viernes, 29 de octubre de 2010

"CASO BRUGAL"; UN VIAJE EN YATE AMENAZA LA CARRERA DE LA "LIDERESA" EMERGENTE DEL PP

SONIA CASTEDO, ALCALDESA DE ALICANTE, IMPLICADA EN EL CASO BRUGAL


 La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el presidente de la Generalitat (EFE).

@Alberto Mendoza.-

Un viaje en yate a Ibiza en el verano de 2009 amenaza la carrera política de la lideresa emergente del PP en la Comunidad Valenciana, la alcaldesa de Alicante,  Sonia Castedo. El fiscal anticorrupción considera que debe ser imputada en el marco de la operación Brugal por beneficiar al constructor Enrique Ortiz a cambio de regalos. Castedo negó ayer que hubiera aceptado un coche y unas vacaciones en Andorra de parte del propietario del Hércules C.F., pero admitió que se embarcó con su familia en el yate.

Fuentes próximas PP valenciano dieron por hecho que la alcaldesa acabará imputada, lo que supone un obstáculo significativo para sus ambiciones políticas. Castedo se había perfilado como una importante aliada del presidente Francisco Camps, también acorralado por los casos de corrupción, pero, sobre todo, como una apuesta sólida de cara al postcampsismo.

Con apenas 40 años, la vida profesional de Castedo ha discurrido íntegramente en el Ayuntamiento de Alicante: desde el Gabinete de Prensa, pasando por diversas concejalías, hasta convertirse en primera edil en septiembre de 2008, gracias a la dimisión de su antecesor, Luis Díaz. Ahora, a siete meses de enfrentarse por  primera vez a las urnas, comienzan a escucharse voces en el PP que consideran que no debería ser candidata.

Pero los objetivos de esta alcaldesa van mucho más allá de los límites de la provincia de Alicante. Según fuentes populares, llegó incluso a contratar a una agencia de comunicación para presentarse en Madrid ante los medios de información nacionales. Y, el pasado mes de abril, Castedo ofreció otra muestra de su afán por proyectarse en la capital al arrogarse la autoría de la toma del Congreso de los Diputados, protagonizada por todos los alcaldes del PP.

Los ediles populares acudieron al Parlamento para reclamar al Gobierno una mejora de la financiación local y la retirada de la subida del IVA. Después de la foto con Mariano Rajoy, el equipo de Castedo quiso dejar bien claro que la iniciativa había partido del consistorio alicantino.

Por otra parte, la alcaldesa ha jugado un papel difícil como estandarte de Camps en una provincia controlada por José Joaquín Ripoll, heredero de la corriente que encabezó Eduardo Zaplana. Con gran habilidad, y de forma simultánea, Castedo ha sabido hacerse fuerte en su Ayuntamiento, respaldar al presidente valenciano en sus momentos más difíciles, apostar por Rita Barberá como sucesora, y potenciar su imagen como lideresa emergente del partido. Un ejercicio de equilibrista que la operación Brugal puede desmoronar.

Tranquilidad en Génova
No obstante, desde la calle Génova se lanza un mensaje de tranquilidad. Los casos Brugal y Gürtel ya han salpicado a toda la estructura del PP en la Comunidad Valenciana, por lo que la imputación de Castedo no tendría consecuencias inmediatas para su liderazgo. La dirección popular ha puesto en duda la objetividad de la Fiscalía, así como el valor de los informes policiales, dejando que figuras como Camps o Ripoll decidan sobre su continuidad en el cargo. Al menos, por ahora.

Rajoy, según fuentes populares, juega con el particular tempo de los tribunales de justicia, y ha apostado por la presunción de inocencia antes que por agitar un feudo de tanto peso como el valenciano. “El ejemplo es Carlos Fabra, que lleva 7 años siete años bajo investigación judicial, y parece que se va a retirar voluntariamente antes de que se abra juicio”, apuntaron estas fuentes.

elconfidencial.com

EL EX CONSELLER JAUME FONT DEJA DE ESTAR IMPUTADO EN EL CASO PLAN TERRITORIAL

CORRUPCIÓN  | La fiscalía pide que se archive el caso

ELMUNDO.es | Palma

El ex conseller de Medio Ambiente del Govern de Matas, Jaume Font, ha dejado de estar imputado en el caso Plan Territorial. La Fiscalía Anticorrupción ha optado por apoyar la solicitud de sobreseimiento para Font, quien estaba acusado de prevaricación y malversación.

La decisión de la Fiscalía, que en breve se hará oficial, podría afectar también a otros imputados en la causa, entre los que se baraja a uno de los dueños de Ibercon, el empresario Mateu Sastre, sobre quien recaía la sospecha de haberse beneficiado de información privilegiada.

El fiscal ha tomado la decisión de exculpar a Font tras estudiar las pruebas y los indicios del sumario. El abogado defensor, Josep Zaforteza, reclamó el archivo de la causa sobre el ex conseller.

Debido a su imputación, Bauzá no incluyó a Font en las listas electorales. Como consecuencia, el ex conseller dimitió como portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca. "Es lo razonable", explicó al renunciar.

El ex conseller continuó, en cambio, como diputado y conseller insular. La dimisión se produjo tras la decisión tomada por el presidente de su partido, José Ramón Bauzá, de vetar a todos los imputados en las listas electorales.

El caso Plan Gerritorial se abrió hace tres años, cuando la Fiscalía denunció la comisión de presuntos delitos de prevaricación, urbanísticos, cohechos y otros con ocasión de gestación y aprobación del Plan Territorial de Mallorca (PTM). Todo ello posibilitó que en 2004 se recalificaran 1.000 hectáreas en cinco municipios de Mallorca.


elmundo.es

"CASO IBATUR"; ALÍA TRAS SALIR: "LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO EXISTE EN ESTE PAÍS"

Abona 120.000 euros

    * La familia del ex gerente del Ibatur ha presentado varios avales para completar la fianza que ya han presentado sus hijos en el juzgado de Palma
    * Ha abandonado la prisión pasadas las 20 horas

Esteban Urreiztieta | Palma

El ex-gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, imputado dentro del caso Ibatur, ha pagado la fianza impuesta por el juez Juan Ignacio Lope Sola de 150.000 euros y ha abandonado la prisión minutos después de las ocho de la tarde. Alía se ha mostrado molesto y ha asegurado a los periodistas que 'la presunción de inocencia no existe en este país'.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma impuso el miércoles la caución de la que sólo ha tenido que pagar 120.000, dado que ya abonó 30.000 euros en concepto de fianza para eludir su ingreso en prisión, después de que así lo decretara el juez el pasado 3 de julio. La familia ha presentado varios avales para completar la fianza que han presentado sus hijos en el juzgado.

Así lo han informado fuentes judiciales, que han recordado que Alía llevaba en la cárcel desde el pasado 17 de julio, siendo la única persona imputada en un caso de corrupción que permanecía en la prisión de manera preventiva.
 
Delitos que se le imputan

En concreto, sobre Alía pesan un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, defraudación a la Administración, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto que dictó en primera instancia el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, para desestimar el recurso de reforma que ya interpuso el encausado a través de su letrado José Ignacio Herrero, informa Europa Press.

El abogado, sin embargo, alegó en la vista que su patrocinado no aguarda ninguna intención de huir ni de destruir pruebas, e incluso ha presentado varios informes dirigidos a probar que no percibió dádivas por la concesión de contratos, en contra de lo que en su día declaró el propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey.

Y es que el publicista, quien percibió más de dos millones de euros de diversas contrataciones, confesó ante el juez haber pagado comisiones de un 10 por ciento a Alía bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, no se le seguiría contratando, mientras que al también ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, afirmó haberle pagado unos 12.000 ó 13.000 euros. Tras esta declaración, el pasado 17 de julio el juez procedió a decretar el encarcelamiento de Alía, quien hasta entonces se encontraba en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

No obstante, ésta no es la única confesión arrojada en torno a la actuación presuntamente irregular de Alía, único imputado de la causa que ha ingresado en el centro penitenciario de Palma. Del mismo modo, funcionarios del Ibatur han llegado a aseverar que el ex gerente les instó a fraccionar contratos -menores de 12.000 euros para eludir el concurso público- pese a saber que "no se podía", siendo advertidos de que "si no te gusta, ya sabes donde tienes la puerta".

elmundo.es

jueves, 28 de octubre de 2010

LA FISCALÍA PIDE QUITAR LA IMPUTACIÓN DE RUBIO EN CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN  | Portavoz del PP en el Consell

    * Su abogado pidió hace unas semanas el sobreseimiento del caso
    * La venta del solar se adoptó en un pleno presidido por Miquel Nadal

Efe | Palma

La Fiscalía ha pedido a la jueza instructora del "caso Can Domenge" que levante la imputación del portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio, en esta causa de supuesta corrupción en torno a la venta de un solar.

Así lo ha reclamado Anticorrupción por escrito a la titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, que investiga un presunto cobro de comisiones en el pasado mandato por parte de miembros de UM gracias a la venta por el Consell del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

La venta del solar se adoptó en un pleno del Consell presidido por Miquel Nadal en sustitución de la entonces presidenta de la institución, Maria Antònia Munar, que se encontraba enferma, y con los votos de los consellers de UM y del PP, partidos que formaban parte del pacto de gobierno en el Consell. Después de la petición de la Fiscalía, que también ha reclamado a la jueza que dé por terminada la instrucción de la causa, se tendrá que pronunciar la acusación particular, representada por Núñez y Navarro, cuyos abogados pueden mantener la imputación de Rubio en su escrito de acusación.

El abogado de Rubio, Salvador Perera, pidió hace unas semanas el sobreseimiento del caso para el portavoz del PP, argumentando, entre otras cosas, que Rubio no participó en la tramitación administrativa de la enajenación de la finca. Durante la legislatura pasada, Rubio también era portavoz del PP en el Consell de Mallorca, y Perera afirmaba en su petición que por este motivo se le imputó en el "caso Can Domenge", cuando él votó la venta del solar junto con el resto de consellers de UM y de su partido.

Además, Perera argumenta en su petición que la enajenación de bienes era una materia competencia de la presidenta del Consell, no del pleno, y que se votó en el plenario a petición de Munar. El grupo popular supo que se iba a llevar a pleno unos días antes de la votación, añade el abogado en su escrito, por lo que sus miembros no tuvieron tiempo de revisar la documentación y simplemente comprobaron que la venta había pasado todos los filtros de control. Además, según el letrado, Rubio no sacó ningún beneficio ni enriquecimiento de la aprobación de la venta.

En este caso de supuesta corrupción también están imputados la ex presidenta del Parlament balear y del Consell, Maria Antònia Munar; el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal (UM); el ex conseller insular de Economía y ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens (UM).

Además
    * La Fiscalía mantendrá la imputación de Munar

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; EL PSOE Y EL AYUNTAMIENTO FINANCIABAN ACTIVIDADES CON TERCERAS EMPRESAS

TRIBUNALES
Europa Press | Málaga

Los investigadores del caso 'Astapa', sobre la presunta trama de corrupción político-urbanística de Estepona (Málaga), aseguran, en un informe incluido en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, que tanto el Ayuntamiento como el PSOE financiaban sus diferentes actividades a través de terceras empresas.

Según los policías, la empresa que organizó algunas de estas actividades podría haber cometido actividades irregulares que derivarían en delictivas, dado que "mediante el uso de una facturación falsa se habrían podido encubrir cohechos realizados por terceras mercantiles que podrían derivar en el blanqueo de capitales de los mismos".

"Incluso, se habrían producido cohechos directos con la entrega de regalos, todo lo cual habría tenido como beneficio la adjudicación directa de contratos y concursos públicos ofertados por el Ayuntamiento de Estepona", se añade.

En este sentido, en el informe recogido en el tomo 37 del sumario, se precisa que se habrían "realizado labores de intermediación en la financiación irregular de partidos políticos".

Del sumario se deriva que la empresa que en 2008 resultó adjudicataria del servicio de limpieza en Estepona, Cespa, se hizo cargo de la factura derivada de la contratación de Julio José Iglesias para dar el pregón de las fiestas mayores de 2007 poniendo como concepto "concienciación ciudadana en Benalmádena".

En 2005, según los investigadores, el pregón del artista Miguel Ángel Muñoz lo pagó la empresa S&B Abogados, vinculada con los imputados Juan Simón y Manuel Barroso que afrontaron el gasto de 9.280 euros.

Respecto a los actos de la campaña electoral del PSOE en 2007, del sumario se deriva que los 61.712 euros que costó la contratación del concierto de Estrella Morente se facturó a nombre de Seskala XXI, mercantil a la que también se le facturaron los 105.490 euros que supuso el acto de cierre de campaña que consistió en un concierto de El Arrebato.


elmundo.es

"CASO ASTAPA"; EL EX GERENTE DE URBANISMO DE ESTEPONA INGRESÓ 10 MILLONES EN ANDORRA

TRIBUNALES

Efe | Málaga

El ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Pedro López, ingresó más de diez millones de euros en una cuenta bancaria en Andorra, en un periodo inferior a un mes y medio, según el sumario al que ha tenido acceso Efe.

El dinero localizado, según la investigación, sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del ayuntamiento.

El titular de Instrucción número 1 de Estepona y encargado del caso Astapa, contra la corrupción en este municipio, Jesús Torres, señala en un auto que las entradas de dinero se realizaron "siempre" mediante ingresos en efectivo y transferencias de sociedades con domicilio social en el extranjero, posiblemente en "paraísos fiscales", ordenados por bancos suizos.

La resolución judicial indica que de un informe de la UDEF se desprenden indicios de que los padres y el hermano de Pedro López "podrían estar realizando labores de testaferro para ocultar bienes de procedencia ilícita".

El auto añade que el 18 de abril de 2008 se constituyó una sociedad en Belice, en la que figuran como apoderados el hermano y la madre de López, quienes abrieron ese mismo día una cuenta bancaria en Andorra, y señala que el dinero ingresado provenía "íntegramente de una cuenta del mismo banco cuyos titulares eran los padres de López" y cuyo apoderado era su hermano.

El sumario concluye que hay indicios suficientes para pensar que la operación y el entramado económico tenían por objeto "desvincular la propiedad del dinero de la familia del ex gerente de Urbanismo de Estepona por el PES", aunque hayan continuado vinculados a él como representantes de la sociedad constituida a tal efecto.

A Pedro López se le imputan los presuntos delitos de malversación y cohecho, mientras que a sus familiares directos se les imputan los presuntos delitos de blanqueo, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Además
    * Investigan la reventa de un solar por un millón más
    * La Policía pidió información a Marruecos y Andorra

elmundo.es

EL SOCIALISTA ROQUE MORENO DIMITE COMO EDIL TRAS APARECER EN UN INFORME DEL "CASO BRUGAL"

ALICANTE  | Pidió a Enrique Ortiz que contratara a conocidos

Efe | Alicante

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante y presidente del grupo socialista en la Diputación alicantina, Roque Moreno, ha anunciado este jueves que renuncia a su acta de edil, deja todos sus cargos públicos y volverá a la Universidad.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la que ha comparecido, tras aparecer su nombre en los informes policiales del caso 'Brugal', en el que se revela que Moreno medió para que el empresario alicantino y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, contratara al hijo y la esposa del secretario del ex concejal del Ayuntamiento de Alicante Vicente Ronda.

El informe policial, recogido en el sumario de la operación 'Brugal' recoge que varios miembros de la comisión de seguimiento del Hércules CF del Ayuntamiento de Alicante pidieron favores a Ortiz, imputado en la causa, quien negociaba, por su parte, una transferencia de aprovechamientos entre el sector del estadio del equipo herculano 'José Rico Pérez' y los terrenos ubicados en la zona conocida como La Condomina.

La dimisión de Moreno se suma a la decisión adoptada el pasado 10 de septiembre por el que fue portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, de dejar este cargo a raíz de las informaciones publicadas en las que su nombre aparecía vinculado al 'caso Brugal'.

LA GUARDIA CIVIL REGISTRA EL AYUNTAMIENTO VALENCIANO DE LA POBLA DE FARNALS

La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos delitos urbanísticos

LYDIA GARRIDO - Valencia

La Guardia Civil está registrando las dependencias del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals (Valencia) por orden de la Fiscalía anticorrupción, que investiga varias denuncias por presuntos delitos urbanísticos. Las pesquisas afectan a decisiones adoptadas presuntamente por la actual alcaldesa, Natividad García, pero sobre todo a la etapa del anterior regidor, José Manuel Peralta. García, tránsfuga del PP, se apoyó en otro compañero de grupo y en los seis concejales socialistas de la Pobla de Farnals para derribar en octubre de 2008 a su ex jefe, el popular José Manuel Peralta. El PP dio entonces por expulsados a García y al también tránsfuga Ignacio Lluch. El PSPV suspendió de militancia a sus seis ediles como paso previo a la expulsión.
 
La alcaldesa ha confirmado a Efe que los agentes han pedido dos expedientes municipales de urbanismo que les han sido facilitados. "Hemos colaborado con ellos", ha dicho la alcaldesa, y "la justicia decidirá". García, quien asegura desconocer el contenido de los expedientes, ha mostrado su respeto al "secreto" bajo el que se encuentran estos documentos en el marco de la investigación policial. La alcaldesa, no obstante, ha apuntado a la etapa anterior a su toma de posesión, con Peralta como regidor, al afirmar que los expedientes exigidos por mandato judicial se centran en la construcción de "dos manzanas" de edificios construidos por el equipo de gobierno local anterior, del PP.



UN EX CONSEJERO DE MATAS, INCULPADO EN EL "CASO PALMA ARENA"

A. MANRESA - Palma

El ex consejero balear de Turismo y parlamentario del PP Juan Flaquer ha sido imputado por el juez del caso Palma Arena que investiga una supuesta trama de corrupción en la obra del velódromo de la capital balear y en la gestión publicitaria de su estreno. El ex presidente de Baleares Jaume Matas es el principal implicado y está acusado por seis delitos. Evitó ir a la cárcel al depositar una fianza de tres millones.

El juez José Castro ha encausado a Flaquer por presuntos delitos en la adjudicación en 2007, en un plazo de solo tres días, de 350.000 euros de patrocinio gubernamental a la agencia de publicidad Nimbus para el campeonato mundial de ciclismo. Flaquer declaró en febrero ante el juez que "no haber patrocinado ese evento hubiera sido imperdonable".

Nimbus fue la empresa que llevó la campaña electoral de Matas y del PP en 2007 y su dueño, Miguel Romero, ha confesado al juez que recibió más de 70.000 euros en dinero negro del gerente del Partido Popular, Fernando Areal, cuñado de Matas, para sufragar anuncios políticos.

Flaquer es el primer miembro del Gobierno que presidió Matas entre 2003 y 2007 que queda implicado en el caso Palma Arena, en el que están involucrados una docena de ex altos cargos del PP.

elpaís.com

EL SUMARIO DEL "CASO BRUGAL" DESTAPA UN SINFÍN DE CORRUPTELAS DE CARGOS DEL PP

Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'

Ortiz y Fenoll premiaron a dirigentes que decidían sobre sus negocios

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE.
  
Ortiz presumió ante sus empleados de ser "la mano negra" del plan urbanístico

Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden de Ripoll

La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.

La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.

- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.

El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.

- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.

- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.

- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.

- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.

- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.

Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz. Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.


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EL PORTAVOZ SOCIALISTA EN ALICANTE DIMITE POR SU IMPLICACIÓN EN EL "CASO BRUGAL"

Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Roque Moreno de tráfico de influencias por pedir al promotor Ortiz que colocara a varias personas en una de sus empresas.-El político deja el acta de concejal y de diputado provincial

R. BIOT / E. MOLTÓ - Alicante

El caso Brugal se ha cobrado una nueva víctima política, la segunda desde que comenzaron a desvelarse las supuestas corruptelas en torno al negocio de la basura en la provincia de Alicante y el planeamiento urbano de la ciudad. La mayoría de dirigentes políticos citados en la investigación y acusados de diferentes delitos por el fiscal están en el PP, pero las dimisiones se han producido en el PSPV-PSOE.

"He realizado una llamada de teléfono pidiendo un puesto de trabajo para un compañero que, además, es un gran amigo. Es un error. He cometido un error y pido disculpas, en primer lugar a la sociedad alicantina. Hay muchos casos dramáticos que requieren como mínimo la igualdad de oportunidades. Y también pido disculpas a mis compañeros, a mi gente, porque desconocían la existencia de este error", ha confesado el secretario general del PSPV de Alicante y portavoz municipal,Roque Moreno, al aparecer su nombre en el sumario del caso Brugal por negociar supuestamente con el empresario Enrique Ortiz la contratación en una de sus empresas de la mujer y el hijo del asesor socialista Vicente Ronda. El ex senador Ángel Franco fue el que hizo de intermediario para poner en contacto a Moreno y Ortiz, según recoge el informe policial. Moreno ha defendido durante su intervención que la llamada que realizó fue para ayudar al hijo de su asesor, que se encontraba en una "situación dramática" porque, al igual que su esposa, estaba en paro. El afectado, según Moreno, ya había trabajado en una empresa de Ortiz y estaba "a punto de ser llamado".

Moreno ha aprovechado su intervención para marcar diferencias entre los socialistas y los populares ante los casos de corrupción. "Un político tiene que asumir sus responsabilidades políticas", ha enfatizado al explicar una decisión que ha calificado de "personal". "Estamos asistiendo en los últimos meses a espectáculos que consideraría como mínimo lamentables. Hay casos de corrupción que salpican a toda la Comunidad Valenciana, a todos o a una buena parte de los representantes del Partido Popular. El caso Gürtel, el caso Fabra, el caso Brugal en sus distintas ramificaciones son solo algunos de los ejemplos que hoy podemos sacar y que están haciendo que la política en general esté mal considerada por la sociedad valenciana y alicantina", ha lamentado.

"Día tras día asistimos a un circo en el que muchos malandrines, todos presuntos corruptos, hacen negocios que favorecen a intereses particulares cuando no a los suyos propios, en detrimento y el perjuicio de los intereses generales. Y hoy aparece mi nombre al lado de estos malandrines. Y aparece una llamada de teléfono al lado de casos de corrupción que, desde mi punto de vista, tienen tintes mayúsculos", ha agregado en su argumentación. Moreno también ha defendido que velando por el interés general el grupo que ha dirigido hasta hoy "siempre" ha votado en contra de propuestas que favorecían a Enrique Ortiz, mientras que el PP "siempre" ha votado a favor.

Moreno ha celebrado esta mañana diversas reuniones con sus compañeros de partido para anunciarles su decisión de dejar los cargos. "Es una decisión personal, y es consciente del error", admite una compañera. El líder del PSPV de Alicante dejará su acta de concejal y dimitirá también como diputado provincial, aunque podría mantener sus cargos orgánicos como secretario local del PSPV-PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción acusa Moreno de un supuesto delitos de tráfico de influencias, que basa en que presuntamente pidió al promotor Ortiz que colocara a varias personas en una de sus empresas cuando representaba a su partido en una comisión municipal sobre la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules. Ortiz es el máximo accionista de ese equipo de fútbol y está imputado en el caso Brugal.

El primer cargo socialista en dimitir por el caso Brugal fue el portavoz en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, investigado por un supuesto cohecho en la adjudicación de la planta de basuras de la comarca de la Vega Baja. El negocio de los residuos está en el inicio de las pesquisas policiales y de la Fiscalía Anticorrupción, que ha imputado en el caso, entre otros, al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a la alcaldesa de Orihuela. Mónica Llorente, ambos del PP. Ningún político popular ha abandonado sus funciones, todos insisten en negar las acusaciones. También lo hacen los socialistas afectados, pero al menos dos han dimitido mientras culmina la investigación judicial.


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NUEVAS REVELACIONES DEL "CASO BRUGAL"; UNA NUEVA GRABACIÓN MUESTRA LA CONNIVENCIA ENTRE EL EMPRESARIO ORTIZ Y EL GOBIERNO VALENCIANO

Consejero valenciano da Infraestructuras: "Has resultado adjudicatario... Muérete"; Constructor Enrique Ortiz: "Te quiero"

Madrid

Las conversaciones grabadas por la policía en el marco de la investigación de la Operación Brugal, la desarticulación de una trama de corrupción ligada a las contratas en Alicante -que hoy ha provocado la dimisión del portavoz socialista en el Ayuntamiento-, han destapado la connivencia entre Mario Flores, el consejero de Infraestructuras del Gobierno de Francisco Camps, y Enrique Ortiz, principal promotor inmobiliario de la Comunidad Valenciana. En una de esas conversaciones, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Flores adelanta a Ortiz que ha resultado adjudicatario de una obra:

Mario Flores: Oye, nada, te llamo solamente para decirte que has sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. O sea, muérete.

Enrique Ortiz: "Ya lo sé. Nada. Bueno. Te quiero".
La nueva cinta es una pieza más de un sumario de 40 tomos o 20.000 folios que resume una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante y que salpica a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la Comunidad Valenciana, pero también a alguno del PSOE.

elpaís.com

miércoles, 27 de octubre de 2010

"CASO ASTAPA"; INVESTIGAN LA REVENTA DE UN SOLAR POR UN MILLÓN MÁS EL MISMO DÍA DE LA COMPRA

TRIBUNALES

Efe | Málaga


La Policía Nacional investiga en el marco del 'caso Astapa' la venta de una parcela de los padres del ex jefe de gabinete de Alcaldía de Estepona (Málaga) José Flores, a una empresa que la revendió ese día a otra sociedad por aproximadamente un millón de euros más que en la primera operación.

Según desvela el tomo XXXII del sumario del caso Astapa, al que ha tenido acceso Efe y donde se investiga la presunta corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona, el hermano de Flores declaró que desconocía que se hubiera producido una segunda venta de los terrenos.

Por su parte, el adquiriente indicó que "la primera y segunda compra-venta fueron consecutivas, estando todas las personas participantes de las mismas en la notaría".

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional estima necesario que el juzgado emita una Comisión Rogatoria Internacional al Reino Unido para que localice a los compradores, dos ciudadanos británicos y se les tome declaración.

El objetivo es esclarecer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que podrían haber cometido a raíz de dichas compras y determinar la implicación en las mismas de las personas participantes.

En el 'caso Astapa', iniciado el 17 de junio de 2008, hay 70 imputados, entre los que figuran el ex alcalde, Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de Gabinete, José Flores; y los ediles del Partido Estepona, José Ignacio Crespo y Manuel Reina.

Crespo y Reina continúan formando parte de la Corporación, al igual que otros seis ediles no adscritos, cinco de los cuales fueron expulsados del PSOE a raíz de su imputación en esta trama.

Los delitos que se imputan van desde el blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros.

El caso se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía al entender que en el Ayuntamiento se podrían estar cometiendo los presuntos delitos de malversación o cohecho, entre otros.

JOSÉ MARÍA PAJÍN NIEGA HABER MEDIADO ENTRE ORTIZ Y FOMENTO EN EL PLAN URBANÍSTICO DE RABASSA

Nuevas revelaciones del 'caso Brugal'

El empresario alicantino se quejó al padre de la ministra de Sanidad de que la Administración central le "maltrataba"

EP / Alicante / Valencia

El político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado hoy a la Cadena SER en Alicante que no ha mediado en el plan urbanístico de Rabassa, en Alicante, entre el empresario alicantino Enrique Ortiz y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. En una de las conversaciones grabadas a Ortiz en la investigación del caso Brugal, el empresario comenta al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi que intentará que el padre de la ministra medie ante Carreteras para desatascar la aprobación del plan urbanístico, que prevé 13.500 viviendas. "A ver si me hace una gestión", afirma Ortiz en la grabación. "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está", le contesta Díaz Alperi. La ministra negó ayer tajantemente que hubiera hecho ninguna gestión para Ortiz y recordó que tanto ella como el resto del PSOE se opusieron al plan Rabassa.

Hoy, en una entrevista concedida a la Cadena SER, José María Pajín también ha negado que hiciera la gestión pedida por Ortiz. Pajín, que fue asesor en la subdelegación del Gobierno en Alicante, ha explicado que Ortiz le pidió "por medio de otra persona" que tomara "un café" con él, a lo que accedió sin "muchas ganas". "Todavía estando yo jubilado, por medio de otra persona, me pidió tomar un café y aunque no tenía muchas ganas accedí a escucharlo", ha señalado.

Pajín ha indicado que en su encuentro, Ortiz le planteó que "tenía un problema de carreteras", que "le maltrataban mucho los ministerios" y que "se sentía dolido" por esto. "Yo le dije que no me lo creía y que estaba jubilado" ha subrayado Pajín, quien ha señalado que en la fecha de esa reunión "supone" que el Plan Rabassa "estaba aprobado". "Estoy acostumbrado a recibir personas y a escuchar que si la Administración no agilizaba proyectos de carreteras, se iban paralizando otros proyectos de muchas ciudades", ha añadido.

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EL TSJ DE VALENCIA SE DECLARA COMPETENTE EN LAS QUERELLAS DEL PP CONTRA ÁNGEL LUNA

Los populares acusan al portavoz socialista de revelar un documento de Gürtel que era secreto y de supuestos cohecho por una reforma en su casa

Valencia

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se ha declarado competente para hacerse cargo de las dos querellas presentadas por el PP contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por supuesta revelación de secretos y por presunto cohecho.

La primera querella contra el portavoz socialistala presentó el PP por esgrimir durante una sesión un documento del sumario del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. La Sala de lo Civil y Penal se hace cargo así de la causa que investigó del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, al que le pide las diligencias. En un comunicado, el TSJCV explica que pedirá la certificación de la condición de diputado de Luna y de su condición de portavoz. "El magistrado instructor decidirá en su momento sobre la personación instada por quienes han presentado la querella", añade.

El PP decidió presentar la querella contra Luna por exhibir en un pleno de las Cortes del pasado mayo un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre la adjudicación de contratos por parte de RTVV en la visita del Papa a Valencia en 2006, en el marco de la investigación del caso Gürtel. Según el PP, el documento aún estaba bajo secreto de sumario en ese momento.

Tras conocer esta decisión de la Sala de lo Civil y Penal, Luna ha manifestado que se encuentra a la "entera disposición" del TSJ valenciano y ha subrayado que va a estar incurso en un procedimiento judicial "por denuncia de una colla de imputados encabezados por el propio presidente" de la Generalitat, Francisco Camps. "A mí no me denuncian los jueces, ni los fiscales ni la policía", ha remarcado. También ha censurado Luna que los populares "no paran de descalificar a los fiscales, a los jueces y a los policías", mientras que él respeta "profundamente" la actuación de los tribunales, y en concreto del TSJ valenciano. "Hay una denuncia que tiene que ser instruida, esa denuncia me afecta a mí y, por tanto, como aforado tienen que instruirla ellos; soy totalmente respetuoso y desde este momento me declaro a su entera disposición para lo que quieran disponer en relación con mi persona", ha añadido el portavoz socialista.

La Sala de lo Civil y Penal también se ha declarado competente para investigar a Luna en relación con la segunda querella del PP por un supuesto delito de cohecho durante su etapa como alcalde de Alicante, entre los años 1991 y 1995. El PP acusa a Luna de haber aceptado que empresas del promotor Enrique Ortiz se hicieran cargo de una reforma en su casa por valor de 698.600 de las antiguas pesetas como supuesta compensación por favores que le habría realizado mientras fue alcalde. La reforma del piso se hizo cuando Luna ya no ejercía ningún cargo público.En esa misma querella, el PP acusa a Luna de prevaricación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública durante su etapa como alcalde, pero el TSJ rechaza esta acusaciónpor entender que del relato de los hechosno se desprende indicio alguno de ese delito.

El TSJ pide 9.000 euros, a pagar de forma solidaria, para que el PP pueda personarse como acusación popular en la causa.


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MÁS DE 40 IMPUTADOS POR DELITOS URBANÍSTICOS EN EL VALL D'ARAN

Se investiga la autorización de obras para convertir antiguas cabañas de pastores o bordas en viviendas

LLUÍS VISA - Lleida

Efectivos del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Lleida han imputado a un total de 41 personas, entre ellas un ex alcalde y varios constructores, por un presunto delito contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales realizadas en los términos municipales de Vielha, Naut Aran y Es Bordes, en el Vall d'Aran.

La investigación se inició a principios de 2009 en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente, después de varias denuncias relacionadas con varias construcciones ilegales en suelo rústico de protección especial en los municipios de Vielha, Naut Aran y Es Bordes. En concreto, la irregularidad urbanística consiste en la autorización de obras para convertir antiguas cabañas de pastores o bordas en viviendas entre los años 2003 y 2007. La mayoría de dichas construcciones carecían de licencia municipal, del informe de la comisión provincial de Urbanismo de la Generalitat y del informe favorable del Conselh Generau d'Aran, máxima institución de autogobierno del valle. Además incumplen la normativa técnica sobre medidas y alturas. Todas ellas estaban situadas en suelo no urbanizable de protección especial, no legalizable por su situación y hallándose algunas en espacios protegidos de interés natural (PEIN).

Entre las personas imputadas por la Guardia Civil en este presunto caso de delito urbanístico se encuentran el ex acalde de Vielha y actual vicepresidente de la Diputación de Lleida, Joan Riu, de Unitat d'Aran(UA), y la secretaria municipal, que podrían ser acusados además de un delito de prevaricación. También figuran varios promotores, constructores y particulares del valle.

elpaís.com

NUEVAS REVELACIONES DEL "CASO BRUGAL"; "TENEMOS QUE PRESENTARNOS A TODO. AQUÍ NOS TOCA. ¡MADRE MÍA!

LOS NEGOCIOS DE ENRIQUE ORTIZ CON EL GOBIERNO VALENCIANO

Hermanos de consejeros de Camps negocian concursos con el promotor - El empresario dice que trataría con el padre de Leire Pajín sobre una carretera

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular.

 "¿Eso no se puede amañar o qué?", pregunta Ortiz sobre el plan eólico

El alcalde: "Que Leire coja y hable con el director general y ya está"

En las conversaciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan diversas gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para negocios pagados con dinero público.

- Juzgados de Valencia. En una de las conversaciones, correspondiente a 2008, Ortiz habla con Alberto de Rosa, hermano de Fernando, entonces consejero de Justicia valenciano y hoy vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Alberto de Rosa le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna y este le responde que porque creía que Lubasa era la empresa que podía llevarse el mismo. El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".

- Concurso eólico. Enrique Ortiz pretende sacar tajada del concurso de parques eólicos de la Comunidad Valenciana y llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Pero Cotino, que parece tener información privilegiada sobre ese proyecto multimillonario, le desanima: "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja.

- Plan Rabassa de Alicante. El alcalde de Alicante en 2008, Luis Díaz Alperi, del PP, apremia al empresario Enrique Ortiz para sacar adelante el Plan Rabassa, la mayor operación urbanística en la ciudad de Alicante con el desarrollo de 13.500 viviendas en la periferia.

Por la conversación se deduce que el Ministerio de Fomento tiene en sus manos la aprobación definitiva del proyecto y falta la autorización del director general de Carreteras. A este proyecto se opuso la Delegación del Gobierno, porque no estaba garantizado el suministro de agua para la nueva población de las 13.500 viviendas, y también el PSOE. El regidor Díaz Alperi mete prisa a Ortiz: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo por Dios". Y el promotor inmobiliario le cuenta que ha quedado con "Chema Pajín", padre de la actual ministra de Sanidad, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno, "a ver si me hace una gestión". El alcalde de Alicante le contesta: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".

La actual ministra y entonces secretaria de Organización del PSOE, afincada familiarmente desde hace años en Benidorm (Alicante), se mostró anoche muy tranquila sobre el contenido de estas conversaciones. Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.

Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.

Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa.

"Me ha llamado mi hermano..."

Alberto de Rosa es director general de Ribera Salud, una empresa privada que gestiona cinco hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. En junio de 2008, Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, entonces consejero de Justicia, habla con Enrique Ortiz:

Alberto de Rosa. Me ha llamado mi hermano y me dice, oye, que no se ha presentado Enrique a Paterna.

Enrique Ortiz. En Paterna... ¿A qué provincia pertenece Paterna?

A. de R. A Valencia.

E. O. ¿De cuánto era la obra?

A. de R. No lo sé, de 10 u 11 millones.

E. O. Eso es lo que me dijiste que estaba muy bien Lubasa.

A. de R. No, ese era Villareal.

E. O. Ostias.

A. de R. No pasa nada, oye.

E. O. Vamos a quedar, yo voy a dar orden a partir de ahora que todo lo que salga que nos presentemos.

A. de R. Perfecto.

E. O. Tenemos que quedar la semana que viene y comemos los tres.

A. de R. Vale, perfecto.

Ortiz habla luego con uno de sus empleados al que le explica: "Yo le llamo a Alberto de Rosa para comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones. Me dice, el de Villareal es para Lubasa pero el de Paterna puede ser, y ahora me llama y me dice, si no te has presentado. Le voy pidiendo y no me presento. Tócate los cojones. Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!... Alberto, que nos llevamos de puta madre, me dice, pero Enrique ¿Cómo puede ser esto? Se ha quedado alucinado."

"Está el pescado vendido ya"

El 13 de junio de 2008, Enrique Ortiz llama a Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino. Ambos son empresarios, adjudicatarios de múltiples contratos de la Administración valenciana. Ortiz le pregunta si se presentan al concurso de los parques eólicos con Diversia.

Vicente Cotino. Olvídate.

Enrique Ortiz. ¿Eso no se puede amañar o qué?

V. C. Está todo el pescado vendido.

E. O. Ya, pero, y ¿quién está? ¿Quién está metido ahí?

V. C. Iberdrola, para él.

E. O. ¿Todo?

V. C. Sí.

E. O. ¿Y nada para nadie?

V. C. Es que van a traer a Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente.

E. O. Entonces no hay ni que pensar en eso.

V. C. Nada, no pierdas ni un minuto.

E. O. Es que me ha llamado gente de Eólicos de Castilla-La Mancha.

V. C. Nada, tú diles que no, que es mucha inversión o lo que quieras, pero eso está vendido el pescado.

E. O. ¿No vamos a ir nadie?

V. C. Irá Endesa, irá Acciona, irán los que tengan que ir, pero de acompañamiento.

E. O. ¿No hay manera de que nos metan en ningún lado a nadie?

V. C. Nada. De todas formas, yo el lunes he quedado con José Luis. Si quieres se lo digo, pero imposible.

E. O. Hombre, Diversia deberíamos. Yo, yo lo digo porque ¿quieres que le diga yo algo a Mario?

V. C. No, Mario no pinta nada ahí.

El concurso eólico fue adjudicado en junio del año siguiente a la empresa Iberdrola Renovables.

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martes, 26 de octubre de 2010

"CASOS CAN DOMENGE Y PTM"; LA FISCALÍA DECIDIRÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SI MUNAR Y FONT CONTINÚAN IMPUTADOS

Europa Press | Palma

El Fiscal Jefe de la Fiscalía especial Anticorrupción, Antonio Salinas, decidirá e informará en "unos pocos días" a los fiscales delegados de la misma en Baleares Pedro Horrach y Joan Carrau y al Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, si siguen imputados o no la ex presidenta del Parlament y ex presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, en el caso Can Domenge y el ex portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Jaume Font, en el caso Plan Territorial de Mallorca (PTM).

Así lo ha desvelado Barceló ante los periodistas que le han preguntado sobre el futuro de Munar y Font en los casos de corrupción política en los que en estos momentos están imputados.

Según Barceló, los fiscales delegados en Baleares de Anticorrupción han llegado a un punto en los casos Can Domenge y PTM en el que tienen que decidir sobre si Munar y Font siguen imputados o no, y para ello han remitido estas cuestiones al Fiscal Jefe de Anticorrupción para que sea él quien tome esta decisión, al ser dos casos atribuidos a esta fiscalía.

Asimismo, el Fiscal jefe de Baleares ha asegurado que es un "procedimiento habitual" y que, debido a la complejidad de ambas causas y al hecho de que se están "moviendo" intereses de gente que se puede ver "afectada", es "importante" que se resuelva la imputación o no de Munar y Font después de haberse meditado "en profundidad".
 
Además
    * La mujer del testaferro de Munar dobló su sueldo
    * El testaferro de Munar deja de ir a las juntas

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; EL JUEZ ABRE EL SECRETO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN BANCARIA

63 imputados en la trama de corrupción de Estepona

FERNANDO J. PÉREZ - Málga

El juez ha levantado el secreto de una veintena de tomos de la instrucción del caso Astapa, la trama de corrupción investigada en el Ayuntamiento de Estepona y en la que hay70 imputados por irregularidades de todo tipo, desde la contratación de servicios hasta las concesiones o empleos municipales. Los principales delitos que se imputan en esta causa son blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La apertura del secreto deja al descubierto la documentación bancaria, la correspondencia y las actuaciones principales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona ya ordenó bloquear 95 cuentas corrientes, 13 fondos de inversión, acciones y un plan de pensiones, todo ello por valor de 13,6 millones de euros. El juez ha acordado asimismo la prórroga del secreto del resto de actuaciones.

El caso comenzó en junio 2008 y desde mayo del pasado año no se levantaba el secreto de la instrucción por la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación, según indicaba en sus autos el juez Jesús Torres.

Entre los imputados por el caso Astapa se encuentran el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, su jefe de gabinete, José Flores, los ediles del Partido Estepona José Ignacio Crespo y Manuel Reina, que continúan formando parte de la Corporación, y otros seis ediles no adscritos, cinco de los cuales fueron expulsados del PSOE a raíz de su imputación en la presunta trama de corrupción.

El caso se inició tras la denuncia interpuesta en noviembre de 2006 por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez ante la Dirección General de la Policía al entender que en el Ayuntamiento se podrían estar cometiendo los presuntos delitos de malversación o cohecho.

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LA CORRUPCIÓN SE ESTANCA EN ESPAÑA POR EL PINCHAZO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA

La apertura de muchas investigaciones para depurar responsabilidades hace que pare el incremento de los últimos cinco años

INMACULADA DE LA VEGA | EFE - Madrid

La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España, después de cinco años de incremento, debido a la menor inversión inmobiliaria por el pinchazo de la burbuja urbanística y a la apertura de numerosas investigaciones para depurar responsabilidades en ese sector. Esta es la conclusión que se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional (TI), que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.

Informe completo del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 (en inglés)
DOCUMENTO (PDF - 6,75Mb) - 26-10-2010

Según el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, España ha mantenido este año la nota cosechada en el ejercicio anterior (6,1 puntos) debido a la crisis económica, que ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario". Lizcano destaca en el Mapa Mundial de Corrupción, que los países que aparecen en rojo son los más corruptos pero que a tal corrupción contribuyen las empresas de países desarrollados, que aparecen en amarillo y con menor índice de corrupción. TI lleva a cabo también un índice de trasparencia en los ayuntamientos y está cerrando otro sobre las comunidades autónomas.

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria también ha explicado que en los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local. "Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes, había discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero, lo que hacía de esas circunstancias un cóctel explosivo", ha dicho Villoria, que ha añadido que en la actualidad la corrupción ha mermado por la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes para aprobar convenios.

Villoría ha citado la percepción del Eurobarómetro de la Unión Europea de 2009: el 75% creía que en su país había corrupción: en España se elevaba al 89% el porcentaje, porcentaje similar al de quienes consideraban que hay corrupción en los ayuntamientos. "Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabiliza 750 investigaciones con políticos implicados; 1.000 personas implicadas y más de 3.000 millones de euros incautados en casos en casos de corrupción", anotó Villoria va a tomar parte en una investigación que financia la Unión Europea para evaluar la calidad de la democracia en 27 países: empezarán por analizar los medios de comunicación.

En la presentación del índice, el jurista Antonio Garrigues Walker ha denunciado que España no tiene en cuenta la importancia de este y otros índices, como el de la innovación, a pesar de que hay herramientas para que los inversores decidan si apostar o no por un país.

España, en el puesto 30

Gracias a estos factores, España ha podido mantener su calificación este año y colocarse en el puesto 30 de los países menos corruptos del mundo, frente al puesto 23 que llegó a ostentar en 2004, cuando obtuvo una nota de 7,1 puntos, que no ha parado de descender desde entonces.

"Espero fervientemente que nos encontremos en un punto de inflexión" ha dicho el máximo responsable de Transparencia Internacional en España, que ultima un estudio sobre la corrupción en las Comunidades Autónomas. Los miembros de la organización también han confiado en que se mejore la inversión en personal especializado en la lucha contra la corrupción porque esas actuaciones siempre "dan resultados".

A nivel mundial, la crisis económica ha alterado este año sustancialmente la clasificación que elabora la organización, debido a que el rescate de entidades financieras afectadas por los activos tóxicos ha aumentado la percepción de corrupción en muchos países. No obstante, Dinamarca sigue liderando el listado de países menos corruptos, con una nota de 9,3, la misma que Nueva Zelanda y Singapur. Por regiones, en Europa suspenden ocho de 22 países mientras que en Asia Central y Europa del Este, suspenden todos.

El profesor Jesús Sánchez-Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de TI, ha recordado que España viene descendiendo en su puntuación desde 2004. "Que sólo mantenga su puntuación y se sitúe en el puesto 30 de un total de 179 países es insuficiente al tratarse de la octava potencia mundial y ser la corrupción una de las mayores lacras mundiales". A su juicio, países como Islandia, Estados Unidos y Suecia desciendan posiciones arrastrados por impacto de la crisis y el comportamiento de los sistemas financieros, especialmente por la presencia de activos tóxicos procedentes del mundo inmobiliario.

En el lado contrario, suben posiciones Haití, Singapur y Chile. En el primer caso, por la presencia internacional y en los otros dos "por sus destacados esfuerzos en la lucha contra la corrupción". El país americano, rodeado de algunos de los más corruptos del mundo, ha incorporado a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas; una medida que también incorporará la reforma del Código Penal español que llega a contemplar la liquidación de la empresa implicada en procesos de corrupción. "Si bien requiere reforma procesal para que se aplique y no dará frutos en la lucha contra la corrupción hasta dentro de seis o siete años", según Sánchez-Lambás.

elpaís.com

EL FISCAL IMPLICA EN EL "CASO BRUGAL" A UN EX PRESIDENTE Y UN DIRECTIVO DE LA CAM, Y A DOS CARGOS DE BANCAJA

La trama relacionada con los supuestos tratos de favor al promotor Enrique Ortiz en el plan general de Alicante afecta a 21 personas, entre ellas la alcaldesa y su antecesor

SANTIAGO NAVARRO - Alicante 

La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos.

El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.

Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.

El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.

El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.

La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.

Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución. En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

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