martes, 9 de febrero de 2010

"CASO VOLTOR"; INESTUR "REGÓ" A UNA FUNDACIÓN VINCULADA AL BUFETE DE NADAL

La investigación de la Conselleria de Turismo

* La Fundación Coint está controlada por familiares de un socio del despacho del edil
* Recibió 140.000€ de Inestur en 2007 y 16.800 del Consell en 2006

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

EDUARDO COLOM ESTEBAN URREIZTIETA / Palma
La Agencia Tributaria desvela que una de las fundaciones investigadas y registradas en el marco de la Operación Voltor por recibir fondos públicos de los organismos controlados por el partido Unió Mallorquina (UM), entre ellos una partida de 140.000 euros de Inestur (Instituto de Estrategia Turística) está «relacionada directamente» con un socio del bufete de Miquel Nadal, ex presidente de UM imputado y detenido por el escándalo. Un caso en el que se investiga el desvío de fondos y el amaño de concursos públicos de la consejería Balear de Turismo y que el viernes llevó al PSOE a destituir de todos sus cargos a sus hasta ahora socios de gobierno de UM.


Un informe de Hacienda que ha sido aportado a otra de las investigaciones judiciales por presunta corrupción en las que está inmerso Nadal (Operación Maquillaje) y al que ha tenido acceso EL MUNDO detalla que un socio del despacho de abogados del que Nadal mantuvo un 60% de participaciones hasta 2007, Enrique Ordóñez Martínez, quien entonces tenía «un 10% de participaciones», comparte una cuenta bancaria con la presidenta de la Fundación Coint. Una entidad oficialmente dedicada a la cooperación internacional cuya sede fue inspeccionada por la Policía el pasado viernes en el marco del caso Voltor y que en 2007 recibió un pago de 140.000 euros públicos de Inestur.

Además, según especifica este informe del equipo de inspectores de la Agencia Tributaria que en Baleares dirige Raúl Burillo, «bien por vínculos familiares o de otra índole, dentro de la Fundación Coint hay tres personas directamente relacionadas con Enrique Ordóñez Martínez». Quien a su vez, y según se desprende del mismo dictamen, participaba en un 10% en la sociedad del despacho Bufete Nadal y Asociados SL.

Y es que como explica este informe que obra en poder del Juzgado de Instrucción nº 2 que instruye el caso Maquillaje la fundación fue creada el 21 de abril de 2006 por Maria Dolores Ordóñez Martínez, quien pasó a figurar como vicepresidenta en el patronato de la Fundación. Otro Ordóñez Martínez, en este caso Javier, era el «secretario no patrono».

Además
* La trama de UM sustrajo y desvió fondos sin control
* Flaquer ordenó 'tratar con cariño' el concurso amañado
* Archipiélago Gulasch: El precio del cariño

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; NADAL Y FLAQUER ELUDEN INGRESAR EN PRISIÓN TRAS ABONAR LAS FIANZAS

100.000 euros cada uno

* El ex gerente del Inestur también ha abonado la caución de 100.000 euros
* Flaquer y el contable de UM tienen hasta las 13.00 horas para depositarla

Europa Press | Palma

El ex presidente de UM y ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, eludde ingresar en prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros que el juez le impuso por riesgo de fuga ante las elevadas penas que llevarían aparejadas los delitos malversación y prevaricación administrativa que se le imputan en el marco de la Operación Voltor.

Apenas 15 minutos más tarde el abogado del ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, ha abonado su fianza de 100.000 euros.

En concreto, a Flaquer se le imputan los delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, cuando era gerente del Consorcio de Informática Local. Por el momento, queda por depositar la fianza impuestas al contable de UM, Álvaro Llompart, por valor de 75.000 euros; cuyo abogado, Fernando Mateas, acaba de llegar al Juzgado de Instrucción número 10 de Vía Alemania, en Palma.

Asimismo, el ex gerente del Inestur y ex director general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Antoni Oliver, también ha depositado en torno a las 11.45 horas, la caución de 100.000 euros que el juez le impuso por su presunta implicación en la Operación Voltor por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que podría enfrentarse por los delitos que se le imputan.

Estos delitos son fraude a la administración, malversación, un delito continuado de prevaricación administrativa, coacciones y cohecho.

Casi todos han utilizado avales bancarios sobre propiedades inmobiliarias para evitar la cárcel.

El último en deporsitar la fianza impuestas al contable de UM, Álvaro Llompart, por valor de 75.000 euros.

Además
* Inestur 'regó' a una Fundación vinculada al bufete de Nadal
* La trama de UM sustrajo y desvió fondos sin control
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elmundo.es

EL PP RECHAZA QUE SE FISCALICEN LOS CONTRATOS CON EMPRESAS DE LA "TRAMA GÜRTEL"

CORRUPCIÓN | A petición del PSOE

Efe | Madrid

Los diputados del PP en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea han votado en contra de pedir a la Cámara de Cuentas que fiscalice con urgencia los contratos suscritos por la Comunidad de Madrid con seis empresas de la trama Gürtel desde el año 2003 hasta 2009.

La petición, que ha sido rechazada por diez votos en contra y siete a favor, la ha planteado el portavoz del PSOE en la Comisión, Adolfo Piñedo, y la han apoyado los representantes de IU.

Piñedo ha justificado su propuesta en la "obligación" que tienen los representantes políticos de "averiguar si se ha producido un saqueo al erario público de Madrid", ante las sospechas que existen -ha dicho- de que "una parte de los jugosos beneficios de la trama de Correa tiene su origen en un perjuicio para la Hacienda de los madrileños".

Además, ha criticado que la Cámara de Cuentas "no haya tomado la iniciativa de fiscalizar los contratos que sustentan uno de los mayores escandalosos que ha conocido la Comunidad de Madrid" y se ha preguntado "qué tiene que pasar" para que ese órgano "incluya a iniciativa propia un asunto de tanto calado y tanta actualidad en su programa anual de fiscalización".

El portavoz del PP en la Comisión, Pedro Muñoz, ha recordado que todos los contratos de la Comunidad con las empresas Special Events, Good and Better, Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Marketing Quality Management "han sido remitidos al órgano jurisdiccional correspondiente" y ha sostenido que "no es conveniente que dos órganos estén al mismo tiempo investigando cosas idénticas".

Según Muñoz, "difícilmente se puede hablar de saqueo", puesto que todos esos contratos menores "se correspondieron con servicios prestados", y ha calificado de "falaz" que el PSOE ponga "en relación la fortuna de algunas personas con esos contratos de la Comunidad de Madrid".

El portavoz 'popular' se ha mostrado convencido de que los socialistas han presentado esta iniciativa sólo para "mantener vivo un debate que lleva meses aplacado", en virtud de una "concesión del secretario general del PSM (Partido Socialista de Madrid), Tomás Gómez, a su sector crítico, que le ha reprochado cierta indolencia con el tema Gürtel y le ha reclamado más dureza con este asunto".

La diputada de IU Reyes Montiel ha apoyado la petición del PSOE por razones "políticas", de "procedimiento" y "judiciales", y ha opinado que es "absolutamente ineludible que la Cámara de Cuentas se ponga a trabajar en este asunto".

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA EMPRESA QUE SE HIZO CON EL SUELO NIEGA SABER QUE ESTABA PAGANDO EL ERE

La juez tiene pruebas de que la promotora pagó prejubilaciones y espera una investigación policial
El imputado admite no haber visto limitación al alza en concursos

Torrijos acerca a los gremios a su pacto y anuncia reuniones en Mercasevilla

Sobre Enrique Castaño
Miró inició la contratación de Domingo Enrique Castaño como gerente de la empresa Desarrollo Urbanístico Sevilla-Este pero dijo que en ningún momento se valoraron los contactos políticos de Castaño. su anterior pertenencia a Mercasevilla y la posible intervención de éste en las relaciones con Sanma.

M. BENÍTEZ. SEVILLA
Otro directivo de Sando, la empresa que logró un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, declaró ayer ante la juez Mercedes Alaya que instruye la investigación sobre porqué se adjudicó a dicha entidad pese a que la oferta de Noga era más ventajosa. José Luis Miró, director general del área inmobiliaria de Sando, testificó ayer como imputado de delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacción ilegales de funcionarios públicos y un delito societario.
El imputado admitió que, pese a que su empresa ha participado en otros concursos públicos como uno de la comunidad de Madrid, no recuerda el porcentaje de la cláusula de limitación al alza. Y pese a ello la magistrada insistió «¿No considera ilógico desde el punto de vista económico que siendo su oferta seis veces inferior a la de NOGA (5 millones con pago aplazado frente a 30 al contado) la diferencia de puntuación entre ambas sea de escasamente dos puntos y medio?». El imputado no quiso hacer valoraciones.
Durante su declaración, de casi cuatro horas. el directivo dijo que Sando pagó 987.923 euros más IVA a Mercasevilla pero que esa cantidad la consideraban «como pago a cuenta del precio final de la compraventa, como un anticipo del precio». Y que desconocía y se ha enterado por la prensa de que Mercasevilla tuviera un ERE. E insistió en que el pago de esa cantidad fue «como consecuencia del compromiso adquirido en la oferta técnica de Sanma, en la que se recogía que asumirían todos los gastos que se ocasionaran con el traslado de Mercasevilla».Y lo mismo respondió cuando la magistrada le preguntó el concepto por el cual entregó a Mercasevilla 851.657 euros.
Miró también admitió que pagó 1.080.000 euros con precio de subrogación a Larena. Una vez más las preguntas de la juez aportaron más datos que las respuestas. Alaya dijo al imputado, según el acta de la declaración, que el derecho de superficie «era prácticamente irrealizable pues era previsible para Sanma que Mercasevilla por sus graves dificultades económicas no acometiera las obras de urbanización, agua, vertidos y acometida eléctrica en las parcelas al igual que había ocurrido con Larena». También aseguró que de construirse las naves «tendrían que ser demolidas en corto espacio de tiempo porque ya se conocía cuando se otorga la escritura de subrogación del derecho de su perficie que el nuevo PGOU que se aprobó en 2006 preveía el uso de esos terrenos como residencial y no terciario».
El imputado dijo que las preguntas de la magistrada «no son correctas» porque, según declaró, las obras de urbanización ya se habían concluido y el PGOU «tenía una aprobación provisional» y por su experiencia sabía que hay planes generales que «tardan años en aprobarse».
También admitió que él fue la persona que realizó la negociaciones mientras que por parte de Mercasevilla la persona con la que mantuvo relaciones fue con Fernando Mellet, ex director de Mercasevilla y también imputado. Igualmente le presentaron a Ponce pero no recuerda que estuviera en las reuniones. El imputado negó que Sanma tuviera preparada la oferta con antelación al concurso y dijo que planean ejercer acciones legales sobre el derecho de superficie.

"OPERACIÓN VOLTOR"; LOS CINCO CARGOS DE UM DETENIDOS ELUDEN LA CÁRCEL AL PAGAR LA FIANZA

También ha pagado la misma fianza el ex gerente de Inestur, Antoni Oliver

AGENCIAS MALLORCA
Los dos ex presidentes de Unió Mallorquina (UM) detenidos en el marco de la 'operación Voltor', Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, han presentado la fianza de 100.000 euros fijada por el juez para seguir en libertad provisional.
Antes de que a las 13.00 horas finalizara el plazo dado por el juez, también abonaron su fianza de 100.000 euros los abogados de los ex directores generales de Calidad Ambiental y Promoción Turística, Antoni Oliver y Joan Sastre, mientras que el contable de UM, Álvaro Llompart, depositó su fianza de 75.000 euros. Todas las fianzas han sido presentadas en el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, cuyo titular, Carmen Abrines, es la encargada del caso.
Las cinco fianzas fueron decretadas el pasado sábado por el juez de guardia Enrique Morell, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, quien decretó la prisión provisional eludible mediante fianza para estos acusados al considerar que existe riesgo de fuga de los imputados.
Posible riesgo de fuga
A Miquel Nadal se le imputa un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, mientras que a Miquel Àngel Flaquer, además de malversación de caudales públicos, se le imputa un delito de fraude a la administración. A Oliver se le atribuyen los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, un delito continuado de prevaricación administrativa, coacciones y cohecho.
Sastre, por su parte, está imputado por fraude a la administración, malversación de caudales públicos y un delito continuado de prevaricación administrativa, y al contable de la formación mallorquina se le imputan los delitos de fraude a la administración y malversación.

"OPERACIÓN VOLTOR"; NADAL, DE LA LANGOSTA A LA MORTADELA

Corrupción

El edil se sorprendió en Comisaría al enterarse de que Antich había destituido a los de UM

Rebassa, Nadal, Flaquer, Llompart, Oliver y Sastre, los seis ex altos cargos de UM que compartieron calabozo. Fotomontaje: Raúl Sanz

M. FERRER/ L. MARINA/ J. F. MESTRE. PALMA. Viernes pasado, sobre las diez de la noche: Miquel Nadal, concejal de UM en Palma, presta declaración ante los fiscales Anticorrupción en dependencias policiales. En un momento dado, cita a su sustituto en el Govern "Miquel Ferrer", pero un abogado le corrige presto: "Ex, ex conseller". Sorprendido, Nadal pregunta: "¿Qué ha pasado? ¿ya no queda nadie?".

El edil desconocía que a media mañana, mientras él estaba siendo arrestado en el Ayuntamiento de Palma, el presidente Antich comunicaba públicamente la destitución de Ferrer y los restantes altos cargos de UM.

Fue el único gesto de estupefacción de Nadal, a juzgar por las personas que le han rodeado estos días, incluidos sus compañeros de partido, y de celda. "Todos estaban derrumbados, alguno llorando, otro pasándose las manos por la cabeza, [Miquel Àngel Flaquer] desencajado... pero Nadal sin perder su sonrisa", detalla un peso pesado de UM que ayer pudo hablar con alguno de los detenidos. "De todos ellos, ha sido el más frío, demostraba una frialdad que espanta", remacha sobre Nadal.

Y eso que la experiencia en los calabozos de la Policía Nacional, deja huella. "Nos han tratado como a bestias", "teníamos que dormir con borrachos, yonquis...", "nos han tratado muy mal", "no había sitio para hacer las necesidades". Son algunos de los comentarios de los detenidos a sus compañeros de partido. Fuentes policiales afirman que a los políticos de UM se les dio el mismo trato que al resto de detenidos, sin favoritismos. Tan sólo hubo más ronda de los agentes, para evitar conflictos entre los políticos y los otros presuntos delincuentes.

De los seis políticos encausados, Antoni Oliver es el único que ha permanecido incomunicado durante todo el periplo judicial. El resto (Antoni Rebassa, Álvaro Llompart, Joan Sastre, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer) han permanecido en celdas separadas en la comisaría –aunque podían comunicarse dando voces– compartiendo alojamiento con presos comunes, la mayoría pertenecientes a la red de narcotraficantes desmantelada en la llamada operación Dorado.

A los cinco de UM mencionados sólo les juntaron la jornada del sábado, en los calabozos del juzgado de guardia. Toda una escena, teniendo en cuenta lo mal que se llevan las distintas familias de UM. La coincidencia provocó este comentario entre sus letrados defensores: "Ahora sería una buena oportunidad para arreglar los problemas internos, esto es como un mini-congreso".

En cuanto a la gastronomía, los detenidos pudieron por fin cambiar ese día de menú, pues los abogados les trajeron pepitos de lomo, y algo de repostería mallorquina para Nadal. Se olvidaron uno de los pepitos para Sastre, pero los abogados lo corrigieron de inmediato.

En cambio, durante su estancia en los calabozos de la Policía, los seis tuvieron que conformarse con la ración de bocata de mortadela. Incluido Nadal, avezado a saborear manjares más suculentos como los huevos fritos con langosta en el famoso restaurante Jágaro, en el puerto de Maó, al que invitaba a sus pasajeros de avioneta. La ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, puede dar fe de ello.

diariodemallorca.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; FLAQUER SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y NADAL A 6 POR CORRUPCIÓN

Convulsión política. Los ex presidentes de um están acusados de malversación, prevaricación y fraude

El juez sostiene que han manipulado concursos y han beneficiado a empresarios próximos a Unió Mallorquina

J.F.MESTRE/F.ARMENDÁRIZ PALMA. El auto de prisión bajo fianza de 100.000 euros que dictó el juez Enrique Morell el pasado sábado por la noche contra los imputados del caso Voltor señala que Miquel Ángel Flaquer y Miquel Nadal, ambos ex presidentes de Unió Mallorquina, se enfrentan a duras penas de prisión por su implicación en este caso de corrupción. Flaquer, defendido por el abogado Gaspar Oliver, tendrá que defenderse de los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos. Estos delitos llevan aparejadas penas que alcanzan los once años de prisión.

El mismo delito de malversación de caudales públicos es el que se imputa a Miquel Nadal, añadido al de prevaricación administrativa. El primero arrastra una pena de seis años de prisión, mientras que la prevaricación lleva aparejada la inhabilitación.

Sin entrar demasiado en el fondo del asunto, al encontrarse bajo secreto de sumario, el juez no hace más que señalar en su auto la gravedad de los delitos que imputa la fiscalía contra los dos ex presidentes de Unió Mallorquina. El magistrado afirma que Nadal, defendido por el abogado José Zaforteza, ha desviado fondos públicos y lo ha hecho utilizando el sistema de contratación directa. Es decir, ha pagado un contrato a una persona próxima a su entorno a cambio de ningún servicio.

Mucho más concreto se muestra el juez sobre la actuación de Miquel Ángel Flaquer. El ex presidente de UM, según el auto del juez, habría alterado el sistema legal de contratación pública para favorecer a determinadas empresas. Habría concedido contratos de la administración a empresarios de su entorno sin publicitar la oferta ni permitir que se presentaran al concurso otras personas. Y también ha intervenido, según detalla el juez, "contraviniendo la legalidad" para que la cantidad de 1.200.000 euros, procedente de fondos públicos, estuviera fuera del alcance de la intervención de la administración.

Sobre Antonio Oliver, ex director general del Govern, la situación legal a la que se enfrenta no es más sencilla. El antiguo gerente de Inestur está acusado por Anticorrupción de cinco delitos, que van desde el fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho. La suma de todos estos delitos eleva la pena a 20 años de prisión.

La fiscalía sostiene que la antigua cúpula de Turismo, con el apoyo del ex presidente de UM, Miquel Ángel Flaquer, habrían montado una red de ayuda a empresarios próximos al partido regándolos de subvenciones y ayudas públicas. A Flaquer, en concreto, se le acusa de haber otorgado a una empresa de informática de Palma un contrato por valor de más de un millón de euros que, según sospechan los investigadores, habría servido para financiar a Unión Mallorquina. Este programa, que fue presentado hace poco en Fitur, fue otorgado a dedo, es decir, sin concurso, a pesar de su elevada cuantía. El contrato fue otorgado a la empresa Minsel, que según creen los investigadores, la forman empresarios próximos a UM.

Reconoce la voz
Este programa consiste en un reconocimiento de voz. Teóricamente un ciudadano llama a un número de teléfono para solicitar información turística y una voz programada por ordenador le contesta. Los investigadores de la Policía han comprobado que este servicio apenas se utiliza y, por lo tanto, no se justifica esta inversión económica. Flaquer, en cambio, mantiene que el contrato no fue más que una prolongación de uno anterior, y el aumento del precio se debe a que el nuevo programa reconocía una voz en catalán, lo que no hacía el anterior servicio. El ex presidente de UM niega que detrás de esta contratación exista un interés para lograr financiación para su partido, como mantiene los fiscales Anticorrupción.

En cambio, sobre Miquel Nadal sólo pesa la acusación de haber concedido una subvención de casi 13.000 euros con fondos públicos al líder de UM en Sóller, el también imputado Tomás Plomer, a cambio de nada.

Además de los pinchazos telefónicos a los imputados, los fiscales cuentan con el testimonio del ex director general, Juan Oliver, que declaró que Nadal le obligó a que falsificara un expediente para darle la ayuda económica de casi 13.000 euros al líder de Unió Mallorquina en Sóller.

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LA VIDA ANTES DE GÜRTEL

REPORTAJE

Se cumple un año de la detención de Francisco Correa y el desmantelamiento de la corrupción organizada en torno al PP desde los años noventa

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL - Madrid

A las 10.30 del 6 de febrero de 2009, un impresionante ático de lujo de Sotogrande (Cádiz) estaba lleno de policías que habían acudido a detener a Francisco Correa Sánchez. Se lo llevaban a la Audiencia Nacional, en Madrid. Correa estaba viviendo allí con su hija de cuatro años. A esa hora, la policía le hizo firmar un documento llamado Acta de entrega del menor. En él daba su permiso para que la niñera, una mujer filipina de 40 años, se quedara a cargo de su hija. Desde entonces está en la cárcel. A las 11.42, la agencia Efe distribuyó a toda España un teletipo con este titular: "Varios arrestos en una operación contra la corrupción urbanística en Boadilla".

Los políticos del PP implicados operaron con normalidad hasta el último día

Hoy, todos están apartados, excepto los más cercanos a la cúpula de Génova

Hubo una vida antes de aquel fin de semana, del que ahora se cumple un año. Regalos, comisiones y adjudicaciones amañadas hacían rodar una bola que arrastraba a unas cien personas, según el número de imputados en este año. El 23 de diciembre, Correa estaba ordenando pagar unos azulejos de Porcelanosa para una mansión en Ibiza. En el centro de esta orgía había políticos que hasta ese 6 de febrero operaron con toda naturalidad durante las últimas semanas antes de que Gürtel cambiara la cara para siempre al PP. Hoy son políticamente parias.

En diciembre de 2008, Francisco Camps, presidente valenciano, está en la cumbre de su poder. Mariano Rajoy le debe la vida como presidente del PP y se ha situado en primera fila de cualquier rumor sucesorio. Sólo tiene dos preocupaciones. Una es hacerse una foto con Barack Obama. La otra es imponerse en el reducto rebelde, el PP de Alicante. En los dos asuntos está metido Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de una empresa que organiza los actos del PP llamada Orange Market, una sucursal de Correa.

Camps y Pérez son íntimos amigos desde hace años y el presidente cuenta con él para todo. Tanto, que Pérez no da crédito cuando se entera de que Camps va a viajar a Santa Fe (Nuevo México) el 16 de diciembre para hacerse una foto con el gobernador de Nuevo México (segunda opción, tras la de Obama) sin avisarle. El 14 de diciembre, en Orihuela, a pesar de que Pérez promete mandar furgones de la policía para llevarse a los enemigos de Camps del congreso regional si hace falta, el candidato de Camps pierde. El Bigotes lleva días confesando en privado, aunque no al PP, que lo veía venir.

Pelillos a la mar. En Reyes, la familia Camps recibe unos regalos tan espectaculares de parte de Pérez que la esposa de Camps amenaza con devolver el suyo.

Mientras, Pérez le está echando una mano a otro buen amigo, Ricardo Costa, el secretario general del PP. Costa tiene el capricho de cambiar de coche. Tiene un Mercedes y quiere un todoterreno de marca Infinity, un coche de lujo que cuesta 80.000 euros y se ve muy poco en España. Pérez hace todas las gestiones para conseguirle uno igual que el de su jefe en Madrid, Pablo Crespo. Costa lo compra finalmente en enero.

A finales de ese mes, el día 22, el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana publica que el pabellón valenciano en Fitur 2009 lo hará Orange Market por 916.000 euros. El 30 de enero, el presidente Camps se pasea por Fitur 2009 en Madrid. Lleva un traje azul marino, con un elegante corte que resalta el cuello de la camisa, y corbata oscura con rayas finas amarillas. Le preguntan por los alarmantes datos de paro en su comunidad y Camps dice que "los grandes eventos" palian la crisis.

El lunes 9 de febrero, Pérez es detenido. El 20 de mayo, Camps declara como imputado por cohecho ante el TSJPV. Hoy está fuera de la carrera sucesoria en el PP, en su partido se da por hecho que no volverá a ser presidente y el Tribunal Supremo estudia sentarlo en el banquillo. Costa fue destituido de todos sus cargos y suspendido de militancia en el PP.

Un mes antes, en el número del mes de enero de 2009 de la revista Vive Pozuelo, el alcalde, Jesús Sepúlveda, responsable de actos electorales del PP en la época de José María Aznar, firma un artículo para sus vecinos titulado El reto de un 2009 difícil. No se imagina cuánto. Su amigo Correa, que trabajaba con él en los actos del PP hace diez años y le conseguía coches de lujo, opera sin freno en la Comunidad de Madrid.

Otro alcalde, Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, gobierna cómodamente y cobra 85.000 euros al año. En el número de febrero de la revista Boadilla Actual anuncia a sus vecinos que el pueblo acogerá una urbanización de 300 "viviendas ecológicas". Tras él, en las fotos, sonríe Esperanza Aguirre.

Panero guarda un secreto. Su antiguo amigo Correa, el principal contratista del pueblo, le chantajea. Le ha grabado cobrando comisiones. El saqueo de Boadilla es su principal negocio en Madrid.

Sin embargo, Correa se queja de que hay un tipo todavía más golfo que él. Es el consejero de Deportes, Alberto López-Viejo, mano derecha de Esperanza Aguirre. Se lleva "un pellizco" de todos los actos que se organizan en Madrid. López-Viejo no sólo contrata a su amigo, sino que lo recomienda a todo el Gobierno, porque es la referencia para las otras consejerías a la hora de organizar actos, incluidos los de Aguirre. La presidenta lo destituye el 9 de enero, tres días después de la detención de Correa, cuando apenas se conocen detalles de esa relación y el sumario es secreto.

López-Viejo y otros dos diputados del PP están expulsados del Grupo Parlamentario Popular por cobrar comisiones de Correa. Los dos alcaldes citados, junto con el de Arganda del Rey, fueron obligados a dimitir.

El 26 de noviembre de 2008, el senador Luis Bárcenas no acude a votar una moción del Grupo Mixto a primera hora de la mañana. Disciplinado y discreto, no ha faltado a ninguna de las 24 votaciones anteriores desde el inicio de la legislatura. El 17 de diciembre volvería a faltar a primera hora de la mañana. Ocupa desde hace cinco años un escaño por Cantabria, a pesar de que es de Huelva y reside en Madrid. La mayoría de sus compañeros no ha cruzado una palabra con él. Los que no tienen cargos orgánicos incluso desconocen que se sientan junto al tesorero del partido.

Tampoco saben que vive una vida de millonario. Tiene una casa enorme en una zona exclusiva de Madrid, un apartamento en la mejor urbanización de Marbella y otro en Baqueira, que disfrutará esas Navidades. Pero a finales de enero su nombre aparece en los periódicos. Desde el entorno de Esperanza Aguirre, furiosa por el caso de los espías, se le acusa de presionar para que se contrate a determinadas empresas en municipios de Madrid. El 16 de febrero, EL PAÍS publica que Correa presumía de haber llevado 1.000 millones en comisiones a Bárcenas.

Siete meses después, el Senado dio permiso al Tribunal Supremo para imputar delito fiscal y cohecho al cerebro de las finanzas del PP. Junto a él, imputó al diputado Jesús Merino, un discreto y respetado organizador del Grupo Popular en el Congreso. Estos dos son la cara amable de la historia. Bárcenas es un cargo clave de Mariano Rajoy. Merino fue un cargo clave de José María Aznar. No han caído en desgracia.

* "Hay un partido al que la corrupción le ha gustado y que ahora paga la defensa de los imputados"

Caso Gürtel
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