jueves, 11 de febrero de 2010

"CASO CAMAS"; UN ANÁLISIS DE VOZ IDENTIFICA A TRES ACUSADOS

EFE - Sevilla

La Guardia Civil ha identificado las voces de tres de los cuatro acusados del caso Camas en la grabación del encuentro en el que, supuestamente, se pactó el intento de soborno a la edil de IU Carmen Lobo.

El análisis fonético-lingüístico de la grabación ha permitido demostrar que en la reunión participaron el empresario Eusebio Gaviño; el entonces alcalde de Camas, Agustín Pavón (IU); y el ex concejal adscrito al PA José del Castillo. Los agentes no tienen pruebas, sin embargo, de la participación del ex edil del PP Antonio Enrique Fraile.

Este análisis se realizó después de que, en abril de 2009, la Guardia Civil desestimara la grabación "al no cumplir las condiciones mínimas de calidad", pero se ofreciera a hacer un segundo estudio parcial.

La grabación la realizó Francisco Gordo, militante de IU y amigo de la edil Lobo, que, supuestamente, acudió al encuentro como intermediario con aquella. El peritaje de voz era una de las pruebas pendientes en la causa, en la que la fiscalía ha pedido un año y medio de cárcel para cada acusado.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; UN EX EDIL IMPUTADO PIDE REINGRESAR EN UNA SOCIEDAD MUNICIPAL

MUNICIPIOS | Ayuntamiento de Estepona

Efe | Málaga

El ex concejal y ex secretario general del PP de Estepona -Málaga- Ricardo Galeote, que dimitió tras su imputación en el caso 'Gürtel', ha pedido reincorporarse, en calidad de gerente, a la sociedad Turismo y Actividades Recreativas Estepona, SL, dependiente del Ayuntamiento.

Galeote, que solicitó excedencia de la sociedad en 2003, tras el pacto suscrito entre el PSOE y el Partido Estepona (PES), ha solicitado su reincorporación con unas retribuciones brutas de 4.255,17 euros mensuales, según ha denunciado el PSOE en un comunicado.

A Galeote, que dimitió hace casi un año, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le imputa los delitos de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Según el auto de Garzón, Galeote habría cobrado 42.469 euros de la trama entre 2001 y 2003, periodo en que fue gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas, a la que ahora ha pedido volver.

En ese periodo, facturó casi 54.000 euros a una sociedad vinculada a Francisco Correa, principal imputado en la trama investigada.

Por su parte, Ricardo Galeote ha confirmado que solicitó su readmisión "hace bastante tiempo" y ha manifestado que en 2003 solicitó una excedencia voluntaria "con el fin no de cobrar la indemnización", que podría haber ascendido "a unos 30.000 euros".

Ahora, tras haberse cumplido un año de la excedencia que solicitó tras dejar el cargo público la ley le obliga "a reincorporarme o a auto despedirme", ha afirmado.

La citada sociedad tiene que darle el visto bueno "antes del 27 de abril, que es cuando se cumple el plazo de fin de excedencia", según Galeote, que ha indicado que cuando se marchó dejó la empresa "con beneficios y al día en las obligaciones fiscales".

Además
* El PP: "La gestora del PSOE la forman contratados de Valadez"

elmundo.es

EL CONSEJO AUDIOVISUAL PIDE A LA TELEVISIÓN MUNICIPAL QUE INFORME DE MERCASEVILLA

MERCASEVILLA | La televisión municipal alegó normas de estilo

Efe | Sevilla

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha emitido un informe en el que pide a Giralda Digital, la televisión municipal de Sevilla, que informe sobre el caso Mercasevilla porque "los ciudadanos tienen derecho a obtener información sobre los hechos con relevancia penal".

En un informe jurídico, el Consejo destaca que ese proceso penal sobre la empresa con capital mayoritario público "interesa a la opinión pública" y que la información sobre esos hechos "queda comprendida dentro del ámbito de protección de la Constitución Española".

La resolución del Consejo se produce tras dos quejas presentadas en septiembre pasado por la falta de cobertura, por parte de la televisión municipal sevillana, de las noticias judiciales sobre Mercasevilla, caso en el que se investiga el presunto pago de comisiones para la adjudicación de proyectos.

La dirección de la televisión alegó en octubre de 2009 que no ofrecía información sobre las actuaciones judiciales durante el proceso de instrucción porque se "puede caer en el grave error de fomentar juicios paralelos" y que darían informaciones "cuando tengan el carácter oficial de la Fiscalía y de un Juez cuando dicta sentencia".

El Consejo, en su informe, resalta que el derecho de informar y de recibir información sobre hechos penales es una actividad "potencialmente vulneradora de los derechos de las personas afectadas", como el derecho al honor o la presunción de inocencia.

Por ello, "la ponderación y búsqueda de equilibrio entre estos derechos y la libertad de información no es sencilla, y de ahí la importancia en este punto de la autorregulación de los medios audiovisuales sobre la materia

Además
* Ratifican la imputación de la funcionaria de Urbanismo
* Los trece imputados en el 'caso Mercasevilla'

elmundo.es

ELSUPREMO CONFIRMA LA PENA PARA ROCA POR EL "SAQUEO DE MARBELLA"

CORRUPCIÓN | Seis años y diez meses de cárcel

Europa Press | Madrid

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años y diez meses de cárcel impuesta en enero de 2009 por la Audiencia Nacional al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil en el conocido como caso 'Saqueo', sobre el desvío de caso 4.000 millones de pesetas del Consistorio marbellí a empresas privadas entre los años 1991 y 1995.

La sentencia del alto tribunal, que también confirma las penas de cárcel impuestas en su día al que fuera asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el contable Manuel Jorge Castel, destaca que ha quedado acreditado el "panorama de absoluto descontrol del gasto municipal", así como la "neutralización de todos los mecanismos jurídico-contables llamados a fiscalizar el uso de fondos públicos".

La resolución rechaza una a una todas las alegaciones expresadas por las defensas en los recursos de casación presentados por los tres acusados, de los que se dice que se concertaron con el objetivo de "desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales" implicadas. Roca se encontraba al frente de una de ellas, Planeamiento 2.000 S.L., "concebida como uno más de los instrumentos de descapitalización".

La Sala que ha visto estos recursos está integrada por los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde, José Ramón Soriano y Manuel Marchena, siendo este último el ponente de la resolución.

El abogado de Roca, Horacio Oliva, argumentó durante su intervención el pasado 16 de diciembre que entiende vulnerada la presunción de inocencia del ex asesor municipal por "vacío probatorio" y porque las pruebas que se practicaron en el juicio fueron, a su juicio, valoradas de modo "irracional" por la Audiencia Nacional

Añadió que las alusiones a la facturación falsa en sociedades municipales que se incluían en la sentencia hacen referencia a la responsabilidad de Gil, y sólo se refieren circunstancialmente a Roca, y se quejó de que la sentencia de la Audiencia Nacional se limitará a realizar un "copia y pega" de las declaraciones de los diferentes imputados.

La sentencia no fue 'modélica'
En este punto, el Supremo da la razón a Oliva al considerar que la estructura formal de la sentencia que dictó en su día la Audiencia Nacional "no es modélica". "Se extractan las declaraciones de los imputados -incluidas las prestadas en diligencias no judiciales- y se acumulan por aluvión todas ellas, sin expresar el proceso intelectual de su valoración", dice el alto tribunal.

Pese a ello, el Supremo considera que, en su conjunto, la resolución de la Audiencia Nacional "no presenta una carencia argumental que provoque la vulneración del derecho que se dice denunciado" por la defensa de Roca, es decir, "no le faltan los presupuestos precisos para respaldar, de forma racional, el juicio de autoría".

"Y es que la constancia documental de la anarquía contable a la que los acusados sometieron al Ayuntamiento de Marbella -informe de Tribunal de Cuentas, documentos notariales de constitución de las sociedades participadas por fondos municipales, actas referidas a su funcionamiento, adquisición de sociedades factureras por uno de los acusados, documentos contables que reflejan la ficticia anotación de operaciones inexistentes (...)- está incorporada a la causa y es suceptible de ponderación en toda su minuciosidad", agrega.

Para el Tribunal Supremo, Roca "no era uno más" en la trama. Su papel "iba más allá de la condición de gerente nominal, desprovisto de poder (...) El acusado, en fin, se representó y tuvo conocimiento de que por medio de esas sociedades instrumentales, en ejecución del plan que los acusados habían ideado, se iba a iniciar un proceso de facturación absolutamente irreal, pero que iba a dar cobertura a un desapoderamiento de las arcas municipales próximo a los cuatro mil millones de pesetas".

El abogado de Sierra, Manuel Ollé, alegó durante la vista vulneración de los derechos fundamentales de su cliente y ausencia de motivación suficiente de las condenas. A su juicio, el texto de la Audiencia Nacional "no señala pruebas concretas" contra él.

El Supremo considera, sin embargo, que Sierra "no sólo conocía de propia mano la inadecuada gestión y la ausencia absoluta de control respecto de la aplicación de fondos públicos, sino que él mismo ideó un sistema de caja única y controló su funcionamiento cotidiano, desde su condición de secretario de los dintintos consejos de administración de las sociedades de las que forma parte".

Añade que el ex abogado de Gil, en definitiva, "expuso los bienes municipales al riesgo de un gasto 'cuasiclandestino' habida cuenta de la neutralizacón de los mecanismos públicos de control".

Desvío de fondos públicos
La sentencia de la Audiencia Nacional relató que los condenados concibieron y ejecutaron un plan con el que, entre los años 1991 y 1995, llevaron a cabo "actuaciones coordinadas tendentes a desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales".

El tribunal consideró que para la detracción del patrimonio municipal fueron "relevantes" los conocimientos que tenían cada uno de los condenados, conocimientos jurídicos en el caso de Sierra, contables en el de Castel y de la actividad empresarial, en el de Roca.

El tribunal absolvió a los otros tres acusados, los empleados de las sociedades municipales Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera y a la viuda del que fuera gerente de una de ellas, Purificación Notario, sobre quienes la acusación particular -ejercida por tres concejales del PP del consistorio marbellí-, había retirado su acusación.

elmundo.es

"CASO DE SANT ELM"; HIDALGO Y CAÑELLAS SE ATRIBUYEN MUTUAMENTE LA IDEA DEL CONVENIO DE LA TORRE

El caso investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento y fraude a la administración

EFE. PALMA El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) ha manifestado hoy al juez que fue el ex presidente del Govern Gabriel Cañellas (PP) quien le propuso un convenio para ceder el uso de la torre del castillo de Sant Elm al consistorio, mientras que Cañellas ha atribuido esta idea a Hidalgo.

Hidalgo y Cañellas han declarado hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcias, que investiga un supuesto desvío irregular de fondos de la Fundación Illes Balears, que preside Cañellas, la cual cedió el uso de la torre en 2006 al Ayuntamiento de Andratx -gobernado entonces por Hidalgo- a cambio de unos 45.000 euros cuyo destino se está investigando.

Este dinero lo pagó el Ayuntamiento gracias a una aportación de la Conselleria de Turismo, con el popular Joan Flaquer como conseller, que sufragó el 60 por ciento del importe del convenio para la cesión del castillo, en el que se realizaron algunas actividades culturales.

Según ha declarado hoy Cañellas, que ha comparecido por espacio de una hora asistido por el letrado Josep Perelló, en 2004 recibió una oferta del Ayuntamiento de Andratx para coordinar "alguna solución" para el uso del castillo, recién reformado, escrita por el propio Hidalgo.

En cuanto al destino del dinero pagado por el Ayuntamiento a la fundación, ha dicho que se trataba de una aportación y no una subvención, por lo que no se debía detallar la finalidad, ya que se entendía que era para los fines globales de la entidad, cuyo objeto social es recuperar el patrimonio paisajístico y arquitectónico rural.

El ex alcalde Eugenio Hidalgo, que ha sido conducido al juzgado desde la prisión donde cumple condena por otros casos de corrupción, ha explicado que fue Cañellas quien, en 2004, se dirigió a él para proponerle llegar a un acuerdo sobre el castillo.

Finalmente, en 2005, cuando Hidalgo accedió a la alcaldía, se dio luz verde al estudio del convenio, que finalmente fue firmado en 2006.

En 2007, cuando se produjo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento, el equipo municipal decidió dejar de pagar el convenio y lo rescindió.

Hidalgo ha dicho que no tenía "estudiado ni leído" el convenio que se investiga porque confiaba en los asesores jurídicos del consistorio y que "en la persona que había sido presidente del Govern (en referencia a Cañellas)".

"No es cierto que el convenio fuera una simulación para transferir ingresos económicos a la fundación o al señor Cañellas", ha agregado Hidalgo.

Este caso de supuesta corrupción parte de una denuncia de la Fiscalía por prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad y defraudación a la administración en relación al uso de dicho contrato de cesión del castillo.

La Fiscalía Anticorrupción indica que el convenio pudo suponer un perjuicio económico para el Ayuntamiento sin reportar ningún "beneficio o utilidad social o pública para el municipio o sus habitantes".

NOTICIAS RELACIONADAS
Gabriel Cañellas dice que la situación política actual es "lamentable". Mallorca
El juez imputa al portavoz del PP en Andratx, Jaume Porsell, por el caso torre de Sant Telm. Mallorca

diariodemallorca.es