"CASO MAQUILLAJE"; "ESTO ES INSOPORTABLE, CON ESTAS SIGLAS NO PODEMOS IR A NINGUNAS ELECCIONES"

UM se plantea sus opciones

* Algunos líderes de UM en la Part Forana quieren crear partidos independientes
* Otros apuestan por la refundación íntegra de la formación

Miquel A. Font | Palma

Para algunos líderes de UM en la Part Forana la situación del partido es "insoportable". "Con estas siglas no podemos presentarnos a ningunas elecciones, nadie nos va a votar", afirmaba ayer a este medio un edil. Para estos dirigentes, entre los que hay miembros de la Ejecutiva, las declaraciones de Nadal reconociendo haber cometido actos delictivos en los que implicaba a Munar han sido la gota que ha colmado el vaso. "¿Con qué cara vamos a pedir ahora el voto para UM, no conseguiremos ni uno", afirman. Otros hablan de refundar el partido y algunos de abandonar las siglas y crear formaciones independientes locales para acudir a las próximas elecciones. El secretario general Joan Monjo pide calma y recuerda que el PSOE mantuvo sus siglas después de todo el escándalo del caso Gal.

Mientras tanto, el núcleo duro de la dirección de UM arremetía contra Miquel Nadal pero no dijo ni una palabra contra la todavía presidenta de honor, Maria Antònia Munar, a quien incluso alabó. Oficialmente la dirección defiende a Munar aunque el próximo martes se reúne para tomar "decisiones importantes" y entre ellas está la de apartar cautelarmente de militancia a la ex presidenta del Parlament mientras se resuelve su situación judicial. Nadal, más que suspendido de militancia, podría ser echado directamente de la formación.

En la mismas reunión del martes se estudiará la situación de todos los militantes que aparecen en los sumarios judiciales y muchos de ellas también serán suspendidos. Será la enésima reunión de crisis que la Ejecutiva de UM se ve obligada a celebrar en los últimos meses debido a la sucesión de casos de corrupción. Hace cuatro semanas la Ejecutiva acordó endurecer el código ético y apartar del partido a todas las personas con causas judiciales. Sucedió horas antes de que Antich decidiera expulsar a UM de las instituciones pero el acuerdo ya había sido aprobado y ahora el partido está obligado a aplicarlo.

La portavoz Cati Julve afirmó ayer que en el encuentro del martes se abordará el futuro del partido, la estabilidad institucional y los últimos acontecimientos. Añadió Julve: "Analizaremos las declaraciones de Nadal, veremos que conclusiones extraemos y a partir de ahí tomaremos decisiones".

Además
* UM, un expolio de más de 100 millones
* Rotger se perfila como presidente del Parlament
* 'Cerdó tiene que dar explicaciónes sobre la financiación de UM'
* Opinión: El lado oscuro de los políticos, por Fernando Merino
* Opinión: MAM a los pies de los caballos, Joan Pla
* Opinión: Punto y aparte, por Francisco Villalonga

elmundo.es

RABANEDA, EX ALCALDESA DE PINTO; "MI GESTIÓN FUE LIMPIA Y HONRADA"

JUSTICIA
Presunto delito de prevaricación

La ex alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, en una imagen de archivo. | Diego Sinova.

Europa Press | Madrid

La ex alcaldesa y actual portavoz del PP de Pinto, Miriam Rabaneda, ha asegurado ante el juzgado de Instrucción número 6 de Parla, donde acudió a prestar declaración tras la denuncia interpuesta por el alcalde, Juan José Martín (PSOE), por un presunto delito de prevaricación, que durante su gestión como regidora "no se hizo nada con reparo de legalidad" y asumió que toda su gestión se realizó "respetando los trámites legales".

La ex alcaldesa prestó declaración junto a su hermana y ex concejal de Hacienda en su Gobierno, Tamara Rabaneda, durante casi cuatro horas en las que tuvo que contestar a las preguntas y aclarar por qué autorizaron presuntamente "pagos efectuados contra los reparos de ilegalidad emitidos por Intervención y Tesorería".

Todo ello a pesar de un informe negativo de Intervención del Ayuntamiento fechado el 19 de diciembre de 2008, tres días antes de la presentación de la moción de censura que rubricaron PSOE, IU y 'Juntos por Pinto' (JpP) y que desbancó a la Alcaldía, según el auto del juzgado.

Rabaneda defendió su gestión ante el juzgado al mantener que "hemos dicho la verdad" y que toda su gestión se centró "en el interés general de los vecinos, respetando los procedimientos". La popular, que confió en que "pronto" se archive la querella, aseguró sentirse "tranquila".

En cuanto al procedimiento, subrayó que el juez instructor tuvo que llamar la atención en varias ocasiones al letrado de la acusación, ya que éste realizó algunas preguntas de corte político, sobre "las que insistió".

Rabaneda llegó al juzgado instantes antes de las 10 horas de la mañana acompañada por una veintena de personas entre simpatizantes y concejales populares en el Ayuntamiento de Pinto.

Antes de prestar declaración, se mostró tranquila y aseguró a los periodistas que la citación se produjo para "aclarar" determinadas "irregularidades administrativas". "Mi gestión -apostilló- ha sido limpia y honrada".

La comparecencia de Rabaneda y su hermana es resultado de la denuncia interpuesta por el alcalde, Juan José Martín (PSOE), fechada el pasado 30 de abril, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El auto de imputación tuvo en cuenta esta denuncia -basada en la documentación y los informes de Tesorería e Intervención- que explicita que hubo expedientes administrativos de pagos que contaron con informes desfavorables de ambas funcionarias.

De esta manera, se produjeron presuntamente gastos sin consignación presupuestaria, prelación y fraccionamiento de pagos y facturas sin aprobación previa, y con informes negativos, lo que, según el auto, supuso un "menosprecio a la ley".

La denuncia presentada por el regidor incluía documentación sobre los 264 informes desfavorables emitidos por la Interventora entre el 1 de enero de 19 de diciembre de 2008. En algunos casos, los gastos no contaron con el "requisito legal" de la aprobación previa y en otros pudo producirse "fraccionamiento de contratos para eludir las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público".

elmundo.es

EL EX ALCALDE QUE COBRÓ POR 300 CASAS ILEGALES, LIBRE POR 6.000 EUROS

Mas, del PP, concedió licencias en suelo rústico de Llíber a cambio de dinero

ARTURO RUIZ - Dénia

El ex alcalde de Llíber José Mas, del PP, encarcelado el pasado mes de diciembre por autorizar 300 chalés en suelo rústico entre 1999 y 2003 a cambio de dinero, salió en la tarde de ayer de la cárcel de Fontcalent. El ex regidor quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 6.000 euros. Por estos hechos, la juez también envió a prisión al aparejador municipal y al cabecilla de la red, el promotor de Xàbia Miguel Muntaner. Éstos dos últimos también han quedado en libertad provisional, aunque en este caso previo pago de una fianza de 100.000 euros.

Aunque en un principio la magistrada, que instruye una causa por cohecho y estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio, había fijado para Mas prisión sin fianza dada la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él, ahora el tribunal ha aceptado un recurso presentado por la defensa del ex regidor en el que solicitaba que se estableciera esa fianza de tan poca cuantía económica alegando razones humanitarias, toda vez que el ex edil es de avanzada edad, su riesgo de fuga es mínimo al ser una persona muy conocida en la comarca y además carece en la actualidad de recursos económicos. El juzgado ha aceptado los argumentos del letrado del ex alcalde tras el informe favorable del fiscal. En el ánimo del ministerio público también han pesado las razones "humanitarias y de salud [Mas sufre una dolencia cardiaca]", según precisaron fuentes de la fiscalía.

Las dificultades financieras por las que, según su defensa, dice pasar el ex alcalde contrastan con las declaraciones del supuesto cabecilla de la trama, el constructor de Xàbia Miguel Muntaner, quien aseguró que pagó a Mas 3.000 euros de soborno por cada una de las viviendas ilegales que se edificaron. Por cierto, que ya no queda en prisión ninguno de los implicados en el escándalo urbanístico que ha sacudido La Marina Alta durante las últimas semanas. Muntaner, también detenido en diciembre, ya ha salido de la cárcel después de haber pagado una fianza de 100.000 euros. Según la instrucción del caso, este constructor lideró la organización que tramitó la venta de las parcelas en suelo rústico en parcelas menores de 10.000 metros cuadrados y en la que están implicadas un total de 18 personas. También está ya fuera de la cárcel el ex aparejador municipal tras depositar otra fianza de 100.000 euros. Según la investigación, Muntaner habría sobornado con 25.000 euros a ese ex funcionario municipal por cada uno de los informes técnicos que permitieron validar las construcciones irregulares.

Para los principales implicados en la trama, la magistrada instructora del caso ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los 300 propietarios, la mayoría de origen británico, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, por las prebendas que el ex alcalde y el ex aparejador recibieron de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y de ordenación contra el territorio porque el suelo rústico de Llíber se vio afectado por una plaga de urbanizaciones surgidas de la nada.

Por su parte, los 300 afectados exigen no sólo la legalización de sus viviendas, sino también que se investiguen los paraísos fiscales donde los principales imputados desviaron el dinero que habrían ganado con la trama.

elpaís.com

EL JUEZ ORDENA PROSEGUIR LA CAUSA CONTRA MUÑOZ , PANTOJA Y ZALDÍVAR

TRIBUNALES | Por blanqueo de capitales

Marta Sánchez Esparza | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha decidido continuar por el trámite de procedimiento abreviado la causa desgajada en su día del caso sumario 7/07, conocido como caso 'Malaya', y que investiga el presunto delito de blanqueo de capitales cometido por el ex alcalde de Marbella, Julián Felipe Muñoz Palomo, su ex esposa Maite Zaldívar y la ex compañera sentimental de Muñoz, la tonadillera Isabel Pantoja.

En las diligencias, incoadas en su día con el número 3.517/07, están imputados también un hermano de Zaldívar, una hija de Zaldívar y Muñoz, el director de banco Benjamín M., el corredor de bolsa Fernando S. y el empresario José Miguel V. Junto a ellos están imputadas en el caso otras seis personas, todas investigadas por un delito de blanqueo de capitales.

Según han informado fuentes judiciales, a partir de este momento se dará traslado de las actuaciones al fiscal y a las acusaciones particulares, para que soliciten la apertura de juicio oral presentando sus escritos de acusación o bien soliciten el sobreseimiento de la causa.

En la investigación de esta pieza separada de 'Malaya', la Fiscalía Anticorrupción trata de determinar si se cometió un delito de blanqueo en la operación de compraventa de la vivienda de la urbanización La Pera en Marbella, donde Muñoz convivía con la tonadillera.

Además, se investiga la ganadería que supuestamente fue adquirida por sociedades que los investigadores vinculan a la cantante, aunque presuntamente pagadas por Muñoz. En torno a estos hechos el juez tomó declaración a numerosos testigos durante el pasado verano.

Estas diligencias previas se iniciaron cuando el primer instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, separó de la causa principal parte de los hechos que se le imputan a Muñoz y a su entorno. La investigación provocó la detención de Isabel Pantoja por efectivos de la Udyco en Marbella, en mayo de 2007.

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; BARRIENTOS ADMITIÓ A LA JUEZA QUE EL PSOE SE FINANCIÓ CON DINERO DE EMPRESARIOS

Levantan el secreto parcial del sumario

M.S. Esparza | J. Sánchez | Málaga

El PSOE de Estepona se financió durante un largo periodo de tiempo gracias a las donaciones de empresarios con intereses en la zona, según admitió el propio alcalde, Antonio Barrientos, en su primera declaración ante la juez instructora del caso 'Astapa', tras su detención en junio de 2008.

Barrientos, que dejó la Alcaldía de Estepona en aquellas fechas a raíz de su arresto y posterior encarcelamiento en la operación 'Astapa', admitió ante la instructora Isabel Conejo que el PSOE había "recibido donaciones", pero aseguró desconocer "los pormenores", a pesar de ser el presidente de la agrupación local socialista, ya que, según argumentó, "éso lo llevaba José Flores", el entonces jefe de Alcaldía.

Flores, también detenido y posteriormente encarcelado en la misma operación policial que Barrientos, era además, quien se encargaba de cerrar los convenios urbanísticos con los empresarios que deseaban efectuar operaciones en el término municipal de Estepona, según señaló también a la juez Barrientos en su declaración, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga.

El ya ex alcalde reconoció que él era quien recibía a los empresarios interesados en firmar determinados convenios y quien decidía en última instancia sobre los mismos, y admitió que las empresas que tenían suscritos convenios con el Ayuntamiento sufragaban eventos municipales.

Sin embargo, Barrientos rechazó que dichas empresas participaran en una trama de financiación ilegal de su partido, o que le hubieran aportado algo en especie a él o al PSOE.

En cuanto a los obsequios recibidos de parte de constructoras como Valle Romano, el regidor afirmó que habían sido "los normales, botellas de champán en Navidad y algunos más de este tipo", y negó que la citada constructora le hubiera sufragado estancias en el extranjero, o que hubiese percibido dinero en metálico.

Barrientos negó también que existiera en el Ayuntamiento "una doble o triple contabilidad", y aseguró que no había influido sobre sus compañeros de corporación para contratar a determinadas personas.

La declaración de Antonio Barrientos no convenció, sin embargo, a la juez encargada del caso, quien dictó a continuación un auto de prisión sin fianza contra el regidor esteponero, en el que aseguraba que existían "contundentes indicios" de la participación de Barrientos en hechos que podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Entre dichos indicios la juez cita las intervenciones telefónicas, la información patrimonial facilitada por la Agencia Tributaria o las declaraciones del resto de los imputados. Así, según la juez, Barrientos habría actuado como "el máximo responsable y negociador de los convenios urbanísticos, que reportan importantes cantidades de dinero, sirviendo para solucionar el problema de insolvencia económica del Consistorio".

La juez apunta que los caudales públicos podrían haberse gastado "prematuramente" al destinarse en parte "a usos ajenos a la función pública". Además, la instructora menciona la presuntas infravaloraciones efectuadas en numerosos convenios, y los beneficios presuntamente ilícitos obtenidos en aprovechamientos urbanísticos gracias a la labor de varias personas de confianza contratadas para tal fin en el Área de Urbanismo.

En este sentido, la juez extracta parte de una conversación telefónica intervenida por la Policía entre Barrientos y el concejal de Urbanismo Rafael Duarte, también imputado. "Como se pongan a levantar las valoraciones va a caer todo dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la nueva ley de suelo", le dice.

Además
* Intervinieron más de 850.000 euros en registros
* El ex jefe de gabinete de Barrientos era el 'muñidor' municipal
* El alcalde perdonó 10 millones en expedientes sancionadores
* Había que pagar para hacer contratos, según Gurrea

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; VIDEO-U PAGÓ AL JEFE DE LA CASA ARGENTINA DURANTE LA CAMPAÑA DE NADAL

* El grupo audiovisual puso en nómina a Jorge Mandado como 'asesor'
* Admite que UM se acercó a él en busca de votos

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El grupo audiovisual Video-U, propiedad de la familia de Maria Antònia Munar y de Miquel Nadal, también puso en nómina a Jorge Joaquín Mandado, responsable de la Casa Argentina de Baleares, en vísperas de la campaña electoral de 2007. Concretamente fue contratado, tal y como ha podido saber EL MUNDO/El Día de Baleares, en la sociedad Ambbit Digital, S.L., que forma parte del entramado empresarial que está siendo investigado en el marco de la denominada Operación Maquillaje.

El grupo de Video-U, controlado por Unió Mallorquina (UM) y al que Munar adjudicó más de cuatro millones de euros públicos desde el Consell de Mallorca que presidía con el fin de que surtiese de contenidos a la televisión insular que ella impulsó, fichó como asesor a este argentino a principios de noviembre de 2006 y lo mantuvo hasta el mes de mayo durante el que se celebraron los comicios autónomicos y municipales.

Mandado, que carece de experiencia en el sector audiovisual, fue contratado según aseguró en declaraciones a este periódico, "para hacer un poco de todo y echar una mano en lo que fuera". "Como yo era el presidente de la Casa Argentina de Baleares, todos los políticos se me acercaban", se sinceró. Tras su fichaje por este grupo audiovisual, al que el Consell llegó a pagar por programas de radio y televisión fantasma, que se cobraban pero que nunca se realizaron, decidió prestar su apoyo a UM y se acabó afiliando al partido que luego pasó a presidir Miquel Nadal.

La formación que ahora lidera Josep Melià llegó a compensar sus servicios nombrándole en febrero de 2008 director gerente de la Fundación Illesport, dependiente de la Conselleria de Deportes que ha gobernado UM durante toda la legislatura. Mandado ha sido destituido, al igual que el resto de cargos de confianza uemitas en el Govern, tras la expulsión de la formación nacionalista de las instituciones. Una decisión adoptada por el PSOE como consecuencia de los casos de corrupción de sus ya ex socios de gobierno.

elmundo.es

NADAL DECLARA ANTE EL TSJB POR CAN DOMENGE

JUSTICIA | Una pieza secreta

* Ha abandonado las dependencias judiciales con rostro serio y sin hablar
* Nadal está también citado a declarar mañana a petición propia

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

El futuro ex concejal de Palma, Miquel Nadal, ha declarado esta mañana ante el TSJB por su presunta implicación en una pieza secreta del llamado 'Caso can Domenge'. El interrogatorio viene motivado por el resultado de las investigaciones realizadas a raíz del registro llevado a cabo en las sedes de las promotoras Sacresa y Ferratur.

Nadal ha abandonado en torno a las 14.30 horas la máxima instancia judicial de las islas acompañado por su letrado, Josep Zaforteza, con rostro serio y eludiendo hacer declaraciones a los medios congregados a las puertas del TSJIB. En concreto, el regidor fue interrogado por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal, Javier Muñoz, que instruye el procedimiento principal en torno a las presuntas irregularidades que rodearon al concurso para la enajenación de los solares palmesanos, vendidos por el Consell de Mallorca por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado. En la vista también estuvieron presentes los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau.

Por otro lado, Nadal está también citado a declarar mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, en la que será la segunda ocasión -ya depuso el pasado 16 de diciembre- que será interrogado en calidad de imputado dentro del caso Maquillaje. Se trata de otro de los tres procedimientos de presunta corrupción en los que el ex presidente de UM está encausado.

Nadal ha está imputado en diversos casos de corrupción en Baleares. De hecho, ya en diciembre de 2009 se vio obligado a dimitir como conseller de Turismo tras declarar como imputado ante la Justicia y el pasado 5 de febrero fue detenido por la Policía en el marco de la Operación Voltor, dentro de la cual se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

Nadal ha anunciado que presentará su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Palma.

Además
* Video-U pagó al jefe de la Casa Argentina en la campaña de Nadal

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"CASO MERCASEVILLA"; EL EX EDIL CRESPO TESTIFICA QUE TORRIJOS CONOCÍA LOS "ENTRESIJOS" DEL MERCADO

Declara que todos apoyaron el pliego

Efe | Sevilla

El ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, imputado por la presunta adjudicación "fraudulenta" de la venta de suelos de Mercasevilla, ha dicho este miércoles a la juez que su vicepresidente Antonio Rodrigo Torrijos (IU) conocía los "entresijos" del mercado y que todos en el consejo y la junta aceptaron el pliego del concurso.

El ex edil socialista y presidente entonces de la empresa pública ha declarado como imputado en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que investiga esa adjudicación en 2006 a Sando del derecho de opción de compra sobre todos los terrenos de Mercasevilla, al "prepararse", según la juez, un pliego de condiciones que "penalizó la oferta de Noga" de 158,6 millones, frente a los 106 de Sanma, filial de Sando.

En su declaración, ha negado los hechos que le imputa la juez y ha dicho que "no pueden sostenerse de ninguna forma", que "en ningún caso participó en ningún concierto o acuerdo de voluntades para que el concurso lo ganara Sanma" y que no se le ofreció "ningún tipo de recompensa", ni ha recibido ninguna.

Ha indicado que en el consejo y la junta de accionistas del 30 de noviembre de 2005 nadie "se quejó" de falta de información ni puso "ninguna objeción al procedimiento de licitación ni al pliego", que incluyó una cláusula de limitación al alza que penalizó las ofertas superiores al 10% de la media aritmética de las presentadas.

Confianza en los técnicos
Cuestionado por si Torrijos asumía la dirección y el cargo de presidente era institucional, el ex edil del PSOE lo ha negado y también ha afirmado que, cuando lo nombraron en mayo de 2005, ya estaba en marcha el litigio con Larena 98 -poseedora de un derecho de superficie sobre algunas parcelas del mercado que luego se subrogó Sanma, lo que le favoreció en el concurso-.

Ha asegurado que desconocía "los detalles de dicho desacuerdo" y como político "lo único que quería es que se buscara una solución", que sólo supo en una ejecutiva del 15 de julio de 2005 que Sando estaba en contacto con Mercasevilla para subrogarse ese derecho de Larena y que no tiene "ni idea de por qué Sanma estaba interesada".

También ha defendido que fue en la Comisión Ejecutiva donde se acordó encargar un pliego de condiciones a los técnicos para el concurso y que en sus 40 años de vida política "jamás" ha "leído un pliego de condiciones", salvo su resumen final.

Crespo ha aseverado que siempre "ha atendido a las explicaciones que han dado los técnicos en los órganos colegiados" y que, en este caso, eran de su "absoluta confianza, y lo siguen siendo".

Luchar contra la especulación
La juez le ha preguntado si cree que "podría estar el concurso predeterminado para que lo ganara finalmente Sanma en virtud de un acuerdo previo", a lo que ha contestado que "en absoluto" y que "eso no es cierto de acuerdo con la información que ha ido obteniendo a lo largo del proceso del concurso".

Sobre la cláusula de limitación al alza del pliego, ha declarado que un eje del programa electoral del PSOE es "luchar contra la especulación" y, cuando ésta se planteó y como dijeron los técnicos, de inmediato la relacionó con ello.

Ha recordado que Torrijos "comentó en la Comisión Ejecutiva que efectivamente" esta cláusula "podía servir para evitar la especulación, y ello fue compartido por todos los miembros, incluidos los representantes de la oposición que estuvieron presentes en el Consejo y en el Pleno del Ayuntamiento".

Crespo sólo ha respondido a las preguntas de la juez, del fiscal y de su defensa, y no a las del resto de las partes, entre ellas a las 17 que el PP ha hecho constar.

Además
* Los 13 imputados de Mercasevilla

elmundo.es

"CASO ANDRATX"; EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN PIDE CASI 9 AÑOS DE CÁRCEL PARA EUGENIO HIDALGO

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA. La fiscalía anticorrupción reclama 8 años y 8 meses de privación de libertad para Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx por el Partido Popular (PP) y actualmente encarcelado por una condena por delito urbanístico. Los fiscales imputan a Hidalgo los delitos continuado de prevaricación; continuado de cohecho pasivo; negociaciones prohibidas a funcionarios; e infidelidad en la custodia de documentos. En el mismo sumario están acusados el constructor Manuel Zapata y el suspendido celador municipal de obras de Andratx Jaime Gibert, representado por Juan Luis Matas y que hace meses llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía anticorrupción.

La nueva acusación contra Hidalgo se ha presentado cuando el juez sustituto que se ocupa del caso Andratx, Francisco Pérez, vuelve a tener en el aire su renovación para seguir instruyendo el voluminoso caso.

41 piezas vivas

De las 73 piezas separadas en las que se dividió el caso Andratx, la mayoría por construir chalés o fincas de pisos, en suelo protegido como rústico, área natural de especial interés o área de interés paisajístico, 41 continuan en fase de investigación.

Otras 18 se han sobreseído al estimarse que las irregularidades urbanísticas investigadas no tenían la gravedad para ser consideradas delitos, dadas las diferentes interpretaciones sobre las normas y/o la convalidación de las licencias por parte del Consell de Mallorca.

Negocios en Andratx

Hidalgo será juzgado en esta pieza separada por una serie de negocios inmobiliarios que realizó con el promotor Manuel Zapata, que habría pagado algunos sobornos al entonces alcalde y al celador municipal. Para Zapata, la fiscalía solicita 5 años de prisión, mientras que Gibert se enfrenta a una multa de 5 meses. La fiscalía reclama para los 3 acusados más de 1,6 millones de euros para cubrir las posibles penas económicas.

diariodemallorca.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; DESAPARECE EN EL CONSELL UNA CARTA QUE DEMOSTRARÍA LA TRAMPA EN UN CONCURSO

El documento alababa a la empresa que se adjudicó un convenio del Inestur

La misiva fue incorporada al expediente para adjudicar a dedo un contrato millonario

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE PALMA. Una carta que podría demostrar las trampas hechas para amañar un concurso de un millón de euros para montar en Balears un sistema de información turística basado en nuevas tecnologías de reconocimiento de voz telefónica (IVR), un expediente que se investiga dentro del sumario del caso Voltor, ha desparecido de un departamento del Consell de Mallorca. La misiva fue escrita en inglés por la multinacional Intervoce, líder mundial en plataformas de esa naturaleza, y postulaba que la empresa mallorquina Minser era el único grupo español con capacidad para ofrecer el servicio de información turística que querían montar el Inestur y el Consell de Mallorca.

El pasado día 4 una comisión judicial, encabezada por los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, registró durante varias horas las oficinas del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), un organismo dependiente del Consell de Mallorca y cuyo responsable hasta hacía pocas semanas había sido Miquel Àngel Flaquer, ex conseller en dicha institución por UM y uno de los imputados en el sumario.

Cilma, en la anterior legislatura y bajo la presidencia de Francesc Buils, había adjudicado a Minser (Mallorca Informática de Servicios Administrativos) un primer contrato de unos 600.000 euros para crear un sistema de información turística a escala insular basado en reconocimientos de voz.

En esta legislatura, y desde el Inestur, el Instituto de Estrategias Turísticas de Balears dependiente de la conselleria de Turismo dirigida entonces por Francesc Buils, se decidió ampliar este servicio a todas las islas. Para ello se firmó un convenio con el Cilma, al que se le transfirieron después el millón de euros. El Cilma firmó un contrato con Minser a la que adjudicó el servicio por un procedimiento negociado y sin publicidad.

Entre los méritos de la adjudicataria se incluyó la carta de Intervoce ahora desaparecida y que debería de estar en el expediente.

La fiscalía sospecha que ese contrato fue amañado y que pudo encubrir una supuesta malversación de caudales y otros delitos. Flaquer, que dimitió de conseller el 22 de diciembre por su imputación en Maquillaje, aseguró durante su detención por Voltor ignorar el paradero de ese documento. La fiscalía piensa que la carta demuestra que Minser ya sabía que iba a ser la adjudicataria.

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"CASO ASTAPA"; LA POLICÍA INTERVINO MÁS DE 850.000 EUROS, 33.000 DÓLARES Y 27.000 FRANCOS

En los registros

Europa Press | Málaga

Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional intervinieron durante los registros efectuados el 17 de junio de 2008 en Estepona a raíz de la operación 'Astapa' un total de 852.553 euros, 33.981 dólares, 27.820 francos y 7.630 libras esterlinas, todas ellas cantidades en efectivo.

De estas cantidades la más abultada, 660.557,99 euros, fueron localizados en la vivienda del constructor Félix Delgado, que se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros después de que se le imputaran los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, según se desprende de la parte del sumario levantado este miércoles al que tuvo acceso Europa Press.

Por otro lado, los agentes reflejan en su informe que encontraron 85.501,20 euros en la delegación de Cultura y 62.755 euros en la sede social de Valle Romano Beach Club" ubicada en Madrid, lugar este en el que también intervinieron 27.820 francos y 7.630 libras esterlinas.

En el caso de la vivienda del que fuera jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Andrés Arturo Flores, el sumario recoge que los agentes intervinieron 16.100 euros en metálico "en 28 billetes de 500 euros" además de "6 esmeraldas y una sortija de oro blanco con esmeralda y brillantes". Flores fue detenido y quedó en libertad sin fianza.

Respecto al concejal del PES Manuel Reina, que conserva su acta, en su despacho profesional los investigadores intervinieron 10.090 euros, así como "facturas de toda índole, que se podrían corresponder a las que José Flores, entre otros, indicaban que Reina se había llevado para que no pudieran pagarse".

En su domicilio particular, además, los policías encontraron "un dispositivo de vídeo oculto en un bolso que vendría a corroborar las grabaciones que éste realizaba de las reuniones particulares mantenidas con diferentes personas".

Reina permaneció seis meses en prisión y salió en libertad en diciembre de 2008 tras abonar una fianza de 150.000 euros. A él se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales.

Al margen de estas cantidades, se procedió al bloqueo de 95 cuentas bancarias, 13 fondos de inversión, acciones y un plan de pensiones. Según se contempla en el tomo XV del sumario, cuyo secreto quedó levantado parcialmente ayer, estas intervenciones supusieron "el embargo provisional de 13.609.973,88 euros".

Además
* Levantan el secreto de nuevos tomos del sumario

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL PSPV SE PERSONARÁ COMO ACUSACIÓN POPULAR ANTE EL TSJ DE MADRID

VALENCIA | Después de que el TSJCV se considerara no competente

* La personación en la causa madrileña no irá acompañada de una nueva querella
* Los socialistas valencianos cuentan con el respaldo de la dirección nacional

Valencia

El portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, ha anunciado este miércoles que los socialistas valencianos se personarán como acusación popular en la causa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se investiga el caso 'Gürtel'.

Luna, que ha hecho estas declaraciones en los pasillos de Las Cortes, ha explicado que la personación tiene como objetivo "hacer el seguimiento" e "impulsar" las actuaciones del TSJM, después de que el juez instructor, Antonio Pedreira, señalara en un auto la "complejidad" de esa causa.

La decisión de los socialistas, que cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido, se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se declararse no competente para investigar la querella presentada por el PSPV contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otras personas y empresas relacionadas con el caso "Gürtel".

El portavoz socialista ha recordado que Pedreira emitió el pasado lunes un auto en el que afirmaba que queda "todavía voluminosa documentación por analizar por los servicios de auxilio judicial", así como nuevas líneas de actuación "por iniciarse", lo que lleva al PSPV a querer personarse en este proceso.

Personación sin querella
La personación, que se formalizará en los próximos días, no irá acompañada de una querella ya que, según ha puntualizado, no pueden iniciar acciones legales en Madrid "contra aforados de la Comunidad Valenciana", pero sí "hacer el seguimiento de estas actuaciones que parece que van a ser largas en el tiempo", ha puntualizado.

Asimismo, esa personación, que será asumida por la dirección del grupo socialista, se hará en calidad de acusación popular "con la legitimación" que les confiere "el hecho de ser diputados autonómicos, y por tanto tener como misión estatuaria y constitucional defender los intereses de los ciudadanos valencianos".

Preguntado sobre cómo puede afectar esta decisión a la querella que ya han presentado, ha indicado que en estos momentos está "en 'stand by'", y precisamente por eso quieren "saber qué es lo que se está investigando en Madrid" para poder "volver a intentar reabrir el asunto aquí o en el Tribunal Supremo".

"Estaremos al tanto del procedimiento que se está desarrollando en Madrid y, o bien intentaremos reproducir la querella ante el TSJCV, o ante el Supremo si se remiten allí todas las actuaciones", ha afirmado Luna.

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ANTICORRUPCIÓN PIDE OCHO AÑOS DE PRISIÓN PARA EL EX ALCALDE DE ANDRATX

Eugenio Hidalgo, ex edil del PP, que ya cumple una condena por cuatro años por corrupción, actuó como promotor y responsable de Urbanismo

ANDREU MANRESA, Palma de Mallorca

El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que cumple una condena de cuatro años de cárcel por corrupción urbanística, se enfrenta a un nuevo juicio, el tercero de las más de 70 causas que componen el llamado caso Andratx. La Fiscalía Anticorrupción pide para él más de ocho años de cárcel, y una pena de cinco años de prisión para su presunto socio, el promotor inmobiliario Manuel Zapata. Ambos están acusados de construir viviendas de lujo en un ámbito rústico protegido de la isla Mallorca.

En 2005, Hidalgo era edil, responsable de Urbanismo y a la vez empresario inmobiliario en su municipio. Aquel año concedió en sólo 14 días una licencia express a Zapata para que éste levantara 24 apartamentos en una parcela de 7.000 metros de suelo rústico protegido en Cala Llamp. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach afirman que el empresario sabía que la licencia no era factible y que Zapata le compensó por ella.

Cala Llamp fue un espectacular anfiteatro marino de acantilados y pinares, que se ha convertido en el escenario del urbanismo salvaje. Decenas de residencias han sido incrustadas en parcelas 'inventadas' -excavadas en peñas inclinadas- con pendientes en "áreas de protección de riesgo" por desprendimiento, como en este caso. Los 12 apartamentos construidos allí por Manuel Zapata (la mitad del proyecto, de 1,3 millones de euros, no se desarrolló) tienen 80 metros cuadrados, dos habitaciones y se venden por más de 300.000 euros. La piscina posterior está dispuesta y una de las viviendas está habitada.

Según la acusación, Hidalgo obtuvo 369.000 euros en la operación, a través de la venta de unas acciones de la empresa promotora que había adquirido por 1.023 euros. La acusación cree que aquella fue una compra ficticia, una dádiva, "porque no se pagó precio alguno". Hidalgo y Zapata no escrituraron la propiedad del solar ni anotaron sus operaciones mercantiles y, además, intentaron destruir documentos, según los fiscales.

Hidalgo fue detenido en otoño de 2006, al estallar el escándalo de corrupción y urbanismo salvaje conocido como caso Andratx. Con él fueron arrestados el funcionario y socio suyo Jaime Gibert (que acabaría colaborando con la justicia y convirtiéndose en confidente protegido) y el que era director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear y ex jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, que cumple dos condenas de más de ocho años de prisión. El empresario Manuel Zapata fue detenido durante dos días, en 2007, cuando los investigadores tiraron del hilo de las tramas de Hidalgo.

En este juicio, Hidalgo está acusado de cohecho, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos. Zapata está acusado de cohecho, negociaciones prohibidas y delito urbanístico, además de estar obligado a derribar la obra ilegal. Ambos afrontan posibles multas e indemnizaciones de centenares de miles de euros por los supuestos sobornos y beneficios que lograron. Jaime Gibert se enfrenta a una pena multa de cinco meses y el retorno de una dádiva de 60.000 euros.

La primera sentencia sobre este asunto de Cala Llamp fue emitida en 2009 por un juez de lo contencioso, que sentenció que la obra era ilegal, por licencia nula, y ordenó la demolición de los edificios y la "restauración de la ilegalidad infringida". Ahora se producirá un juicio penal por la trama supuestamente corrupta y el pelotazo denunciados por el letrado Agustí Cerveró por el Grupo de Ornitología Balear (GOB). Tres vecinos (dos residentes extranjeros y un abogado español) intentaron frenar la denuncia en el Ayuntamiento, pero sus acciones fueron ignoradas por Hidalgo.

Ex guardia civil, 'bisagra' y fichado por Matas

Eugenio Hidaldo dejó el uniforme de la Guardia Civil y se convirtió en hombre de negocios y político de Andratx. Montó un partido local bisagra y pactó con el PP -y una vez con el PSOE- con la condición de poder controlar la mina de oro, el Urbanismo. Se hizo promotor inmobiliario y tenía socios 'ocultos'. El lider del PP, en 2006, Jaume Matas lo fichó para el PP y lo designó candidato pese a sus causas judiciales. Ha sido condenado a cuatro años de cárcel por construir uno de sus chalés en terreno protegido, sentencia confirmada por el Supremo aunque el alto tribunal anuló otra condena a siete años de inhabilitación por dar licencia ilegal a un restaurante de su hermano. Por llamar xenófoba y nazi a una edil fue condenado a multa por injurias leves. Tiene dos causas más del caso Andratx: una por la obra en un falso urbano con el promotor Zapata donde le pedirán 2,3 años por vender su patrimonio sin permiso del juez instructor.

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IMPLICAN A OTRAS CINCO PERSONAS EN EL "CASO ALMOGÍA", EN EL QUE HAY YA 15 IMPUTADOS

TRIBUNALES | Irregularidades urbanísticas

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga capital mantiene imputadas por el momento a 15 personas con relación al caso de las presuntas irregularidades urbanísticas investigadas en Almogía, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales.

Así, las fuentes precisaron que el pasado día 10 de este mes declaró en calidad de imputado M.A.A.T., al que se le imputó un delito contra la ordenación del territorio. Otras fuentes apuntaron que éste sería el hermano del secretario municipal, también imputado en esta causa.

Según la información publicada este martes por el diario 'Málaga hoy', una nueva fase de la investigación ha dado como resultado en los últimos días la presunta implicación de otras cinco personas, entre ellas tres arquitectos, la hermana del teniente de alcalde y un ex edil de la localidad.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial realizaron a finales de octubre pasado un registro en el Ayuntamiento de Almogía y en la Casa de la Cultura, donde se encuentra un archivo municipal, en el que intervinieron varios expedientes urbanísticos.

Inicialmente, los investigadores tomaron declaración a varios investigados, tras lo que la instructora confirmó las imputaciones para estas personas, entre las que se encuentra el alcalde, Cristóbal Torreblanca, al que inicialmente se le imputan los delitos de falsedad documental y prevaricación.

elmundo.es

PONS ESTÁ "TOTALMENTE CONVENCIDO" DE QUE NO PROSPERARÁ LA QUERELLA

MENORCA | Por prevaricación

* Hay varias sentencias que 'avalan' la paralización de la cantera Son Sintes

Palma

El presidente del Consell de Menorca, Marc Pons, ha asegurado hoy que está "totalmente convencido" de que no prosperará la querella interpuesta por prevaricación contra él y la portavoz del Govern balear, Joana Barceló, por un posible delito de prevaricación por la paralización de la cantera Son Sintes de Menorca.

En los pasillos del Parlament, Pons ha asegurado a los periodistas que hay varias sentencias judiciales que "avalan" esta decisión.

Barceló y Pons prestarán declaración el próximo 5 de marzo en los Juzgados de Primera Instancia de Mahón en condición de querellados por una denuncia que presentó la empresa Valeriano Allés Canet, SL de Ciutadella en mayo del 2007.

La querella, registrada pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 28 de mayo de aquel año, denunció a Joana Barceló, entonces presidenta del Consell de Menorca y a Marc Pons, a la sazón conseller de Urbanismo y Ordenación del Territorio, por un posible delito de prevaricación por la paralización de la cantera Son Sintes.

Pons ha insistido esta mañana, como ya dijo en su día, que el Consell actuó con "total transparencia", y así lo confirman todo el proceso administrativo y la documentación existente.

En la querella, las actuaciones llevadas a cabo por el Consell de Menorca fueron calificadas de "arbitrarias" y "no ajustadas a derecho", al considerar que la institución insular menorquina se habría subrogado ilegalmente los expedientes de disciplina urbanística que había incoado y ya tramitaba el Ayuntamiento de Ciutadella, lo que fue calificado como una invasión de competencias.

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* Barceló y Pons declararán como imputados

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LA MUJER DE BÁRCENAS, SIN OFICIO NI BENEFICIO, PAGÓ AL CONTADO 600.000 € DEL LUJOSO CHALET DE BAQUEIRA

El matrimonio se reunió allí con Gerardo Galeote, también implicado en el caso Gürtel

Dos plantas y una buhardilla. Un inmenso ventanal sobre el valle. Un pequeño jardín adosado. Un tirador con forma de ciervo. Son algunos de los lujosos elementos que componen el sospechoso chalet que Luis Bárcenas, tesorero del PP, y su esposa poseen en Baqueira, la estación de esquí más lujosa de España. Son 150 metros cuadrados que valen casi un millón de euros y que el matrimonio terminó de pagar con dos cheques de 300.000 euros en 2008. Lo más curioso es que dichos cheques venían de un depósito bancario de Rosalía Iglesias, la esposa del senador popular, que no tiene ni oficio ni ingresos declarados.

Lo que sí tiene la esposa de Bárcenas es la mirada de la Justicia encima. Según informó El País hace unas semanas, Rosalía Iglesias estaría vinculada a una trama de blanqueo de dinero en la que también participaron Francisco Correa y Jacobo Gordon, amigo íntimo de Alejandro Agag, yernísimo de José María Aznar.

Junto al teleférico
La revista Interviú dedica esta semana un reportaje plagado de fotografías del lujoso chalet de los Bárcenas en Baqueira. A cien metros de la puerta nace el teleférico que une la lujosa urbanización con la pista de esquí y se asientan los hoteles más caros de la zona. Ahí es donde tiene el matrimonio su propia plaza de aparcamiento.

Con Galeote en la Constitución
Una plaza que Bárcenas dio un buen uso en el puente de la Constitución. Fue la última ocasión en la que fue visto por la zona, con un Mitsubishi de alta gama, tal y como informó en exclusiva El Plural. En aquella ocasión, y con el caso Gürtel ya avanzado, el senador del PP y su esposa pasaron las vacaciones con Gerardo Galeote, también implicado en la trama de corrupción y que tuvo que dejar el Europarlamento por las graves acusaciones vertidas contra él, y la mujer de éste.

Pagado al contado
El chalet en cuestión tiene un precio de 941.000 euros y fue pagado al contado. Entre 2005 y 2006, la familia Bárcenas desembolsó diversos cheques siempre con un valor superior a los 50.000 euros. Terminaron de pagarlo con sendos cheques de 300.000 que salieron de una cuenta de la esposa del senador, a pesar de no tener ni oficio ni beneficio declarado.

Proyecto Twain Jones
Tanto Luis Bárcenas como su mujer, Rosalía Iglesias, están imputados en el caso Gürtel. El juez Garzón acusa a Bárcenas de haberse embolsado más 650.000 euros de la trama corrupta. Su mujer, por otra parte, habría participado como inversora en la promotora Proyecto Twain Jones, que tenía previsto levantar 16 viviendas de lujo en Majadahonda. El proyecto, que apunta a una trama de blanqueo de dinero, se financió con aportaciones llegadas de paraísos fiscales y en él participaron tanto Francisco Correa como el amigo íntimo de Alejandro Agag, Jacobo Gordon.

elplural.com

EL "CASO GÜRTEL" REVIENTA LA "FONTANERÍA" DE RAJOY Y ENFRENTA A GÉNOVA CON VALENCIA

Los escándalos que afectan al PP

El sucesor de Bárcenas no acude a la sede, y el mal ambiente es generalizado

CARLOS E. CUÉ - Madrid

Así lo ve Peridis

El PP insiste, con la prueba fehaciente de las encuestas, en que el caso Gürtel no tiene consecuencias electorales. En plena crisis, la gente está en otra cosa y casi nada de lo que pueda aparecer tiene efectos políticos, explican los dirigentes.

Pero lo que nadie se atreve a negar en el PP es que el caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción en este partido desde el caso Naseiro, a finales de los ochenta está teniendo inesperadas consecuencias internas. Y una de las más graves, y desconocidas, es el enfrentamiento y malestar que está generando en la llamada fontanería del partido; esto es: las estructuras del aparato de organización.

La última trifulca interna ha llegado tras la decisión del sucesor de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, de pasar la bola de la posible financiación irregular de este partido a Génova, la sede central. Clemente ha enviado una comunicación al Tribunal Superior valenciano en la que señala que "entre 2002 y octubre de 2008 no ha existido el cargo de tesorero del PP de la Comunidad Valenciana, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales del PP de Madrid, que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de las actuaciones".

Esta frase, que deja la pelota de la financiación en el tejado de Génova, ha provocado en los últimos días todo tipo de tensiones, conversaciones subidas de tono y cruce de mensajes agresivos entre Madrid y Valencia. Los miembros del equipo de organización del PP a nivel nacional, encabezados por el ex tesorero, Luis Bárcenas, no quieren asumir un problema que es, insisten, completamente valenciano. "Cualquiera que conozca un poco este partido, y sobre todo cualquiera que haya leído las conversaciones que se han transcrito, sabe que Génova no controlaba la financiación del PP valenciano y no sabe si ahí ha habido cosas raras o no. Se unifican criterios contables para presentar el informe del Tribunal de Cuentas, pero las relaciones con los proveedores, con las empresas o la percepción de donativos anónimos se hacían en Valencia. Ese intento de escurrir el bulto es una deslealtad total", señala un dirigente.

El más molesto con esta versión de los hechos que trata de trasladar el partido de Francisco Camps es el propio Bárcenas, al que su compañero valenciano citaba expresamente en el escrito como responsable de esas finanzas -entonces era gerente nacional, fue nombrado tesorero en 2008-. El ex tesorero sigue acudiendo con regularidad a su despacho en Génova -que no ha perdido- y comentando con todos los dirigentes que trabajan allí éste y otros asuntos.

Pero, además del enfrentamiento interno entre Génova y Valencia, lo que más preocupa en estos momentos es el conflicto interno que el caso Gürtel ha dejado en la fontanería del partido. La salida de Bárcenas, que dejó el puesto de tesorero en verano, cuando fue imputado por el Tribunal Supremo, ha alterado los equilibrios internos y ha provocado un enorme malestar con su sucesor, el gerente Cristóbal Páez.

El enfrentamiento entre Bárcenas, amigo de Francisco Álvarez Cascos y representante del PP tradicional, y Páez, un ejecutivo con poca trayectoria en el partido y apoyado por Dolores de Cospedal, la secretaria general, es total. Y este último ha tenido tantos problemas para imponer su criterio en la gestión de las finanzas del partido que directamente ha dejado de acudir a la sede.

Según confirman diversos dirigentes, el sucesor de Bárcenas sigue controlando algunas cosas por teléfono, pero no acude a la sede tras las tensiones y conflictos que se vivieron durante el mes de enero. Rajoy ha tratado sin éxito mediar, pero de momento no ha evitado que el caso Gürtel haya dejado la sede del PP mucho más revuelta de lo que las encuestas podrían indicar.

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* Hacienda destapa comisiones opacas de nueve cargos del PP por 3,8 millones

Caso Gürtel
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"CASO GÜRTEL"; HACIENDA DESTAPA COMISIONES OPACAS DE NUEVE CARGOS DEL PP POR 3,8 MILLONES

Los escándalos que afectan al PP
EL DELITO FISCAL DE DIPUTADOS Y ALCALDES MADRILEÑOS EN EL 'CASO GÜRTEL'

"Posiblemente las cantidades cobradas no han sido declaradas"

JOSÉ MANUEL ROMERO / JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

Nueve altos cargos del PP de Madrid involucrados en la trama Gürtel no declararon al fisco 3,8 millones de euros que supuestamente recibieron, entre 2004 y 2007, de las sociedades corruptas que dirigía el cabecilla de esa red, Francisco Correa. Así se desprende de un informe que tiene ultimado la Agencia Tributaria y que, según distintas fuentes, será aportado en breve al sumario que tramita el juez de Madrid Antonio Pedreira.

El fisco considera reales los pagos hechos en 'B' por Correa a políticos

Hacienda ha analizado e informado sobre los datos contenidos en una carpeta azul que la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía decomisó a José Luis Izquierdo, el contable de las sociedades corruptas. Hacienda sostiene que estas cantidades "posiblemente han sido cobradas y no declaradas".

Son anotaciones sobre pagos en dinero negro hechos supuestamente a estos altos cargos -entre ellos, tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres ex alcaldes de importantes municipios madrileños- a cambio de contratas fraudulentas y otros lucrativos favores realizados desde instituciones públicas gobernadas por el PP. Al margen de esos pagos, que suman 3,8 millones de euros, Hacienda también indaga otros sobornos económicos aparecidos en otros extractos de la contabilidad B de las sociedades de Correa. Y tiene constancia de otras prebendas y viajes recibidos por algunos de estos nueve ex altos cargos: coches, viajes...

Sólo los tres diputados del PP, al menos dos de ellos de especial confianza de la presidenta regional Esperanza Aguirre, habrían percibido de la trama, según Hacienda, casi un millón de euros, de los que no dieron cuenta al fisco, motivo por el que la Agencia Tributaria entiende que han podido cometer un delito fiscal. Tanto los tres diputados como los cuatro alcaldes fueron forzados por el PP a dimitir de sus cargos o abandonar el grupo. Los diputados forman ahora parte del grupo mixto en la Asamblea y siguen cobrando sus sueldos públicos.

Al diputado Alfonso Bosch, ex gerente de la empresa municipal de suelo del municipio madrileño de Boadilla del Monte (Madrid), Hacienda le reclama, por el dinero percibido y no declarado (250.000 euros en sobornos), una cuota a pagar cercana a los 100.000 euros. A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre, el fisco le ha descubierto ingresos no declarados que suman otros 352.000 euros. Es a quien más dinero le reclama Hacienda de los tres diputados implicados.

A Benjamín Martín Vasco, diputado y ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), el fisco le atribuye la recepción de unos 340.000 euros, siempre según fuentes conocedoras del informe.

Por su lado, a tres de los cuatro ex alcaldes madrileños imputados, el fisco les atribuye la percepción total de 1,6 millones de euros en dinero negro. De entre los ex ediles, y sólo por este concepto, el que más dinero líquido ha recibido y no ha declarado al fisco es Arturo González Panero, ex regidor de Boadilla del Monte (642.000 euros), seguido de los ex alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López (534.000 euros), y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (455.000). Aunque Sepúlveda, igual que los otros alcaldes, fue forzado a dejar sus cargos, trabaja en la sede del PP.

El informe de la Agencia Tributaria, que estará listo para ser entregado al juez esta misma semana, se centra también en Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Hombre de confianza de González Panero en el Ayuntamiento, Hacienda le atribuye haber cobrado y no declarado 450.000 euros. Supuestamente, a cambio de las contratas que dio a dedo a distintas constructoras cómplices tras la intermediación de Correa. Los otros dos investigados por el fisco en el marco de la trama de Madrid son Gerardo Galeote, ex eurodiputado del PP en la pasada legislatura, y el padre de éste y ex concejal de Boadilla, José Galeote. En total, Hacienda considera que ambos no declararon casi 800.000 euros.

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"CASO MALAYA"; CONFIRMAN EL PROCESAMIENTO DE ROCA Y VON BISMARK

TRIBUNALES | Una operación dentro de 'Malaya'

Europa Press | Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado el procesamiento del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, de la empresaria Sandra Von Bismark, y de dos letrados por un presunto delito de blanqueo de capital con relación a una operación urbanística de compraventa de una parcela, investigada dentro del caso 'Malaya'.

A través de un auto, de 96 folios, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha desestimado los recursos de apelación presentados por los cuatro procesados contra el tercer auto de procesamiento de esta causa, contra la corrupción marbellí, dictado por el instructor Óscar Pérez el pasado año.

La investigación, realizada por el grupo III de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol, giró sobre la venta en diciembre de 1997 por parte de una sociedad vinculada a Von Bismark de unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros por una empresa gestionada por el bufete Sánchez Zubizarreta, participada por otra en la que Roca tenía un 50%.

Respecto a las alegaciones de forma, la Sala mantiene los mismos argumentos que en los otros dos autos anteriores en los que resolvía los recursos planteados por otros procesados en esta causa, al tiempo que sostiene, igualmente, que el auto de procesamiento "contiene una motivación adecuada y suficiente para justificar el dictado del mismo".

En lo que se refiere al fondo, el Tribunal insiste en la "necesidad de celebración del plenario para poder emitir un juicio real sobre la supuesta participación de los distintos procesados" y en que será en el juicio donde "habrá que dilucidar primero y resolver después en sentencia si la conducta de éstos fue dolosa o culposa y el carácter delictivo de su actuación".

Asimismo, se sostiene que será en ese momento en el que habrá que determinar si el delito ha prescrito, como alegaron las defensas, en función de la calificación que realicen las acusaciones, de la fecha que se tome de referencia y del tiempo transcurrido, según se desprende de la resolución.

En el caso concreto de Roca, la Sala apunta que "no puede hablarse de prescripción sin determinarse antes su participación en estos hechos, al no figurar, al parecer, en ninguno de los documentos referentes a la venta del terreno" ni tampoco participó, tal y como alegó la defensa, "en los actos preparatorios del contrato".

En este punto, da la razón al letrado, pero añade que "no es eso lo que parece que se le imputa, sino el estar tras ese entramado empresarial desde donde dirigía supuestamente la referida operación basándose, según el instructor, en su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella en aquella fecha y en su capacidad decisoria en materia urbanística".

Señala que será esa presunta "relación de influencia y capacidad de decisión lo que tendrán que acreditar las acusaciones en el plenario como base y fundamento sobre los que se construye la mayor parte de las imputaciones contra el señor Roca, dilucidándose, además, si trabajó para el Ayuntamiento en la sociedad denominada Planeamiento 2000".

También afirma la Sección Primera que habrá que valorar en la sentencia, tras el juicio, "el valor de las declaraciones supuestamente incriminatorias de otros coprocesados" y si hubo "algún tipo de connivencia entre Roca y los imputados".

Respecto a Von Bismarck, "quien ya reconoció que sabía que el señor Roca trabajaba en el Ayuntamiento, admitiendo que eso era un hecho público y notorio en la ciudad", dejó de ser administradora de la sociedad que vendía en 2000, según la defensa, mientras que el último pago se verifica en 2002, por lo que en el juicio habrá que resolver sobre "si hubo connivencia con Roca o si se trata de una mera relación comercial".

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"CASO MERCASEVILLA"; RIPOLLÉS NIEGA QUE INTENTARA BENEFICIAR A SANDO AL EVALUAR SU OFERTA ECONÓMICA

Para la adjudicación de una opción de compra de suelo

El economista José Antonio Ripollés, a su llegada al juzgado. | C. Márquez

* El economista dice que "nadie le instó" a primar a Sando
* La Audiencia ratifica la imputación de María Victoria Bustamante

Europa Press | Sevilla

El economista José Antonio Ripollés, técnico que participó en la elaboración del informe de estudio y en la valoración de las ofertas para la adjudicación por concurso de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, ha afirmado que "en ningún momento" realizó la valoración con la intención de beneficiar a Sanma -filial de Sando-, así como que "nadie le instó a que valorara en dicha forma la opción de compra".

Durante su declaración como imputado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, que investiga la concesión de este concurso a Sando, la magistrada cuestionó a Ripollés sobre si "no es cierto que la fórmula elaborada para valorar el precio de opción de compra y forma de pago del mismo se dividía en tres partes: importe, contado y aplazado", así como si "no es cierto que, por aplicación de esta fórmula, la empresa que ofertase un pago total al contado tenía garantizada la obtención de 6,67 puntos sobre 10".

En su declaración, Ripollés asegura que él se limitó a aplicar la fórmula, y que posteriormente se dio cuenta de que, "efectivamente", el pago al contado tenía garantizado 6,66 puntos, añadiendo que, aunque "es cierto" que la oferta de Sanma era de 1,6 millones de euros al contado y luego otros 3,4 millones, él no consideró que esta última cifra fuera aplazada, "porque, según se especificaba en la oferta económica, se ponía a disposición de Mercasevilla en el momento en que fuera requerido para ello, a diferencia de otras ofertas de otras empresas en las que se especificaban fechas concretas para la entrega de las cantidades aplazadas".

Al hilo de ello, incide en que, en su momento, consideró que esa manera de realizar la oferta por parte de Sanma "era equivalente a que la hubiera hecho al contado, ya que desconocía el plazo en que se iban a hacer efectivos los 3,4 millones de euros", y defiende que "no recibió ninguna instrucción" para calificar con un '0' a la oferta del Grupo Noga, pues "simplemente se limitó a aplicar la fórmula que se le dio por la Universidad de Sevilla".

"Nunca escuchó" que el concurso fuera para Sanma
Tras indicar que contactó con diferentes expertos "y todos han coincidido en que el exceso del diez por ciento de la media aritmética debía significar puntuación '0'", José Antonio Ripollés asevera que "nunca escuchó" en la mesa de contratación que el concurso "parecía que iba a ser para Sanma", y que "no le consta que se hiciera nada 'ex profeso' para que Sanma ganara el concurso".

Tras señalar que el informe emitido por él y por la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, también imputada en esta causa, "fue el que finalmente asumió" la mesa de contratación, Ripollés indica que, aún no habiendo existido la limitación del diez por ciento, habría vuelto a ganar Sanma.

El presidente de Sando delega en su hijo
Este lunes también ha prestado prestó declaración como imputado el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, quien ha puesto de manifiesto que no participó "en ningún momento" en la negociación con Mercasevilla para la subrogación de Sanma en el derecho de superficie que ostentaba la entidad Larena 98 sobre determinadas parcelas de Mercasevilla, ya que su hijo, Luis Sánchez Manzano, "tiene todo tipo de poderes".

Así, Sánchez Domínguez informó de que su idea era retirarse en 2005, por lo que en la época de los hechos se dedicaba a terminar los asuntos que había iniciado y su hijo era el que se iba ocupando de los asuntos nuevos, mientras que actualmente está retirado y no llevada ningún aspecto relacionado con la gestión, aunque acude a las oficinas de Sando "cuando le da la gana".

Asimismo, el presidente de Sando dijo desconocer si Mercasevilla quería o no que su empresa ganara el concurso público, y, de manera voluntaria, quiso manifestar "el muchísimo daño que este asunto le está causando a su empresa, a los trabajadores, a su propia familia y a los 3.000 colaboradores que trabajan con su empresa", añadiendo que, "si lo que se está investigando aquí fuera verdad, es como matar moscas a cañonazos, y el daño es terrible".

Por otra parte, hay que destacar que la Audiencia Provincial de Sevilla, en el auto por el que ratifica la imputación de María Victoria Bustamante, pone de manifiesto que, "al menor en cierta medida", la imputada tuvo participación en los presuntos hechos delictivos como técnico municipal encargada de la elaboración del pliego de condiciones, apuntando la posibilidad, no obstante, de que "las posibles responsabilidades penales puedan limitarse a más altos escalones de la Administración municipal".

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* Los imputados en los casos Mercasevilla

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EL FISCAL VUELVE A IMPUTAR AL EX ALCALDE SOCILISTA DE ATARFE POR MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

GRANADA | Por la venta de una parcela municipal

* La Fiscalía critica que la venta del terreno no se subastara
* Cuestiona también el destino del dinero destinado al Proyecto Atarfe

José A. Cano | Granada

La Fiscalía Provincial de Granada ha emitido un decreto de denuncia contra Víctor Sánchez, ex alcalde socialista de Atarfe, por un posible delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la venta de una parcela municipal al actual director de Proyecto Atarfe, la empresa pública de suelo propiedad del Ayuntamiento, quien entonces era asesor jurídico de la entidad y posteriormente vendió el terreno a una promotora "a un precio mucho mayor".

La acusación se convierte en la undécima por posibles delitos urbanísticos a la que se enfrentará el antiguo regidor, que dimitió el pasado 16 de diciembre tras ser condenado a tres años de cárcel y tres de inhabilitación por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Esta investigación, abierta por una denuncia del Partido Popular, se convierte en la cuarta iniciada a instancias de este, uniéndose a las cinco presentada por Izquierda Unida.

Los hechos denunciados comenzaron en octubre de 1997, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión a Proyecto Atarfe de unos terrenos municipales, autorizando a Sánchez a la firma de cuantos documentos fuera necesarios. Así, en 1998 vendió una de las fincas a una constructora, otras tres a tres particulares, y la última al entonces asesor jurídico de Proyecto Atarfe y actual y director de la empresa, quien más tarde revendió "por un precio mucho mayo" la propiedad a una promotora inmobiliaria, según recoge el escrito.

Imputado el director del Proyecto Atarfe y comprador
El Ministerio Público considera que la venta de la parcela se hizo mediante "adjudicación directa", es decir, sin la subasta a la que le obliga la ley, y "eligiendo ad hoc" al comprador. Igualmente sostiene que se le permitió volver a vender la finca "perdiéndose cualquier posibilidad de controlar que el patrimonio público pudiera cumplir sus fines", hecho que se produjo en el año 2000 y cuando ya el propietario ya había sido nombrado gerente de Proyecto Atarfe.

La Fiscalía también señala que "no consta cuál fue el destino dado finalmente a las cantidades recibidas por Proyecto Atarfe" procedentes de las ventas, sobre todo por no estar establecido igualmente que "fueran destinadas a a los fines legales" del patrimonio municipal.

J.M.M.M.E., director de Proyecto Atarfe, que en 1999 fue en las listas de las municipales del PSOE, ha sido imputado por los mismos delitos de de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Partido Popular ha exigido al actual alcalde, Tomás Ruiz Maeso, concejal de Cultura con Sánchez, que lo cese de su cargo, petición que llevará al pleno municipal.

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"CASO ASTAPA"; HALLAN UNA CUENTA CON 10 MILLONES VINCULADA AL EX GERENTE DE URBANISMO

Pedro López

Efe | Málaga

La Policía ha localizado una cuenta bancaria en Andorra con más de 10 millones de euros atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona Pedro López en el marco del 'caso Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, los informes policiales recogen que el dinero estaba oculto a nombre de los familiares de López, que fue gerente de Urbanismo por el Partido Estepona durante el pacto de gobierno con el PSOE entre el periodo de gobierno 2003-2007.

El dinero localizado, según la investigación, sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento.

Las fuentes han señalado que el dinero ya ha sido bloqueado tras una comisión rogatoria enviada a las autoridades de Andorra y que varios familiares de López fueron arrestados e interrogados la semana pasada, y han añadido que se produjeron varios registros y se incautaron vehículos de alta gama.

A Pedro López se le imputan los presuntos delitos de malversación y cohecho. Días atrás, el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, que instruye la causa, prorrogó hasta el martes el secreto de sumario ante la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación.

De momento se desconoce si prorrogará un mes más el secreto de las actuaciones o levantará el sumario.

El 'caso Astapa' suma ya 68 imputados, entre ellos el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, y ocho concejales de la Corporación municipal, entre los que se encuentran cinco ex integrantes del PSOE, dos del Partido Estepona y un ex integrante del PA.

Además
* Cinco nuevos imputados
* Un Ayuntamiento en el que se 'cobraba por todo'

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