lunes, 15 de febrero de 2010

EL CEREBRO DEL "CASO POLOP" COBRABA A CAMBIO DE TOLERAR OBRAS ILEGALES

Cobraba por licencias ilegales e infracciones urbanísticas que dejaba prescribir

ARTUR BALAGUER - Benidorm

Juan Cano, ex alcalde Polop, del PP, y supuesto autor intelectual del asesinato de su antecesor, Alejandro Ponsoda, cobraba un impuesto a los promotores a cambio de no demoler obras ilegales. El móvil del crimen, según el sumario, fue el urbanismo. Cano fue concejal de Urbanismo del Polop desde 1999 hasta 2003 y desde 2007 hasta el 23 de noviembre pasado cuando fue arrestado por su implicación en el asesinato de Alejandro Ponsoda.

Cano acumuló durante su etapa al frente del urbanismo del municipio un cúmulo de irregulares, la mayoría relacionadas con obras ilegales en suelo rústico. Un elemento común en todos los casos fue que esas obras ilegales fue el pacto tácito entre el promotor y el Consistorio.

Un caso que revela esta práctica de Cano acabó en los juzgados. En 2002, un constructor que responde a las iniciales J. A. B. fue denunciado por el Ayuntamiento por un delito contra la ordenación del territorio, aunque finalmente fue absuelto. Como en muchos otros pueblos de la Comunidad Valenciana, la construcción de casas en suelo no urbanizable acabó provocando conflictos, en este caso porque el promotor se negó a seguir pagando a los políticos. Aunque la juez eliminó del juicio las preguntas relativas al modus operandi de Cano por no ser objeto de la causa, J. A. B. dejó claro que las obras ilegales se pactaban con el Consistorio.En el juicio del Ayuntamiento de Polop contra el promotor J. A. B. fueron citados como testigos como testigos el alcalde asesinado, Alejandro Ponsoda, y el entonces concejal de urbanismo Juan Cano. El proceso consistía en pedir licencia en suelo no urbanizable, pagar las tasas de una licencia que no se podía conceder (en este caso fueron 205.000 pesetas de 2001), recibir después un aviso de paralización de las obras que nunca se ejecutaba y pagar una sanción por infracción urbanística, que para el caso de J. A. B. fue de 986.368 pesetas, esperando luego que pasaran los cuatro años para la prescripción del delito. Sin embargo, nunca se incoaba el expediente de restauración de la legalidad urbanística, que implicaba la demolición del inmueble, dado que no era legalizable, entre otras cosas porque, según reconoció J. A. B. a su abogado, se le pagaba a Cano un "impuesto" de importe similar al de la sanción que se ingresaba en el Consistorio.

Con esta manera de proceder Ponsoda reconoció en el juicio que en 2001, cuando denunciaron a J. A. B. por negarse a seguir pagando, ya se habían realizado en Polop unas 150 obras ilegales. De una actuación similar en el casco urbano se derivó la queja de un constructor al PP por una grabación en la que Cano y Joaquín Montiel Montiel, también concejal y presidente del PP local, le pedían dinero por la obtención de unas licencias. Julio de España, entonces presidente provincial de los populares, consiguió apartarlos de la lista, pero nadie evitó que en 2007 volvieran al consistorio.

Entre 2003 y 2007, ya fuera del Ayuntamiento, Cano siguió haciendo negocios urbanísticos. Sólo de la compra y venta de una parcela en 2005 obtuvo 420.000 euros de plusvalía. Su sustituto al frente del urbanismo polopino, Juan Andrés Lloréns, declaró a la Guardia Civil que entonces Cano "abusaba de su relación con Ponsoda" y que consiguió que para adjudicarle el sector número 8 a la urbanizadora Blauverd, pusiera como condición que la empresa comprara la parcela de Cano y otras dos del concejal Jaime Narbó y su padre por un millón de euros.

En el sumario del caso Polop también figura la declaración voluntaria de un empresario de la jardinería de Callos d'En Sarriá, que elevó una queja al Defensor del Pueblo por entender que había sufrido una extorsión por parte de Cano a principio de 2009. Según explica este empresario que responde a las iniciales I. P. S., Cano le obligó a deducir un 10% del importe de la deuda de 36.823,56 euros que mantenía con él el consistorio desde 2007, utilizando para ello la mediación de un funcionario. I. P. S. aportó la documentación que demostraría que de la cuenta municipal acabaron saliendo los 36.823,56 euros, aunque el empresario sólo cobró 33.141,20.

Son algunos ejemplos de la trama urbanística que tejió Cano y que pretendía engordar. En el registro practicado en el despacho consistorial del entonces alcalde la madrugada del pasado 23 de noviembre, día de su detención, la Guardia Civil encontró unos planos que demuestran que el ex regidor pretendía recalificar más de 1,5 millones de metros en la falda de una montaña. La policía llegó a la conclusión de que las reuniones de Cano con los promotores de los planes pretendían eludir el control urbanístico del Consell. Otra de las líneas de investigación partirá de la gestión de un ingeniero de caminos que llegó a Polop en 1999 con Juan Cano al frente del urbanismo local. Este empleado creó una empresa externa llamada Urbanismo e Ingeniería de la Marina con la que contrataron al menos siete urbanizadores. La policía señala la vinculación de este ingeniero y sus actividades con Cano.

La encargada de esclarecer la trama urbanística será la magistrada del Juzgado número 3 de La Vila, luego de la separación de estas diligencias de las estrictamente relacionadas con el crimen.

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"CASO GÜRTEL"; LA INVESTIGACIÓN IMPLICA A LA ESPOSA DEL EX TESORERO DEL PP EN LA TRAMA DE BLANQUEO

Nuevas revelaciones del 'caso Gürtel'

La mujer de Bárcenas participó en una promotora de Correa financiada con dinero opaco - Anticorrupción y el Tribunal de Madrid reciben nuevos informes de Garzón

J. M. ROMERO / J. A. HERNÁNDEZ

El nombre de Rosalía Iglesias Villar (en la foto), esposa de Luis Bárcenas, senador por Cantabria y ex tesorero nacional del Partido Popular, ha aparecido en documentos vinculados a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que fueron incautados por orden judicial en bufetes de abogados. Iglesias Villar, según esos documentos, participó como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid), según los últimos avances de la investigación a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Rosalía Iglesias se halla imputada en las pesquisas del 'caso Gürtel'

La inversión que hizo en el negocio de Correa se eleva a 150.000 euros

La promoción inmobiliaria de Majadahonda se alimentó supuestamente con fondos procedentes del blanqueo de dinero a través de sociedades mercantiles radicadas en el exterior y controladas por entidades situadas en paraísos fiscales, sostienen varios informes policiales incorporados al sumario del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al Partido Popular.

Rosalía Iglesias Villar, sin ingresos conocidos, según los informes de la Agencia Tributaria, está imputada en el caso Gürtel debido a que no ha podido justificar el millón de euros que poseía en una cuenta de Caja Madrid. Su marido, también imputado por el mismo caso en el Tribunal Supremo, dado que es senador, aparece en la contabilidad de la trama empresarial corrupta con ingresos superiores al millón de euros en diversas entregas de supuestas comisiones ilegales. Está imputado por delito fiscal y cohecho.

150.000 euros
Un informe reciente de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al abogado Luis de Miguel por blanqueo de capitales, que ha sido remitido a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señala que Rosalía Iglesias Villar, aparece con una inversión de 150.000 euros en el proyecto inmobiliario de Twain Jones, investigado dentro del caso Gürtel.

Francisco Correa ordenó montar un entramado empresarial para ejecutar, entre otras, esa inversión inmobiliaria de Majadahonda, a Luis de Miguel, quien fue su asesor fiscal y administrador de algunas de sus sociedades hasta el año 2006.

En la Audiencia Nacional se abrió una causa ese mismo año 2006 contra De Miguel por supuesto blanqueo de dinero. El juez Garzón instruía el procedimiento abierto a De Miguel. Esa fue la razón de que la investigación de la trama de corrupción vinculada al PP, donde De Miguel y su bufete de abogados habían tenido supuestamente una participación activa e importante, recayera en el verano de 2008 en este juez de la Audiencia Nacional.

La cantidad invertida por la mujer de Bárcenas en el proyecto investigado por blanqueo de dinero, 150.000 euros, tiene mucha similitud con la cifra que aparece manuscrita, y que la investigación atribuye a su marido, en un documento intervenido en el despacho del abogado José Ramón Blanco Balín. Este abogado sustituyó en 2006 a De Miguel como asesor y socio de Francisco Correa, el jefe principal de la trama corrupta vinculada al PP.

Blanco guardaba en su oficina un archivador con documentos de la entidad británica Rutsfield Trading Limited, domiciliada en Londres y propiedad de Correa, según la investigación. En ese archivador se encontró una hoja manuscrita (véase gráfico de la página siguiente) donde figuraba un reparto de dinero de "50MM" (50 millones de pesetas, 300.000 euros) entre "PC" (supuestamente Paco Correa) y "LBarcenas" (supuestamente Luis Bárcenas) vinculado al proyecto inmobiliario Twain Jones en Majadahonda.

Si se repartieron ese dinero a partes iguales, a Bárcenas le habrían correspondido 150.000 euros, la misma cantidad que su mujer invirtió en el mismo proyecto -Twain Jones- que aparecía en la hoja manuscrita.

La investigación ha logrado acreditar que la titular de las acciones de Rutsfield Trading Limited era otra sociedad llamada PACSA que, a su vez, era gestionada por Morning Star Holding desde el paraíso fiscal de la isla de Nevis, en el Caribe, según los informes que obran en el sumario del caso Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción entiende que la hoja manuscrita encontrada en el archivador correspondiente a la sociedad Rutsfield pondría de manifiesto "la vinculación del señor Bárcenas con entidades domiciliadas en paraísos fiscales" y, por tanto, estaría implicado en un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, que abrió una causa por delito fiscal contra Bárcenas -por no haber declarado a Hacienda los ingresos irregulares que recibió supuestamente de la trama corrupta-, rechazó investigar el supuesto blanqueo de capitales del ex tesorero del PP con el siguiente argumento: "Esa anotación manuscrita carece de fuerza disuasoria para proporcionar indicios suficientes sobre la pertenencia a la rama de empresas que constituyen el objeto de investigación que se desarrolla ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Era ese órgano judicial el que investigaba la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa que implicaba en sus conductas delictivas a Luis Bárcenas.

El Tribunal Supremo, no obstante, advertía en su auto que "si en las investigaciones que se realizan aparecieran nuevos indicios o nuevos hechos que permitan sugerir un grado de implicación en los hechos que investigan, los instructores deberán proceder cómo se ha dicho, comunicando a esta Sala los indicios posibilitando que se resuelva sobre la ampliación del objeto del proceso que se abre con esa resolución".

Cuando el PP conoció que el Tribunal Supremo no imputaba a su tesorero nacional por blanqueo de dinero se felicitó al entender que Bárcenas había sido absuelto de la acusación más grave que pesaba sobre él.

Los nuevos indicios encontrados por la investigación policial respecto a su esposa, que según la Agencia Tributaria carece de ingresos, en una operación inmobiliaria donde ya apareció, al menos en una anotación manuscrita, el nombre de Bárcenas, podrían cerrar el círculo sobre la implicación del ex tesorero en la trama de blanqueo de dinero.

La mujer de Bárcenas se halla imputada en la investigación que desarrolla el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa vinculada al PP y por la que su marido, el ex tesorero nacional, también está imputado en el Tribunal Supremo.

Rosalía Iglesias Villar no ha podido justificar aún la procedencia del millón de euros que, según un informe de la Agencia Tributaria, poseía en una cuenta a su nombre en Caja Madrid. El senador y ex tesorero Luis Bárcenas, según el mismo informe de la Agencia Tributaria, hacía la declaración conjunta de IRPF junto a su mujer y sólo incluía sus remuneraciones como parlamentario y empleado del Partido Popular, de lo que se deduce que su mujer no tiene empleo ni ingresos propios.

Bárcenas ha sido suspendido por el PP en sus funciones de tesorero aunque recibe un trato privilegiado respecto a otros imputados del partido en el caso Gürtel. Es el único de todos los implicados al que el PP paga el abogado. También mantiene su despacho y su secretaria, sigue siendo tesorero del Grupo Parlamentario del Senado, no ha sido suspendido de militancia y es el único imputado al que Rajoy defiende en público.

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Grafico
Una operación inmobiliaria bajo sospecha
GRAFICO - El Pais - 15-02-2010

La mujer de Bárcenas invirtió 150.000 euros de procedencia desconocida en un proyecto de la trama. - ELPAÍS


Luis Bárcenas Gutiérrez
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Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

Caso Gürtel
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EL ALCALDE DE MONTROI DECLARA COMO IMPUTADO POR LOS CHALÉS ILEGALES

El juzgado también cita a dos notarios y un abogado por la concesión de licencias ilegales en suelo rústico

LYDIA GARRIDO - Valencia

La investigación por la construcción de decenas de chalés ilegales en la localidad valenciana de Montroi (2.800 habitantes) ha llevado esta mañana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent al actual alcalde, el socialista Antonio Polo, que ha declarado en calidad de imputado por supuestos delitos de prevaricación urbanística, omisión del deber de perseguir el delito y por desobediencia. A instancias de la Fiscalía, también han sido citados como imputados un abogado y dos notarios, aunque uno de ellos no ha sido finalmente interrogado por estar indispuesto.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, los tres imputados que han comparecido ante el juez han quedado en libertad provisional y sólo al alcalde se le ha impuesto como medida cautelar la retirada del pasaporte.

La Guardia Civil detuvo el pasado 3 de febrero al ex alcalde del PP Francisco Javier Carrión por delito urbanístico y prevaricación y a otras seis personas en relación con una trama de concesión ilegal de licencias para construir al menos 77 chalés en suelo rústico urbanizable del municipio. Los agentes del instituto armado registraron la sede del Ayuntamiento y se llevaron de ella abundante documentación. Los afectados por la venta de las casas son principalmente británicos y alemanes, que suscribieron títulos de propiedad compartida de terrenos rústicos, algunos incluso embargados. Varios afectados acudieron a los tribunales, lo que desencadenó la investigación en torno a las licencias concedidas por el Ayuntamiento.

El actual alcalde de la población no fue detenido en la operación, pero la Fiscalía ha pedido su declaración como imputado, al igual que la de dos notarios y un abogado acusados de falsedad, estafa y delitos contra la ordenación del territorio.

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EL FISCAL PIDE CÁRCEL PARA EX DIRIGENTES DE UNIÓ POR EL "CASO PALLEROLS"

El partido se sentará en el banquillo por supuesta financiación con fondos de la Generalitat

PERE RÍOS - Barcelona

Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se sentará en el banquillo de los acusados por haberse financiado supuestamente con fondos públicos de la Generalitat destinados a la formación de parados. El fiscal considera que el partido de Josep Antoni Duran i Lleida debe responder como responsable civil subsidiario de los hechos por la supuesta malversación de 595.972 euros procedentes de las subvenciones que concedía el Departamento de Trabajo y que supuestamente se desviaron para financiar el partido democristiano.

La fiscalía realiza estas consideraciones en el escrito de acusación presentado esta mañana en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que investiga el caso desde 1999. El fiscal Fernando Rodríguez Rey acusa a seis personas de los delitos de malversación, cohecho y falsedad y solicita para ellas penas que suman entre siete y 11 años de cárcel. Cinco de los acusados eran militantes de Unió cuando se produjo el supuesto desvío del dinero para el partido, entre 1994 y 1996. Uno de ellos es Vicenç Gavaldà, secretario de organización de Unió de 1992 a 1996 y secretario de relaciones institucionales de 1997 a 1999.

El fiscal solicita para él 11 años de cárcel y multa de un millón y medio de euros y que podría ascender a tres millones y medio si, de manera alternativa, se rechaza el delito continuado de malversación y se considera que cometió un delito de fraude de subvenciones. Para la fiscalía existió "un mutuo acuerdo" entre los cargos del Departamento de Trabajo, cuyo titular era entonces el democristiano Ignasi Farreras, con el fin de desviar el 10% de las subvenciones públicas que recibían las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols para formar parados. Según el fiscal, Gavaldà "jugó un papel decisivo" en la trama supuestamente delictiva y que "actuó procurando vías de financiación para las actividades y gastos de UDC".

Otra de las acusadas es Dolors Llorens, miembro del comité de gobierno del partido y que fue directora de Empleo de la Generalitat entre 1993 y 1990. También están acusados los todavía militantes de Unió Santiago Vallvé, Lluís Gavaldà y Maria Cruz Guerrero, que se dio de baja en 1998 y que es esposa de Fidel Pallerols , propietario de las tres empresas que recibieron las subvenciones y para quien el fiscal solicita 10 años de cárcel. El fiscal asegura que fue él "quien personalmente mantenía los contactos, acordaba cantidades, y ejecutaba el contenido de los acuerdos entablados entre todos los acusados".

El fiscalía considera que el dinero desviado se empleó para comprar material de oficina e informática para las sedes del partido o bien para pagar las nóminas de las empresas que estaban en nómina de las empresas beneficiarias pero que simplemente eran militantes de Unió.

El ministerio público cuantifica el perjuicio causado a las arcas públicas en 595.972 euros más intereses y entiende que deben abonarlo Vicenç Gavaldà y Santiago Vallvé, pero en caso de que se declaren insolventes se pide que Unió responda como responsable civil subsidiario. Y si se rechazara esa pretensión, el fiscal pide que el partido de Duran sea declarado partícipe a título lucrativo y abone 197.284 euros por el dinero del que se benefició.

Unió niega que se haya financiado con el 'caso Pallerols'
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha comunicado a través de un breve comunicado que no se financió a través del "caso Pallerols" y ha subrayado que no ha sido parte en este proceso judicial.

Aunque Unió ha rechazado pronunciarse en profundidad hasta que no se le notifique oficialmente, sí ha querido dejar claro que no ha recibido "ninguna financiación de las actuaciones que se derivan de este caso" y ha recordado que "Unió nunca ha sido parte en este proceso a lo largo de más de once años de instrucción".

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"CASO GÜRTEL"; EL TSJ DE VALENCIA VE INDICIOS DE DELITO EN LA FINANCIACIÓN DEL PP Y DICE QUE SE INVESTIGUE EN MADRID

El tribunal se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps y otras 16 personas por el 'caso Gürtel'

EL PAÍS - Valencia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no investigará de momento la supuesta financiación ilegal del PP. La Sala de lo Civil y Penal ha decidido declararse no competente para investigar los hechos descritos en la querella presentada por el PSPV-PSOE contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seis altos cargos de su gobierno y del partido, cinco presuntos miembros de la trama corrupta del caso Gürtel y cinco empresas constructoras. Los magistrados consideran que la denuncia, que se dirige contra un total de 17 personas por los delitos de falsedad, financiación ilegal de partido político, malversación, prevaricación y cohecho, no debe deslindarse de la causa que instruye el TSJ madrileño en relación con el caso, al menos mientras no afecte a un aforado valenciano. No obstante, los magistrados destacan que el informe policial en el que se apoya la querella contiene "hechos de posible significación delictiva" sobre la financiación del PP que "necesariamente se han de investigar".

Según señala el TSJ valenciano en una nota, los magistrados se han acogido a los argumentos de la Fiscalía, que consideró que no era el momento de investigar en Valencia la supuesta financiación ilegal del PP por la posible "duplicidad" con las pesquisas del juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira. De hecho, el auto destaca párrafos del informe policial citado en la querella socialista que subrayan la necesidad de una "visión global" de las actividades imputadas a la organización delictiva que supuestamente encabezaba Francisco Correa, en prisión.

Los socialistas valencianos presentaron la querella el pasado noviembre a partir de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que recogía indicios de la supuesta financiación ilegal del PP con facturas de actos del partido que habrían pagado las empresas constructoras a través de Orange Market, filial valenciana de la trama. La empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, se encargaba de la mayoría de actos del PP valenciano. La investigación policial también revela que la trama Gürtel cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Analizado el informe policial, la Sala de lo Civil y Penal concluye que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar", pero también que el asunto debe quedar de momento en manos del tribunal madrileño para evitar la "duplicidad" de procedimientos sobre los mismos hechos, al menos hasta que se produzca una hipotética implicación de aforados valencianos. El auto califica de "cualificado" el informe policial, que el mismo TSJ ignoró cuando llegó a la sala a finales del pasado julio, justo en plena deliberación de las diligencias abiertas a Camps y otros altos cargos por supuesto cohecho pasivo impropio por aceptar trajes de la trama. Los magistrados archivaron la causa y no analizaron el informe policial, que ha vuelto a sus manos con la querella de los socialistas.

Tras presentarse el pasado noviembre la denuncia, la Sala de lo Civil y Penal pidió información a varias instituciones y al TSJ de Madrid antes de decidir su admisión a trámite. El tribunal madrileño respondió que no podía facilitar datos del caso porque aún está bajo secreto de sumario y podía frustrarse "el final legítimo" de la investigación que desarrolla. Tras esa respuesta, los magistrados valencianos se dirigieron a los socialistas y a la Fiscalía para que se pronunciaran sobre su competencia o no para instruir la querella. El PSPV considera que sí lo es, mientras que la Fiscalía mantiene que de momento la investigación corresponde al TSJ madrileño, posición en la que se han basado los magistrados para declararse no competentes para conocer la querella.

El PP ha comparecido poco después de conocerse la decisión del TSJ valenciano. Antonio Clemente, secretario general de los populares valencianos, ha afirmado que el auto "deja claro que no hay ningún aforado valenciano en ninguna trama", informa Joaquín Ferrandis. Clemente ha reconocido que sólo podía hacer una valoración política, ya que no conoce aún el contenido del auto. Aún así, el PP considera que el auto "condena de manera clara la estrategia socialista para hacer daño a personas inocentes". Clemente, que ha hecho estas declaraciones acompañado del portavoz del PP en las Cortes y consejero Rafael Blasco, ha pedido la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

Frente a la interpretación del PP, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, ha subrayado que el auto, "lejos de exculpar a nadie, resalta y destaca la gravedad de los hechos". La querella "es contundente porque los hechos son contundentes" y "la complejidad de la investigación aconseja mantenerla unida", ha afirmado Luna. La causa "puede afectar a aforados de otras comunidades", por lo que el caso puede acabar en el Tribunal Supremo y si éste no se hace cargo en el TSJ valenciano, ha advertido Luna.

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Francisco Camps Ortiz
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Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Caso Gürtel
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"CASO MERCASEVILLA"; MARCHENA ACUDE AL JUZGADO QUE INSTRUYE EL CASO PARA DEJARSE VER

Se pone a disposición de la instructora

Manuel Marchena, deambulando por el edificio de los juzgados. | Carlos Márquez

Europa Press | Sevilla

El ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) y consejero delegado de Emasesa, Manuel Marchena, ha acudido al Juzgado de Instrucción número 6 "para ponerse a disposición" de la juez Mercedes Alaya Rodríguez y "aclarar todos los extremos que su señoría considerase necesarios", aunque finalmente no pudo declarar al encontrarse ésta celebrando juicios.

Todo ello se produce después de la declaración prestada ante la Policía Judicial por parte del socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, Antonio Pardal Reyes, quien aseguró que el propio Marchena lo llamó personalmente, reuniéndose posteriormente en las instalaciones de Urbanismo, "donde le dijo que, a cambio de abandonar Mercasevilla, le ofrece poder concursar en varios proyectos de VPO que le serían otorgados en su día".

En un comunicado, el consistorio hispalense destacó que, en este caso, "siguiendo la misma actitud que ha mantenido el Gobierno municipal de colaborar con la Justicia en la investigación relacionada con Mercasevilla", Marchena se ha presentado en los Juzgados el primer día hábil tras tener conocimiento de este asunto "y de forma totalmente voluntaria, puesto que no tiene ninguna comunicación oficial de Juzgado de Instrucción número 6 requiriéndole información ni su presencia".

De este modo, y según indicó el Ayuntamiento, Manuel Marchena ha explicado que ha acudido de forma voluntaria ante la juez, ante la que no ha podido declarar al encontrarse ésta celebrando juicios, para "mostrar su voluntad clara y manifiesta de colaborar así como su absoluta disposición ante la Justicia". "No tengo nada que ocultar porque he actuado y actuaré siempre con la máxima transparencia en la gestión", apostilló.

Asimismo, y ante la imposibilidad de declarar ante la juez de Instrucción número 6, "los funcionarios judiciales han tomado nota de su disposición así como de sus datos por si en el futuro la juez considerase necesaria su presencia en los Juzgados".

Además
* La juez ordena investigar al ex gerente de Urbanismo

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; MONTESEIRÍN ADMITE QUE SE REUNIÓ CON EL DUEÑO DE PARTE DE LOS SUELOS DE MERCASEVILLA

El alcalde matiza que fue una reunión 'de cortesía'

* El alcalde rebusca en 'los archivos' para tratar de averiguar qué pasó

Europa Press | Sevilla

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha reconocido que entre el Ayuntamiento y el socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, Antonio Pardal, existió un "contacto" y una "reunión de cortesía", pero frente al testimonio de éste que implicaría al por entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, en las supuestas irregularidades investigadas en la sociedad mixta Mercasevilla, aseguró que la realidad "no se corresponde" con el relato del empresario. "El consistorio cumple fielmente la Ley y los procedimientos", ha dicho el alcalde.

El empresario Antonio Pardal, socio mayoritario de Larena 98, antigua dueña de parte de los suelos de Mercasevilla, había asegurado ante la Policía Judicial que Marchena le ofreció en 2002, presuntamente, adjudicarle varios proyectos municipales de VPO a cambio de revocar su contrato de derecho de superficie. Pardal dijo que, tras varias reuniones con responsables políticos de Mercasevilla y la Junta, mantuvo varios encuentros con el alcalde Sánchez Monteseirín para informarle de "anomalías" en el mercado. El alcalde, al enterarse, dijo que hablaría con Marchena "para aclarar la situación".

Hoy, Alfredo Sánchez Monteseirín ha dicho que está "revisando los archivos", después de que Antonio Pardal implicase a Manuel Marchena en el escándalo de Mercasevilla y de que la juez Mercedes Alaya haya ordenado que se investigue "todo lo relacionado" con este aspecto.

Reunión de cortesía
"Hasta el momento, sabemos que efectivamente, hubo una reunión que se califica de cortesía y relativa a unas inversiones que estaba realizando en Mercasevilla y a un patrocinio", ha explicado el alcalde en relación con el "contacto" que el Ayuntamiento mantuvo con este empresario.

El regidor hispalense, en este sentido, insistió en que el Ayuntamiento está "revisando toda la documentación para poner a disposición de la Justicia todos los datos". "Queremos que resplandezca la verdad", aseguró el primer edil, para destacar la "transparencia total y absoluta" con la que, según dijo, trata el Ayuntamiento los aspectos relativos a esta investigación.

No obstante, Sánchez Monteseirín ha dicho que "todo lo demás (en referencia al chanchullo que Marchena le habría propuesto al empresario y a la hipotética implicación del propio alcalde), vamos a demostrar que no se corresponde en absoluto" con la verdad. "El Ayuntamiento cumple fielmente la Ley y los procedimientos", zanjó Alfredo Sánchez Monteseirín.

Al respecto, el alcalde insistió en que "todos los datos" serán aportados a la investigación y, en cuanto a las advertencias del PP, que cree que este testimonio prueba su implicación en el caso y la de Manuel Marchena, advirtió de que "sin pruebas" no se debe "intentar desacreditar a personas honradas, a servidores públicos y a la función pública".

Además
* El PP ubica a Monteseirín en el 'epicentro' del escándalo

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL TSJCV APUNTA HECHOS DELICTIVOS EN EL INFORME SOBRE FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

TRIBUNALES

Camps y Costa en las Cortes Valencianas | Vicent Bosch.

* El informe policial contiene 'hechos de posible significación delictiva'
* La Sala de lo Civil y lo Penal considera que hay que investigar los hechos

Efe | Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado no asumir la competencia para investigar la querella del PSPV-PSOE contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros miembros del Gobierno valenciano y del PPCV por prevaricación y financiación irregular.

La Sala de lo Civil y Penal ha notificado este lunes un auto en el que señala que la querella y el "cualificado" informe policial en el que se basa "contienen hechos de posible significación delictiva" que "necesariamente se deben investigar" para averiguarlos.

Lo único que queda "en cuestión" es "qué órgano judicial" es el competente para investigarlos, con el fin de evitar "posibles duplicidades e interferencias procedimentales".

En este sentido, recuerda que el Ministerio Fiscal, por "razón de eficiencia", se mostró partidario de que la investigación fuera llevada en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bajo la dirección del magistrado Antonio Pedreira.

Según el tribunal valenciano, el citado informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dice que "los hechos que constituyen el sustrato de la investigación no se pueden deslindar, ya que todos ellos están interconectados, y para su comprensión se requiere una visión global, de conjunto", y no de "un momento determinado".

El informe también describe que la empresa Orange Market "está directamente vinculada con el conglomerado empresarial de Francisco Correa, ya que consolida sus cuentas de caja B con las de la organización", cuyo despacho estaba en el número 40 de la calle Serrano de Madrid.

Los hechos, según entiende la Sala, se cometen "cumpliendo los fines de una organización delictiva y siguiendo un mismo modus operandi", y las "figuras delictivas que confluyen" pueden ser calificadas de "conexas".

Según el informe policial, "la forma de actuar responde a un patrón de conducta" basado "en la obtención de favores" por parte de responsables políticos del PP con capacidad directa de decisión "en el ámbito de contratación", o con una posición de prevalencia en el partido que les permita influir en este sentido.

El tribunal entiende que la "reiteración" y "contundencia" de los argumentos expuestos en el informe apuntan la necesidad de "una única perspectiva judicial" y "un único procedimiento penal para su averiguación".

Añade en este sentido que "la fragmentación procesal propiciada por la existencia de los distintos aforamientos podría ser perjudicial".

El TSJCV concluye al respecto que el juez Pedreira "puede realizar y practicar las diligencias que estime oportunas", si bien "no podría realizar actos que, en sí mismo, determinen la sujeción de un aforado a otro tribunal".

Las competencias para llevar a cabo una inculpación o practicar diligencias "que incidan de forma directa sobre personas aforadas ante esta Sala corresponden al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana" o al Tribunal Supremo, advierte el auto.

El tribunal valenciano, a quien el juez Pedreira denegó información que se encontraba bajo secreto de sumario, aduce que no ha podido conocer todo el "alcance" de los hechos, por lo que "difícilmente" puede "adoptar una decisión fundada para delimitar los hechos de su competencia".

Por estos argumentos, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha acordado "no declararse competente" para investigar la querella presentada por cuatro diputados autonómicos socialistas, decisión contra la que se puede interponer un recurso de súplica.

La querella fue presentada el pasado 9 de noviembre e iba dirigida, además de contra Camps, contra dirigentes del PP como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; y miembros del Gobierno valenciano como el vicepresidente primero, Vicente Rambla. También figuran como querellados los supuestos cabecillas de la trama 'Gürtel' Francisco Correa y Álvaro Pérez, y constructoras como FACSA, Sedesa y Lubasa.

Los delitos imputados por el PSPV son: cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

Además
* Lea íntegro el auto emitido por el TSJ de la Comunidad
* Rajoy perdona a Camps y le permite ser candidato en 2011
* El tribunal no asume la competencia para investigar la querella del PSPV

elmundo.es

LA FISCALÍA DEL "CASO PALLEROLS" VE INDICIOS DE FINANCIACIÓN IRREGULAR EN UNIÓ DEMOCRÁTICA

TRIBUNALES | Penas que suman 55 años para seis imputados

* Reclama responsabilidad civil subsidiaria a UDC y le pide 197.000 euros
* Les acusa de otorgar subvenciones para cursos falsos a un empresario
* Éste habría desviado el 10% de ese dinero parara sufragar gastos del partido
* Acusa a Lluis Gavaldà, director de Ocupación, de participación 'determinante'

Germán González | Barcelona

La petición fiscal del 'caso Pallerols' considera que existen indicios de financiación irregular en Unió Democràtica de Catalunya (UDC) entre los años 1994 y 1999. El fiscal, además, pide penas de prisión de entre 7 y 12 años para los seis imputados en el caso, cinco de ellos militantes de UDC, y reclama la responsabilidad civil subsidiaria del partido, al que le reclama 197.000 euros por compra de material de oficina y pago de nóminas.

La trama, que se desarrolló en los años 90, consistiría en que la Conselleria de Treball, dirigida entonces por el miembro de UDC Ignasi Farreras, había otorgado subvenciones por un valor aproximado de 8.856.510 euros a tres empresas de Fidel Pallerols y su esposa, María de la Cruz Guerrero, para la realización de cursos ocupacionales y de reciclaje cofinanciados por el Fondo Social Europeo que, en muchos casos, nunca se llegaban a realizar. El empresario, según la petición del fiscal, otorgaba el 10% de esas subvenciones "para sufragar gastos del propio partido". En concreto, en forma de salarios y para la compra de material de oficina.

Así, además del empresario y su esposa, están imputados Vicenç Gavaldà, entonces secretario general de UDC; Santiago Vallvé, militante del partido; Luís Gavaldà, quien era entonces director general de Ocupación; y Dolors Llorens, subdirectora de dicho departamento. Según la fiscal, la participación de estos dos últimos era "determinante" a la hora de establecer las subvenciones. Además, acusa a Santiago Vallve, condenado por el caso Turisme.

Establece una relación "personal de estrecha confianza" -compartían vacaciones, veladas familiares...- entre el empresario que recibía las subvenciones, Fidel Pallerols, y el director del servicio de Ocupación, Lluís Gavaldà.

elmundo.es

LA AUDIENCIA PROVINCIAL SOBRESEE LA CAUSA CONTRA FABRA POR FALSEDAD DE SELLOS

JUSTICIA | Caso Fabra

Carlos Fabra, tras prestar declaración en Nules. | J. Martí

* La ex esposa del presidente del PP también queda exhimida de la investigación
* El tribunal ha cordado el cierre de la instrucción respecto de Hamdi el Azouzi

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Carlos Fabra y su ex esposa Desamparados Fernández por falsedad, instruida en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Nules investigados desde 2005 a raíz de una supuesta falsificación de sellos y cuños en los documentos de unos productos fitosanitarios.

La sala entiende que, después de concluida la investigación, no existe soporte indiciario suficiente para mantener la imputación de ambos. Asimismo, el tribunal ha cordado el cierre de la instrucción respecto de Hamdi el Azouzi, no así en el caso de Monserrat Vives.

La Audiencia se ha pronunciado así resolviendo los recursos de apelación formulados por todos ellos contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Cabe recordar que la denuncia fue presentada por el empresario Vicente Vilar ante el Ministerio de Agricultura, que la remitió a la Fiscalía Anticorrupción, estudiando el juzgado una supuesta falsificación de sellos y documentos para agilizar fitosanitarios de empresas en las que tenían intereses.

El pasado 11 de mayo la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Nules dictó un auto de transformación para trasladar a la Fiscalía Anticorrupción las actuaciones relativas a las diligencias previas abiertas para investigar un posible delito de falsedad documental del que podrían ser autores Carlos Fabra, su ex esposa, el empresario Vicente Vilar y varios imputados más.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado provisionalmente una pena de dos años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, al que acusaba de "manipular" documentos para que dos de sus empresas obtuvieran el "mayor número posible" de autorizaciones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la producción de productos fitosanitarios.

El fiscal consideraba tanto a Fabra como al empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Monserrat Vives, autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial, mientras que pedía el sobreseimiento de las actuaciones en relación con María de los Desamparados Fernández; Domingo Cadahía, ex director general del Ministerio de Agricultura; y Mohamend Chakir, ex empleado de la empresa Naranjax.

Fabra y su ex mujer presentaron entonces un recurso de nulidad y subsidiario de reforma contra este procedimiento abreviado incoado contra ellos por el Juzgado de Instrucción número 2 de Nules por una posible falsificación de documentos para la obtención de autorizaciones comerciales.

Ahora ha llegado la resolución judicial en lo relativo a esta causa del Juzgado 2 de Nules.

Más retraso lleva la otra causa abierta contra el presidente del PP y de la Diputación, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules que dirige Jacobo Pin Godos. Este juzgado investiga presuntos delitos contra la Administración Pública -entre los que figuran los delitos de cohecho, reuniones prohibidas y tráfico de influencias- y un supuesto delito fiscal.

Por otro lado, Hacienda inició una denuncia contra Carlos Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999. La jueza entonces decidió unir la causa fiscal al mismo sumario por delitos contra la Administración Pública y se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente desde 1999 a 2004.

Esta causa todavía está en fase de Instrucción, y se están recabando aún datos económicos de la familia Fabra, sin que hasta la fecha se haya formalizado ninguna acusación directa y formal por parte de la Fiscalía a ninguno de los presuntos delitos que se investigan relacionados con la Administración Pública.

El 18 de diciembre de 2003 comenzó el Caso Fabra con la primera denuncia y desde entonces la única acusación formal de la Fiscalía, sobre el tema de los sellos, es la que acaba de sobreseerse. Ninguna de todas las demás investigaciones tiene hasta la fecha una acusación formal por parte del Ministerio Fiscal.

Además
* Lea el auto de la Audiencia de Castellón

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LA FECHA DE LOS MACROJUICIOS DE CORRUPCIÓN ENFRENTA A JUECES Y FISCALES

La Audiencia quiere que coincidan las vistas de Malaya y Ballena Blanca

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

Las aguas bajan turbias en la Ciudad de la Justicia de Málaga ante los grandes juicios de corrupción previstos para este año. La fiscalía y la Audiencia Provincial están enfrentados por las fechas en las que han de celebrarse las vistas orales de sumarios tan importantes como los casos Malaya, Ballena Blanca o Minutas. Los jueces pretenden iniciar todas las sesiones antes del verano, lo que haría coincidir las causas en las mismas fechas y dificultaría la labor acusatoria y defensora de fiscales y abogados, que están personados en dos e incluso en los tres juicios a la vez. Los fiscales piden que las vistas orales se celebren de forma sucesiva y, sobre todo, que no coincidan en el tiempo los juicios de los casos Ballena Blanca y de Malaya, investigados ambos por el mismo fiscal.

Varios acusados, el fiscal y algunos letrados tendrían dos juicios a la vez

"Si se quiere tener un juicio justo, no pueden coincidir", dice la fiscalía

De momento, la Audiencia ya ha fijado las fechas de los dos juicios de menor volumen. El caso Minutas, que investiga la supuesta maquinación entre el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, para enriquecer a éste a costa del erario municipal, se celebrará entre el 6 de abril y el 4 de junio de lunes a miércoles y de lunes a jueves, según las semanas. Este caso tiene 18 imputados y en él actuará como acusador Francisco Jiménez Villarejo, de la Fiscalía Anticorrupción

El segundo caso con fecha es el llamado Ballena Blanca, una de las causas por blanqueo de capitales más sonadas destapadas en la Costa del Sol. El abogado Fernando del Valle y otras 18 personas vinculadas a su bufete se sentarán en el banquillo los lunes y los miércoles durante seis meses a partir del próximo 15 de marzo, acusados de blanquear un patrimonio de 12 millones de euros, parte del cual procede del narcotráfico. Como fiscal estará el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero.

El gran problema lo plantea el caso Malaya, el juicio más voluminoso de cuantos se han celebrado en la historia de España, con 103 imputados encabezados por el ex asesor urbanístico de Marbella Juan Antonio Roca. La fecha de la vista oral todavía no ha sido notificada y se ha convertido en objeto de conversaciones entre fiscales y magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia. Los jueces pretenden iniciar el juicio esta primavera. Sin embargo, el fiscal López Caballero considera que su capacidad de maniobra quedará mermada si tiene que asistir al mismo tiempo al juicio de Ballena Blanca, un asunto de gran complejidad técnica y económica, y al de Malaya, un sumario de 90.000 folios lleno de aristas jurídicas.

No es el fiscal la única parte perjudicada por la coincidencia de fechas: varios acusados, como los ex concejales marbellíes del GIL y sus letrados, estarán en ambas causas. Y al menos uno, el abogado Horacio Oliva, defensor entre otros de Fernando del Valle, deberá asistir a las tres vistas orales.

El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, critica las prisas por señalar las fechas de juicios pese a que puedan solaparse: "El sentido común dice que si se quiere tener un juicio justo, las vistas no pueden coincidir". La primera opción en el caso Malaya, cuya investigación se cerró oficialmente el 11 de enero pasado, era iniciar el juicio en marzo, cuando se cumplen cuatro años de la operación policial. La siguiente fecha que se planteó fue abril, pero el fiscal anticorrupción todavía tiene pendiente de presentar su escrito de acusación. La última fecha que se ha puesto sobre la mesa es el mes de junio, cuando se termine el caso Minutas.

Para el fiscal jefe "lo más sensato sería fijar el macrojuicio de Malaya una vez terminada la vista oral del caso Ballena Blanca, aproximadamente en la segunda quincena de septiembre". La otra ventaja para la fiscalía de celebrar los juicios sucesivamente es que Jiménez Villarejo podrá colabora las tareas de sala del caso Malaya con López Caballero.

* Interior despide al subdirector de la cárcel por la fuga

elpaís.com