El fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, tras concluir la instrucción del proceso contra Carlos Fabra, aventuró el pasado otoño que el juicio al presidente del PP y de la Diputación en Castellón tendría lugar la "próxima primavera". Eso fue antes de la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón que, de forma sorprendente para las acusaciones y para el juez instructor de Nules, ha archivado cuatro de los cinco supuestos delitos fiscales de los que se acusa a Fabra, por considerar que han prescrito. Tanto Anticorrupción como la UCE, acusación popular en el caso, han anunciado la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Supremo, lo que demorará la causa "entre ocho meses y un año" según fuentes del caso.
Carlos Fabra sigue acusado de un supuesto delito fiscal cometido en 1999, tráfico de influencias y un posible cohecho, pero las acusaciones quieren que también responda ante la Justicia por los cuatro supuestos delitos fiscales cometidos entre 2000 y 2003, cuando habría ocultado a Hacienda 3,6 millones de euros y defraudado una cuota cercana al millón.
La sección segunda de la Audiencia Provincial considera que estos delitos han prescrito porque han pasado más de cinco años desde la supuesta comisión del último delito sin que nadie hubiera interpuesto una demanda o ampliación de querella para detener el plazo de prescripción.
Pero las acusaciones recuerdan que la misma sala de la Audiencia Provincial, que ahora archiva la causa para esos delitos, ordenó en 2006 la investigación de la renta y el patrimonio de Carlos Fabra entre 2000 y 2003. Una orden que debería ser suficiente para detener la prescripción. Además, recuerdan, existe una denuncia anterior de la Agencia Tributaria, correspondiente a la renta de Fabra de 1999, que debió paralizar el plazo prescriptivo según la UCE.La acusación popular confía en que el Tribunal Supremo admita los recursos contra la prescripción de los cuatro delitos fiscales. La decisión del Alto Tribunal sobre la admisión a trámite puede ser "bastante rápida" según fuentes del caso, pero el fallo definitivo que permitirá saber de cuántos delitos se juzga posiblemente a Carlos Fabra tardará mucho más porque el Supremo "tiene sus tiempos", dicen las mismas fuentes.
En cualquier caso, la situación ha supuesto un balón de oxígeno para el Partido Popular en la provincia de Castellón y también en la Comunidad Valenciana, que temía la celebración del juicio oral en vísperas de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Tanto por el peso específico de Carlos Fabra en la dirección provincial del PP, admiten fuentes del partido, como por las consecuencias para la cúpula regional y el propio Francisco Camps, quien ha mostrado en diversas ocasiones su apoyo sin fisuras a la figura del líder del PP en la provincia de Castellón. En el Partido Popular se vivía ayer un moderado optimismo porque si al final tiene lugar el juicio, se celebrará cuando Carlos Fabra haya abandonado la presidencia de la Diputación y, "tal vez", según las mismas fuentes, la presidencia provincial del partido en Castellón, por lo que carecería del impacto mediático que tiene en la actualidad.
Connivencia judicial
La decisión de la Audiencia Provincial de Castellón ha provocado las críticas de los grupos de la oposición y en concreto de la diputada autonómica de Iniciativa Mònica Oltra, quien ha censurado la "connivencia" entre el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, y Carlos Fabra. La diputada ha recordado las "estrechas relaciones" entre ambos, como prueba que "Fabra sufragase a través de la Diputación la edición de un libro de la esposa de Domínguez". La portavoz de Iniciativa reclama a Domínguez "imparcialidad y objetividad" y se pregunta "cómo es posible que la Justicia sea tan dura con cualquier ciudadano de a pie" a quien "le resulta prácticamente imposible librarse por una cuestión formal", y haya actuado "de esta forma con Fabra".
Por su parte, la vicesecretaria general provincial del PSPV en Castellón, María José Salvador, invitó ayer a Fabra a "abrir una asesoría fiscal para dar consejos de cómo engañar a Hacienda", después de que "todo el PP esté presumiendo de la estrategia judicial que le ha permitido librarse".
Carlos Fabra sigue acusado de un supuesto delito fiscal cometido en 1999, tráfico de influencias y un posible cohecho, pero las acusaciones quieren que también responda ante la Justicia por los cuatro supuestos delitos fiscales cometidos entre 2000 y 2003, cuando habría ocultado a Hacienda 3,6 millones de euros y defraudado una cuota cercana al millón.
La sección segunda de la Audiencia Provincial considera que estos delitos han prescrito porque han pasado más de cinco años desde la supuesta comisión del último delito sin que nadie hubiera interpuesto una demanda o ampliación de querella para detener el plazo de prescripción.
Pero las acusaciones recuerdan que la misma sala de la Audiencia Provincial, que ahora archiva la causa para esos delitos, ordenó en 2006 la investigación de la renta y el patrimonio de Carlos Fabra entre 2000 y 2003. Una orden que debería ser suficiente para detener la prescripción. Además, recuerdan, existe una denuncia anterior de la Agencia Tributaria, correspondiente a la renta de Fabra de 1999, que debió paralizar el plazo prescriptivo según la UCE.La acusación popular confía en que el Tribunal Supremo admita los recursos contra la prescripción de los cuatro delitos fiscales. La decisión del Alto Tribunal sobre la admisión a trámite puede ser "bastante rápida" según fuentes del caso, pero el fallo definitivo que permitirá saber de cuántos delitos se juzga posiblemente a Carlos Fabra tardará mucho más porque el Supremo "tiene sus tiempos", dicen las mismas fuentes.
En cualquier caso, la situación ha supuesto un balón de oxígeno para el Partido Popular en la provincia de Castellón y también en la Comunidad Valenciana, que temía la celebración del juicio oral en vísperas de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Tanto por el peso específico de Carlos Fabra en la dirección provincial del PP, admiten fuentes del partido, como por las consecuencias para la cúpula regional y el propio Francisco Camps, quien ha mostrado en diversas ocasiones su apoyo sin fisuras a la figura del líder del PP en la provincia de Castellón. En el Partido Popular se vivía ayer un moderado optimismo porque si al final tiene lugar el juicio, se celebrará cuando Carlos Fabra haya abandonado la presidencia de la Diputación y, "tal vez", según las mismas fuentes, la presidencia provincial del partido en Castellón, por lo que carecería del impacto mediático que tiene en la actualidad.
Connivencia judicial
La decisión de la Audiencia Provincial de Castellón ha provocado las críticas de los grupos de la oposición y en concreto de la diputada autonómica de Iniciativa Mònica Oltra, quien ha censurado la "connivencia" entre el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, y Carlos Fabra. La diputada ha recordado las "estrechas relaciones" entre ambos, como prueba que "Fabra sufragase a través de la Diputación la edición de un libro de la esposa de Domínguez". La portavoz de Iniciativa reclama a Domínguez "imparcialidad y objetividad" y se pregunta "cómo es posible que la Justicia sea tan dura con cualquier ciudadano de a pie" a quien "le resulta prácticamente imposible librarse por una cuestión formal", y haya actuado "de esta forma con Fabra".
Por su parte, la vicesecretaria general provincial del PSPV en Castellón, María José Salvador, invitó ayer a Fabra a "abrir una asesoría fiscal para dar consejos de cómo engañar a Hacienda", después de que "todo el PP esté presumiendo de la estrategia judicial que le ha permitido librarse".
elpaís.com
