EL PP CREE QUE LO PEOR DEL "CASO GÜRTEL" HA PASADO

La investigación de la trama corrupta

CARLOS E. CUÉ - Madrid

El caso Gürtel y sus múltiples derivadas políticas entran en la fase clave para el PP, afectado por el mayor escándalo de corrupción desde 1989, cuando estalló el caso Naseiro. El mes de enero estará con seguridad plagado de noticias judiciales y políticas sobre el asunto. Los populares se preparan para las noticias con preocupación, puesto que el asunto es delicado, pero también optimistas. La dirección cree que ha pasado lo peor. Además asegura en privado que las encuestas favorables prueban que el asunto no tiene un coste político real.

Lo que más preocupa es la situación de Francisco Camps. Los estrategas populares que siguen más de cerca el caso están convencidos de que el Supremo admitirá a trámite el recurso de la fiscalía para que Camps se siente en el banquillo por recibir 12.000 euros en trajes, pero creen firmemente ?y tienen fuentes en el Supremo que lo avalan? que el tribunal rechazará finalmente el recurso y el presidente valenciano se salvará de ser enjuiciado.

También preocupa, desde el punto de vista mediático, el levantamiento del secreto del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el Supremo. En el PP se apuesta a que ambas cosas sucederán este mes. La última apertura parcial del sumario generó un enorme revuelo por las polémicas conversaciones transcritas. Para enfrentarse a esta oleada, el PP ha aprobado un nuevo código ético que el lunes será aprobado por la Junta Directiva Nacional.

También en este mes debe resolverse una derivada de Gürtel: la suspensión de militancia de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano. La dirección tiene dos semanas para explicar a Costa por escrito de qué se le acusa.

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Caso Gürtel
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"CASO MATSA"; EL SUPREMO PARTIDARIO DE ADMITIR LA QUERELLA CONTRA CHAVES

J. Y. - Madrid -

La Sala Segunda del Tribunal Supremo es partidaria de admitir a trámite la querella presentada por el PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, según confirmaron ayer fuentes del citado tribunal.

El Partido Popular presentó en julio pasado una querella por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el político andaluz, a raíz de la concesión, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, de una subvención a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que su hija Paula trabaja como letrada.

El consejero de Innovación del Ejecutivo andaluz, Manuel Soler, compareció en el Parlamento autonómico donde explicó que el incentivo de 10.093.472,70 euros a la multinacional canadiense Matsa fue concedido antes de que la hija de Chaves lo representara.

El Supremo ya archivó una querella por estos mismos hechos presentada por el pseudosindicato Manos Limpias por no encontrar indicios de tráfico de influencias ni prevaricación.

Sin embargo, ahora, una sala integrada por Juan Saavedra (presidente), Andrés Martínez Arrieta (ponente), Miguel Colmenero, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar es partidaria de admitir a trámite la querella del PP, aunque reconocen que es muy deficiente.

Manuel Chaves González
A FONDO

Nacimiento:
07-07-1945

Lugar:
Ceuta

elpaís.com

SOLICITAN UN INFORME PARA ACLARAR POSIBLES IRREGULARIDADES DE UNA EDIL

MUNICIPIOS | Ayuntamiento de Marbella

Efe | Málaga

IU ha pedido al Ayuntamiento de Marbella un informe jurídico para aclarar "posibles irregularidades" en las que podría incurrir la edil del gobierno local (PP) Alicia Jiménez "al percibir del Consistorio una mensualidad de más de 2.400 euros por el arrendamiento de una propiedad de su titularidad".

El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, Enrique Monterroso, ha apuntado en un comunicado que en la Junta de Gobierno Local del 22 de diciembre se aprobó un listado de facturas incluida la del alquiler de noviembre del local propiedad de la concejala y el interventor indicó en un informe que la continuidad de ese contrato "podía suponer una incompatibilidad".

Según Monterroso, en el mismo informe el interventor "se desentendía" de la cuestión aludiendo a que su labor "se dedicaba únicamente al control de la actividad económica del Ayuntamiento".

El edil de IU ha explicado que dicho contrato de alquiler, que data de 1996, tiene que ser renovado en este enero, "lo que supondría que el nuevo acto se firmaría siendo su propietaria concejal y parte interesada de forma simultánea".

En este sentido, Monterroso ha señalado que esa situación "no puede tolerarse en democracia, y menos en nuestro municipio, en el que la confusión y la fusión de lo público con lo privado ha sido una práctica habitual y muy perniciosa durante los años del gilismo" y ha añadido que es necesario "un informe jurídico imparcial y objetivo de forma urgente".

Además, el edil ha apelado "a la ética y conciencia moral de la concejala, que debe elegir entre su sillón en el Consistorio o el cobro de alquileres".

Además
* El PSOE impugnará contratos de ediles con el Ayuntamiento

elmundo.es

APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA DOS ALCALDES DEL PSOE POR PREVARICACIÓN

GRANADA | En el juzgado de Primera Instancia de Loja

Efe | Granada

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Loja ha acordado la apertura de juicio oral contra los alcaldes pedáneos de Játar y Fornes, núcleos urbanos de Arenas del Rey, por presunta prevaricación al ocupar cargos incompatibles.

En el auto, dado a conocer hoy por el PP, el juez declara a un Juzgado de lo Penal de Granada como órgano competente para el conocimiento de la causa contra ambos alcaldes, del PSOE.

Fue el PP de Arenas del Rey el que puso en conocimiento de la Fiscalía la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de los alcaldes pedáneos de Játar y Fornes, Francisco José Martín y Salustiano Pérez, respectivamente, al tomar posesión como miembros de la Mancomunidad de Municipios de Alhama en su condición de concejales del Ayuntamiento de Arenas del Rey cuando ya no lo eran.

El fiscal solicitó entonces la apertura de juicio oral contra los acusados, para los que pidió dos años de suspensión de empleo o cargo público y multa de 2.400 euros por un delito de prevaricación.

Los acusados presentaron un recurso de reforma contra el auto que acordó la continuación de las diligencias, que ha sido desestimado por el juez, que ha decretado a su vez la apertura de juicio oral.

En su escrito de acusación, el fiscal mantiene que ambos tomaron posesión como concejales del Ayuntamiento de Arenas del Rey cuando mantenían la condición de alcaldes pedáneos de Játar y Fornes.

Cuatro meses después, y tras varias advertencias del PP y un informe de la Delegación de la Junta en el que se rechazaba esa compatibilidad, los ediles dimitieron de ese cargo en un pleno extraordinario celebrado en octubre de 2007.

Según el fiscal, ese mismo día, "una hora y siete minutos después de dimitir como concejales", ambos se presentaron en la sesión extraordinaria de la Junta General de la Comunidad de Municipios de Alhama de Granada y tomaron posesión como miembros de la mancomunidad en su condición de concejales de Arenas del Rey, cargo del que habían sido cesados una hora antes.

Según el PP, en ese mismo pleno ambos dirigentes fueron advertidos de esa irregularidad por el vocal de la mancomunidad, mientras que a la alcaldesa de Arenas del Rey, Francisca García, se le recordó su obligación de celebrar un pleno para tratar la incompatibilidad de los concejales.

elmundo.es

EL PP DENUNCIARÁ LA NUEVA NEGATIVA DE LA JUNTA A INFORMAR DEL "CASO MATSA"

POLÉMICA | Ayuda a la empresa apoderada por Paula Chaves

J. Caro Romero | Sevilla

El Partido Popular acudirá a los tribunales si el Gobierno de la Junta persiste en negarle toda la información relativa a las visitas a las dependencias de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa durante el tiempo en que se tramitó el expediente relativo a la subvención millonaria en favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), firma de la que es apoderada la hija de Manuel Chaves, quien, todavía como presidente de la Junta, firmó la aprobación de aquel incentivo.

Tal y como publicó ayer EL MUNDO de Andalucía, la Junta ha negado sistemáticamente al PP esta información. Primero, rechazó taxativamente la existencia de libros de visitas donde pudiera constar la posible presencia de la hija de Chaves en las dependencias de la Consejería de Innovación en relación con este expediente de subvención, lo cual –en caso de que se demostrase esa presencia– probaría su participación directa en la consecución de aquella ayuda y reforzaría el presunto incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades en que habría incurrido el ex presidente de la Junta, ahora ministro de Zapatero, al firmar el incentivo con su hija de por medio.

Ahora, ante la insistencia del PP por contar con ese registro de visitas, la Consejería de Innovación, que dirige Martín Soler, acaba de responder al PP que no puede facilitar esa información amparándose en la Ley de Protección de Datos y alegando, además, que el acceso de las visitas se recoge en un registro utilizado exclusivamente por la empresa de seguridad y que el mismo, así como las imágenes de vigilancia captadas, se destruye periódicamente.

Tras recibir esta respuesta por parte de la Junta, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer que su formación acudirá a los tribunales ante esta actitud «lamentable» que demuestra, a su juicio, que el Gobierno de Griñán no tiene el más mínimo deseo de esclarecer este asunto».

Además
* La Junta dice que no puede revelar si Paula Chaves fue a negociar
* 'Evidentemente se ha trabajado con Paula Chaves'
* El PP reprocha a la Fiscalía que se niegue a investigar

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS FICHA AL MAYOR EXPERTO EN DERECHOS HUMANOS

CASO MATAS | Las novedades

* El ex president refuerza su defensa con el letrado Manuel Ollé
* Está especializado en delitos de lesa humanidad

Esteban Urreiztieta | Palma

El ex president del Govern ha decidido reforzar su defensa al comprobar que su situación procesal se complica por momentos. Jaume Matas acaba de alcanzar un acuerdo con el letrado Manuel Ollé Sesé, considerado en estos momentos como uno de los mayores especialistas en derecho internacional y uno de los abogados más prestigiosos del panorama nacional.

Natural de Barbastro (Huesca), doctor en Derecho y director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, Ollé fue el elegido para presidir la Asociación Pro Derechos Humanos sustituyendo a destacadas figuras como el magistrador José Antonio Martín Pallín, el sociólogo José Antonio Gimbernat o el teólogo José Tamayo.

Ollé ha conseguido durante su carrera convertirse en uno de los letrados más reconocidos internacionalmente en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad. Entre otras causas, lideró el enfrentamiento jurídico contra el dictador chileno Augusto Pinochet o contra el genocida argentino Ricardo Cavallo. Asimismo cuenta en su haber con la defensa de José Ignacio López de Arriortúa, alias Superlópez, antiguo dirigente de General Motors y de Volskswagen.

Ahora se convierte en el nuevo letrado de Matas a escasos tres meses de su primera declaración como imputado en el caso Palma Arena y cuando ya han declarado ante el juez José Castro la mayoría de proveedores de su palacete de Palma y del piso que utiliza su familia en Madrid. Un cúmulo de testimonios que han deparado el pago tanto por su parte como por la de su mujer Maite Areal de ingentes cantidad de dinero en efectivo y en negro tanto en mobiliario y decoración como en joyas y relojes. En total, la cantidad que ha aflorado hasta el momento ronda los 400.000 euros y el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma la considera más que suficiente para atribuirle ya junto a su mujer la comisión de al menos nueve delitos castigados con más de 30 años de cárcel.

Entre ellos los de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o delito electoral y fiscal. Matas mantendrá, no obstante, al letrado Rafael Perera, que le ha defendido desde que la Fiscalía Anticorrupción comenzara a investigar su espectacular incremento patrimonial. Perera acaba reiterar que su cliente acudirá a su cita con la Justicia el próximo mes de marzo y que en ningún momento ha barajado eludir su citación como imputado.

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"CASO SCALA"; EL TSJIB ASUME LAS INVESTIGACIONES Y PIDE LA CAUSA

CORRUPCIÓN | Justicia

* La decisión se produce en respuesta a la exposición de la juez Piedad Marín
* El diputado del PP, Josep Joan Cardona, está imputado en el caso

Europa Press | Palma

La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado asumir las competencias para instruir el caso Scala, en el que se investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) y ha solicitado al juzgado de instrucción número 4, encargado de las investigaciones, que le remita la compleja causa sobre las supuesta trama de corrupción urdida en torno a la empresa pública durante la pasada legislatura.

Así lo ha decidido la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 10 de diciembre elevó la titular del juzgado, Piedad Marín, para pedir que asuma las investigaciones, y en la que la jueza determinó la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, uno de los principales imputados en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.

En la extensa exposición que la jueza trasladó a la máxima instancia judicial de las islas, la magistrada apoya sus razonamientos en que durante el pasado mandato el entonces conseller de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".

Cabe recordar que el procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar las presuntas irregularidades cometidas desde el CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del consorcio.

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"CORRUPCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS"; EL FISCAL SE QUERELLA CONTRA UN EX ALCALDE DE CIU POR MALVERSACIÓN DE FONDOS

CORRUPCIÓN | En Aiguablava, Girona

* Se basa en informes del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes
* Han detectado diversas irregularidades por importe de 47.000 euros
* Los hechos denunciados por la fiscalía habrían ocurrido entre 1999 y 2002
* En la actualidad es concejal en la oposición por el Canvi Progrés Municipal

Efe | Girona

El fiscal ha presentado una querella contra el ex alcalde de Aiguaviva (Girona) Ramón Martínez (CiU) por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Según ha informado Catalunya Ràdio, el fiscal se ha basado en el resultado de los informes del Tribunal de Cuentas del Estado y de la Sindicatura de Cuentas, que al parecer detectaron diversas irregularidades por importe de 47.000 euros en las cuentas municipales cuando gobernaba Ramón Martínez.

El actual alcalde de Aiguaviva, Joaquim Mateu (PIA), ha indicado que espera una resolución rápida de este incidente por parte de la justicia.

"Yo creo que quien la ha presentado sus motivos tendrá. No sé los indicios que han visto pero es un tema que tampoco conozco. Prefiero no hacer ninguna declaración al respecto; es la justicia la que debe trabajar, hacer su labor y creo que todos queremos que se esclarezca cuanto antes un asunto que ojalá no hubiera llegado donde ha llegado", ha manifestado Mateu a la citada radio.

Los hechos denunciados por la fiscalía habrían ocurrido entre los años 1999 y 2002, mientras Ramón Martínez, que en la actualidad es concejal en la oposición por el Canvi Progrés Municipal, ocupaba la alcaldía por CiU.

Una auditoría y las investigaciones de los tribunales de cuentas detectaron diversas irregularidades, como gastos municipales que cobraba el ex alcalde como compensación del trabajo que hacía en los fines de semana para recaudar tributos municipales.

En el periodo en que indicó hacer este trabajo, el Ayuntamiento tenía transferido el cobro de tributos a otra administración.

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"CASO GÜRTEL"; EL PSOE DE POZUELO PIDE LA DESTITUCIÓN DE LA CONCEJALA IMPUTADA

Europa Press | Madrid

El PSOE de Pozuelo exigió al alcalde de la localidad, Gonzalo Aguado, la "inmediata destitución" de la quinta teniente de Alcaldía y concejal de Mujer y Presidencia, Yolanda Estrada, tras ser imputada en la trama Gürtel.

La portavoz socialista, Eva Izquierdo, afirmó que Estrada es "mano derecha" del alcalde y que "es una falta de respeto" hacia los ciudadanos que la edil siga desempeñando sus funciones en el Ayuntamiento.

"Es una falta de respeto hacia los ciudadanos de Pozuelo el que una concejala, que es teniente de alcalde y está imputada, siga un minuto más en ese cargo. La protección que está recibiendo del alcalde es más que sorprendente, quizás por haber sido su jefe directo durante los años anteriores y tener en ella la máxima confianza. Cada minuto que pasa sin que Yolanda Estrada cese en sus cargos, es un motivo más desconfianza sobre el actual Alcalde de Pozuelo de Alarcón", aseveró.

Izquierdo indicó que su formación política también ha solicitado a Estrada que dimita de su cargo ya que "de acuerdo con los datos del sumario", Yolanda Estrada "era la persona de contacto" del grupo de Correa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

"Dado su cargo de concejala de Obras, y persona de la máxima confianza del anterior alcalde, hoy dimitido, Jesús Sepúlveda, también imputado en este sumario. Esta Concejalía de Obras se encontraba bajo la dependencia y supervisión directa del actual alcalde, Gonzalo Aguado, quien era el concejal de Urbanismo de la ciudad", añadió.

La edil manifestó su "preocupación" por la situación de "continuo desgobierno que sufre" la ciudad desde que estalló el Caso Gürtel. "Ya van dos alcaldes, dos remodelaciones del equipo de gobierno en pocos, caos organizativo, desmotivación generalizada de los empleados municipales, diferencias entre los propios miembros del Grupo Popular. Por eso, esta ciudad necesita un cambio urgente y radical, que traiga serenidad, orden, transparencia, y un poco de aire fresco a un Ayuntamiento que va a la deriva", concluyó.

Además
* Imputada una concejal de Pozuelo

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EL TSJIB ASUME EL "CASO SCALA"

La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado asumir las competencias para instruir el caso Scala, en el que se investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) y ha solicitado al juzgado de instrucción número 4, encargado de las investigaciones, que le remita la compleja causa sobre las supuesta trama de corrupción urdida en torno a la empresa pública durante la pasada legislatura.

Así lo decidió la Sala en respuesta a la exposición razonada que el pasado 10 de diciembre elevó la titular del juzgado, Piedad Marín, para pedir que asuma las investigaciones, y en la que la jueza determinó la existencia de “numerosos datos incriminatorios” contra el diputado del PP Josep Juan Cardona, uno de los principales imputados en este procedimiento, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, atribuidos por la Fiscalía.

En la extensa exposición que la jueza trasladó a la máxima instancia judicial de las islas, la magistrada apoya sus razonamientos en que durante el pasado mandato el entonces conseller de Comercio, Industria y Energía, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público “puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro”.

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3. Disuelto el Consorcio para el Desarrollo Económico de les Illes Balears (CDEIB) El Consell de Govern ha aprobado la disolución y liquidación del Consorcio para el Desarrollo Económico de les Illes Balears (CDEIB). La medida, se toma con la intención de lograr...

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"CASO GÜRTEL"; LA FISCALÍA PIDE AL JUEZ QUE RECLAME LAS CUENTAS DEL PP DE VALENCIA

Anticorrupción recurre al tribunal madrileño para reactivar la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido, destapada por la policía

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción intenta reactivar la investigación judicial sobre la posible financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Los fiscales han pedido por escrito al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame la contabilidad del PP de Valencia para tratar de comprobar los índicIos que avalarían la supuesta financiación ilegal del partido y que fueron destapados por la unidad policial contra el Blanqueo de Capitales.

La investigación policial apuntaba que la cúpula de partido en Valencia había amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación durante los últimos años. En concreto, señalaba al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y al destituido secretario regional del PP, Ricardo Costa, entre otros, como supuestos partícipes de una trama que habría permitido que empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno regional entregaran dinero a la red Gürtel para financiar actos del partido.

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

elpaís.com

"CASO MATSA"; LA JUNTA DICE AHORA QUE NO PUEDE REVELAR SI PAULA CHAVES FUE A NEGOCIAR POR LA EMPRESA

Alega que la ley le impide 'ceder a terceros' los datos

Manuel Chaves, en el centro, el día de la inauguración de la empresa. | A. Luis Delgado

* Cualquier hipotético acceso de Paula Chaves tuvo que dejar rastro
* La Consejería negó inicialmente la existencia de libros de visita

Manuel M. Becerro | Sevilla

La Junta de Andalucía apela ahora a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal para negarse a facilitar al PP la relación de visitantes a las dependencias de la Consejería de Innovación en los tiempos en que se tramitó el polémico incentivo multimillonario a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en cuya aprobación participó el ex presidente andaluz Manuel Chaves aun cuando su hija es apoderada de la compañía y tuvo participación material directa en el expediente.

Tras negar primero -con carácter expreso- la existencia de libros de visitas donde pudiera constar la posible presencia e intercesión de Paula Chaves Iborra (la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial) a lo largo del procedimiento de petición de la subvención a Matsa, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, acaba de responder a la oposición que «no es posible» la «cesión a terceros» de la información que se ha vuelto a solicitar.

«El acceso de las visitas a los servicios centrales de la Consejería, a efectos internos de control y por motivos de seguridad, se recoge en un registro de visitantes electrónico utilizado, exclusivamente, por el personal de la empresa de seguridad contratada», señala el consejero en respuesta al diputado popular José Luis Rodríguez. En ese registro «quedan anotados», según Martín Soler el nombre del visitante, su DNI y la empresa o entidad a la que represente.

Así las cosas, parece claro que cualquier hipotético acceso de Paula Chaves necesariamente tuvo que dejar rastro. Sin embargo, la Junta deniega la posibilidad de realizar toda comprobación a la oposición andaluza, argumentando que «estos ficheros son eliminados periódicamente y no es posible su cesión a terceros».

También se descarta la opción de facilitar al PP las imágenes captadas a través del sistema de vídeo vigilancia, precisando que en este caso las imágenes captadas «se destruyen semanalmente», aparte de regir la Ley de Protección de Datos.

Además
* 'Evidentemente se ha trabajado con Paula Chaves'
* El PP reprocha a la Fiscalía que se niegue a investigar

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; ACUSAN A MUNAR DE PAGAR A LOS TESTAFERROS ANTES DE QUE LE DIERAN LA FACTURA

Denuncia de la Policía y Hacienda

* Ordenó el ingreso de 264.000 € un mes antes de que presentaran los recibos
* La Policía considera que 'es de imposible comprensión'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria cazan ahora a Maria Antònia Munar ordenando pagos desde el Consell de Mallorca a los testaferros de Unió Mallorquina (UM) un mes antes de que le presentaran las preceptivas facturas.

En un nuevo informe conjunto, los investigadores denuncian que la actual presidenta del Parlament balear "se anticipa al futuro" al haber dispuesto el 7 de enero de 2001 un pago por valor de "43.932.500 pesetas" a la sociedad Studio Media Comunicació, S.L., mediante el que le adjudicaba la radio pública de la institución insular que presidió durante doce años.

Esta sociedad, que se hizo con la adjudicación mediante un concurso amañado, es propiedad de Alfredo Conde, que se encuentra en estos momentos en libertad bajo fianza de 200.000 euros en el marco de la denominada Operación Maquillaje. Conde, que continúa como directivo de IB3 Televisión pese a las medidas cautelares que pesan sobre él, es íntimo amigo del también imputado en esta causa Bartomeu Vicens y cobró en su nombre las comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial de Son Oms.

Tal y como recalcan los agentes e inspectores dirigidos por el comisario Antonio Cerdá y el delegado especial de Hacienda en Baleares Raúl Burillo, Munar ordenó personalmente el pago a Conde "días antes de la fecha de la factura, es decir, antes de que se realizara la factura". Un extremo que, añade, es "de imposible comprensión".

"Pero es más", prosiguen en el informe que han remitido al Juzgado de Instrucción número dos de Palma que investiga los pagos con dinero público a los testaferros que cobraron las comisiones de la histórica cúpula de UM, "la factura antes de ser creada es conformada por el director del Contrato –en referencia al actual conseller de Medio Ambiente del Govern Miquel Ángel Grimalt–, anticipándose también al futuro".

Además
* Opinión: Munar 'se anticipa al futuro'

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; MUNAR COMPARECERÁ EL PRÓXIMO 22 DE ENERO COMO IMPUTADA ANTE EL JUEZ

Declaraciones de su abogado

* Se negó a prestar declaración en diciembre por su condición de aforada
* Le acusan de desviar fondos públicos a productoras de tv y radio
* Ni el juez ni la Fiscalía han tipificado aún los delitos que se le imputan

Europa Press | Palma

La defensa de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, confirmó que comparecerá el próximo 22 de enero como imputada dentro de la pieza separada del caso Son Oms conocida como Operación Maquillaje, en la que será la segunda ocasión en que ha sido citada a declarar por el juez que instruye el procedimiento, Juan Ignacio Lope Sola, después de que el pasado 18 de diciembre no acudiese al Juzgado alegando su condición de aforada para no comparecer.

Su letrado, Gabriel Garcías, ha manifestado que su patrocinada estará presente ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, aunque puntualiza que el hecho de que se acoja o no a su derecho constitucional de no declarar dependerá de la decisión que adopte la propia Munar.

Tal y como ha explicado de forma generalizada y pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) "no hace mucha referencia", si un imputado no acude a declarar pese a ser citado por segunda vez, en el tercer llamamiento debe ser conducido "por la fuerza pública", aunque asevera que no será éste el caso de la presidenta de la Cámara autonómica ya que "estará presente el día 22".

La también ex presidenta del Consell de Mallorca no compareció en el primer llamamiento del juez pese a que éste mantenía en pie su citación, después de que Garcías presentase un escrito ante el Juzgado para comunicar que su clienta no acudiría, a la espera de poder deponer una vez el caso sea asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). No obstante, Lope Sola dictó posteriormente una providencia para citar por segunda vez a la presidenta de la Cámara autonómica.

En concreto, las investigaciones de la operación Maquillaje, que giran en torno al presunto desvío de caudales públicos desde el Consell de Mallorca hacia productoras audiovisuales de forma supuestamente ilícita durante la pasada legislatura, apuntan a que la también presidenta de honor de UM habría autorizado varios pagos de manera irregular a favor de la empresa Bahía Difusión, fusionada con Vídeo U -vinculada al ex vicepresidente de la Institución insular y productora a través de la cual se pusieron en marcha programas presuntamente inexistentes en Televisió de Mallorca encomendados desde el Consell-.

Imputada en el caso Can Domenge
Cabe recordar que Munar está inculpada también en el caso que investiga los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración cometidos en 2005 durante el proceso de enajenación del solar de Can Domenge, adjudicado por la Corporación supramunicipal por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la empresa querellante en la causa Núñez y Navarro.

Por la Operación Maquillaje ya han desfilado por los Juzgados el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, para quien el juez ordenó la retirada del pasaporte; el de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt; el ex diputado Bartomeu Vicens, en libertad bajo fianza de 100.000 euros por este mismo procedimiento; el ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, a quien también le fue retirado el pasaporte, y el presunto testaferro de Vicens, Alfredo Conde, quien eludió ingresar en prisión bajo fianza de 200.000 euros, entre otros encausados.

La Operación Maquillaje, iniciada el pasado 21 de octubre con los registros llevados a cabo ese día en organismos oficiales como el Consell y en distintas empresas audiovisuales, fue abierta en el marco del caso Son Oms, que investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono palmesano se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a suelo urbanizable.

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