EL TRIBUNAL SUPERIOR VALENCIANO ABRE LA VÍA PARA INVESTIGAR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

Pide información al TSJ de Madrid para decidir si acepta la querella socialista contra Camps.- La denuncia por financiación ilegal del PP se basa en un informe policial que investiga el juez Pedreira

LYDIA GARRIDO - Valencia

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no competente para investigar la querella presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas. La Sala ha dejado claro a través de una nota que los hechos relatados en la denuncia son objeto de una investigación penal. La incógnita es saber cuál es la instancia judicial competente.

Durante una reunión celebrada esta mañana, la sala de Lo Civil y Penal ha decidido solicitar información al Tribunal Superior de Madrid sobre sus investigaciones en relación con el caso Gürtel porque ese tribunal se hizo cargo hace casi dos meses del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que recoge indicios de la supuesta financiación irregular. Lo incorporó a la investigación sobre la trama Gürtel que abrió tras recibir la causa de la Audiencia Nacional.

El TSJCV pide también información a las Cortes valencianas sobre el aforamiento de las personas que aparecen en la querella de los socialistas, entre ellos: el presidente Francisco Camps, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, y el diputado y vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Además, pide al Registro de Partidos que le ofrezca datos sobre el grado de autonomía o de dependencia orgánica y económica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y al propio PP que confirme las responsabilidades que en dicha organización tiene algunos de los querellados.

Los socialistas incluyeron en su querella a 17 personas: altos cargos del Gobierno autonómicos, del PP valenciano, varios implicados en la trama Gürtel y cinco empresas constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Por tanto, el tribunal, aún sin pronunciarse sobre su competencia, abre camino para investigar la financiación de los populares.

El informe policial de la brigada de blanqueo en el que se basa la querella revela, entre otras cuestiones, que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, actualmente en la cárcel, cobró más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. También desvela que cinco empresas valencianas habrían financiado irregularmente al PP a través de una doble facturación de la empresa de la trama Orange Market.

El TSJ despreció ese informe cuando estaba en fase de deliberación sobre la causa abierta contra el presidente Francisco Camps por supuesto delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel. Ahora, y tras la querella de los socialistas, el tribunal que preside el magistrado Juan Luis de la Rúa pide información al TSJ de Madrid, al Ministerio del Interior, al PP valenciano, a las Cortes Valencianas y a la Junta Electoral Central. Según la nota del TSJ valenciano, el tribunal "quiere establecer, para el caso de que admita su competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el informe policial mencionado".

El informe policial que sustenta la querella dirigida contra 17 personas, entre ellas el propio Camps y el vicepresidente Vicente Rambla, fue remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales el pasado 31 de julio al TSJ valenciano, a la Fiscalía Anticorrupción y al TSJ de Madrid, donde se investiga la causa principal del caso Gürtel que inició el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional.

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Francisco Camps Ortiz
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Nacimiento:
28-08-1962

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Valencia


Caso Gürtel
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"CASO ASTAPA"; PRORROGAN UN MES MÁS EL SECRETO DEBIDO A NUEVOS INFORMES

TRIBUNALES | Corrupción municipal en Estepona

Europa Press | Málaga

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, ha acordado continuar un mes más con la prorroga del secreto que pesa sobre el sumario del caso 'Astapa', contra la corrupción en el Ayuntamiento del municipio, ante los datos que arrojan los últimos informes policiales, incluido uno nuevo recibido el mes pasado.

El juez ya aseguró en otros autos anteriores en los que prorrogaba el secreto que hay informes policiales "trascendentales" que arrojan "datos relevantes para la investigación" de la causa. En esta nueva resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, cita uno fechado el 29 de octubre, que está en conexión con otros de julio, de los que ya destacó su importancia.

Así, insiste en que la necesidad de prorrogar el secreto de sumario con respecto a estas diligencias judiciales "se patentiza a la luz de los datos que arrojan los informes emitidos por la Policía Científica", apuntando en concreto uno de 24 de septiembre "que refuerza la necesidad imperiosa de preservar el secreto sumarial", señala el juez.

Este argumento fue también al que aludió el instructor del caso para prorrogar esta medida el pasado mes de octubre. Asimismo, reitera la cantidad de documentación intervenida en los registros policiales, a los que se hace referencia desde el tomo 14, que se mantiene por el momento bajo secreto como el resto del sumario hasta el final.

El secreto de esta causa se ha levantado en dos ocasiones, la primera en junio, del tomos I al VI, y en la información que salió a la luz en esa ocasión estaba la denuncia presentada por el actual alcalde, David Valadez, y la concejala socialista Cristina Rodríguez, ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.

La segunda ocasión en la que el juez acordó esta medida fue en septiembre y fue en concreto de unos 3.900 folios del sumario del caso, que iban del tomo siete al 13, ambos incluidos, al entender el instructor que con dicha medida "ya no se perjudica la investigación de la causa" en lo que se refería a esa parte.

El caso 'Astapa' se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados, entre empresarios y políticos. Actualmente, en la corporación municipal, hay ocho imputados en este caso, cinco de los cuales pertenecían al PSOE y están en el grupo de no adscritos tras negarse a entregar sus actas tal y como les exigió su partido tras su imputación.

elmundo.es

"CASO ALMOGÍA"; LA INSTRUCTORA CONFIRMA LAS IMPUTACIONES PARA 6 PERSONAS

TRIBUNALES | Tras las declaraciones

Europa Press | Málaga

La instructora del caso de Almogía confirmó este miércoles las imputaciones para seis personas que comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital en relación a las presuntas irregularidades urbanísticas investigadas en dicha localidad, según han confirmado fuentes judiciales.

Además del alcalde, Cristóbal Torreblanca, al que se le imputan los delitos de falsedad documental y prevaricación, este miércoles la jueza tomó declaración como imputado al primer teniente de alcalde por los delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio; y al tercer teniente, por el de prevaricación.

También comparecieron como imputados dos policías locales por un delito de falsedad documental, un funcionario que actuó en una ocasión como secretario accidental por un delito urbanístico y una cuarta persona, un técnico, por presunta falsedad documental y prevaricación.

El día anterior habían comparecido cuatro personas, que son el secretario municipal, al que se le imputan los delitos de falsedad, contra la ordenación del territorio, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación; y un policía local, imputado por presunta negociación prohibida y falsedad.

Además, la jueza imputó a una mujer por delitos de estafa, falsedad y tráfico de influencias, y a la funcionaria encargada de los expedientes de disciplina por supuesta falsedad documental. Falta por declarar el arquitecto municipal, que no compareció tras presentar su abogado un certificado médico.

Además
* El alcalde de Almogía no dimite y ve 'mala fe' en las denuncias

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA POLICÍA SOSTIENE EN UN INFORME QUE LA VENTA DE SUELO DE MERCASEVILLA FUE "ARBITRARIA"

Informe entregado al juzgado de Instrucción 6

* La Policía dice que el concurso ocultó una adjudicación directa a favor de Sando
* El informe señala que la venta es "como poco, una conducta desarreglada"
* Dice que Mercasevilla tiene "una plantilla 10 veces superior a la necesaria"

Agencias | Sevilla

Un informe de la Policía remitido a la juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla afirma que la venta de sus terrenos fue "arbitraria" pese a que aparentemente revestía "todos los caracteres de legalidad y venía avalado por diferentes técnicos".

En un informe de 66 folios, la Policía Judicial constata que la venta de los terrenos se adjudicó en 2005 a la empresa Sando en perjuicio de la constructora Noga, pese a que ésta ofrecía "25 millones de euros más por la adquisición del derecho de compra y 53 millones más por el precio final".

La Policía analiza el concurso público y concluye que, pese a su apariencia de legalidad, el proceso "en realidad oculta una especie de adjudicación directa a favor de la empresa Sanma", la filial de Sando a la que se adjudicó la venta.

Conducta desarreglada
Tal decisión constituye, según el informe, "como poco, una conducta desarreglada, arbitraria, de la Administración y de sus servidores que vulnera el principio de una conducta objetiva al servicio del interés general".

La propuesta de adjudicación, decidida por la Mesa de Contratación, fue aprobada posteriormente por la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de la empresa pública, instituciones estas últimas sobre las que la Policía duda que fueran conscientes de la "irregularidad" que cometían.

Añade el informe que lo que parece "evidente" es "el conocimiento pleno de esta arbitrariedad" por parte de Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde sevillano Alfredo Sánchez Monteseirín y entonces director del área de Vía Pública, que ha sido imputado en la causa aunque aún no ha declarado en el juzgado de instrucción 6, y los técnicos M.V.B. y J.A.R., que intervinieron en el proceso.

El papel de Mellet y Castaño
Ello "amén de Fernando Mellet como el gran artífice de todo este asunto", dice el informe en relación al ex gerente de la empresa pública ya imputado en las actuaciones.

El informe policial contiene, por otra parte, duros comentarios sobre Mercasevilla, una empresa que tiene "una plantilla diez veces superior a la necesaria" que hace "del todo inviable una gestión rentable", junto a las "concesiones a los mayoristas", en una situación que la Policía atribuye a "la presión que ejercen los sindicatos y los partidos sobre el Ayuntamiento".

La Policía no ha podido averiguar, por las declaraciones de los encartados, "la verdadera autoría de las cláusulas" dudosas, pero concreta que, una vez confeccionadas y valoradas por los técnicos, "fueron manipuladas" por el ex gerente Fernando Mellet y la funcionaria M.R.P., también imputada en la causa.

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"CASO GÜRTEL"; GONZÁLEZ PANERO ASEGURA QUE ÉL "QUEDA MUY BIEN" EN EL SUMARIO

Madrid | Efe

El ex alcalde del PP de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha asegurado, antes de declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por su supuesta implicación en el "caso Gürtel", que él "queda muy bien" en el sumario, ya que "se ve lo contrario de lo que dicen las denuncias". "Nadie dice en ninguna parte que a mí me hayan entregado ninguna cantidad" de dinero, ha afirmado González Panero, que ha añadido que se enfrentaba a la declaración con un ánimo "fantástico" y "con documentación y todo".

Una documentación que, según ha explicado, recoge "muchas pruebas exculpatorias" para él "que no están en el sumario y deben estar" y que pretende aportar.

Entre ellas, ha destacado que pensaba entregarle al tribunal una sentencia de un Juzgado de Móstoles que acreditaría que la cesión de una parcela a la empresa Hispánica para la construcción de un polideportivo en Boadilla del Monte "estaba bien adjudicada".

El juez que instruye el "caso Gürtel" en el TSJM, Antonio Pedreira, impuso al pasado junio una fianza de 1,8 millones de euros a González Panero por los presuntos delitos de cohecho, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad, que el ex alcalde ha recurrido.

Esta mañana también ha comparecido ante el juez por el mismo caso el ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, que, según fuentes jurídicas, se ha acogido a su derecho a no declarar alegando indefensión porque la causa sigue secreta.

Además
* Pedreira vuelve a buscar vínculos con 'Gürtel' en Boadilla
* Glez. Panero insiste en su inocencia y niega haber prevaricado

elmundo.es

AGUIRRE ACUSA A TOMÁS GÓMEZ DE ENMASCARAR SU RELACIÓN CON "GÜRTEL"

POLÍTICA | Cuando era alcalde de Parla





















La presidenta regional, Esperanza Aguirre. | Begoña Rivas

Efe | Madrid

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha acusado al líder del PSM, Tomás Gómez, de tratar de "enmascarar" unas obras adjudicadas en su etapa de alcalde de Parla a empresas relacionadas con la trama 'Gürtel', cambiando el nombre en unos carteles informativos que además, "cuestan dinero al contribuyente".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguirre al hecho aludido de este modo a una información que publica ABC, según la cual Gómez trató de "tapar" la vinculación con la constructora Hispánica, vinculada con 'Gürtel' y adjudicataria de la obras de construcción del parque de Bomberos de Parla, cambiando su denominación por otra en los carteles informativos de la obra.

El objetivo, según la presidenta, fue "tratar de desligarse" de la trama y del hecho "importante" de haber adjudicado a una de las empresas "más vinculadas" con 'Gürtel' una obra tan importante como el parque de Bomberos de Parla.

En la misma rueda de prensa, y en relación también con el caso 'Gürtel', Aguirre ha recordado que el fraccionamiento de contratos "es una práctica irregular" y "está prohibido", aunque ha precisado que se puede adjudicar a una sola empresa "un acto entero" o repartir entre varias "alguna parte" como la instalación del sonido, las sillas o las azafatas.

Asimismo, ha recordado que la Comunidad de Madrid, a través de una de sus Consejerías que no ha podido precisar, está obligada "por ley" a conceder subvenciones a fundaciones de partidos políticos con representación parlamentaria.

Por ello, ha justificado las subvenciones que concedió la Comunidad a Fundescam (la Fundación del PP madrileño) y que,según el diario Público, firmó el vicepresidente Ignacio González entre los años 2005 y 2007, por importe de 536.000 euros.

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