El entonces alcalde, Antonio Vázquez, ahora diputado del PP en el Congreso, bajo sospechaEl empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, podría haberse beneficiado de un pelotazo urbanístico en Zamora cifrado en más de 24 millones de euros, durante la etapa en la que Antonio Vázquez (a la derecha en la foto), hoy diputado popular en el Congreso, era alcalde de ese Ayuntamiento, según el expediente en poder de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha abierto una investigación.
Las supuestas irregularidades las habrían cometido el anterior alcalde y su teniente de alcalde, Antonio Vázquez y Ángel Macías, que ya no están en el Ayuntamiento zamorano. El fiscal acaba de notificar la apertura de diligencias informativas y el traslado del asunto a la Fiscalía Provincial de Zamora "para que proceda, en su caso, a la investigación procedente".
El pelotazo
El presunto pelotazo se realizó mediante la sobrevaloración de un edificio todavía por construir que iba a alquilar, con opción de compra, el Consistorio de Zamora a UFC-Begar, una de las empresas de Ulibarri. Según un informe del secretario general del Ayuntamiento, fechado el pasado día 11, el consistorio contrató, a dedo y sin tasación previa, el alquiler del futuro edificio durante 25 años por 52,6 millones, pese a que el pliego técnico de condiciones cifraba el gasto total en 28 millones.
El contrato
El contrato, suscrito en vísperas de los comicios locales de marzo de 2007 y sin intervención notarial, no llegó a ejecutarse. Después de las elecciones municipales, la nueva alcaldesa, también del PP, paró la operación. El jefe del servicio municipal de Hacienda había advertido antes de la firma de que el contrato con UFC era "nefasto" para los intereses municipales.
Ulibarri exige indemnización
Ulibarri demandó al Ayuntamiento por no cumplir el contrato firmado y exigió una indemnización por daños y perjuicios, cuya resolución está todavía pendiente.
La alteración de los pliegos
Según los documentos a los que ha tenido acceso el diario Público, en 2005, cuando se aprobó un procedimiento negociado sin publicidad para alquilar un edificio para ser destinado a oficinas municipales dos empresas se sucedieron en la negociación, la inmobiliaria Remesal y Salas, que según el secretario del consistorio actuaba como intermediara, y UFC. Cuando entró en escena la empresa de Ulibarri, que fue la que consiguió el contrato en 2007, los términos del pliego de condiciones quedaron alterados de manera "lesiva" para el municipio, y así lo subrayan el secretario general, que es el funcionario de mayor rango, y el jefe de servicio de Hacienda.
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o El abogado de Ulibarri, investigado por colar en la Audiencia Nacional a dos falsos compañeros
o Anticorrupción investiga un pelotazo de Ulibarri en Ponferrada
elplural.com
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El pelotazo
El presunto pelotazo se realizó mediante la sobrevaloración de un edificio todavía por construir que iba a alquilar, con opción de compra, el Consistorio de Zamora a UFC-Begar, una de las empresas de Ulibarri. Según un informe del secretario general del Ayuntamiento, fechado el pasado día 11, el consistorio contrató, a dedo y sin tasación previa, el alquiler del futuro edificio durante 25 años por 52,6 millones, pese a que el pliego técnico de condiciones cifraba el gasto total en 28 millones.
El contrato
El contrato, suscrito en vísperas de los comicios locales de marzo de 2007 y sin intervención notarial, no llegó a ejecutarse. Después de las elecciones municipales, la nueva alcaldesa, también del PP, paró la operación. El jefe del servicio municipal de Hacienda había advertido antes de la firma de que el contrato con UFC era "nefasto" para los intereses municipales.
Ulibarri exige indemnización
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La alteración de los pliegos
Según los documentos a los que ha tenido acceso el diario Público, en 2005, cuando se aprobó un procedimiento negociado sin publicidad para alquilar un edificio para ser destinado a oficinas municipales dos empresas se sucedieron en la negociación, la inmobiliaria Remesal y Salas, que según el secretario del consistorio actuaba como intermediara, y UFC. Cuando entró en escena la empresa de Ulibarri, que fue la que consiguió el contrato en 2007, los términos del pliego de condiciones quedaron alterados de manera "lesiva" para el municipio, y así lo subrayan el secretario general, que es el funcionario de mayor rango, y el jefe de servicio de Hacienda.
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