"OPERACIÓN JABLE"; DETENIDA LA EX PRESIDENTA DEL CABILDO DE LANZAROTE POR COHECHO

Otros siete arrestos, entre ellos dos ediles de Arrecife, elevan a 24 el total de la Operación Jable

EFE - Arrecife de Lanzarote -

Siete personas, entre las que se encuentran la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote, María José Docal, del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), así como dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife y varios empresarios de la isla han sido detenidos hoy en el marco de la tercera fase de la Operación Jable, lo que eleva a 24 los arrestados por supuesta corrupción urbanística.

Detenidos ocho políticos de CC, PSOE y PP en Lanzarote por corrupción La viceconsejera de Justicia canaria declara por un caso de corrupción Siete detenidos más en Lanzarote por la trama de corrupción El juez deja en libertad al ex consejero de Empleo del Gobierno canario La noticia en otros webswebs en español en otros idiomas La Operación Jable constituye una pieza separada del Caso Unión, iniciado públicamente en mayo del año pasado con la intervención y registro del Ayuntamiento de Arrecife y en el que se investiga la existencia de una red de corrupción urbanística en la isla.

La Guardia Civil informa de que a los siete detenidos en la última fase de esta operación se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, en sus distintos tipos.

Entre los detenidos se encuentran también el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín, y la concejal de Playas, Festejos y Desarrollo Local, Luisa Blanco, ambos del PIL, así como el empresario Demetrio Rodríguez, propietario de la constructora Lanzagrava.

Según la Guardia Civil, en las de la Operación Jable son ya 24 personas detenidas entre las provincias de Lanzarote, Las Palmas, Madrid y Almería.

Esta tercera fase de la investigación ha sido llevada a cabo en Lanzarote, donde, además de las detenciones, se han practicado diversos registros en dependencias de Ayuntamiento de Arrecife, domicilios y empresas de los detenidos, interviniéndose gran cantidad de documentación, tanto en soporte informático como en papel, que está siendo analizada por los investigadores.

La Guardia Civil comenzó las detenciones y registros de esta tercera fase de la operación a primera hora de la mañana, y sus actuaciones se han prolongado durante varias horas.

Entramado de corrupción
La Operación Jable desarrollada estas semanas por la Unidad Central Operativa, UCO, ha permitido poner al descubierto un complejo e importante entramado de corrupción, asentado en varias instituciones de la isla de Lanzarote, confirmó la Guardia Civil.

Esta fase de la operación Jable tiene su origen en el análisis de la documentación intervenida en los registros efectuados en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la operación Unión llevada a cabo el pasado año por el instituto armado.

Según la Guardia Civil, esta red de corrupción se habría dedicado, presuntamente, al cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote, con la finalidad de conseguir la adjudicación de contratos para las obras y servicios que se realizaban en la isla.

La Operación Jable está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la UCO de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

La Operación Unión se inició de forma pública el 25 de mayo del año pasado y en ella se investiga la existencia de una trama de corrupción municipal y urbanística en la isla de Lanzarote.
En la primera fase de la operación fueron detenidas una veintena de personas, entre políticos, cargos públicos, funcionarios y empresarios.

Entre los primeros detenidos de la operación figura el líder y fundador del PIL, Dimas Martín, presunto cerebro de esta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales, quien se encuentra en prisión cumpliendo ocho años de cárcel por malversación de caudales públicos y que también ha sido imputado en la Operación Jable.

Más información:

Personaje: Dimas Martín

Organismo: PIL Partido Independiente de Lanzarote

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La viceconsejera de Justicia canaria declara por un caso de corrupción

Siete detenidos más en Lanzarote por la trama de corrupción

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elpaís.com

"CASO UNIÓN"; EL EX CONSEJERO CANARIO RODRÍGUEZ BATLLORI, EN LIBERTAD PERO IMPUTADO POR DOS DELITOS

CANARIAS

* Se le imputan delitos de malversación de caudales públicos y de falsificación

Efe | Santa Cruz de Tenerife

El ex consejero de Empleo del Gobierno canario Francisco Rodríguez Batllori ha quedado en libertad sin fianza tras prestar declaración ante el juez, que le ha imputado los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil dentro de la operación 'Jable'.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado, el ex consejero prestó declaración ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife de Lanzarote.

Rodríguez Batllori fue detenido el jueves por la Guardia Civil en el marco del "caso Unión" y dentro de la denominada operación Jable, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Lanzarote.

El magistrado ha imputado a Rodríguez Batllori, que también fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, los delitos de malversación de caudales públicos y de falsificación de documento mercantil y ha quedado en libertad, sin fianza, con la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; UN EX JEFE DE COMPRAS DE IB3 DENUNCIA DESCONTROL EN CONTRATACIONES

EL JUEZ IMPUTA AL ex colaborador de moreno en Palma que ahora le acusa

Fernando Navarro declara ante el juez que hubo problemas con facturas de decorados

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Velasco mantiene ante el juez las acusaciones contra su ex jefe Moreno. Mallorca

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA. Fernando Navarro Fernández, que entre 2004 y 2008 fue jefe de contratación y compras en la televisión IB3, declaró ayer ante el juez del caso Palma Arena que hubo falta de control en ese período respecto a las mesas de contratación y concursos para construir decorados y prestar otros servicios al ente público balear. Navarro dijo que no había libros de registros, ni de actas para controlar quiénes participaban en los diferentes concursos, mientras que Antonio Escribano, contable de IB3 entre 2005 y diciembre de 2008, confirmó los problemas que hubo para pagar una factura de una empresa del productor José Luis Moreno relativa a la construcción de unos decorados que, según anticorrupción, se abonaron dos veces al salir defectuosos.

El juez José Castro, en el auto donde estableció la fianza de 3 millones para el ex president del Govern Jaume Matas, señaló que la parte de la denuncia de Luis Velasco, el hombre fuerte del grupo Moreno en Palma entre 2005 y 2007, relativa al presunto amaño de un contrato para Moreno, había sido confirmada por otras declaraciones e indicios. Velasco añadió que parte de esos decorados tuvieron que volver a construirse por su mala calidad y la televisión pagó dos veces por ellos.

Entre estos testigos se encuentran varios ex altos cargos de la primera etapa de la televisión balear. La Guardia Civil interrogó entre diciembre del 2008 y enero del 2009 a estas personas, entre ellas Fernando Navarro y Antonio Escribano.

Navarro, ante la Guardia Civil y ayer, manifestó no recordar algunos de los detalles relativos a la adjudicación a empresas del grupo Moreno del contrato para los decorados.

Los investigadores han destacado en sus atestados que algunos expedientes relativos al productor madrileño han desaparecido.

Navarro reconoció que él no estuvo presente en mesas de contratación, pero sí que participó en la redacción de las bases de algunos concursos.

Velasco denunció que el ex jefe de antena del canal balear habría favorecido al productor, dándole pie a participar en un concurso para decorados cuyo plazo para licitar había pasado. Navarro apuntó al departamento de antena, y a su responsable Orrico, como los encargados de realizar las adjudicaciones.

Nuevas imputaciones
Los testigos también han ratificado que las empresas de Moreno tuvieron muchos problemas para cobrar algunas de las facturas de esos decorados. Finalmente, la factura se pagó. Nani Bohigas, jefa de producción de la cadena, se opuso al abono de las facturas por entenderlas excesivas e incorrectas y acabó siendo destituida, según Velasco y la propia Bohigas.

Antonio Escribano confirmó ayer que una factura estuvo mucho tiempo sin validar para ser abonada y que Bohigas no quiso autorizarla.

El juez Castro deberá decidir ahora si cita a más personas, en calidad de imputadas o de testigos, tras las declaraciones de ayer de Velasco, Navarro y Escribano.

diariodemallorca.es

"OPERACIÓN UNIÓN"; DETENIDO DIMAS MARTÍN, EL PRESUNTO CEREBRO DE LA TRAMA CORRUPTA DE LANZAROTE

CANARIAS

* El ex presidente del Cabildo podría tener 48 propiedades ocultas
* Todas ellas estarían valoradas en 9 millones de euros en total
* La Guardia Civil arresta a un empresario clave en el entremado de blanqueo

Yira Arredondo | Lanzarote

La Guardia Civil ha vuelto a detener a Dimas Martín, ex presidente del Cabildo de Lanzarote en relación con la segunda fase de la 'operación Unión', una presunta trama de corrupción urbanística dedicada al cobro de comisiones ilegales. El que fuera el político más importante de la isla durante décadas está actualmente cumpliendo una condena de ocho años por fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social en el Centro Penitenciario de Tahíche (Lanzarote). Hoy, también ha sido arrestado un empresario clave en el entramado empresarial para blanquear el dinero de la red.

La investigación, realizada por el juez César Romero en coordinación con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, busca demostrar que el patrimonio del líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín asciende a más de 9 millones de euros, como mínimo, en 48 propiedades inmobiliarias y terrenos.

Todo el patrimonio ha sido intervenido judicialmente. Martín habría estado ocultando este patrimonio a través de varios testaferros detenidos todos ayer en la pieza separada de la 'operación Unión' denominada 'operación Jable'.

Martín acumula cuatro condenas y está actualmente en prisión desde donde presuntamente dirigía una red dedicada al cobro de comisiones ilegales y a pagar servicios a terceros pagados con fondos públicos. Sólo en esta causa está imputado por una decena de delitos.

Esta mañana, agentes de la Guardia Civil detuvieron a José María Rosell, alto ejecutivo del grupo Hoteles Playa, que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Guacimeta (Lanzarote). Ayer, los agentes arrestaron a otras siete personas más.

Rosell estaría relacionado con empresas donde presuntamente se ocultaban propiedades de Dimas Martín y en las que se blanqueaba el dinero. Fuentes cercanas a la investigación señalan que este empresario es una pieza clave para desmontar el entramado empresarial de la trama.

Es directivo del grupo Hoteles Playa y era socio junto a miembros del PIL en dos medios de comunicación locales, un periódico y una televisión. Este empresario tiene intereses turísticos en Andalucía y Madrid y, además, posee el Hotel Playa Verde de Costa Teguise y fue propietario de otro que fue paralizado en la misma localidad. Ayer fue detenido otro alto cargo de Hoteles Playa, el empresario José Gonzalo Gil.

Con Dimas y Rosell, ya son 17 las personas detenidas en esta segunda fase de la 'operación Unión', una trama en la que hay más 40 imputados. Ayer, agentes de la Guardia Civil detuvieron a otras siete personas, que hoy han comenzado a prestar declaración. Uno de ellos es Francisco Rodríguez-Batllori, ex consejero de Empleo del Gobierno de Canarias y ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias y cuyo representante legal es su hijo. También están citados a declarar Susana Martín, hija de Dimas Martín, y el ex campeón de rally de tierra de España, Samuel Lemes.

elmundo.es

"OPERACIÓN UNIÓN"; DETENIDO UN EMPRESARIO HOTELERO CLAVE EN LA TRAMA CORRUPTA DE LANZAROTE

CANARIAS

Yira Arredondo | Arrecife (Lanzarote)

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido esta mañana a un empresario hotelero clave en el entramado empresarial de la 'operación Unión', una presunta trama de corrupción urbanística dedicada al cobro de comisiones ilegales en Lanzarote. José María Rosell, alto ejecutivo del grupo Hoteles Playa, ha sido arrestado nada más llegar al aeropuerto de Guacimeta (Lanzarote). Ayer, los agentes detuvieron a siete personas.

José María Rosell estaría relacionado con empresas donde presuntamente se ocultaban propiedades de Dimas Martín, ex presidente del Cabildo de Lanzarote, y en las que se blanqueaba el dinero. Fuentes cercanas a la investigación señalan que este empresario es una pieza clave para desmontar el entramado empresarial de la trama.

Rosell es directivo del grupo Hoteles Playa y era socio junto a miembros del Partido Independiente de Lanzarote en dos medios de comunicación locales, un periódico y una televisión. Este empresario tiene intereses turísticos en Andalucía y Madrid y, además, posee el Hotel Playa Verde de Costa Teguise y fue propietario de otro que fue paralizado en la misma localidad.

Con él, ya son 16 las personas detenidas en la segunda fase de la 'operación Unión', una trama en la que hay 40 imputados. Ayer, agentes de la Guardia Civil detuvieron a otras siete personas, que hoy han comenzado a prestar declaración. Uno de ellos es Francisco Rodríguez-Batllori, ex consejero de Empleo del Gobierno de Canarias y ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias y cuyo representante legal es su hijo.

También estado citado a declarar Susana Martín, hija de Dimas Martín -uno de los cabecillas de esta trama-, y el ex campeón de rally de tierra de España, Samuel Lemes.

elmundo.es

LOS CASOS PALMA ARENA, BOMSAI, PLAN TERRITORIAL Y SCALA AZOTAN LAS ISLAS BALEARES

Jaque-Matas: él y tres consejeros de su Gobierno, imputados por corrupción

El caso Bonsái es el último de los cuatro procesos por corrupción en los que se ha visto envuelto el Gobierno popular de Jaume Matas en las Islas Baleares. Cuatro operaciones -Bonsái, Plan Territorial, Scala y Palma Arena- que se han saldado, de momento, con cuatro imputaciones de primerísimo nivel: la del propio ex presidente Matas y tres de sus consejeros, Jaume Font (Medio Ambiente), Josep Cardona (Industria) y Lluís Ramis (Economía). De todos los ex consellers de Matas que permanecen en la nueva cúpula del PP balear sólo hay uno que no está procesado por corrupción, denunció ERC-Illes.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular pidieron ayer al ex conseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona una fianza de responsabilidad civil de 4.875.441 euros por su presunta implicación en el caso Scala. Se investiga un posible desvío de fondos del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en beneficio propio. El magistrado Antonio Capó, que instruye el caso, decidirá en los próximos días si atender a esta petición de fianza de responsabilidad civil, que cubriría las posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los delitos económicos que se le imputan, según han informado fuentes judiciales.

…y el caso Scala
La Operación Scala cuenta con otros 23 imputados, entre ellos varios altos cargos del PP: el ex director general de Promoción Industrial del Govern, Kurt Viaene, la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, y su esposa, la soprano en historiadora Isabel Rosselló. El año pasado, estos tres supuestos cabecillas ingresaron en prisión preventiva. Pero recientemente ha sido sustituida por la operación que se puso en marcha la semana pasada, Bonsái, en este caso dedicada a la supuesta corrupción con la construcción de edificios públicos.

El Bonsái
La cabeza visible del bonsái ha sido, cómo no, el ex conseller de Economía Ramis. La jueza Margarita Bosch, instructora del caso, le impuso prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros tras tomarle declaración durante dos horas el pasado 20 de abril. Ramis está imputado en dos delitos de malversación, prevaricación y cohecho y hoy vence el plazo para abonar la finaza. La última operación contra la corrupción balear se salda, hasta la fecha, con siete detenidos, tres de ellos ex altos cargos de Matas: el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda (prevaricación y malversación), el ex director general de Emergencias, Joan Pol (prevaricación y cohecho) y el ex gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal. Los tres han sido suspendidos de militancia.

Caso Plan Territorial
En cuanto al caso Plan Territorial, éste investiga supuestos pelotazos urbanísticos que podrían haber dejado ganancias de 300 millones de euros a los imputados, entre los que destaca el ex conseller de Medio Ambiente Jaume Font. La Fiscalía cree que los acusados re-catalogaron como zonas urbanizables tres áreas en el marco del Plan Territorial. Los delitos imputados por este caso van del tráfico de influencias a la prevaricación pasando por el uso de información privilegiada. Anticorrupción ha involucrado en el proceso al portavoz de UM (grupo que votó el plan junto al PP) en el Parlament y ex conseller insular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens.

El Palma Arena
El escándalo más notorio en las Islas Baleares es, sin embargo, el caso Palma Arena, que ha supuesto la imputación del mismísimo Jaume Matas, acusado de nueve delitos. El juez impuso a Matas una fianza de tres millones de euros por el supuesto sobrecoste injustificado en las obras del velódromo Palma Arena. En su opinión, los 50 millones de euros en los que creció el presupuesto de esta construcción fueron desviados para fines ilícitos, incluida la supuesta financiación ilegal del partido. En 19 meses de instrucción, el Palma Arena ha dejado una treintena de imputados incluidos el ex director general de Deportes, Pepote Ballester, el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, la directora de gabinete de Matas, Dulce Linares, el cuñado del ex presidente y ex gerente del PP balear, Fernado Areal, y la esposa de Matas, Maite Areal.

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INVESTIGAN SI EL ANTICUARIO QUE AMUEBLÓ EL CONSOLAT REGALÓ OBRAS DE ARTE A MATAS

Tribunales. la Guardia Civil busca el origen de un retablo del "palacete"

El Govern balear se gastó en la anterior legislatura unos 200.000 euros para decorar los despachos

J.F.MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA. La Guardia Civil está investigando si el anticuario que amuebló los despachos principales del Consolat de la Mar regaló, en compensación por el negocio que había hecho, varias piezas de arte a Jaume Matas para decorar su lujoso palacete de la calle San Felio.

Los investigadores llevan varios meses intentando aclarar el origen de la colección de arte que tiene el ex president del Govern, que está repartida tanto en su casa de la calle San Felio, como en el piso de Madrid donde vive en la actualidad.

Cuando el pasado mes de noviembre la comisión judicial realizó un registro en la lujosa vivienda del ex president en el casco antiguo de Palma, entre los muchos elementos decorativos que aparecieron, destacaba un retablo antiguo que estaba instalado junto al cabezal de la cama de la habitación principal. Los agentes han estado indagando entre varios comercios de venta de antigüedades para determinar cuando y de qué forma se adquirió esta pieza de arte, cuyo valor económico también se está intentando averiguar.

Entre las gestiones que se realizaron se descubrió que durante la última etapa de Govern del president Matas se realizaron una serie de compras de muebles antiguos a un determinado anticuario que tiene su negocio en el centro de Palma. Estas piezas se repartieron por los despachos principales del Consolat y allí siguen, según han podido confirmar los agentes. Se compraron mesas de trabajo, sillones, sillas y otros elementos decorativos de gran valor. Destaca sobre todo una mesa de escritorio de despacho por la que se pagó, a cargo de las arcas públicas, cerca de 50.000 euros.

Los investigadores creen que a cambio de esta adquisición de muebles antiguos para el edificio público, el anticuario que realizó la venta pudo tener después un "detalle" con el ex president del Govern, que fue quien finalmente autorizó esta compra. Se sospecha, y de allí arranca esta nueva línea de investigación, que el retablo que el ex president instaló en su dormitorio podría ser un regalo de dicho anticuario a cambio de la compra de los muebles del Consolat. Dicho empresario de la decoración fue citado a declarar hace unos días en la comandancia de la Guardia Civil. Confirmó que, en efecto, había vendido una serie de piezas de mucho valor para decorarar las instancias principales del Consolat de la Mar, donde se sitúa el Govern balear.

Por otra parte, la auditora PricewaterhouseCoopers informó ayer de que Matas dejó de trabajar para esta firma en Estados Unidos el pasado 30 de marzo. El ex president, para conseguir el aval de la fianza que pagó el 7 de abril, había incluido su sueldo en la consultora en la que ha trabajado desde julio de 2009.

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BÁRCENAS DOCUMENTA AL JUEZ CÓMO MULTIPLICÓ POR OCHO SU PATRIMONIO

El ex tesorero del PP compró una casa en Baqueira en 2007 sin recurrir a hipoteca

CARLOS E. CUÉ - Madrid

El espectacular aumento del patrimonio de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, ha sido uno de los elementos que más han pesado para que perdiera poco a poco el apoyo de la mayoría de su partido. Casi ninguno de sus compañeros acababa de entender cómo es posible que un funcionario del partido, con un sueldo y nada más, y una esposa que había sido la secretaria de Jorge Verstrynge y no tiene ingresos conocidos, haya acumulado un patrimonio de no menos de tres millones de euros. La esposa del ex tesorero, Rosalía Iglesias, que compareció el miércoles ante el juez Antonio Pedreira, entregó al final del interrogatorio un documento de tres folios, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que detalla cómo ha ido aumentando el patrimonio del matrimonio desde 1984, cuando compraron su primera casa.

La esposa del ex senador entregó al juez un documento con compras y ventas

Bárcenas empezó como lo que era, un joven economista que trabajaba en la estructura financiera de un partido, Alianza Popular, entonces muy pequeño. Compró una casa de 35.000 euros, con una hipoteca. En 1986, compró una parcela en Pozuelo de 30.000 euros. Vendió las dos cosas con plusvalías, y en 1988 se pasó a una casa mejor, de 72.000 euros, también con hipoteca de 2/3 del valor. En los años noventa, Bárcenas dio otro salto.

En 1992 compró un estudio de 78.000 euros, una casa en Marbella de 84.000 euros, el 90% con una hipoteca. El patrimonio inmobiliario de Bárcenas en ese momento, 1992, con varias hipotecas, era por tanto de 39 millones de pesetas (235.000 euros) en tres inmuebles y una plaza de garaje.

Ya era muy alto para la época. Sin embargo, el matrimonio, desde que el ex tesorero pasó a la gerencia del partido, lo que coincidió poco después con su estrecha relación con Francisco Correa, el cabecilla de la red Gürtel, empezó una serie de compras y ventas que le han llevado a pagar oficialmente 1,8 millones de euros en los últimos años por diversos inmuebles. Ese patrimonio, por tanto, se habría multiplicado por ocho, sin contar con la revalorización, sólo lo que le costaron las casas cuando las compró.

La compra más llamativa fue la de una casa en Baqueira en 2008. Bárcenas pagó un millón de euros por una casa de fin de semana -de superlujo a decir de varios compañeros- y lo hizo sin hipotecas, con cheques.

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Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

Caso Gürtel
A FONDO

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elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; LA FISCALÍA PIDE QUE EL TESTIGO DEL SOBORNO DE MORENO A MATAS DECLARE COMO IMPUTADO

Piden retrasar la comparecencia

* Velasco se ratificará en su declaración
* Se autoinculpa de participar en el fraude cometido entre Moreno e IB3

Europa Press | Palma

El titular del juzgado de instrucción número 3, José Castro, comenzó a interrogar a las 12.45 horas en calidad de imputado al Luis Velasco, ex directivo de una de las productoras de José Luis Moreno, después de que la Fiscalía Anticorrupción así lo haya solicitado, pese a que el juez le había citado como testigo.

Según informan fuentes jurídicas, el fiscal Pedro Horrach, ha pedido que Velasco, quien relacionó al ex presidente del Govern, Jaume Matas, con el cobro de un presunto soborno de 250.000 euros de Moreno, comparezca como encausado ya que bajo esta condición ya depuso en sede del Ministerio Público.

Velasco, que ha comenzado declarando como testigo hasta que el fiscal intervino, únicamente tuvo tiempo de expresar que Moreno y él estuvieron enfrentados durante un tiempo y ha aseverado que se ratificará en la declaración que ya efectuó en la Fiscalía.

En ella, se autoinculpó, además, de haber participado en el presunto fraude cometido en los concursos y licitaciones de las empresas de Moreno con IB3, hecho por el que fue imputado.

Esta circunstancia ha retrasado el comienzo de la comparecencia, ya que el imputado ha solicitado ser asistido por un abogado de oficio, quien a su llegada al juzgado, ha pedido la suspensión de la comparecencia para preparar la defensa y estudiar los numerosos tomos en que el nombre de su patrocinado aparece en el caso.

Petición que fue desestimada por el juez Castro, por lo que Velasco y su abogado tan solo han podido entrevistarse durante media hora en una sala aparte para preparar la declaración.

Con todo, ha reiterado ante el juez José Castro, que durante la gala inaugural de Ib3 Televisió, celebrada el 4 de septiembre de 2005, en el Casino de Mallorca, vio al empresario televisivo entregando un sobre con 250.000 euros en efectivo al entonces presidente del Govern, Jaume Matas.

elmundo.es

"CASO SCALA"; EL JUEZ POSPONE HASTA LA PRÓXIMA SEMANA SU DECISIÓN SOBRE LA FIANZA DE CARMONA

La Fiscalía pide 4,8 millones

Cardona y su abogado abandonan el TSJIB | Pep Vicens

* La dirección del PP piensa dar de baja y pedir el acta de diputado a Cardona
* No se han solicitado medidas cauteleares penales para el ex conseller

Carla Arrieta | Palma

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, se tomará el fin de semana para decidir si accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponer una fianza civil de 4,8 millones de euros a Josep Cardona.

El ex-conseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas y actual parlamentario del PP, declaró ante el magistrado durante tres horas el pasado miércoles en calidad de imputado, ante en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.

Así las cosas se pospone también la decisión del PP, del que ahora es militante y diputado, sobre la situación del ex conseller. Fuentes de EL MUNDO han podido saber que, pese a la división interna que existe en el partido y la ambigüedad de sus declaraciones ante los medios de comunicación, la dirección del partido piensa dar de baja y pedir el acta de diputado a Cardona en caso de que el juez acceda a las peticiones del Ministerio Fiscal. Con todo, la cúpula 'popular' balear confía en que el imputado presente su baja de manera voluntaria llegado el caso.

Con todo cabe destacar que la caución se limita a la responsabilidad civil del imputado ya que ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitó contra Cardona medidas cautelares penales como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.

'Existen numerosos datos incriminatorios'
La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La juez, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado.

De hecho, la juez postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.

En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

elmundo.es

"CASO PALAU"; UN EMPRESARIO RECONOCE UNA FACTURA DE SU EMPRESA FALSIFICADA POR MILLET Y MONTULL

Juicio por el desfalco del Palau

* Facturaron 70.000 euros justo cuando la empresa estaba en quiebra
* El testigo acentúa que la factura no incluye siquiera su membrete

Europa Press | Barcelona

El empresario Jaume Lenítez, que ha declarado como testigo ante el titular del Juzgado número 30 de Barcelona -que instruye el caso de desfalco del Palau de la Música-, ha asegurado que una de las facturas que emitieron los imputados por el proceso a nombre de su sociedad, que le mostró el juez, es completamente falsa.

En 2003 se pagó una factura desde el Palau a la empresa de Lenítez, Horencat, por valor de 70.000 euros mientras que la empresa ya estaba en proceso de quiebra. El testigo aseguró que nadie de su empresa la firmó y observó que no tenía ni tan solo el membrete de la sociedad.

Lenítez explicó que Horencat, una empresa dedicada a las estructuras de hormigón, realizó varios trabajos siempre para el Palau y nunca en los domicilios particulares del principal imputado por esta causa, Fèlix Millet, y su mano derecha Jordi Montull, y concretó que cobraban a través de la empresa que les tenía subcontratados.

elmundo.es

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LAS CONDENAS POR EL "CASO TREBALL"

TRIBUNALES | Rechazan el recurso presentado

Europa Press | Barcelona

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el ex secretario general de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje (UDC), y por el empresario Manuel Lorenzo Acuña contra la sentencia por el 'Caso Treball', que les condena a cuatro años y medio, y dos años de prisión.

La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona condenó a Servitje (UDC) por desviar 46.157,73 euros de la Conselleria entre 1994 y 1995 --cuando gobernaba CiU--, mediante la adjudicación de estudios falsos, y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, propietario de las empresas Gestumer y Socesca, adjudicatarias de los informes, que resultaron ser meras copias de publicaciones de años anteriores sin autor ni pies de página, bibliografía, referencias doctrinales ni jurisprudencia actualizada.

Además, el alto tribunal desestima el recurso presentado por el entonces militante crítico de UDC Xavier Rotllán contra la absolución del ex conseller de Trabajo Ignasi Farreres por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial.

elmundo.es

"OPERACIÓN UNIÓN"; DETENIDAS OTRAS OCHO PERSONAS POR LA RED DE CORRUPCIÓN DE LANZAROTE

CANARIAS

Francisco Rodríguez Batllori, ex viceconsejero de Justicia imputado en el caso. | Y. A.

* Los arrestados eran testaferros de Dimas Martín, el cabecilla de la trama
* La investigación también afecta a la Empresa Pública de Aguas Inalsa
* La UCO pide información al Registro de la Propiedad sobre 48 fincas

Yira Arredondo | Arrecife (Lanzarote)

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a otras ocho personas en el marco de la 'operación Unión', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística dedicada al cobro de comisiones ilegales en Lanzarote, con lo que ya son 16 las personas detenidas por este caso, en el que también se investiga la gestión de la Empresa Pública de Aguas de Lanzarote, Inalsa.

Uno de los últimos ocho detenidos es Francisco Rodríguez Batllori, ex consejero de Empleo del Gobierno de Canarias y ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias.

También ha sido arrestado José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda y de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife y que ya estuvo en prisión varios meses al inicio de esta investigación. Lo detuvieron el 25 de mayo de 2009, imputado por cohecho y prevaricación entre otros.

Asimismo, ha sido detenida Susana Martín, hija de Dimas Martín, a quien la Guardia Civil sitúa como uno de los cabecillas de esta trama; Carlos Matías Curbelo Delgado, funcionario del Ayuntamiento de Teguise; al ex campeón de rally de tierra de España, Samuel Lemes, a quien se le imputa un delito de blanqueo de capital; y a José Ramón Vizcaíno, empresario con estrecha relación con el Partido Independiente de Lanzarote.

Las otras dos últimas detenciones se han producido en la Península. Uno de los arrestados es el empresario hotelero José Gonzalo Gil. Aún no ha trascendido la identidad del otro detenido.

Según fuentes cercanas a la investigación, todas las personas detenidas este viernes actuaban como presuntos testaferros de Dimas Martín. Los ahora arrestados tenían a su nombre propiedades del cabecilla de la trama que podrían alcanzar hasta los nueve millones de euros.

Los agentes de la UCO han procedido también este viernes a pedir certificaciones al Registro de la Propiedad. En concreto, se ha pedido información sobre 48 fincas que estarían a nombre de los presuntos testaferros de Dimas Martín, quien cuando fue detenido en prisión -ya estaba en la cárcel por otras causas- retó a los agentes de la UCO a que demostraran su implicación en los hechos que ahora se le imputan.

También se ha registrado el domicilio de Carlos Matías Curbelo Delgado en 'Los Cocoteros' y otra vivienda en el centro de Arrecife.

Prisión de la ex alcaldesa
Hasta ahora se habían detenido a ocho personas supuestamente relacionadas con esta red de corrupción, incluida la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, quien se encuentra en prisión provisional junto al ingeniero jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Juan Rafael Arrocha y al técnico de la empresa de limpieza Urbaser Jacinto Álvarez.

Las otras cinco personas que ya han prestado declaración ante el titular del juzgado de Instrucción número cinco de Lanzarote, han quedado en libertad con cargos.

elmundo.es

GRUPO CIVIL NO FUE ADJUDICATARIA DE LA OPERACIÓN ASFALTO DE POZUELO

OBRAS | En 2007-2008

Madrid

La empresa Grupo Civil no fue adjudicataria de la Operación Asfalto 2007-2008 de Pozuelo de Alarcón, tal y como recogía una misiva anónima recogida en el sumario del caso Gürtel.

En la misiva, en la que se indica que Yolanda Estrada, ex concejala de Obras de Pozuelo, recibió un BMW de una constructora, se asegura además que "la operación Asfalto 2007 o 2008 fue hecha por parte de la empresa Grupo Civil. La comisión era de 50.000 euros, que estos empresarios creyeron que sería para Yolanda, pues no, Cercadillo los tuvo que recoger y se los entregó a Sepúlveda".

La empresa Grupo Civil ha enviado un comunicado a ELMUNDO.es en el que asegura esta información "afecta enormemente a la imagen" de la empresa, subraya que no fue adjudicataria de la citada obra ni tiene nada que ver con esta información y pide que quede "limpia la imagen de la empresa".

elmundo.es

"OPERACIÓN BOMSAI"; EL EX CONSELLER DE HACIENDA DE MATAS DEPOSITA LA FIANZA DE 50.000 EUROS

La juez le ha retirado el pasaporte

El ex conseller entrando en los juzgados | Pep Vicens

* El ex conseller ha satisfecho la caución mediante aval bancario
* Ayreflor recurrirá ante la Audiencia Provincial el auto en el que la jueza

Europa Press | Palma

El ex-conseller de Economía y Hacienda del Govern de Jaume Matas, Lluís Ramis de Ayreflor, ha abonado la fianza de 50.000 decretada por la juez, permitiéndole eludir su ingreso en prisión, según confirman fuentes judiciales.

El ex conseller ha satisfecho la fianza mediante aval bancario y, según señala la defensa, Ayreflor recurrirá ante la Audiencia Provincial el auto en el que la jueza decretó la afianza. Ramis de Ayreflor tenía de plazo hasta las 12.00 horas de hoy para depositar la caución.

El pasado lunes la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Margarita Bosch, decretó, a petición del Ministerio Fiscal, prisión bajo fianza de 50.000 euros para Ayreflor, tras imputarle los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y prevaricación, en el marco de la Operación Bomsai, que investiga una supuesta malversación de fondos públicos a través de la empresa pública CAIB Patrimonio.

Además de esta fianza penal, la juez también decretó la retirada del pasaporte del ex conseller, quien está obligado a comparecer ante los Juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

La jueza decretó estas medidas cautelares tras haber interrogado durante más de dos horas y en calidad de imputado a Ramis de Ayreflor, quien durante la pasada legislatura fue el máximo responsable de CAIB Patrimonio, empresa investigada por amañar contratos con los que regar empresas particulares durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de bomberos de Palma.

Además
* Pol deposita la fianza de 30.000 euros

elmundo.es

EL "NÚMERO DOS" DE LA TRAMA "GÜRTEL" PODRÁ SALIR DE LA CÉRCEL SI DEPOSITA 1,2 MILLONES

CORRUPCIÓN | Fianza fijada por el juez para Pablo Crespo

Pablo Crespo, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. | O. Monzón

* También se le impone la obligación de comparecer dos veces por semana
* Antoine Sánchez dice al juez que no tiene dinero para pagar su fianza

Agencias | Madrid

El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha decretado libertad bajo fianza de 1,2 millones de euros para el ex secretario de Organización del PP gallego y presunto 'número dos' de la trama Pablo Crespo.

Así consta en un auto dictado por el magistrado, en el que además le impone la obligación de comparecer dos veces por semana en el TSJM y la prohibición de abandonar el territorio nacional, con la retirada de su pasaporte.

La decisión del juez coincide con la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó el pasado día 13 la libertad provisional para Pablo Crespo, bajo una fianza de 1,2 millones de euros.

Crespo, que está acusado de los delitos de blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, revelación de secretos y prevaricación, es uno de los tres imputados que aún permanece en prisión, junto al líder de la trama Francisco Correa y su testaferro, Antoine Sánchez.

Precisamente, el escrito sobre la fianza para Crespo coincide con la declaración ante Pedreira de Antoine Sánchez. El imputado ha manifestado ante el magistrado que no tiene dinero para satisfacer la fianza de 300.000 euros que se le impuso en su día, después de rebajarse en otros 300.000 euros.

Desde el 6 de febrero de 2009, fecha en la que estalló la operación 'Gürtel', las cuentas bancarias, los depósitos y valores de los principales imputados se encuentran bloqueados por orden judicial.

Un histórico de la era Cuiña
Pablo Crespo Sabarís es hijo de Manuel Crespo Alfaya, un histórico dirigente de Alianza Popular en Galicia y hombre de confianza de Pío Cabanillas. A mediados de los años 80 ingresó en el PP y llegó a desempeñar el cargo de secretario de Organización de este partido con Xosé Cuiña, de quien fue su mano derecha, además de ser presidente del PP en Vilagarcía.

Tras conocerse su detención, el PPdeG emitió un comunicado en el que aclaró que Pablo Crespo "no tiene nada que ver con el PP de Galicia actual", puesto que dejó de ser secretario de Organización en 1999 y en la actualidad "no está afiliado al partido".

En las elecciones autonómicas de 1997 ocupó el puesto cinco de la candidatura del PP por Pontevedra y consiguió un escaño, pero abandonó la Cámara gallega en julio del año siguiente.

Además, desde mayo de 1996 ejerció como vocal del Consejo de Administración de Puertos de Galicia en representación de la Consellería de Política Territorial que dirigía Xosé Cuiña y permaneció en ese puesto hasta su cese en diciembre de 2005, ya con el bipartito en la Xunta.

Bajo la presidencia de Crespo Sabarís, la empresa Special Events, dedicada a la comunicación y organización de eventos, fue contratada por la Xunta que gobernaba Manuel Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas, campaña de publicidad por la cual percibió un millón y medio de euros.

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elmundo.es

"OPERACIÓN JABLE"; EL JUEZ IMPUTA POR DELITO DE COHECHO A JULIO ROMERO Y MANUEL SPÍNOLA

ARRECIFE (LANZAROTE), 22 (EUROPA PRESS) El Juez del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Arrecife (Lanzarote), César Romero Pamparacuatro, dentro de la 'Operación Jable' ha imputado por el delito de cohecho a Julio Romero y a Manuel Spínola Perdomo.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el juez ha tomado esta decisión, después de que ambos prestaran declaración en el marco del 'Caso Unión' y dentro de la denominada 'operación Jable'.

Asimismo, a Julio Romero se le ha quedado en libertad sin fianza, además de la imputación por el delito de cohecho; mientras que a Manuel Spínola Perdomo también ha quedado en libertad sin fianza, imputado por el delito de cohecho, y además deberá comparecer ante el juzgado el día 1 de cada mes.

LA OPERACIÓN

En total fueron ocho los detenidos al comienzo en la 'Operación Jable' sobre el cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades, y que lleva a cabo la Guardia Civil en Lanzarote, están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

En esta operación han sido arrestados, entre otros, la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, de Coalición Canaria, el director de una sucursal de La Caja de Canarias y militante del PP, Julio Romero; el técnico de Urbaser en Lanzarote Jacinto Álvarez.

También se arrestó al ex presidente de la patronal turística de Lanzarote (Asolan) Francisco Armas, así como al jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife, que ya fue detenido en la primera fase de la denominada 'Operación Unión', Rafael Arocha, y al ingeniero del Cabildo insular Manuel Jesús Spínola Perdomo.

SE DESARTICULA UNA TRAMA

Esta investigación ha permitido desarticular la trama organizada "más importante" de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades.

Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en "buena medida" de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

En cuanto a la organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la denominada 'Operación Unión' que la Guardia Civil llevó a cabo en mayo de 2009.

La 'Operación Jable' está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta.

yahoo.com

"OPERACIÓN JABLE"; EL JUEZ ENVÍA A PRISIÓN SIN FIANZA A LA EX ALCALDESA DE ARRECIFE POR CORRUPCIÓN

* Imputada por cohecho dentro de la 'Operación Jable' en las islas

Yira Arredondo | Agencias | Arrecife (Lanzarote)

El juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha decidido en la madrugada de este jueves enviar a prisión sin fianza a la ex alcaldesa de Arrecife (Lanzarote) María Isabel Déniz, de Coalición Canaria, a la que se ha imputado un presunto delito de cohecho.

El juez, según informa una nota del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, también ha decretado lo mismo para Juan Rafael Arrocha Arrocha, ingeniero jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife.

Igualmente, ha ordenado libertad sin fianza tras tomarles declaración para Julio Romero, director de una sucursal bancaria, que aparece imputado por un delito de cohecho, y para Manuel Spínola, ingeniero del Cabildo Insular, imputado por el mismo delito.

Todos ellos fueron detenidos el pasado lunes por agentes de la UCO de la Guardia Civil, por su presunta vinculación con la trama de cobro de comisiones a empresarios que se investiga en el marco de 'Operación Jable', que constituye una pieza separada de la causa principal, denominada 'Operación Unión'.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta.

elmundo.es

EL EX ALCALDE DE ARMILLA DEFIENDE LA LEGALIDAD DEL CENTRO COMERCIAL NEVADA

Morales se escuda en un acuerdo verbal con la Consejería de Obras Públicas

VALME CORTÉS - Granada

Antonio Morales, ex alcalde de Armilla (Granada), y quien fuera su concejal de Urbanismo cuando se tramitó el parque comercial Nevada, Gabriel Cañavate, se escudaron ayer en un acuerdo verbal con la Junta de Andalucía para eludir su responsabilidad por las supuestas irregularidades cometidas puesto que las "objeciones" que planteó al plan parcial la Consejería de Obras Públicas quedaron "subsanadas" antes de su aprobación definitiva.

El promotor dice que amplió el proyecto porque lo sugirió la Junta

En la primera sesión del juicio por este caso, que se celebra en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, el ex regidor de Armilla explicó que, en una reunión entre ambas administraciones tras aprobar inicialmente el plan del centro comercial, acordaron tres consideraciones que fueron atendidas por el Consistorio. En concreto, se referían a la ampliación de 11 a 12 metros de un vial, a que los aparcamientos fueran públicos y también que lo construido bajo rasante se destinara a aparcamientos.

"Ese plan no se ha recurrido hasta hoy", detalló el ex alcalde socialista, quien aseguró que estaba "convencido de la legalidad" tanto del plan como del proyecto comercial, que posteriormente le costaron su salida del Ayuntamiento y del PSOE. El ex edil de Urbanismo argumentó lo mismo. Esas "objeciones" se aclararon en una reunión con los técnicos de Obras Públicas, aunque luego no se emitió un informe que lo reflejara.

De ahí que la concesión de la licencia de obras del centro comercial se considerara ajustada a la legalidad por el equipo de gobierno de Armilla: se basaba en un plan parcial que no había sido recurrido y los técnicos municipales no habían apuntado su posible ilegalidad, sostienen los acusados. La Junta sí que hizo algunos requerimientos sobre la licencia de obras y advirtió de su posible nulidad, pero el Ayuntamiento entendió que se amparaba en un plan parcial legal. "Voté en conciencia y convencido de que era un proyecto bueno para Armilla", subrayó.

Ambos, que se enfrentan a penas de dos años de cárcel y 20 de inhabilitación por prevaricación y contra la ordenación del territorio, coincidieron también en negar que el secretario municipal les advirtiera de la existencia de un informe jurídico en contra del Nevada emitido por el letrado del Consistorio. "Dijo que no había informe del letrado, pero en ningún momento advirtió de una posible ilegalidad".

El informe, desfavorable para el proyecto, no formaba parte del expediente cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la licencia, aunque se halló durante la fase de instrucción en un registro en dependencias municipales que ordenó el juez encargado de investigar los hechos. El fiscal entiende que fue "deliberadamente sustituido". Morales Cara lo niega y dice que si recurrió a los servicios jurídicos de Diputación, que aportaron un informe favorable, fue para aportar "más claridad". Cañavate era entonces vicepresidente de dicha institución.

El promotor del centro, Tomás Olivo, que también está acusado, aseguró al fiscal que lo construido ahora se adapta a lo inicialmente proyectado (1996) y que fue por una sugerencia de la Comisión Asesora de Comercio Interior de la Junta por la que tuvo que comprar más suelo para que el centro fuera "más grande" y diera servicio al área metropolitana. Al principio "nos lo denegaron por pequeño", aseguró. La vista oral continúa hoy con la declaración de otros tres de los 11 acusados.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL SUPREMO BUSCA DINERO OPACO DEL EX TESORERO DEL PP EN PARAÍSOS FISCALES

La esposa de Bárcenas, implicada en una operación sospechosa, declara hoy

EL PAÍS - Madrid -

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha cursado una comisión rogatoria para recabar datos de cuentas y operaciones realizadas en entidades bancarias con sede en otros países relacionadas con el ex senador del PP Luis Bárcenas y el ex diputado de ese partido Jesús Merino.

El juez mantiene el secreto del sumario tras pedir datos de cuentas extranjeras

El instructor del Supremo remitirá el caso al Tribunal Superior de Madrid

Iglesias no tiene empleo ni sueldo y hace la declaración de la renta conjunta con su marido. Pero esto no le ha impedido hacer multimillonarias operaciones en Bolsa,

El auto de Monterde en el que lo explica y decide ampliar otro mes el secreto de las investigaciones está notificado el pasado día 15, antes de que ambos aforados renunciaran a sus escaños. Sin embargo, la salida de Bárcenas y de Merino obliga al Supremo a devolver la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde el juez Antonio Pedreira instruye la causa principal.

Pedreira llamó ayer al juzgado a Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta. El jefe de la trama acudió al juez para comprobar cómo se abría su correspondencia. Correa acudió al tribunal en ambulancia, y no en furgón policial, ya que alega que tiene claustrofobia y no aguanta estar en un vehículo tan cerrado.

Monterde afirma que hay nuevas diligencias que aconsejan mantener el secreto del sumario. Una de ellas, derivada de los "diversos informes y documentos" incorporados a la causa, es "una comisión rogatoria para recabar datos de cuentas y operaciones realizadas en entidades bancarias con sede en otros países".

Precisamente en una de esas operaciones opacas de la red Gürtel que investiga el tribunal aparece una supuesta cantidad de 25 millones de las antiguas pesetas (150.000 euros) que aparece como entregada a LBárcenas por una operación en un paraíso fiscal que ocultaría una inversión en una promoción en Majadahonda.

Bárcenas, según los investigadores, habría encubierto esa operación utilizando como testaferro a su esposa, Rosalía Iglesias, que está imputada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y precisamente hoy declara ante el juez Pedreira.

El nombre de Iglesias ha aparecido en documentos vinculados a la trama corrupta que dirigía Correa y que fueron incautados por orden judicial en bufetes de abogados. Iglesias Villar, según esos documentos, participó como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en Majadahonda (Madrid).

Esa promoción inmobiliaria se alimentó supuestamente con fondos procedentes del blanqueo de dinero a través de sociedades mercantiles radicadas en el extranjero y controladas por entidades situadas en paraísos fiscales, sostienen varios informes policiales incorporados al sumario. Iglesias aparece con una inversión de 150.000 euros a través de la empresa Rutsfield en el proyecto inmobiliario de Twain Jones, investigado dentro del caso Gürtel, el mismo en el que un documento atribuye a su marido esa misma cantidad.

La investigación ha logrado acreditar que la titular de las acciones de Rutsfield Trading Limited era otra sociedad llamada PACSA que, a su vez, era gestionada por Morning Star Holding desde el paraíso fiscal de la isla de Nevis, en el Caribe, según los informes que obran en el sumario del caso Gürtel.

Iglesias no tiene empleo ni sueldo y hace la declaración de la renta conjunta con su marido. Pero esto no ha impedido a Iglesias hacer multimillonarias operaciones en Bolsa, según constan en el sumario y en la propia justificación de Bárcenas sobre su patrimonio. Ella está imputada por su posible participación en un delito contra la Hacienda Pública.

En la declaración de la renta del matrimonio correspondiente a 2007, Bárcenas obtuvo unos ingresos de 269.733 euros derivados de la venta de acciones de Endesa. Su esposa vendió acciones de la misma empresa por un importe de 1.067.652 euros.

Mientras, el ex diputado del PP Jesús Merino compareció ayer en conferencia de prensa en Segovia -algo que no ha hecho ninguno de los imputados en el caso Gürtel- para explicar por qué se va y por qué no se fue antes. Negó todas las imputaciones y señaló que desde el principio quiso dejar el cargo para defenderse mejor, pero en el partido le recomendaron que esperara. No lo explicó, pero lo hacían porque Bárcenas no quería irse y esa diferencia habría supuesto un problema, informa Aurelio Martín. Merino aseguró que la semana pasada, con su padre enfermo, ya no aguantó más y comunicó al partido -se reunió con Rajoy- su decisión definitiva. Esta determinación precipitó la salida de Bárcenas, ya muy debilitado anímicamente por la imputación de su mujer.

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elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; LA MUJER DE BÁRCENAS DECLARA QUE SU MARIDO CONTROLABA LAS CUENTAS DE LA PAREJA

Rosalía Iglesias está imputada por delito fiscal y blanqueo de capitales en el 'caso Gürtel'

AGENCIAS - Madrid -

Las 35 conversaciones clave de la trama Gürtel

La esposa del ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, ha asegurado hoy ante el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que toda la "gestión económica" del matrimonio la llevaba su marido.

Iglesias -imputada por delito fiscal y blanqueo de capitales- ha declarado ante el magistrado Antonio Pedreira que "no sabe nada" de las operaciones financieras con las que el matrimonio ha incrementado su patrimonio en los últimos años.

La mujer del ex senador llegó a las dependencias judiciales a las 12.30 y entró por uno de los accesos reservados para los coches oficiales sin contar con el permiso del tribunal, con el objetivo de evitar ser captada por las cámaras y periodistas que se agolpaban en la puerta.

Al inicio de la comparecencia, las fiscales del caso solicitaron la suspensión de la declaración al alegar "conexión" con la imputación de Bárcenas, según indicó el abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, que estuvo presente en la declaración.

La Fiscalía Anticorrupción consideraba oportuno tomar antes declaración a Bárcenas que a su mujer, tras su renuncia del acta como senador. Asimismo, el abogado Miguel Bajo, que representa a Iglesias, solicitó el archivo de la imputación por el delito fiscal, correspondiente a los años 2002 y 2003, al considerar que la infracción ha prescrito, al igual que considera el abogado de Correa.

Fuentes del tribunal, por su parte, han señalado que Pedreira decidirá en los próximos días si levanta la imputación de Iglesias, después de que la fiscalía hubiera solicitado sin éxito que se suspendiera su declaración tras conocerse el pasado lunes que Bárcenas había renunciado al escaño.

Delito fiscal y blanqueo de capitales

Las diligencias apuntan que la esposa de Bárcenas adquirió 5.891 acciones de empresas y entidades bancarias -por una valoración cercana en 45.438 euros- y transmitió otras 5.700 acciones entre los años 2000 y 2003.

Además, se le atribuyó un patrimonio en cuatro bienes inmuebles por un valor declarado superior a los 323.000 euros. Así se desprende del informe de la Agencia Tributaria incorporado al caso en relación con las declaraciones del Impuesto de Patrimonio, fundamentalmente de los ejercicios 2002 y 2003. El informe apunta a que el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes.

La investigación patrimonial sobre Rosalía Iglesias señala que en 2002 contaba con depósitos de 76.073 euros en tres cuentas bancarias, aunque en 2003 era titular de cuatro cuentas por 1.051 euros.

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"CASO MINUTAS"; DEL NIDO ACUMULA YA 18 HORAS CONTESTANDO A LAS PREGUNTAS DEL FISCAL

TRIBUNALES

Europa Press | Málaga

El letrado José María del Nido ha negado que tuviera el dominio del procedimiento que se seguía en el Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y consideró que "no es cierto" que filtrara la información que se podía aportar a este tribunal en la fase que siguió al informe de fiscalización de la gestión municipal, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

Del Nido lleva 18 horas contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez Villarejo, quien le cuestionó hoy por el control que podría suponer que el letrado fuera asesor jurídico del Consistorio ante dicho tribunal y estuviera en distintas actuaciones y al mismo tiempo hubiera "desplegado" miembros de su despacho en representación de los posibles responsables contables.

El representante del ministerio público en el caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos al letrado por el Ayuntamiento marbellí, incidió en la personación tanto de Del Nido como de varias abogadas de su despacho, una de ellas su ex mujer, que está acusada en la causa, en los procedimientos por alcance abiertos en dicho tribunal sobre determinadas sociedades municipales.

El acusado aseguró que el fiscal apunta a un delito de deslealtad, del que se le acusa, "de imposible configuración", y reiteró que justo tras abrirse las diligencias preliminares "aún no hay perjudicados" y entiende que "no hay incompatibilidad", por lo que sólo se apartó de estos procedimientos de reintegro por alcance contable "cuando entendí que había conflicto de intereses", en la fase jurisdiccional.

Afirmó que el dominio del procedimiento "lo tenía el instructor, y no lo digo yo, lo dice él y la ley", y puntualizó que en estos casos "los representantes del Ayuntamiento y de las sociedades eran las mismas personas". Añadió que constan en la causa procedimientos posteriores en los que "letrados de un mismo despacho profesional comparecen" en el mismo trámite por el Ayuntamiento y por los titulares de las sociedades y posibles responsables.

El también presidente del Sevilla aseveró que no defendió al ex alcalde Julián Muñoz "en ningún asunto del Tribunal de Cuentas" y aseguró que siempre puso de manifiesto en los escritos "el afán de colaboración" con dicho órgano judicial, al tiempo que destacó que su labor profesional y la de los que colaboraron con él en distintas fases "provocó que de 55.000 millones de alcance bajara a 30.000 millones".

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"OPERACIÓN BOMSAI"; EL EX DIRECTOR DE EMERGENCIAS DE MATAS PAGA LA FIANZA PARA EVITAR LA CÁRCEL

De 30.000 euros

* La juez le atribuye los delitos de prevaricación y cohecho
* Se investiga la adjudicación de obras por empresa pública Caib

Efe | Palma

El ex director de Emergencias del Govern balear presidido por Jaume Matas (PP), Joan Pol, ha depositado esta mañana en el juzgado de instrucción número 1 de Palma la fianza de 30.000 euros fijada por su titular en relación la 'operación Bomsai'.

En esta causa se investiga la adjudicación de obras por parte de la empresa pública autonómica Caib Patrimonio, en concreto, del nuevo parque de Bomberos de Palma y la nueva sede de la Conselleria de Salud y Consumo. La juez instructora, Margarita Bosch, le atribuye a Pol los delitos de prevaricación y cohecho.

Por esta misma causa deberá depositar una fianza de 50.000 euros el ex conseller de Economía y Hacienda en la pasada legislatura, Luis Ramis de Ayreflor, por presunta malversación de caudales públicos, cohecho y prevaricación. El ex titular de Economía y Hacienda tiene hasta mañana a mediodía para pagarla.

También está imputado el ex director general de Tributos del pasado ejecutivo autonómico, Jorge Sainz de Baranda, cuya fianza alcanza los 50.000 euros.

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"CASO SCALA"; PIDEN UNA FIANZA CIVIL DE 4,8 MILLONES PARA EL EX CONSELLER DE INDUSTRIA DE MATAS

Fiscalía y acusación particular

Europa Press | Palma

Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y la acusación particular, en nombre del Govern, solicitaron una fianza de responsabilidad civil de 4,875.441 euros para el ex-conseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas y actual parlamentario del PP, Josep Juan Cardona, por los posibles daños económicos derivados de su supuesta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Scala.

Así, actualmente, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, está deliberando la petición del Ministerio Fiscal y la acusación particular, después de haber interrogado durante más de tres horas a Cardona, en calidad de imputado, ante en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.

Por tanto, ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitó contra Cardona medidas cautelares como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.

La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La jueza, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado, para quien podrían decretarse medidas cautelares en caso de que así lo solicite la Fiscalía.

Precisamente, el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, asistido por el letrado Josep Zaforteza, fue citado a declarar el pasado 23 de septiembre por Marín aunque pidió no comparecer al alegar que por el fuero que pesa sobre él su interrogatorio debía tener lugar ante el TSJIB. Hasta ese momento, Cardona ya había prestado declaración en dos ocasiones ante el Juzgado por ser órgano competente para encargarse de las primeras diligencias.

En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

Sobre ello, en la exposición que Marín trasladó al TSJIB, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada determinaba que durante la pasada legislatura, Cardona -entonces conseller de Comercio-, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y Ordinas se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".

La jueza postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.

Además
* Cardona declara por su implicación en el caso Scala
* 'Si se decretan medidas, el PP lo suspenderá'

elmundo.es