muñoz de construir nuevos bloques de pisos en un municipio, de los más densamente poblados de España, fruto de la especulación urbanística que durante el franquismo convirtió lo que era un pequeño municipio cercano a Barcelona en una ciudad dormitorio sin equipamientos sociales ni zonas verdes.

Olivés constató que el modelo de Muñoz y que apoyaban plenamente todos los concejales socialistas se basaba en la "fiebre de construir, construir y construir" pese a la falta de espacio, en vez de aprovechar las actuaciones para obtener parques y equipamientos sociales.

"Santa Coloma tiene 40.000 viviendas, de las cuales 4.000 están vacías, y se querían construir 2.000 pisos nuevos, cuando hay calles que no tienen espacio ni para contenedores", lamentó Olivés.

Con el caso Pretoria, "todo el urbanismo de Santa Coloma está bajo sospecha. Hay que hacer un 'reset'", constató Sánchez, por lo que consideró que el Ayuntamiento debe someterse a una auditoría, y además, hay que revisar con lupa todos los planes urbanísticos.

Entre los proyectos que la oposición insta a revisar destaca el de Singuerlín Norte -aprobado en septiembre de 2008 y que contempla triplicar el número de viviendas en una de las pocas zonas de Santa Coloma donde hay casas de planta baja con patio- o el plan de la zona de los Safarejos, que contempla alzar una torre de 34 pisos --más alta que la Torre Mapfre y el Hotel Arts de Barcelona--, o la construcción de unas pistas de atletismo en el barrio de Can Zam, que pese a haber costado 3,5 millones de euros, no son reglamentarias, por lo que no se pueden hacer competiciones oficiales.

A la vorágine urbanística se suma, para la popular Sáez, un déficit crónico de equipamientos: sólo hay 25 plazas públicas para ancianos cuando viven 20.000 mayores de 65 años y sus impuestos son de los más altos del Área Metropolitana pese a que es la ciudad de la zona con menos policías locales. "Santa Coloma no puede crecer más porque no hay espacio" y faltan servicios, concluyó.

Para la oposición, los cambios que debe introducir Parlón no deben ser solamente urbanísticos, sino que vieron necesario abogar por una nueva forma de gobernar, más dialogante no sólo con la oposición, sino con las asociaciones de vecinos y las entidades cívicas que se han organizado en la ciudad, contrarios al urbanismo que impulsaba Muñoz.

De hecho, en 2007 ICV-EUiA y convergentes decidieron no pactar con los socialistas y pasarse a la oposición, ya que no compartían el estilo de gobernar de Muñoz. Así, se ponía fin a una larga tradición en el Ayuntamiento, de los tres partidos gobernando conjuntamente pese a las mayorías absolutas --primero de comunistas, luego de socialistas-- desde 1979 con breves excepciones.

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"CASO MILLET"; EL JUEZ IMPUTA A SEIS PERSONAS MÁS POR EL DESFALCO DEL PALAU

El Palau de la Música, en el centenario. | Quique García

* Unos días después de que las auditorías cifraran en 23,7 millones el desfalco
* Imputa a los ex tesoreros de la Fundació y el Orfeó, Enric Àlvarez y Pau Duran
* También a la hija de Montull, el asesor legal de los gestores y dos abogados

Germán González | Barcelona

El juez del 'caso Millet' ha imputado a seis personas más en la causa por el desfalco del Palau. Se trata de los ex tesoreros de la Fundació y el Orfeó, Enric Àlvarez y Pau Duran; Gemma Montull, la hija de la mano derecha de Millet y ex directora financiera del Palau, el asesor legal de los gestores, Raimon Bergós, y los letrados Santiago Llopart y Edmundo Quintana, también del gabinete de Bergós.

La noticia llega sólo unos días después de que las auditorías cifraran en 23,7 millones de euros el desfalco, una cifra que Millet y Montull han puesto en entredicho, hasta el punto de que sus abogados han anunciado que barajan la opción de encargar una nueva auditoría.

En cualquier caso, al margen de la cuantificación realizada por la empresa Deloitte, que habla de 20 millones de euros salidos de cuentas privadas, la auditoría pública realizada por el departament de Economia de la Generalitat confirmaba que los gestores del Palau se hicieron con 2,9 millones de fondos del Consorci de la institución, un desvío fondos públicos que podrían desembocar en una acusación por malversación que endurecería una eventual pena de prisión.

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"CASO PRETORIA"; GARZÓN DENIEGA LA LIBERTAD PROVISIONAL PARA EL EX ALCALDE DE SANTA COLOMA Y EL CONCEJAL DE URBANISMO

La defensa asegura que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas

EUROPA PRESS - Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha denegado hoy la petición de libertad provisional solicitada por los abogados del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, según ha confirmado el abogado de Muñoz, Fermín Morales. Morales ha avanzado que ahora interpondrán un recurso de apelación ante la Sala Penal de la Audiencia.

La defensa de Muñoz sólo recurrió el auto de prisión, no la cuestión de fondo, y se basó en el hecho de que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, ya que los registros practicados ya fueron exhaustivos.

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"CASO ROSEWORLD"; EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN PARA JUÁRZ

C. ROMAGUERA - Algeciras

La fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, ha solicitado en su escrito de acusación provisional por el llamado caso Roseworld una pena de cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación especial para el ex alcalde linense, Juan Carlos Juárez (del PP), al que se le imputan varios delitos.

En este caso se investigan supuestas irregularidades en la compraventa de unas parcelas municipales por parte del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Junto a Juárez, el escrito de acusación de la fiscalía pide diferentes condenas para cuatro ediles de su gobierno que aún permanecen como miembros de la corporación municipal, un ex edil del PP de La Línea, tres funcionarios municipales, el administrador de Roseworld y el representante de Abuztúa Inversiones y del Grupo Lábaro. La vista del caso Roseworld será señalada en breve por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, que será la encargada de celebrar el juicio.

A la petición de la fiscal Anticorrupción hay que sumar la que en su día realizó la acusación particular, que ejerce el ex agente de la policía local, José Carrión, quien solicitó un total de 28 años de prisión para Juárez, así como 56 años de inhabilitación, además de elevadas sanciones económicas.

A Juárez, que dejó el cargo tras ser inhabilitado por desobediencia, se le acusa en este caso de prevaricación continuada de autoridad pública, alteración de precios en concursos y subastas públicas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales y de asociación para delinquir.

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EL JUEZ BUSCA INDICIOS DE PRESUNTOS DELITOS URBANÍSTICOS EN ARBOLEAS

La policía autonómica registró el Ayuntamiento e interrogó al ex secretario

ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería

La policía tomó ayer durante cerca de cinco horas el Ayuntamiento de la localidad almeriense de Arboleas por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa en el marco de una investigación abierta por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. El Consistorio -gobernado por el PSOE- siguió funcionando con normalidad mientras los agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía registraron minuciosamente el despacho del que fue secretario municipal del Ayuntamiento desde 2000 hasta el pasado mes de julio, Fernando García Benito.

La decisiones sobre urbanismo recaen desde 1999 en la Junta de Gobierno

Esta pequeña localidad (4.000 habitantes) está situada en el Valle del Almanzora, una comarca almeriense en la que se calcula que hay alrededor de 5.000 viviendas levantadas sin respetar ordenación urbanística alguna, gran parte de las misma ocupadas por ciudadanos británicos.

García Benito permaneció retenido en las dependencias en las que en la actualidad lleva a cabo su trabajo como técnico de la Administración General mientras los agentes practicaban el registro centrado en la intervención de documentación sobre expedientes urbanísticos ordenado por el juez Alberto Blanco a instancias de la fiscalía.

En concreto, el Ministerio Público instó a localizar documentos originales de solicitudes de licencias de obra, de proyectos de ejecución, de resoluciones de alcaldía y de licencias de primera utilización de edificaciones, además del libro de decreto de resoluciones y el de actas.

La orden del juez instructor del caso incluyó también el registro del contenido del ordenador ubicado en el despacho del ex secretario municipal, quien abandonó por su propio pie la Casa Consistorial pasadas las 16.30. En ese momento, los agentes de la policía autonómica decidieron dar por finalizada la operación que, por el momento, se ha saldado sin detenciones.

El alcalde, Ángel Jesús García, ofreció su versión de los hechos ya horas después y aseguró que no tenía constancia de que "algo se haya hecho incorrectamente en el Ayuntamiento". García -ex concejal de Turismo, Comercio y Deporte hasta que el pasado 30 de enero asumiera la alcaldía de la localidad tras la muerte de su antecesor en el cargo, el también socialista Francisco Pérez Miras- sostuvo que todos los temas urbanísticos recaen desde 1999 sobre la Junta de Gobierno. "En lo que yo conozco, todo es legal", insistía el regidor antes de trasladar su total confianza en el equipo de Gobierno.

La intervención en este Ayuntamiento de la comarca del Almanzora se ha producido después de que el Gobierno andaluz y siete consistorios de la zona -entre ellos el de Arboleas- alcanzaran en septiembre de 2008 un acuerdo de colaboración para buscar soluciones a las alrededor de 5.000 viviendas fuera de ordenación que se asientan en estos municipios.

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RIVAS ALEGA QUE MELLET LE IMPLICÓ EN MERCASEVILLA "POR PÁNICO"

La juez acusa al delegado de Empleo de sugerir un cohecho

J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla

Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, negó ayer que participara en la petición de comisiones ilegales en el caso Mercasevilla ante la juez, que le acusa de cohecho. La magistrada cree que Rivas instó al ex director de la empresa pública Fernando Mellet y al subdirector Daniel Ponce a pedir 450.000 euros en comisiones ilegales a dos empresarios hosteleros del grupo La Raza. Rivas defendió ayer su inocencia y achacó las acusaciones vertidas contra él por Mellet y Ponce ante la policía, al "pánico" que pudieron sentir los directivos o "las presiones de terceros", sin especificar a qué personas se refería.

Rivas criticó que el Ayuntamiento tardara siete meses en despedir a Ponce

La supuesta petición de comisiones ilegales a La Raza fue una petición de la cúpula de Mercasevilla a los empresarios para obtener la subvención de 900.000 euros para una escuela de hostelería. Pero los empresarios grabaron las reuniones y al trascender el escándalo se desencadenó el caso Mercasevilla. Tanto Mellet como Ponce habían inculpado directamente a Rivas por pedirles en varias llamadas telefónicas que exigieran las subvenciones de 300.000 y 150.000 euros a los empresarios. Ayer Rivas reconoció haber llamado a Mellet el 5 de enero de 2009, pero "para un asunto relacionado con la cabalgata de Reyes".

"No hay nada cierto en cuanto a lo que me compete a mí. Es un caso político mediático", manifestó Rivas ante los periodistas, tras recordar que en las grabaciones, los protagonistas no le implican en la petición de dinero B. Ante la juez, el delegado alegó: "La Delegación de Empleo no tiene ninguna capacidad para valorar la documentación que podía faltar o no para conceder la subvención, ya que esto se le requería desde la Dirección General [de la Consejería de Empleo]".

La juez del caso, Mercedes Alaya, pidió a Rivas que valorara la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de mantener en su puesto al subdirector Daniel Ponce, pese a que trascendió que él había pedido las comisiones ilegales a La Raza. Rivas censuró el modo de actuar del Consistorio hispalense, gobernado por el PSOE e IU. "Yo hubiera actuado de forma más diligente e inmediata que el Ayuntamiento de Sevilla en este particular", afirmó. El Consistorio despidió a Ponce el pasado octubre, siete meses después de que trascendiera la petición de comisiones ilegales.

Rivas relató ayer que mantuvo tres reuniones con representantes de Mercasevilla y La Raza para asegurarles que la subvención de 900.000 euros estaba concedida, y para avanzar en las "cuestiones técnicas" de la escuela de hostelería y solventarlos. El delegado de Empleo sólo contestó a las preguntas de la juez, el fiscal y su abogado.

Mientras, el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, censuró la postura del PSOE: "Es lamentable que Rivas siga al frente de la delegación tramitando subvenciones. En contra del código ético del PSOE, está imputado y no ha cesado del cargo".

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CORREA: "YA CACÉ (COBRÉ) DE MARTINSA"

F. M. - Madrid

La investigación judicial del caso Gürtel ha hallado rastros del pelotazo en Arganda, dado gracias a la ayuda de los presuntos cómplices municipales de Francisco Correa. Isabel Jordán, imputada como gestora de alguna de las empresas de Correa, declaró ante el juez Garzón: "Juan Fernández [sucesor de Martín Vasco al frente de la sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda] me dijo '¡vaya tela! ¡cómo está Benjamín Martín! El Correíta lo tiene mosqueado porque no le ha pagado lo que le debe, no recuerdo si me dijo la cantidad. (...) No recuerdo si me dijo 400.000 euros. Eso fue en abril de 2007". Y un informe de la UDEF (unidad de la Policía contra los delitos económicos) define así el papel de Martín Vasco: "Ex teniente de alcalde de Arganda y actual diputado en la Asamblea de Madrid. Participó en las operaciones que realizó Correa con la empresa Martinsa en dicho ayuntamiento y recibió una contraprestación por su participación". Y José Luis Peñas, el denunciante, aclaraba aún más su papel: Martín Vasco "discutió con su alcalde y amenazó a todo el clan con reventar el tinglado multimillonario que tenían en Arganda y al que se refiere Correa cuando habla del pago de Martinsa. Exigió 400 millones por su silencio. Es en la actualidad miembro de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y muy relacionado con la presidenta".

El propio Correa, en una grabación propiciada por Peñas, reconoce que tiene relación con el dueño de Martinsa, Fernando Martín, y que tenía un pago pendiente con él por la operación de Arganda, que en julio "cazó" [cobró la comisión], si bien en los meses anteriores estuvo jodido, y aun le falta cobrar un millón de euros.

Noticia realcionada
* Los tesoreros del PP avisaron a Aguirre del pelotazo de Correa en Arganda

elpaís.com

LOS TESOREROS DEL PP AVISARON A AGUIRRE DEL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA

Bárcenas y su antecesor advirtieron en 2004 a la presidenta madrileña, con Rajoy delante, de que cargos municipales ultimaban una operación corrupta

FRANCISCO MERCADO - Madrid

Así lo ve Forges. Fernando Garea lo analiza en su 'blog': Treguas, consensos y rectificaciones

En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales cargos municipales del PP.

Martinsa consiguió una parcela por 19 millones menos de su valor tasado

El líder del PP cortó los contratos con Correa, pero no el Gobierno madrileño

El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores municipales.

En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda a Martinsa.

Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito.

No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron contratando sus servicios.

Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre: "Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.

La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de dicha operación, Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El sumario del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de Pedro Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por la policía. Pérez, actual presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado a este diario que ha tenido relación personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto urbanístico de Arganda del Rey.

La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en futuras obras municipales, que recayeron en empresas próximas a la trama.

Noticia relacionada.
* Correa: "Ya cacé [cobré] de Martinsa"

Esperanza Aguirre
A FONDO

Nacimiento:
03-01-1952

Lugar:
Madrid


Francisco Correa
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