jueves, 29 de julio de 2010

"CASO CAN DOMENGE"; VICENS Y FLAQUER COMPARECEN ANTE EL JUEZ

El viernes declaran Munar y Nadal
Vicens ha sido trasladado desde la cárcel de Palma

Ha declarado como testigo una interventora del Consell

El ex conseller insular del Territorio, Bartomeu Vicens, se encuentra desde lass 9.30 horas en dependecias judiciales a donde ha sido trasladado desde la cárcel de Palma. Es la primera vez que Vicens declara ante el juez tras su encarcelamiento el pasado mes de junio por una pieza separada del 'caso Son Oms' y que comparece en los juzgados de Palma por esta causa después de que el caso haya sido devuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al juzgado de instrucción al no figurar ya ningún aforado imputado.

La juez de instrucción Carmen González interrogará al ex diputado autonómico en relación al llamado 'caso Can Domenge' que investiga un presunto cobro de comisiones por parte de miembros de Unió Mallorquina en la legislatura pasada en la venta por el Consell de Mallorca del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella

Asimismo, declara este jueves el ex conseller de Economía Miquel Angel Flaquer, imputado por esta misma causa.

La primera en prestar declaración este jueves ha sido una interventora del Consell de Mallorca que ha comparecido como testigo durante tres horas ante la juez.

Vicens, ex conseller insular de Territorio, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condena por otro caso de corrupción, 'Son Oms', y está también imputado en los casos 'Plan Territorial de Mallorca' y 'Maquillaje'.

Respecto a Flaquer, ex conseller insular de Economía, ya declaró ante el juez por el caso 'Can Domenge', y negó cualquier irregularidad en el concurso público aprobado por el anterior equipo de gobierno del Consell (del PP y UM) en el proyecto para construir 600 viviendas en esa zona de Palma.

Flaquer figura también como imputado en el 'caso Voltor' de supuesta corrupción, por el que está en libertad bajo una fianza de 100.000 euros.

Munar y Nadal declaran el viernes
El viernes le tocará el turno a Miquel Nadal y a Maria Antònia Munar, que están citados por el juez y como imputados a las 9.30 y a las 12.00 horas, respectivamente.

Munar, que fue presidenta del Consell de Mallorca durante la anterior legislatura, ya declaró por Can Domenge el pasado mes de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que por entonces instruía la causa al ser Munar entonces presidenta del Parlament balear.

La ex presidenta de UM afirmó tras declarar ante el juez, en una comparecencia en la sede del Parlament, que aunque el asunto de supuesta corrupción en el que está imputada "se solucione", los políticos ya tienen "la pena del telediario".

Unos meses más tarde, en febrero, Munar presentó su dimisión como presidenta del Parlament y anunció su retirada de la vida política, tras ser acusada de corrupción por el que fuera su "delfín" político en Unió Mallorquina Miquel Nadal.

La dimisión de Munar se produjo horas después de que Nadal, que fue vicepresidente del Consell de Mallorca en la pasada legislatura y conseller de Turismo en la actual, afirmara ante el juez del "caso Maquillaje" que Munar le dio 300.000 euros de UM para comprar la productora que recibió contratos millonarios de la corporación insular. El juez de esta caso impuso posteriormente a Munar una fianza penal de 350.000 euros para evitar la cárcel.

Nadal, por su parte, está en libertad bajo una fianza de 100.00 euros por el "caso Voltor" de supuesta corrupción, además de encontrarse encausado en "Maquillaje" y "Can Domenge"

Además

"CASO PRETORIA"; RUZ AVALA LAS ESCUCHAS Y NO ENVIARÁ LA CAUSA A CATALUÑA

Pide investigar la filtración del sumario
Rechaza la petición de la defensa de 'Luigi', presunto cerebro de la trama

Efe Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado hoy cinco autos en los que avala las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos algunos de los principales imputados en el 'caso Pretoria' y rechaza inhibirse en favor de los juzgados de Badalona y Mataró (Barcelona).

Fuentes jurídicas han informado además de que Ruz, que ocupa el Juzgado Central de Instrucción número 5 en sustitución de Baltasar Garzón, ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos que investigue la publicación de información reservada y confidencial del sumario en diversos medios de comunicación.

Ruz desestima así la petición formulada por la defensa de
Luis García 'Luigi', presunto cerebro de la trama de corrupción del 'caso Pretoria', que solicitó la nulidad de las actuaciones, al considerar ilegales las escuchas telefónicas practicadas.

Su abogado alegó que la intervención de los teléfonos de su defendido y de los ex altos cargos de CiU
Lluís Prenafeta y Macià Alavedra fue ilegal, ya que el juez disponía de métodos menos gravosos para investigar a los imputados.

Información privilegiada
Sin embargo, Ruz defiende la legalidad de las escuchas y de los registros en los domicilios de los imputados en el marco de la investigación policial, argumentando que fueron necesarias para averiguar los delitos presuntamente cometidos y las relaciones mantenidas entre los mismos.

Las escuchas permitieron así la "constatación de la existencia de una trama presuntamente delictiva que manejaba información privilegiada" en los procesos de adjudicación de obras en los municipios barceloneses investigados, "controlando los procesos para que éstos, finalmente, les fueran favorables a sus intereses económicos", indica.

Además

domingo, 25 de julio de 2010

"CASO PALMA ARENA"; PIDEN INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS CON EL INSTITUTO PRESIDIDO POR URDANGARÍN

El juez Castro ha abierto una nueva pieza del caso Palma Arena

EFE. PALMA El juez instructor del "caso Palma Arena", José Castro, ha abierto una nueva pieza de esta causa en la que pide información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarín.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez abre la pieza número 25 de esta extensa causa que investiga como asunto principal el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción del velódromo Palma Arena, un pabellón que costó unos 100 millones de euros, el doble de lo inicialmente presupuestado.

En el "caso Palma Arena" se investiga además, entre otras cuestiones, el supuesto incremento irregular del patrimonio del ex presidente autonómico Jaume Matas (PP) durante la pasada legislatura, así como la presunta financiación ilegal del PP con ocasión de la campaña electoral de 2007.

En la providencia que abre la pieza 25, el juez requiere al Instituto Nóos que "acredite haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones".

El pasado mes de junio, el juez decidió dividir la causa en 24 piezas más la principal, y en esta nueva providencia ordena la apertura de otra sobre los citados convenios.

Estos convenios, firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006, sirvieron para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias.

Así lo explicó en una rueda de prensa en octubre de 2005 Jaume Matas, que estuvo acompañado por Iñaki Urdangarín como presidente del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo. Este instituto fue el organizador del evento.

Este foro se celebró por primera vez en noviembre de 2005 en Palma y su segunda y última edición tuvo lugar en 2006 en virtud de los dos convenios que, según han asegurado fuentes jurídicas, no firmó el duque de Palma.

En febrero de 2006, el PSIB-PSOE preguntó al Ejecutivo autonómico del PP en el Parlament balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro, extremo que negó entonces rotundamente el ex portavoz del Govern y ex conseller de Turismo Joan Flaquer.

En concreto, la pregunta del PSIB versaba sobre el destino de 1,2 millones de euros que abonó el Govern al Instituto Nóos para que organizase en noviembre de 2005 este encuentro internacional, ya que consideraba que este gasto era un derroche que planteaba dudas sobre el uso real de estos fondos públicos.

diariodemallorca.es

"CASO PEAJE"; PASCUAL DESCARGA EN LA UTE LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN CARRETERA MANACOR

Pascual ha declarado como imputado durante unas dos horas ante la jueza instructor

EFE. PALMA El ex vicepresidente y ex conseller de Obras Públicas del Consell de Mallorca Antoni Pascual ha descargado hoy ante el juez las supuestas irregularidades cometidas durante la construcción de la autovía de Manacor en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que realizó las obras.

Pascual ha declarado como imputado durante unas dos horas ante la jueza instructora del "caso Peaje" de supuesta corrupción, en el que se investiga un supuesto desvío de dinero público a obras privadas facturadas como si fueran parte de los trabajos de desdoblamiento de la carretera de Manacor a Inca (MA-15), llevados a cabo en la pasada legislatura, cuando el Consell estaba gobernado por PP y UM.

Actualmente, Pascual es conseller insular y portavoz de UM en el Consell de Mallorca y figura como uno de los querellados por la Fiscalía Anticorrupción en este caso.

Durante su declaración ante la jueza y el fiscal Anticorrupción Miquel Ángel Subirán, Pascual se ha desvinculado de cualquier irregularidad en estas obras, ya que ha dicho que era la UTE la que se encargaba de ellas, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Pascual ha afirmado a la jueza que el Consell adjudicó las obras de dos tramos de la carretera a la empresa Pamasa, y que luego ésta las otorgó a una UTE, formada por Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN S.A., MAB, Aglonsa, Sacyr, Melchor Mascaró e Itinere Infraestructura S.A.

De esta manera, ha asegurado que la UTE no tenía ninguna relación con el Consell, sino que era Pamasa la que estaba vinculada a esta institución, y que por tanto las supuestas irregularidades son responsabilidad de la unión de empresas.

Pascual también ha respondido a preguntas acerca de las obras privadas que las empresas de la UTE realizaron supuestamente para el ex director insular de Carreteras del Consell Gonzalo Aguiar -imputado en la causa- y el funcionario del Consell Gabriel Mestre -en libertad bajo fianza por este caso-.

En cuanto a Aguiar, le han inquirido acerca de si conocía que una de las empresas de la UTE, Melchor Mascaró, llevó a una finca de su propiedad camiones con arena procedentes de las obras de la carretera, y ha dicho que no lo sabía.

Respecto a Mestre, se investiga si la UTE pagó una pista de futbito y su iluminación en una casa de su propiedad en Manacor, y a Pascual le han preguntado acerca de si asistió a una fiesta de comunión que se celebró allí.

Pascual ha afirmado que sí fue e, inquirido acerca de si la comida que se sirvió era cara, ha respondido que no se fijó.

Esta operación se inició en marzo de 2009 con el registro de algunas de las empresas de la UTE que llevaron a cabo en la pasada legislatura el desdoblamiento de la carretera de Manacor, cuyo coste ascendió a 121,6 millones de euros.

Esta carretera se hizo en tres tramos (uno lo adjudicó el Govern y el resto el Consell) y la vía se inauguró también en tres ocasiones.

En su momento, la "operación Peaje" dio lugar a la detención de 18 personas, entre ellos Aguiar, que por entonces era director del Consell por Unió Mallorquina.

diariodemallorca.es

"CASO CAN DOMENGE"; MUNAR, NADAL, FLAQUER Y VICENS DECLARAN ESTA SEMANA

Se investiga un presunto cobro de comisiones por parte de miembros de UM en la legislatura pasada en la venta de Can Domenge

EFE. PALMA Los ex presidentes de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar -ex presidenta del Parlament-, Miquel Nadal -ex conseller de Turismo- y Miquel Ángel Flaquer -ex conseller insular de Economía-, así como el ex diputado de este partido Bartomeu Vicens declaran esta semana ante el juez por el "caso Can Domenge".

Todos ellos están citados el jueves y el viernes por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, que investiga esta causa de supuesta corrupción durante después de que el caso haya sido devuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al juzgado de instrucción al no figurar ya ningún aforado imputado.

En esta causa se investiga un presunto cobro de comisiones por parte de miembros de Unió Mallorquina en la legislatura pasada en la venta por el Consell de Mallorca del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

El jueves tendrán que declarar como imputados Bartomeu Vicens y Miquel Ángel Flaquer a las 9.30 y a las 12.00 horas, respectivamente, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Vicens, ex conseller insular de Territorio, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condena por otro caso de corrupción, "Son Oms", y está también imputado en los casos "Plan Territorial de Mallorca" y "Maquillaje".

Respecto a Flaquer, ex conseller insular de Economía, ya declaró ante el juez por el "caso Can Domenge", y negó cualquier irregularidad en el concurso público aprobado por el anterior equipo de gobierno del Consell (del PP y UM) en el proyecto para construir 600 viviendas en esa zona de Palma.

Flaquer figura también como imputado en el "caso Voltor" de supuesta corrupción, por el que está en libertad bajo una fianza de 100.000 euros.

El viernes le tocará el turno a Miquel Nadal y a Maria Antònia Munar, que están citados por el juez y como imputados a las 9.30 y a las 12.00 horas, respectivamente.

Munar, que fue presidenta del Consell de Mallorca durante la anterior legislatura, ya declaró por "Can Domenge" el pasado mes de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que por entonces instruía la causa al ser Munar entonces presidenta del Parlament balear.

La ex presidenta de UM afirmó tras declarar ante el juez, en una comparecencia en la sede del Parlament, que aunque el asunto de supuesta corrupción en el que está imputada "se solucione", los políticos ya tienen "la pena del telediario".

Unos meses más tarde, en febrero, Munar presentó su dimisión como presidenta del Parlament y anunció su retirada de la vida política, tras ser acusada de corrupción por el que fuera su "delfín" político en Unió Mallorquina Miquel Nadal.

La dimisión de Munar se produjo horas después de que Nadal, que fue vicepresidente del Consell de Mallorca en la pasada legislatura y conseller de Turismo en la actual, afirmara ante el juez del "caso Maquillaje" que Munar le dio 300.000 euros de UM para comprar la productora que recibió contratos millonarios de la corporación insular.

El juez de esta caso impuso posteriormente a Munar una fianza penal de 350.000 euros para evitar la cárcel.

Nadal, por su parte, está en libertad bajo una fianza de 100.00 euros por el "caso Voltor" de supuesta corrupción, además de encontrarse encausado en "Maquillaje" y "Can Domenge".

diariodemallorca.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA INVESTIGA SI MELLET Y PONCE SE APROPIARON DE 24.000 € DEL PATROCINIO DE UN CLUB DE HOCKEY

MERCASEVILLA | Ponce se niega a declarar ante la juez por la venta de suelos

* Era el dinero que el empresario Antonio Pardal dio al club al Patín Macarena

María Rionegro | Sevilla

La declaración de Antonio Pardal, el propietario de Larena 98, la empresa que era dueña de parte de los terrenos del mercado, como testigo en el 'caso Mercasevilla' ha dado un giro al proceso judicial que instruye la venta "ilegal" a la constructora Sando de estos suelos y ha abierto nuevas vías de investigación.

La declaración de Pardal ha vuelto a poner en entredicho la gestión de los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, principales imputados en la causa. La juez está investigando ahora si ambos "se apropiaron" de 24.000 euros que Pardal entregó al club de hockey Patín Macarena para, presuntamente, agilizar las licencias urbanísticas que Larena 98 estaba esperando para levantar unas naves en los terrenos de Mercasevilla.

El propio Pardal admitió ante la magistrada que patrocinó al club Patín Macarena mientras estuvo vinculado a Mercasevilla a petición del ex director, Fernando Mellet, quien le dijo que eso le "ayudaría a que las licencias que se estaban tramitando se pudieran obtener más rápido" y que, además, "era la costumbre".

Mellet plantearía este asunto, supuestamente, en el transcurso de una reunión en la que, según Pardal, también participó José Marín, el ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y tres meses de prisión por las facturas falsas del distrito Macarena.

En base a esta declaración, la juez instructora, Mercedes Alaya, ha asegurado que Ponce, "en connivencia con Mellet, se apropiaron indiciariamente de 24.000 euros que entregó Pardal en concepto de patrocinio al club Patín Macarena, ya para ellos directamente o para Mercasevilla".

La magistrada ha imputado estos hechos al ex subdirector del mercado, después de que éste se negara a declarar por la investigación sobre la venta "ilegal" de los suelos de la compañía y su abogado, Simón Fernández, requiriera la especificación de los hechos imputados a su cliente.

Además
* El PP eleva al Defensor del Pueblo su expulsión de Mercasevilla
* Mellet acusa a la juez de querer incriminarlo 'como sea'

elmundo.es

CONDENADO A 9 MESES DE CÁRCEL EL EX ALCALDE DE ISLA MAYOR POR DESVIAR DINERO

TRIBUNALES | Justo el día antes de cesar ordenó un pago de 5.701 €

Europa Press | Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a nueves meses de cárcel y a tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público municipal de carácter electivo al ex alcalde de la localidad de Isla Mayor Manuel Aviñó Navarro por ordenar el día previo a su cese el pago de 5.701,49 euros a pesar de los informes en contra del tesorero y del interventor.

Según relata la sentencia de la Sección Séptima, a la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha 13 de junio de 2003 el entonces alcalde del municipio -al día siguiente tomaba posesión la nueva corporación municipal- ordenó el abono a la Empresa Municipal del Suelo de Isla Mayor (Emsimsa), de cuyo consejo de administración era presidente, la cantidad de 5.701,49 euros.

En este sentido, el fallo asevera que el entonces primer edil actuó de esta manera "sin que existieran fondos disponibles" para hacer frente al pago y existiendo además un embargo sobre los créditos de dicha empresa por parte de la Agencia Estatal Tributaria, notificado el 10 de junio de 2003, "encontrándose la empresa en bancarrota y prácticamente liquidada en esa fecha".

Al hilo de ello, pone de manifiesto que el referido cheque "no figuraba dentro de la contabilidad de la mencionada sociedad como ingreso recibido, cuyo destino debería haber sido el pago de los salarios debidos a algunos de los trabajadores", siendo un arquitecto "el único que cobró", concretamente la cantidad de 700 euros, "con cargo a dicho cheque", todo ello "sin que el destino de la cantidad restante se justificara en ningún momento".

La sentencia precisa que el cheque fue cobrado en el banco por la empleada encargada de la contabilidad de la empresa previa autorización de Manuel Aviñó al entonces concejal Manuel Paredes Garrido, a quien la Audiencia Provincial ha condenado a nueve meses de cárcel e inhabilitación absoluta de tres años y seis meses por un delito de malversación de caudales públicos.

Por todo ello, la Audiencia Provincial condena al ex alcalde de Isla Mayor a nueve meses de prisión y a tres años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, así como a tres años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público municipal de carácter electivo por un delito de prevaricación.

elmundo.es

jueves, 15 de julio de 2010

"CASO MINUTAS"; UN EX EDIL DE MARBELLA DICE QUE ERA EL INTERVENTOR EL QUE DEBÍA CONTRASTAR LOS PAGOS

Facturas de José María del Nido

Europa Press | Málaga

El ex edil de Marbella Rafael González, acusado en el caso 'Minutas' sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos por el Ayuntamiento marbellí al letrado José María del Nido, ha declarado este miércoles que era "innecesario" pedir los documentos de las facturas que se iban a aprobar, al asegurar que "el que lo tiene que contrastar y el que me da a mí la seguridad es el interventor si es un tema económico y el secretario si es jurídico".

González afirmó que "mi garantía eran los dos técnicos que están por ley en la comisión" y precisó que la aprobación de los pagos se hacían de forma "automática cuando estaban bien". Insistió en que no los verificó con documentos porque "si me dicen que está bien, cómo puedo yo ir en contra de eso, ni yo ni ningún otro compañero", y apuntó que la documentación llegaría "desde Secretaría y en este caso desde Intervención".

El entonces concejal, que estuvo vinculado a la Concejalía de Hacienda, aseguró que "nunca" tuvo conocimiento de los reparos del interventor y aseguró que no pidió a este funcionario que le informara, aunque, según el fiscal, habría requerido que hiciera un informe por una minuta de otro letrado para un asunto "que no tiene nada que ver con Del Nido", dijo el edil, quien dudó de que se emitiera a su instancia y también de otros informes que "no tienen sello".

González dijo no recordar que estos reparos del interventor, que comparecerá como testigo, se elevaran al pleno y apuntó que "normalmente" no había inconvenientes. "En cuatro años que fui delegado de Hacienda firmé miles de mandamientos de pagos y jamás me puso un reparo porque puede tener la completa seguridad de que cualquier contratiempo que me hubiera puesto, habría dicho que no firmaba". Añadió que "siempre" firmó los mandamientos después del interventor.

Explicó que en cualquier tipo de pago, había un mandamiento de pago, un cheque si era pagado de esa forma o el documento de la transferencia, así como el decreto y la justificación. "Cuando se me presentaba eso, ya tenía que venir necesariamente firmado y conforme por el señor interventor", a quien, según reiteró, le correspondía "el control" previo a la aprobación del gasto.

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LEVANTAN EL SECRETO DE SUMARIO DEL "CASO CÁTEDRA" DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

TRIBUNALES | El alcalde está imputado

El juez instructor del caso 'Cátedra', por un presunto caso de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción, ha levantado este miércoles el secreto de sumario.

Según han indicado desde el Consistorio, el juez fundamenta su actuación en que "es innecesario a los fines de la investigación la intervención telefónica acordada en su día y practicada sobre los teléfonos móviles que está todavía vigente, y resultando igualmente inútil el secreto de las actuaciones decretado en su día, a fin de no restringir de forma innecesaria el derecho al secreto de las comunicaciones ni limitar el derecho de defensa de los imputados".

Según manifestaron desde el Ayuntamiento, el levantamiento ha sido más rápido de lo esperado y esto "confirma las tesis expuestas por el abogado defensor del alcalde, Ernesto Silva, y ratifica la inocencia del regidor" .

Además, señalan que en un principio se le imputaron a Ernesto Silva los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, "quedando finalmente imputado sólo del delito de cohecho y saliendo en libertad sin necesidad de pagar fianza ni siquiera la obligación de comparecer a presencia judicial".

El abogado de Silva, Fernando Huelin, ha expuesto que "el expediente de Silva obedece a un lamentable error y lo que se está investigando no tiene absolutamente nada que ver con él", por lo que espera que pronto se sobresea la causa.

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"CASO BRUGAL"; LOS TRES EMPRESARIOS IMPUTADOS CON FIANZA ABONAN LAS CANTIDADES "EN TIEMPO Y FORMA"

En el juzgado de Orihuela

Efe | Alicante

Los tres empresarios de Alicante que fueron detenidos la pasada semana en el marco de la operación "Brugal" y a los que el juez de Orihuela impuso prisión eludible con una fianza han pagado sus respectivas cantidades "en tiempo y forma".

El instructor decretó prisión eludible con una fianza de 300.000 euros para el empresario oriolano Ángel Fenoll, de 100.000 euros para su hijo, Antonio Ángel, y de otros 100.000 para el empresario de automoción y ex presidente de la Fundación Hércules CF, >Rafael Gregori.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), las fianzas de estos tres imputados han sido "constituidas y proveídas conforme a los escritos" en "tiempo y forma".

Junto a estos tres industriales, fueron detenidos en esta última fase de la operación "Brugal" el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, los concejales populares de Orihuela Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía y el dueño del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, Enrique Ortiz, entre otros.

Estos quedaron en libertad aunque imputados por diferentes delitos en torno a la investigación sobre la adjudicación del plan de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja.

En cuanto a la decisión que debe adoptar hoy el juez número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, sobre si prorroga o no un mes más el secreto de sumario, el TSJCV ha apuntado que no se facilitará información hasta que el acuerdo haya sido debidamente notificado "a todas las partes".

Además
* La oposición de Orihuela exige el cese de los 3 ediles
* Fenoll venderá sus empresas de basuras tras su imputación

elmundo.es

miércoles, 14 de julio de 2010

"OPERACIÓN PASARELA"; LOS DOS DETENIDOS CONTINUARÁN ESTA TARDE EN LOS CALABOZOS TRAS DECLARAR

Segunda fase

* No se descarta que sean puestos en libertad en las próximas horas
* También podrían pasar una segunda noche en los calabozos


Europa Press | Palma

Los dos detenidos en el marco de la segunda fase de la Operación Pasarela, el propietario de la empresa Espiral Producciones Televisión S.L., Guillem Deyà, y el administrador del Centro de Comunicación Creativa, Bartolomé Morey, continuarán esta tarde en los calabozos de la Policía Nacional, después de que hayan sido interrogados a lo largo de esta mañana.

Fuentes policiales señalan que ambos arrestados, que pasaron la última noche en los calabozos, no serán conducidos a los Juzgados a las 16.00 horas, último turno ordinario del día en el que los detenidos son puestos a disposición judicial. De este modo, no se descarta ni que sean puestos en libertad en las próximas horas, ni que pasen una segunda noche en los calabozos de la Policía Nacional, dado que los agentes se encuentran analizando la información obtenida a través de los interrogatorios.

Los dos arrestos se produjeron después de que ayer, agentes de la Policía Judicial y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán llevaran a cabo un registro en la empresa Espiral Producciones Televisión S.L., ubicada en la calle Patronato Obrero, número 29 de Palma, y dedicada a producir anuncios institucionales, spots, programas de televisión, documentales y grafismo. Asimismo, registraron Fotos Deià, en la localidad mallorquina de Sóller y el Centro de Comunicación Creativa, ubicada en Marratxí, y que están relacionadas con la comunicación y el marketing y conectadas entre sí y con Espiral.

La Policía Nacional ya no prevé efectuar más detenciones en el transcurso de la segunda fase de la Operación Pasarela, que se ha centrado en las tres citadas empresas contratistas del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), investigado en este nuevo caso de corrupción.

La operación pasarela estalló el pasado 29 de junio con varios registros en la agencia Clave y la Fundación Balear Sostenible y con la detención de los ex-gerentes del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern y el secretario y asesor jurídico de esta empresa, Miquel Ángel Bonet, que se enfrentaron a delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

Así, el pasado 3 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, dictó prisión bajo fianza de 350.000 euros para Alabern; de 250.000 euros para Bonet; de 100.000 euros para uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación Juan Velasco y de 30.000 euros para Alía. Por su parte, el juez decretó libertad con entrega del pasaporte al empresario de relaciones públicas Kamal Dorai.

El juez les imputa diversos delitos contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el de malversación, prevaricación, falsedad de documentos oficiales, fraude, cohecho y negociaciones prohibidas para funcionarios públicos. El procedimiento judicial se encuentra bajo secreto de sumario.

Desvío de fondos públicos
Concretamente, la Operación Pasarela indaga el presunto desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares a través del Ibatur, empresa pública del Govern.

Durante sus declaraciones en la Policía Nacional, los cuatro funcionarios del Ibatur apuntaron hacia los ex altos cargos de la empresa como las personas de quienes emanaban las órdenes en torno a la adjudicación de contratos, la mayoría de ellos a Clave, y a la emisión de facturas falsas. Por su parte, Bonet, quien ya fue detenido en febrero de 2009 en el marco de estas investigaciones, acusó a Alía y Alabern de idear y ordenar esta presunta trama de corrupción.

Además de los cinco imputados que el 3 de julio pasaron a disposición judicial, también fueron arrestados y, posteriormente, puestos en libertad otro de los socios de Clave, Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L. S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba, y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J.

Además
* Los detenidos prestan declaración ante la Policía

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"CASO SON OMS"; EL TSJB SE POSICIONA EN CONTRA DEL INDULTO A BARTOMEU VICENS

En un informe no vinculante

Bartomeu Vicens el día que ingresó en prisión | Jordi Avellà

* La Sala decide no suspender la ejecución de la sentencia de cárcel
* El informe no es vinculante y será elevado al Consejo de Ministros
* 'Los delitos cometidos suscitan fuerte indignación social'

Hugo Sáenz | Palma

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha emitido un informe en el que se posiciona en contra de la concesión del indulto a Bartomeu Vicens, el que fuera mano derecha de la ex líder de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar.

El ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca y ex parlamentario de UM solicitó esta medida de gracia tras la sentencia firme del Tribunal Supremo que le condenaba a 3 años de cárcel por un delito de malversación.

La Sala considera en este informe desfavorable a su petición que "pese a los favorables antecedentes de conducta del Sr. Vicens, los delitos cometidos afectan gravemente al prestigio credibilidad y funcionamiento de nuestro sistema jurídico-político y suscitan fuerte indignación social".

En este sentido, el informe hace referencia a la condición de multiimputado de Vicens y añade que "el condenado se halla imputado actualmente en una pluralidad de causas judiciales por hechos presuntamente delictivos también relacionados con el ejercicio de funciones públicas".

Por estas razones, el Tribunal "haciendo suyo el argumentado parecer del Ministerio Fiscal, considera que no existen razones atendibles de ningún orden que justifiquen eximir a Vicens de que cumpla en su totalidad la pena de privación de libertad que le ha sido impuesta".

No obstante, este informe no es vinculante y la Sala remitirá el expediente sobre la petición de indulto al Ministerio de Justicia, que deberá a su vez elevar su propuesta al Consejo de Ministros.

No suspende la ejecución de su entrada en prisión
La Sala ha dictado también una providencia en la que resuelve que no procede suspender la ejecución de la pena privativa de libertad de Vicens hasta la resolución definitiva de la petición de indulto. La Sala argumenta que los plazos en los que es previsible que el Consejo de Ministros decida sobre la medida de gracia permitirán que ésta tenga efectividad, en caso de ser concedida.

Vicens ingresó el pasado 7 de julio en la prisión de Palma para cumplir esta condena, que es firme ya que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo (TS), convirtiéndose en el primer diputado autonómico balear que ingresa en la cárcel por un caso de corrupción. Tal y como reveló EL MUNDO /El Día de Baleares, Vicens se apresuró a solicitar el indulto y ahora el TSJB se posiciona en contra de que se lo concedan.

El TSJ condenó a Vicens por pagar con fondos públicos a su contable Tomás Martín al que encargó un estudio sobre el valor del suelo en Mallorca, informe que el tribunal consideró innecesario y que Martín plagió de internet.

Además
* Lea el informe del TSJB

elmundo.es

martes, 13 de julio de 2010

MILLET ANOTÓ PAGOS DE DECENAS DE MILES DE EUROS A UN HISTÓRICO DE CIU

Los secretos de CIU en el PALAU

Papeles del Palau atribuyen a Jaume Camps el cobro de 32.000 euros en 2003 - El ex diputado figura en documentos relacionados con comisiones de Ferrovial

PERE RÍOS / LLUÍS PELLICER - Barcelona -

Primero fue la Fundación Trias Fargas, después el otrora líder independentista Àngel Colom, y ayer se supo que el histórico diputado de Convergència i Unió (CiU) Jaume Camps, ahora apartado de la política, también pudo cobrar del Palau de la Música cuando era parlamentario y aparece vinculado a unos pagos realizados a la constructora Ferrovial. Los documentos que supuestamente prueban esas entregas de dinero están en manos del juez instructor del caso, Juli Solaz, y de la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular de CiU.

Un documento mecanografiado datado el 12 de febrero de 2003 recoge una "propuesta de pago de marzo a octubre de 2003", con unas cantidades referidas a cada mes (véase en la página siguiente). La anotación del mes de marzo aparece con la expresión "pagat" y corresponde a un importe de 10 millones. Se refiere a pesetas, porque el saqueador confeso Fèlix Millet seguía utilizando esa moneda para la contabilidad del Palau de la Música, pese a que el euro había entrado en vigor hacía más de un año.

De esos 10 millones de pesetas abonados, 5.450.000 (32.755 euros) corresponden a "J. Camps" y 4.550.000 a "Torrent". Se trata de Carles Torrent, responsable de finanzas de Convergència Democràtica (CDC) y administrador de la Fundación Trias Fargas, fallecido en 2005. Dos de las secretarias de presidencia del Palau de la Música, Pilar Casanovas y Cristina Torruella, coincidieron ayer en declarar ante la comisión parlamentaria que Millet se reunió en varias ocasiones con Torrent, que acudía "de vez en cuando" al Palau.

En marzo de 2003, cuando supuestamente se produjo el pago, Camps era diputado de CiU y a los pocos meses, con la llegada de la izquierda a la Generalitat, fue propuesto para el extinto Consejo Consultivo de la Generalitat, un organismo asesor al que sustituyó el Consejo de Garantías Estatutarias.

Ayer trascendió también otro documento manuscrito que contiene la inscripción "Jaume Camps. Pago 105.000 m. [o "eu."] Ferrovial" y "autopista". Tanto ese documento como el anterior que alude al pago de comisiones a Camps han sido descubiertos por los nuevos gestores del Palau.

El primero de esos papeles figura en una de las tres carpetas que el actual director de la Fundación Orfeó Català, Joan Llinares, remitió al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona el pasado 23 de junio señalando que actuaba así porque lo considera "de relevante importancia para la causa" que se está investigando, ya que aparecen desglosados pagos del 4% de diversas obras públicas realizadas que podrían haber servido para financiar a CDC.La carpeta en la que aparece citado Jaume Camps en una nota manuscrita relacionada con un pago de la constructora Ferrovial contiene, además, una decena de expedientes sobre concursos de obra pública del año 2003. Toda esa documentación también ha sido entregada al juzgado y a la comisión parlamentaria.

De nuevo, el director del Consorcio del Palau de la Música, Joan Llinares, informa de que al reorganizar los archivos de la antigua presidencia de la entidad se ha hallado nueva documentación, que incluye una carpeta con el epígrafe "Jaume Camps. Lunes 24/3 a las 11". Llinares ha entregado también una copia de la agenda de Fèlix Millet correspondiente a la semana del 24 al 29 de marzo de 2003, en la que figura una cita para las 11.00 horas del lunes con "J. Camps".

La carpeta aportada por la nueva dirección del Palau se abre con un documento, sin membrete ni fecha, en el que figuran una serie de cantidades mecanografiadas, acompañado de un papel, sujeto con un clip, en el que aparece manuscrito el nombre, esta vez completo, de Jaume Camps, junto a las dos indicaciones ya citadas: "pago 105.000 m. Ferrovial" y "autopista". Concretamente, las cifras mecanografiadas del documento se desglosan de la siguiente manera: "105.000.000 euros" (y su equivalente en pesetas), "el 4%".

Los documentos fueron enviados al juez instructor, Juli Solaz, y al Parlament ayer, la víspera de la comparecencia ante la comisión parlamentaria de los ex consejeros de Política Territorial y Obras Públicas de CiU Pere Macias y Felip Puig. A la comisión acudió ayer el ex directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, que negó haber pagado cualquier comisión por hacerse con obras públicas. Buenaventura rechazó que Millet le hiciera de intermediario para la obtención de obras públicas, aunque sí le aconsejaba sobre proyectos privados.

La secretaria de Presidencia del Palau Pilar Casanovas, que también compareció ayer en el Parlament, no recordó haber visto a Camps en el Palau, pero sí a Torrent. "Conocíamos su cargo porque nos había dejado su tarjeta de visita", afirmó a preguntas de los diputados socialistas de la comisión. En todo caso, agregó, a partir de 2005 los convenios con Ferrovial pasaron a ser controlados por el ex director administrativo Jordi Montull y su hija, la ex directora financiera Gemma Montull.

Es la segunda vez que el ex diputado de CiU Jaume Camps es salpicado por presuntos pagos. La primera fue en el caso Grand Tibidabo, en 1999, tras haber ingresado 163,4 millones procedentes de Grupo Torras.

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elpaís.com

DOS DETENIDOS EN MALLORCA RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MATAS

El juez ordena tres registros de empresas relacionadas con la producción televisiva

ANDREU MANRESA - Palma -

El juez que investiga una supuesta trama de financiación irregular en el PP balear ha ordenado hoy registrar tres empresas de producción de televisión y servicios que contrató el Gobierno balear que presidía el ex ministro Jaume Matas. La operación se ha saldado con la detención de dos personas. Una de las firmas de servicios audiovisuales trabajó, a la vez, en las campañaselectorales del PP de 2003. La operación está ligada al denominado caso Ibatur.

* Investigadas cuatro firmas por supuesta financiación del PP

La operación parte de la investigación judicial de al menos tres agencias de publicidad -Over, Clave y Nimbus- y una productora de televisión -aún no desvelada- por su presunta vinculación con episodios de supuesta financiación irregular del PP en Baleares. Las cuatro empresas trabajaron entre 2003 y 2007 en campañas electorales del partido de Jaume Matas. Además, otra firma, Estudi Joan Rosselló, no facturó presuntamente sus trabajos para el PP de Ibiza.

Las referencias documentales y contables de estas compañías han aparecido en tres de los diez presuntos casos de malversación de caudales públicos que implican a la Administración autonómica durante el mandato popular. Tres de sus propietarios -Miguel Romero, Joan Rosselló y Joan Velasco- fueron detenidos e imputados. Romero confesó haber cobrado 50.000 euros en dinero negro del ex gerente del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal, quien lo niega.

Además, hoy el PP balear ha oficializado su personación como acusación particular en el caso Palma Arena. El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, contratado por el partido para que actúe en casos relacionados con la corrupción, ha presentado dicha personación este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que investiga el desvío de fondos público durante la construcción del velódromo Palma Arena.

elpaís.com

"CASO NEVADA"; CÁRCEL E INHABILITACIÓN PARA EL EX ALCALDE Y EX EDIL DE URBANISMO DE ARMILLA

GRANADA La sentencia obliga a demoler el exceso de edificación

Los acusados del 'caso Nevada'. | Jesús García Hinchado

Efe | Granada

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo de Armilla por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la tramitación irregular del centro comercial Nevada, han informado a Efe fuentes judiciales.

La sentencia, cuyo contenido no ha trascendido al no haber sido aún notificada a las partes, condena también a Tomás Olivo, promotor del centro comercial, a siete meses de cárcel, siete años de inhabilitación y multa por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de la zona del centro comercial conocida como el laboratorio.

El resto de los acusados -los cuatro concejales miembros de la junta de gobierno local que otorgaron, con su voto a favor, la licencia de obras, dos arquitectos técnicos y dos abogados- han sido absueltos.

La sentencia, que acuerda también derribar la parte del centro comercial que invadía zona verde, absuelve al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, de los otros dos delitos que les atribuía la Fiscalía: infidelidad en la custodia de documento público y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.

elmundo.es

"CASO FABRA"; LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA FABRA

TRIBUNALES

Fabra, en su primera vez que acudió a los Juzgados, en 2006. ELMUNDO.es

* La acusación popular la ejerce la Unión de Consumidores
* Pide 13 años para la esposa de Fabra, María Amparo Fernández

Este martes se cumple el plazo para que todas las partes interesadas en el caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en dicha provincia, aporten sus escritos de calificación de los hechos al Juzgado de Instrucción 1 de Nules. La acusación popular que ejerce la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha solicitado un total de 20 años de prisión por la confluencia de presuntos delitos que imputan a Fabra, tipificados en el Código Penal como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y varios delitos fiscales.

Según han confirmado fuentes de la acusación popular, este lunes presentaron su escrito en el que solicitan para Carlos Fabra tres años y tres meses de prisión por un presunto delito continuado de cohecho y otros tres años y tres meses por presunto blanqueo de dinero. A la vez, pide para el presidente de la Diputación de Castellón dos años y medio por cada uno de los cinco presuntos delitos fiscales por drefraudar presuntamente a Hacienda cerca de un millón de euros, y un año de cárcel por presunto tráfico de influencias. Todo ello suma 20 años de prisión, a la par que se pide la inhabilitación de seis años para seguir ocupando cargo público y una multa de 22 millones de euros.

Las mismas fuentes han confirmado que para la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, la acusación popular pide 13 años y tres meses por presuntos delitos fiscales y blanqueo de dinero; y para el empresario que denunció el caso Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives, le imputan cochecho impropio.

Desde la acusación popular añaden que han solicitado también la petición de un año de pena para funcionarios públicos, por tráfico de influencias, además de multa e inhabilitación, así como para los directores de banco que imputaban desde esta parte, para lo que piden un delito de blanqueo de dinero. Se da la circunstancia de que el juez del 1 de Nules, Jacobo Pin, rechazó todos los recursos presentados tanto por Fabra como por la acusación popular sobre la decisión de iniciar procedimiento con jurado. A la UCE le desestimó la acusación de los funcionarios y diretores de banco de los que recelaba, pero la desestimación está recurrida ante el propio juez y ante la Audiencia Provincial, por lo que la acusación popular debe mantener en su escito de acusación las penas que se solicitan para ellos.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción todavía no ha mostrado el acuse de recibo del auto judicial trasladado por el juzgado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El caso Fabra comenzó en diciembre de 2003 y en los últimos meses, desde que asumió la titularidad del Juzgado de Instrucción 1 de Nules Jacobo Pin, ha avanzado más que en seis años. Las partes están a la espera de que el magistrado fije una fecha para el juicio.

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* Siete años del caso Fabra
* Fiscalía recibe documentación que faltaba para pedir la pena

elmundo.es

LOS INMIGRANTES QUE VENDIERON SU VOTO A UM COMIENZAN A DECLARAR ANTE LA POLICÍA

CORRUPCIÓN | Elecciones bajo sospecha

* Inician las investigaciones y llaman a los primeros testigos
* El caso fue destapado en abril por EL MUNDO


Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

En el transcurso de los últimos días la Policía ha iniciado la investigación encargada por la Fiscalía de Baleares en torno a la presunta compra de votos por parte del partido Unió Mallorquina en las últimas elecciones autonómicas y europeas, así como el supuesto ofrecimiento de trabajos en la administración pública a cambio de la obtención de sufragios para este partido, especialmente entre el colectivo inmigrante. El escándalo fue desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares el pasado mes de abril.

La Policía lleva unas semanas realizando averiguaciones en torno a este caso y en los últimos días se habrían producido de hecho los primeros interrogatorios policiales a alguno de los militantes de UM que entrevistó este periódico, quienes han acudido para testificar sobre el caso. Se trata de unas pruebas preliminares enmarcadas en las diligencias abiertas de oficio por el Ministerio Fiscal el pasado 20 de abril con el fin de esclarecer si hubo una trama de compra de votos y voluntades que pudieran haber viciado el ajustado resultado electoral de 2007.

Según denunció, contactó por primera vez con el partido mallorquinista «en mayo de 2006» y siempre a través de la Casa Argentina de Baleares. «Tengo familiares y amigos que la integran y fui a una parrillada, un asado argentino que organizó Josep Lliteres en la rotonda de Palmanova». Siempre según la versión de M. B., allí entró en contacto con Lliteres, «y me pareció una manera de entrar en el partido porque la Casa Argentina se acopló a UM».

En su confesión recordaba que se le prometió que si Unió Mallorquina ganaba las elecciones se le daría «un empleo» en alguna de las empresas públicas o departamentos de las administraciones controladas por la formación entonces presidida por Maria Antònia Munar.

elmundo.es

JOAN POL DECLARARÁ COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ DENTRO DEL CASO BOMSAI

CORRUPCIÓN | Comparecerá el día 11 de agosto

* Le atribuyen prevaricación y cohecho
* Percibió, supuestamente, comisiones en la concesión del parque de bomberos

Efe | Palma

El que fue director de Emergencias durante la pasada legislatura del PP, Joan Pol, ha sido citado a declarar como imputado el 11 de agosto por el juez instructor del "caso Bomsai", que investiga, entre otras cosas, un supuesto desvío de fondos en las obras del nuevo parque de bomberos de Palma.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Pol tendrá que comparecer el día 11 ante el juez Joan Catany, encargado de la instrucción de esta causa de supuesta corrupción en la adjudicación de obras públicas por parte del gobierno autonómico del PP en la pasada legislatura.

Juan Mas, ex socio de Pol, afirmó hace unos días ante el juez que el ex director le hizo falsificar tres facturas por 140.000 euros a una empresa que no conocía y por trabajos que no se hicieron, dinero que se baraja como posible soborno a Pol.

Pol se declaró, en su comparecencia ante la policía el pasado mes de abril, "asombrado" de esta afirmación, ya que dijo que él no llevaba la gerencia de la empresa que poseían ambos, Massal Urbis.

El ex director defendió ante los agentes cuando fue detenido -luego compareció ante el juez y quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros- que estas facturas no correspondieron a una comisión y que "el parque de bomberos es el más limpio que se ha realizado en Mallorca".

Asimismo, afirmó que los pagos de 609.000 euros que se hicieron a la consultora Atlas Capital por un trabajo técnico de elaboración de los pliegos de los concursos del parque de bomberos y la sede de la Conselleria de Salud fueron una "burrada".

Pol afirmó calificó esta cantidad de "astronómica", ya que estos pliegos técnicos tienen un coste "cero".

El juez atribuye a Pol los delitos de prevaricación y cohecho por este caso, al haber percibido supuestamente comisiones en la concesión de las obras del parque de bomberos.

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* El PP se persona en el Palma Arena
* Barceló ve 'estupendo' que el PP se persone como acusación

elmundo.es

"OPERACIÓN PASARELA"; LOS DOS DETENIDOS PASARÁN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS

CORRUPCIÓN | Segunda fase de la operación

* Los dos contratistas de Ibatur han sido detenidos este martes
* La policía ha realizado tres registros en empresas de Palma, Marratxí y Sóller

Europa Press | Palma

Los dos detenidos este mediodía en el marco de la segunda fase de la Operación Pasarela, concretamente, el propietario de la empresa Espiral Producciones Televisión S.L., Guillem Deyà, y el administrador del Centro de Comunicación Creativa, pasarán esta noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en Palma, donde serán interrogados en las próximas horas.

Así lo han informado fuentes policiales, que han señalado que lo "más seguro" es que ambos arrestados permanezcan, al menos, una noche en los calabozos, después de que ya hayan concluido los registros efectuados en la empresa Espiral Producciones Televisión S.L., ubicada en la calle Patronato Obrero, número 29 de Palma, y dedicada a producir anuncios institucionales, spots, programas de televisión, documentales y grafismo.

Asimismo, agentes policiales y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán también han registrado dos empresas más relacionadas con la comunicación y el marketing y conectadas entre sí y con Espiral. Concretamente, los registros se han producido en Fotos Deià, en la localidad mallorquina de Sóller, y en el Centro de Comunicación Creativa, ubicada en Marratxí.

La Policía Nacional ya no prevé efectuar más detenciones en el transcurso de la segunda fase de la Operación Pasarela, que se ha centrado en las tres citadas empresas contratistas del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), investigado en este nuevo caso de corrupción.

La operación pasarela estalló el pasado 29 de junio con varios registros en la agencia Clave y la Fundación Balear Sostenible y con la detención de los ex-gerentes del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern y el secretario y asesor jurídico de esta empresa, Miquel Ángel Bonet, que se enfrentaron a delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

Así, el pasado 3 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, dictó prisión bajo fianza de 350.000 euros para Alabern; de 250.000 euros para Bonet; de 100.000 euros para uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación Juan Velasco y de 30.000 euros para Alía. Por su parte, el juez decretó libertad con entrega del pasaporte al empresario de relaciones públicas Kamal Dorai.

El juez les imputa diversos delitos contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el de malversación, prevaricación, falsedad de documentos oficiales, fraude, cohecho y negociaciones prohibidas para funcionarios públicos. El procedimiento judicial se encuentra bajo secreto de sumario.

Concretamente, la Operación Pasarela indaga el presunto desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares a través del, Ibatur, empresa pública del Govern.

Durante sus declaraciones en la Policía Nacional, los cuatro funcionarios del Ibatur apuntaron hacia los ex altos cargos de la empresa como las personas de quienes emanaban las órdenes en torno a la adjudicación de contratos, la mayoría de ellos a Clave, y a la emisión de facturas falsas. Por su parte, Bonet, quien ya fue detenido en febrero de 2009 en el marco de estas investigaciones, acusó a Alía y Alabern de idear y ordenar esta presunta trama de corrupción.

Además de los cinco imputados que el 3 de julio pasaron a disposición judicial, también fueron arrestados y, posteriormente, puestos en libertad otro de los socios de Clave, Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L. S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba, y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J.
Registros en Mallorca y en Madrid

Cabe recordar que la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se abrió el 29 de junio con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera, Costa Nord, donde se ubica la Fundació Balears Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura se encontraba Pau Collado, imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept.

Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.

Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing --presuntamente relacionada con el 'caso Gürtel'-- y Match Golf --dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en Pula Golf--, que también han sido registradas.

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* Detenidos dos contratistas de Ibatur dentro de Pasarela

elmundo.es

lunes, 12 de julio de 2010

"OPERACIÓN CÁTEDRA"; "ENFOCADME A LOS OJOS: SOY INOCENTE"

TRIBUNALES | Tras quedar en libertad con cargos

El alcalde (en el centro) a su salida de los juzgados. | Efe

Europa Press | Málaga

El alcalde-presidente de la comisión gestora del municipio malagueño de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva, ha defendido este lunes su "inocencia" tras haber estado desde el viernes en los calabozos de la Guardia Civil y prestar declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Antequera -Málaga-, que le ha dejado en libertad con cargos.

Pidiendo a las cámaras de televisión que se encontraban allí que le enfocaran a los ojos, Silva, del grupo político Foro Andaluz y de 27 años de edad, ha declarado con rotundidad: "soy inocente".

Visiblemente cansado, a la salida de los juzgados el alcalde ha agradecido a su familia y a todo el pueblo el apoyo recibido, lo que "me ha permitido aguantar este calvario y me ha hecho sacar fuerzas".

Por su parte, el letrado del alcalde, Fernando Huelin, ha destacado que no se le ha impuesto medida alguna a su cliente tras declarar y ha apuntado que, conforme al auto de libertad, "el supuesto penal que se le imputa es el cohecho". Aún así, desde el TSJA han señalado que tanto a el regidor como a los otros dos detenidos se les imputan los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Ha asegurado que a raíz del interrogatorio "de lo que estamos hablando es de que mi cliente se quería presentar a una asignatura en la que exigen ir a un número determinado de clases y a unos seminarios y él por su trabajo no podía asistir", entonces, ha explicado, iba a hacer una gestión con el profesor de esa asignatura porque sabía que éste había permitido a otras personas en circunstancias similares examinarse.

En este punto, ha indicado que el profesor de la Facultad de Derecho imputado en este caso, que fue detenido junto a Silva el pasado viernes, "se ofreció de forma totalmente desinteresada" -porque conocía al profesor de esa asignatura- a que podía hacer la gestión para que se pudiera examinar.

Huelin ha señalado que éste "lleva en nombre de clientes suyos gestiones en el Ayuntamiento", pero ha apuntado que "en los tres o cuatro expedientes en los que interviene, las resoluciones son desfavorables a los intereses de los clientes, por lo que no existe nada que haga pensar ni de lejos que por la gestión de que pueda examinarse haya recibido algo a cambio".

Según ha añadido, la intención del instructor es levantar pronto el secreto de las actuaciones y se ha mostrado convencido de que, "en cuanto esto ocurra, vamos a poder pedir el archivo de la causa respecto a mi cliente porque esto no tiene relación alguna con él". Ha apuntado, además, que se ha dejado claro ante el juez que "todo lo que hace como alcalde es asistido por los técnicos y funcionarios municipales".

El alcalde llegó al juzgado encargado del caso sobre las 06.45 horas y, posteriormente, lo hicieron los otros dos detenidos: el profesor de la UMA fue trasladado a las 09.20 horas y el abogado con despacho en la capital, a las 12.25 horas, que también han quedado en libertad con cargos.

Asimismo, el hermano del alcalde, que es, además, miembro de la comisión gestora, Juan Manuel Silva, ha señalado que el regidor, tras un fin de semana en los calabozos, "está completamente entero, lúcido y sereno" y ha insistido en que "siempre ha actuado con los principios de legalidad, honradez y honestidad", lo que se evidenciaba en "el número de vecinos que nos están acompañando durante estos días".

apoyo de los vecinos
De hecho, unos 200 vecinos de Villanueva de la Concepción estuvieron concentrados desde las 07.30 horas hasta las 15.30 horas de este lunes en las puertas del juzgado de Antequera, momento en el que salió el alcalde, con pancartas y fotografías en su apoyo.

'Todos somos Ernesto', 'Honestidad + legalidad = ¿detención?' o 'Justicia ya' son algunos de los lemas que podían leerse en las pancartas, mientras que las fotos del alcalde iban acompañadas de palabras como honestidad, dignidad o justicia.

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"OPERACIÓN CÁTEDRA"; EL ALCALDE DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN QUEDA EN LIBERTAD CON CARGOS

TRIBUNALES
Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera

El alcalde (en el centro) a su salida de los juzgados. | Efe

Efe | Málaga

El alcalde de Villanueva de la Concepción -Málaga-, Ernesto José Silva -Foro Andaluz- ha sido puesto en libertad con cargos por presunto cohecho, prevaricación y tráfico de influencias por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Antequera, después de tres días detenido. Aún así, su abogado ha indicado que por el momento sólo tiene conocimiento de que se le imputa un delito de cohecho.

También un profesor universitario y un abogado detenidos en la misma operación, denominada 'Cátedra', han quedado en libertad con los mismos cargos que el alcalde después de declarar ante el juez, ha informado en un comunicado el TSJA, que ha añadido que las actuaciones continúan declaradas secretas.

Según el abogado defensor del alcalde, Fernando Huelin, se ha tratado de "un error que no tiene nada que ver con el alcalde" y el caso puede sobreseerse la próxima semana.

Silva ha salido del Juzgado a las 15.30 horas ante el aplauso de un centenar de vecinos y fue recibido por familiares y amigos.

"Salgo en libertad sin fianza, soy inocente, puedo demostrarlo y lo voy a demostrar", ha señalado a los periodistas Silva, al tiempo que ha agradecido el apoyo de su familia y de la gente del pueblo por permitirle "aguantar el calvario y sacar fuerzas".

Según el abogado defensor, el alcalde no tiene obligación de comparecer ante el juez, aunque debe notificar si cambia de domicilio, ha precisado.

"Este expediente obedece a un error y lo que se está investigando no tiene nada que ver con Ernesto, ya que el profesor tuvo a bien hacer gestiones en la facultad para que pudiera presentarse a examen sin necesidad de ir a clase por la dificultad que tiene por su condición de alcalde", ha señalado Huelin a los periodistas.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción fue registrado por los agentes del instituto armado el pasado viernes durante varias horas, al parecer en busca de expedientes urbanísticos, y se llevaron media docena de cajas con documentos.

elmundo.es

ÁNGEL FENOLL VENDERÁ SUS EMPRESAS DE BASURAS TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL "CASO BRUGAL"

ALICANTE | Se le acusa de cohecho y tráfico de influencias

* 'Esto no hay quien lo aguante. Así no se puede vivir, ni trabajar', dice.
* Niega que la venta esté relacionada con el pago de una fianza de 300.000 €


Efe | Orihuela (Alicante)

El empresario Ángel Fenoll, investigado por el caso 'Brugal', ha anunciado este lunes su intención de poner "inmediatamente" a la venta el grupo de empresas Proambiente-Colsur como consecuencia de "locohs últimos hechos acaecidos" y su "delicado estado de salud".

El juez instructor del caso 'Brugal' decretó el pasado viernes prisión eludible con una fianza de 300.000 euros para este empresario oriolano y de 100.000 euros para su hijo, Antonio Ángel, tras la operación policial desarrollada tres días antes en Alicante y en Orihuela.

Fenoll ha manifestado su decisión de retirarse de "la actividad empresarial" relacionada con ofrecer servicios a la Administración y de vender su participación en el grupo de empresas Proambiente-Colsur, aunque no ha descartado la posibilidad de seguir como empresario dentro del ámbito privado.

"Esto no hay quien lo aguante. Así no se puede vivir, ni trabajar", ha dicho Fenoll.

A este respecto, ha querido precisar que "la Policía hace su trabajo, porque está en su derecho a investigar", y que no echaba "la culpa a nadie, ni al partido que está gobernando", pero ha incidido en que "esto es muy duro" para él.

Fenoll ha afirmado que había resuelto poner a la venta Proambiente-Colsur para garantizar la continuidad de este grupo empresarial en manos de otros inversores y el mantenimiento de los puestos de trabajo, y ha reconocido que "los últimos hechos acaecidos" han "dañado" su imagen como empresario y han afectado a su familia y a él.

Tras aludir a su "delicado" estado de salud, ha subrayado que el grupo de empresas Proambiente-Colsur "no está en crisis", ni registra pérdidas, pero ha argumentado que la situación empresarial podría empeorar si seguía más tiempo al frente de él, pues su nombre está ligado a las investigaciones por el caso "Brugal".

También ha aclarado que la decisión de vender sus participaciones en Proambiente-Colsur "no tiene nada que ver" con el pago de la fianza que el juez les ha impuesto a él y a su hijo para eludir el ingreso en prisión. El abono de la fianza se hará "efectivo" antes del próximo viernes, según el empresario.

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"CASO PALMA ARENA"; EL PP SE PERSONARÁ COMO ACUSACIÓN PARTICULAR

CORRUPCIÓN | Como perjudicado en su imagen y su honorabilidad

* El ex fiscal de la Ignacio Gordillo ha sido contratado por el PP
* Actuará en casos relacionados con la corrupción que atañan al partido

Agencias | Palma

El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, contratado por el Partido Popular de Baleares para que actúe en casos relacionados con la corrupción, presentará este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma la personación en concepto de acusación particular en nombre del PP en la causa del Palma Arena, según ha informado el PP en un comunicado.

El PP se presenta como perjudicado en su imagen y su honorabilidad, en la investigación de esta causa de supuesta corrupción durante la anterior legislatura.

En esta extensa causa se investiga, entre otras cuestiones, una posible financiación irregular del PP por el pago con fondos públicos de dos facturas por casi 5.000 euros por limpieza y servicios de seguridad del velódromo Palma Arena durante un mitin del presidente del PP, Mariano Rajoy, en mayo de 2007.

El mitin de Rajoy se celebró el 18 de mayo de 2007 en el Palma Arena, el velódromo que da nombre al caso de presunta corrupción.

El auto del juez decretando la fianza de 3 millones de euros para el ex presidente del PP y del Govern balear Jaume Matas da cuenta de este presunto delito de financiación irregular, así como del pago de gastos electorales del partido a través de órganos del Govern y de un delito electoral por abonar con dinero negro servicios al partido.

Matas está imputado en este caso por doce delitos de corrupción a raíz de su gestión durante la pasada legislatura, especialmente respecto a supuestos desvíos de fondos en la construcción del velódromo Palma Arena, que costó más del doble de lo presupuestado, y al incremento patrimonial que registró en ese periodo.

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* Barceló ve 'estupendo' que el PP se persone como acusación

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