* Acusados de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos
* A cambio de un informe plagiado presuntamente de Internet
* A cambio de un informe plagiado presuntamente de Internet
Europa Press | Palma
El diputado del Grupo Mixto en el Parlament, Bartomeu Vicens, el ex secretario general de UM, Damià Nicolau, y el antiguo contable del primero, Tomàs Martín, serán juzgados este miércoles por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), acusados de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz del pago de 12.020 euros del Consell de Mallorca a cambio de un informe presuntamente plagiado sobre el suelo.
Se trata de una pieza separada del caso Son Oms en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita las penas de 4 años y seis meses de cárcel para Bartomeu Vicens y de 3 años y 2 meses para Damià Nicolau -ambos defendidos por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner- por sendos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en el marco de esta pieza separada del caso relacionada con el supuesto pago por parte de Vicens de los 12.020 euros de fondos públicos a su contable a cambio de un informe plagiado de Internet.
Asimismo, el Ministerio Público solicita nueve meses de privación de libertad para Martín, asistido legalmente por Gaspar Oliver y Ricard Mesquida, y para quien concurren las atenuantes de reparación del daño producido y confesión de los hechos.
En concreto, el tribunal que juzgará a los tres acusados está compuesto por el presidente de la Sala, Antonio Terrasa, y los magistrados Francisco Javier Muñoz -ponente de la sentencia- y Felisa Vidal. Asimismo, la vista arrancará el martes a las 9.30 horas con las cuestiones previas, el interrogatorio de los imputados y la declaración de los testigos, mientras que el miércoles, desde las 10.00 horas, continuará la prueba testifical y se expondrán las conclusiones y los informes finales.
El escrito de la acusación pública relata que a principios de 2007, cuando Vicens ocupaba el cargo de conseller ejecutivo de Territorio del Consell, decidió beneficiar "de manera arbitraria" con fondos públicos a su contable particular, Tomás Martín, a quien "quería favorecer por los servicios y colaboraciones prestadas y como medio para mantener su fidelidad".
Es por ello que llevó a cabo las gestiones necesarias para que se creara un expediente de contratación por unos servicios "innecesarios para la administración y que no entrañaban trabajo para su amigo ni utilidad alguna" para la institución que los pagaba.
De este modo, Nicolau, que entonces era director insular de Territorio, fue convencido por Vicens para que emitiera los informes pertinentes sobre la necesidad de este trabajo a fin de dar "una cobertura jurídica" a la contratación y pudiera superar los controles administrativos, prestándose a ello dictando resoluciones e informes dirigidos a efectuar el expediente de contratación por valor de 12.020 euros.
Así las cosas, el contable, pese a comunicar que no tenía conocimientos ni preparación para dicho estudio, realizó el trabajo mediante la copia y selección de diversas fuentes de información pública que la propia Conselleria le facilitó. Según la Fiscalía, Vicens autorizó la contratación arbitraria y ordenó el pago de la cantidad presupuestada "con pleno conocimiento de que el trabajo era inútil e innecesario y con la convicción de que a él, personalmente, le era más favorable congraciarse con Martín".
Reconocimiento de los hechos
Cabe recordar que en la declaración efectuada el pasado 26 de mayo ante el juez, Martín admitió que Vicens le encargó realizar un estudio sobre el valor del suelo en Mallorca de cara a la elaboración de la Ley del Suelo, que le fue adjudicado por un total de 12.020 euros del erario público.
Tal y como expuso en su comparecencia, accedió a la propuesta tras "poner reticencias" ya que "soy economista y no dominaba el tema", y plagió el informe que le había pedido, reconociendo que había extraído su contenido y estadísticas de varias páginas web y de otros informes sobre el valor del suelo que "ya existían". Un extremo que, sin embargo, negó Vicens durante la comparecencia que también llevó a cabo, donde aseveró que la elaboración del informe no correspondía a un "plagio" de informes anteriores.
El acusado, tras se preguntado sobre por qué no devolvió el dinero cuando lo cobró en 2007, respondió que "ahora me he dado cuenta de la gravedad", aunque un día antes de su declaración retornó en una entidad bancaria los 12.020 euros que percibió por el estudio, lo que la Fiscalía ha aceptado en su escrito como atenuante por la reparación del daño causado, que se suma al hecho de haber confesado lo ocurrido.
Martín, quien ya reconoció haber conseguido facturas falsas para evadir impuestos ante Hacienda y maquillar las comisiones obtenidas de la recalificación de Son Oms, dijo que la obtención de los 12.020 euros -cantidad máxima que permite la Ley para realizar este tipo de pagos sin necesidad de convocar un concurso público-, no los considera "una recompensa" por la elaboración de las facturas sino que el informe fue encargado "en un entorno de amistad" entre Vicens y su contable.
Mientras tanto, Vicens afirmó en su declaración haber encargado el estudio, justificando su utilidad en torno a decisiones a tomar sobre política de suelo, aunque negó que indicase a su contable páginas web donde poder extraer y "plagiar" el contenido del estudio adjudicado.
A su vez, Nicolau negó que exista relación alguna entre el proceso de recalificación del polígono palmesano y la realización del informe sobre el valor del suelo en Mallorca y que, según manifestó, fue adjudicado al gestor Tomás Martín, "la persona que mejor lo podía hacer". Supuestamente, la adjudicación del estudio habría servido para recompensar al contable, que elaboró supuestas facturas falsas por 295.000 euros para maquillar las comisiones obtenidas por la recalificación de Son Oms.
Instrucción del caso Son Oms
Cabe recordar que fue el 27 de octubre de 2008 cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso, procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens. Se trataba de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pedía la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament.
En relación con el procedimiento, éste apunta a que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15% de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que su presunta testaferro Elisabeth Diéguez fue designada administradora única.
Por otro lado, el juez abrió el pasado 21 de octubre otra pieza separada dentro del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde Televisió de Mallorca y Ona Mallorca hacia UM, y por la que deberán declarar en calidad de imputados, entre los días 14 y 18 de este mes, la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y varios miembros más de la formación regionalista, como los consellers de Turismo y Medio Ambiente, Miquel Nadal y Miquel Àngel Grimalt, respectivamente.
Además
* Movilización a través de Facebook contra la corrupción
elmundo.es
Se trata de una pieza separada del caso Son Oms en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita las penas de 4 años y seis meses de cárcel para Bartomeu Vicens y de 3 años y 2 meses para Damià Nicolau -ambos defendidos por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner- por sendos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en el marco de esta pieza separada del caso relacionada con el supuesto pago por parte de Vicens de los 12.020 euros de fondos públicos a su contable a cambio de un informe plagiado de Internet.
Asimismo, el Ministerio Público solicita nueve meses de privación de libertad para Martín, asistido legalmente por Gaspar Oliver y Ricard Mesquida, y para quien concurren las atenuantes de reparación del daño producido y confesión de los hechos.
En concreto, el tribunal que juzgará a los tres acusados está compuesto por el presidente de la Sala, Antonio Terrasa, y los magistrados Francisco Javier Muñoz -ponente de la sentencia- y Felisa Vidal. Asimismo, la vista arrancará el martes a las 9.30 horas con las cuestiones previas, el interrogatorio de los imputados y la declaración de los testigos, mientras que el miércoles, desde las 10.00 horas, continuará la prueba testifical y se expondrán las conclusiones y los informes finales.
El escrito de la acusación pública relata que a principios de 2007, cuando Vicens ocupaba el cargo de conseller ejecutivo de Territorio del Consell, decidió beneficiar "de manera arbitraria" con fondos públicos a su contable particular, Tomás Martín, a quien "quería favorecer por los servicios y colaboraciones prestadas y como medio para mantener su fidelidad".
Es por ello que llevó a cabo las gestiones necesarias para que se creara un expediente de contratación por unos servicios "innecesarios para la administración y que no entrañaban trabajo para su amigo ni utilidad alguna" para la institución que los pagaba.
De este modo, Nicolau, que entonces era director insular de Territorio, fue convencido por Vicens para que emitiera los informes pertinentes sobre la necesidad de este trabajo a fin de dar "una cobertura jurídica" a la contratación y pudiera superar los controles administrativos, prestándose a ello dictando resoluciones e informes dirigidos a efectuar el expediente de contratación por valor de 12.020 euros.
Así las cosas, el contable, pese a comunicar que no tenía conocimientos ni preparación para dicho estudio, realizó el trabajo mediante la copia y selección de diversas fuentes de información pública que la propia Conselleria le facilitó. Según la Fiscalía, Vicens autorizó la contratación arbitraria y ordenó el pago de la cantidad presupuestada "con pleno conocimiento de que el trabajo era inútil e innecesario y con la convicción de que a él, personalmente, le era más favorable congraciarse con Martín".
Reconocimiento de los hechos
Cabe recordar que en la declaración efectuada el pasado 26 de mayo ante el juez, Martín admitió que Vicens le encargó realizar un estudio sobre el valor del suelo en Mallorca de cara a la elaboración de la Ley del Suelo, que le fue adjudicado por un total de 12.020 euros del erario público.
Tal y como expuso en su comparecencia, accedió a la propuesta tras "poner reticencias" ya que "soy economista y no dominaba el tema", y plagió el informe que le había pedido, reconociendo que había extraído su contenido y estadísticas de varias páginas web y de otros informes sobre el valor del suelo que "ya existían". Un extremo que, sin embargo, negó Vicens durante la comparecencia que también llevó a cabo, donde aseveró que la elaboración del informe no correspondía a un "plagio" de informes anteriores.
El acusado, tras se preguntado sobre por qué no devolvió el dinero cuando lo cobró en 2007, respondió que "ahora me he dado cuenta de la gravedad", aunque un día antes de su declaración retornó en una entidad bancaria los 12.020 euros que percibió por el estudio, lo que la Fiscalía ha aceptado en su escrito como atenuante por la reparación del daño causado, que se suma al hecho de haber confesado lo ocurrido.
Martín, quien ya reconoció haber conseguido facturas falsas para evadir impuestos ante Hacienda y maquillar las comisiones obtenidas de la recalificación de Son Oms, dijo que la obtención de los 12.020 euros -cantidad máxima que permite la Ley para realizar este tipo de pagos sin necesidad de convocar un concurso público-, no los considera "una recompensa" por la elaboración de las facturas sino que el informe fue encargado "en un entorno de amistad" entre Vicens y su contable.
Mientras tanto, Vicens afirmó en su declaración haber encargado el estudio, justificando su utilidad en torno a decisiones a tomar sobre política de suelo, aunque negó que indicase a su contable páginas web donde poder extraer y "plagiar" el contenido del estudio adjudicado.
A su vez, Nicolau negó que exista relación alguna entre el proceso de recalificación del polígono palmesano y la realización del informe sobre el valor del suelo en Mallorca y que, según manifestó, fue adjudicado al gestor Tomás Martín, "la persona que mejor lo podía hacer". Supuestamente, la adjudicación del estudio habría servido para recompensar al contable, que elaboró supuestas facturas falsas por 295.000 euros para maquillar las comisiones obtenidas por la recalificación de Son Oms.
Instrucción del caso Son Oms
Cabe recordar que fue el 27 de octubre de 2008 cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso, procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens. Se trataba de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pedía la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament.
En relación con el procedimiento, éste apunta a que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15% de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que su presunta testaferro Elisabeth Diéguez fue designada administradora única.
Por otro lado, el juez abrió el pasado 21 de octubre otra pieza separada dentro del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde Televisió de Mallorca y Ona Mallorca hacia UM, y por la que deberán declarar en calidad de imputados, entre los días 14 y 18 de este mes, la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y varios miembros más de la formación regionalista, como los consellers de Turismo y Medio Ambiente, Miquel Nadal y Miquel Àngel Grimalt, respectivamente.
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