martes, 16 de febrero de 2010

"CASO VOLTOR"; INESTUR PAGÓ 350.000 EUROS POR UN ESTUDIO DE SOL Y PLAYA "INFUMABLE"

El contable de UM dice que un amigo de Sastre cobró esa suma por un plan de ´marketing´

Llompart abandona el juzgado tras su detención y junto a su abogada Carolina Ruiz. Foto: B. Ramón

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. El Instituto de Estudios Turísticos (Inestur) del Govern balear pagó esta legislatura unos 350.000 euros por un estudio de marketing basado en la oferta de sol y playa y elaborado por un empresario al que se vincula con Joan Sastre, hasta hace unos días director general de la conselleria de Turismo e imputado en el sumario de Voltor. Álvaro Llompart, contable de UM y ex responsable financiero del Inestur, ha calificado ese informe de "infumable".

Llompart, defendido por Fernando Mateas, y Bartolomé Sastre, representado por Josep de Luis, se hallan en libertad bajo sendas fianzas.

El jefe económico del Inestur fue preguntado durante su detención por los investigadores del caso Voltor sobre el mencionado empresario. El imputado aseguró conocerlo y enseguida lo relacionó con Sastre.

Llompart señaló que el amigo del director general había ganado un concurso para uno de los muy numerosos trabajos de benchmarking (marketing comparativo) que encargó el Inestur y que costó la suma mencionada. El informe tenía una bajísima calidad, puesto que no aportaba nada nuevo sobre la principal industria de Balears, vino a señalar el detenido.

El estudio también tenía una segunda parte dedicada a un plan para reestructurar toda la conselleria de Turismo, sin que se sepa muy bien cuál era el sentido de aquel encargo. La fiscalía anticorrupción investiga dentro del caso Voltor otro contrato de benchmarking, expediente en el que acusa al ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer de presionar el entonces gerente del Inestur, Antoni Oliver, ambos encausados, para que fuera adjudicado a un empresario amigo suyo. en perjuicio del licitador mejor puntuado.

Llompart también habría reconocido que algunos proveedores del Inestur próximos a dirigentes de UM fraccionaban grandes contratos para colarlos como si fueran expedientes menores, mucho más fáciles de conceder a dedo. En la operación Voltor fueron arrestados varios proveedores del Inestur que reconocieron haberse favorecido de sus contactos para ganar contratos públicos, aunque rechazaron haber pagado sobornos a cambio.

El sumario investiga numerosos expedientes y contratos adjudicados por el Inestur durante los meses en que Francesc Buills y Miquel Nadal ocuparon la conselleria de Turismo. Nadal, defendido por Josep Zaforteza, está imputado, mientras que Buills podría ser encausado en un futuro.

NOTICIAS RELACIONADAS
El dato. 3.600 euros de nómina y gastos. Mallorca

diariodemallorca.es

EL TSJ BALEAR CONFIRMA LA PENA A DE SANTOS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

El ex número dos del PP en Palma fue condenado a dos años de cárcel por gastar 52.000 euros del Ayuntamiento en clubes de alterne para homosexuales

ANDREU MANRESA - Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado la condena de dos de cárcel para el ex número dos del PP en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, por malversación de caudales públicos. El acusado había solicitado una rebaja de la pena mientras que la fiscalía había exigido que se aumentara.

Un jurado popular culpó el pasado mes de septiembre al ex concejal del PP al considerar probado que cometió un delito de malversación de caudales públicos al abonar gastos particulares con la tarjeta de crédito del Consistorio. Los gastos ascendían a 52.583 euros que De Santos pagó a clubes de alterne para homosexuales que frecuentaba.

De Santos, de 44 años, de moral ultracatólica y colaborador de Camino Neocatecumenal es padre de cinco hijos y dirigió la campaña electoral de Jaume Matas hace siete años.

De Santos fue también condenado el pasado mes de octubre por la Audiencia Provincial de Palma al considerar probados los continuos abusos a tres hermanos menores, de 14 y 16 años, y uno mayor de 18 años. Fue sin embargo absuelto del delito de corrupción de menores y se benefició parcialmente de las atenuantes de drogadicción y alcoholismo.

elpaís.com

"CASO ARCOS"; EL EX ALCALDE DE ALCAUCÍN CONTACTÓ CON TÉCNICOS DE LA JUNTA PARA LEGALIZAR CASAS

En suelo rústico

Marga García | Málaga

El ex alcalde de Alcaucín, José Martín Alba, y el arquitecto de la Diputación, José Francisco Mora, intentaron legalizar algunos de los desmanes urbanísticos del municipio a través de determinados técnicos de la delegación de Ordenación del Territorio como el funcionario Juan de Dios Ruiz de la Cortina y del ex Comisionado de la Costa del Sol occidental y nombrado el mes de enero de 2009 jefe de Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Fidel Fernández Nieto, según revelan las conversaciones grabadas a los imputados recogidas en el sumario del caso 'Arcos'.

El sumario del caso desvela que uno de los asuntos de mayor interés del ex alcalde y el arquitecto José Mora era la reactivación de un Plan Parcial del empresario Manuel Martín Ariza, también imputado en la trama corrupta.

El citado empresario declaró ante la titular del Juzgado número 3 de Vélez Málaga que había pagado 27.500 euros en dinero negro a José Mora para que consiguiera este objetivo. Como prueba aportó dos documentos escritos a mano y firmados por el arquitecto.

Las primeras llamadas del alcalde al funcionario Juan de Dios Díez de la Cortina– que los investigadores sitúan erroneamente como ténico de la Diputación pero pertenece a Ordenación del Territorio de la Junta– se producen en enero de 2009. En una conversación del 21 de enero, el ex regidor le traslada a Mora que «ha dejado recado a Juan de Dios pero que tiene muy mala impresión porque no le coge el teléfono aunque sabe que está allí, y pese a que tiene la obligación de atenderlo porque es un funcionario». El ex alcalde añade que «si Juan de Dios no le aclara si el expediente está archivado tendrá que ir a Fidel» porque si se dirige a él «le pone por delante los expedientes».

Fidel Fernández Nieto, ha sido siempre un hombre de confianza de Diego Martín Reyes, que lo escogió como vocal de la Comisión Gestora marbellí, y que luego lo fichó para ocupar la jefatura de la Unidad de Apoyo al Comisionado. Se da la circuntancia de que Diego Martín reyes es el letrado que defiende al ex alcalde socialista.

En el resumen de una de las llamadas la Guardia Civil concluye que «quieren reactivar el Plan parcial y que es Juan de Dios Ruiz al que solicitaron que revisase el expediente de este Plan para comprobar si es viable su rehabilitación pero que no les ha contestado y no pueden localizarlo». Los agentes también puntualizan en el resumen que José Mora le dice el alcalde que el citado funcionario de la Junta «quiere hacer este trabajo porque actualmente es el único que tiene».

Llamada
En otra conversación entre el alcalde y Pedro Granfilds, otro de los imputados, Martín Alba dice ya se lo he dicho a Juande. En la transcripción literal de la conversación entre el alcalde y Pedro Granfields se recoge:

–José Martín Alba (J): Juan de Dios me dijo a mí yo hablare con Chiqui– en alusión a José Mora – porque a mi me dijo hace un mes que ya el tiene el recibo firmado de lo de (no se entiende) que te he dicho yo desde el mes de junio ¿Entiendes? Junio, fíjate tú, y no me ha llegado ni un papel. Tú crees que se puede (no se entiende) cobrarle a ese hombre.

–Pedro Granfields (P): El tío suelta una pasta que no veas y ahí para nada, para nada.

–J: Hombre, ¿para qué pides nada si eso no lo vamos a saber si se va a aprobar o no? Espérate que nos diga Juande.

–P: Imagínate tú que no se aprueba eso, que es lo más seguro.

–J: Tiene que devolver el dinero ¿no?


–P: Lo más seguro, lo más seguro porque no ha hecho nada.

También en las declaraciones como imputado del empresario Manuel Martín Ariza aparece de nuevo el enlace de José Mora en la Junta. Reconoce el empresario al ser interrogado ante la Guardia Civil que ha pagado en metálico 27.500 euros para agilizar la redacción del plan así como que «conoció a Juan de Dios Ruiz de la Cortina el día 23 de marzo de 2009 en la Delegación de la Junta donde acudió para interesarse por su expediente y que le informó de que el expediente estaba caducado aunque no le aportó prueba alguna y tampoco ha recibido comunicación oficial del asunto».

En otra de las conversaciones el alcalde recibe una llamada del empresario y le cuenta que «ha habaldo con Chiqui pero que Juan de Dios estaba enfermo y no quería ir él a la delegacion para que nadie pensara que tiene interes con este tema». El empresario le contesta que habló con Mora y le preguntó que «porqué no le había dado dinero a quien tuviera que hacerlo que lo quiere todo para él».

elmundo.es

"CASO MALAYA"; LA ADMINISTRADORA JUDICIAL DE ROCA DESVIÓ A SUS CUENTAS 158.000 EUROS

El dinero procedía de las empresas del ex asesor

Europa Press | Málaga

La economista de Mairena del Alcor (Sevilla) nombrada por el juez del 'caso Malaya' para administrar varias sociedades de Juan Antonio Roca, María Teresa Navarro se envió, presuntamente, a sus cuentas particulares un total de 158.839 euros que pertenecían a las cuentas de las empresas del supuesto "cerebro" de la trama corrupta.

Así, el dinero fue ingresado entre julio de 2008 y febrero de 2009 en tres transferencias bancarias y dos cheques. De los cinco movimientos, cuatro no fueron reflejados en los libros contables de las sociedades administradas, y de ninguno de ellos existe un documento que justifique el trasvase de fondos, según publicó este martes el diario 'El País'.

Los supuestos desvíos fueron denunciados por el otro administrador judicial de las sociedades de Roca, Juan Macias Domínguez el pasado 9 de diciembre y cinco días más tarde, el magistrado instructor del 'caso Malaya', Óscar Pérez, dictaba una resolución en la que apreciaba una posible "infracción penal" en estos hechos y remitía toda la documentación -incluidas fotocopias de los cheques- a los juzgados de Carmona, partido judicial del que depende Mairena del Alcor, para que se investigue el caso.

María Teresa Navarro y Juan Macías fueron nombrados administradores en febrero de 2008 por el juez Óscar Pérez, donde ambos economistas sustituían a José Luis Gallardo, que fue designado por el primer magistrado de la causa, Miguel Ángel Torres. Gallardo fue acusado por Roca de generarle un agujero de 24 millones de euros en sus sociedades por "mala gestión".

Además, el juez Pérez dividió las sociedades de Roca en dos bloques, uno para cada nuevo administrador, donde a María Teresa Navarro se le adjudicó la gestión del patrimonio inmobiliario en Madrid del ex asesor urbanístico de Marbella (Málaga). En este sentido, en junio de 2009, la administradora cesó en sus funciones por orden del juez Pérez y toda la administración recayó en Idea Asesores SL, empresa de Juan Macías.

Movimientos
Tras esto, este economista revisó toda la contabilidad de las empresas que gestionó Navarro y encontró "varias irregularidades". El 28 de abril de 2009, Navarro ordenó transferir 4.435 euros desde la sociedad San Mateo Palace SL a una cuenta suya en Caja San Fernando. Asimismo, el mismo día movió 1.903 euros de la sociedad Jabor Magarpe SL a la misma cuenta de la caja sevillana. De estos movimientos, según la denuncia de Macías, "no existe documentación soporte alguna ni reflejo en los registros contables de la sociedad".

Las dos operaciones bajo sospecha más cuantiosas -80.000 y 67.500 euros- fueron en febrero y abril de 2009. La primera de ellas fue una transferencia desde la mercantil Inmobiliaria Arahuaca SL con destino a una cuenta de 'la Caixa' en la que figuran como titulares Navarro y tres familiares suyos. La segunda consistió en el cobro de un cheque de San Mateo Palace, de estas dos operaciones tampoco quedó registro contable ni justificante.

En julio de 2008, Navarro recibió 5.000 euros en efectivo tras cobrar un cheque con cargo a la entidad Inmobiliaria El Ángel de Tepa SL. En este caso, sí se registró el movimiento en los libros de la sociedad, pero no existe ningún documento que justifique el movimiento.

En octubre de 2009, antes de presentar la denuncia, Macías pidió por burofax a Navarro que justificara los movimientos sospechosos y donde en dos airadas cartas del 5 y el 9 de noviembre, Navarro contestó que los 80.000 euros que ingresó de Inmobiliaria Ahuaca corresponden a la "señal" que prestó un particular para adquirir un inmueble en la urbanización Las Cañas Beach, de Marbella. Esta operación se frustró debido a que la defensa de Roca recurrió el auto que autorizaba la venta.

Además, en el resto de los casos, las transferencias y reintegros obedecen, según Navarro, "a gastos estrictamente necesarios e imprescindibles del desarrollo de la administración". Además, acusa a Macías de "una absoluta indiferencia" por los gastos en que ella incurrió durante la administración, y de cuyo reintegro debería encargarse él.

El juez Pérez envió toda la documentación a los juzgados de Carmona al observar una posible "infracción penal". El caso se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esa localidad, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

elmundo.es

MERCASEVILLA READMITIRÁ AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO IMPUTADO COMO COMISIONISTA

POLÍTICA | Despido improcedente de Daniel Ponce

Daniel Ponce tras los pasos de su abogado en los juzgados. | Conchitina

Europa Press | Sevilla

La comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla -empresa participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa- ha decidido readmitir al que fuera director general adjunto de la empresa Daniel Ponce -imputado por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo La Raza-, tras analizar la documentación procedente de los servicios jurídicos en cuanto a la respuesta más conveniente ante la sentencia del Juzgado de lo Social número 11 que declara improcedente su despido, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

En concreto, las opciones que debatía la ejecutiva de Mercasevilla eran reincorporar al ex directivo, indemnizarle con 239.585,7 euros o recurrir el fallo. La sentencia, en ese sentido, declara improcedente el despido de Ponce y condena a la empresa a readmitirle en sus mismas condiciones laborales o indemnizarle con 239.585,7 euros y los salarios dejados de percibir, aunque es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

elmundo.es

"OPERACIÓN TEQUILA"; EL EX ALCALDE DE EL PUERTO, IMPUTADO POR CONCEDER LICENCIAS DE MANERA IRREGULAR

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA | Hay otros diez imputados

El ex alcalde Hernán Díaz, en noviembre de 2005, tras la sentencia que lo condenaba por prevaricación. | J. F. Ferrer

* La Guardia Civil ha bautizado la operación como 'Operación Tequila'

Agencias | Cádiz

La Guardia Civil ha imputado a 11 personas, entre ellas al ex alcalde de El Puerto de Santa María, el independiente Hernán Díaz, por su vinculación, presuntamente, con una trama dedicada a la especulación urbanística en El Puerto, informa la Guardia Civil.

La operación policial, denominada 'operación Tequila', se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Cádiz adscritos al Equipo de Delincuencia Urbanística recibieron una denuncia de un grupo político del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre unas supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio.

La investigación determinó que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, entre los años 2004 a 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales, al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano o aun teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística", según la información de la Guardia Civil.

Dentro de la operación, han sido imputadas y puestas a disposición judicial once personas, cuyas identidades no han sido facilitadas, acusadas de los delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Sí ha trascendido, sin embargo, que el ex alcalde de El Puerto de Santa María Hernán Díaz (Independientes Portuenses) es una de las once personas imputadas en la trama. También forma parte de esta lista un ex concejal de la corporación municipal entre los años 2004 y 2007, cuando se produjeron las supuestas irregularidades.

Por su parte, el parlamentario andaluz de IU por la provincia de Cádiz Ignacio García ha manifestado que, de confirmarse los delitos señalados por la Guardia Civil para las once personas supuestamente implicadas en la trama, "estaríamos antes hechos muy serios". En declaraciones a Europa Press, García dijo que, según la información de la Guardia Civil, el escándalo podría alcanzar "al teniente de alcalde de Urbanismo y posiblemente algún técnico".

elmundo.es

"CASO FABRA"; EL "BARÓN POPULAR" AFIRMA "NO TENER TIEMPO PARA MORIR" AHORA

JUSTICIA |

El presidente provincial, esta tarde, 'feliz' tras conocer el auto. | EUGENIO TORRES

* Ha recibido '400 mensajes y 300 llamadas', entre ellas las de Camps
* Insiste en haber "firmado un contrato para vivir hasta los 92 años"

Javi Arnau | Castellón

El presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ha comparecido "feliz" y visiblemente emocionado en la sede de su partido tras conocerse la sentencia sobre el archivo de parte de su causa judicial. Pese a que el argumento principal era el de dar cuenta de una reunión interna, casi de manera monotemática, el 'caso Fabra' ha sido el eje de su discurso. Fabra ha querido agradecer a "todos los que me han apoyado a mí y a mi familia en este martirio de seis años". Su apoyo "no lo olvidaré nunca".

Fabra ha admitido que "me gustaría que este auto sirviera para que aquellos que durante tanto tiempo han hecho sufrir a mi familia piensen si realmente ha valido la pena". En su discurso no ha querido olvidar al fallecido Vicente Sánchez Peral (ex subdelegado del Gobierno). "También se le quiso meter en medio de todo esto y él siempre fue un ejemplo".

El presidente ha recibido "400 mensajes de texto y 300 llamadas, entre ellas las de Francisco Camps y las de miembros de la dirección nacional como Ana Mato y Esteban González Pons", según ha comentado. Asimismo, preguntado sobre si esta sentencia altera sus planes de futuro, el presidente de la Diputación ha valorado que "no variaré la estrategia porque nunca lo he hecho durante todos estos años".

Fabra, aprovechando la ocasión, ha querido pronunciarse sobre sus presuntos problemas de salud: "No tengo tiempo para morir. Lo tengo todo ocupado en reuniones, visitas y trabajo". Además, ha reconocido que hoy está "fuerte, animado, feliz y tranquilo" y que "he firmado un contrato para vivir hasta los 92 años". No ha querido concretar más sobre esta última frase.

Además
* La Audiencia sobresee la causa por falsedad de sellos
* Lea íntegramente el auto judicial del caso
* El PP, contento con el auto, y el PSPV avisa de otras causas
* Alberto Fabra: "La justicia demuestra que Carlos es inocente"

elmundo.es

EL ALCALDE DE MONTROI, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN: "VOY A SEGUIR EN LA ALCALDÍA"

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA | Comunidad Valenciana

El alcalde de Montroi, Antonio Polo, en la rueda de prensa de este martes | Efe.

Efe | Montroi (Valencia)

El alcalde de Montroi, el socialista Antonio Polo, imputado por diferentes delitos relacionados con la corrupción urbanística, aseguró este martes que va a continuar en su cargo y que únicamente renunciará a la militancia si su partido se lo pide.

Así lo afirmó Polo en rueda de prensa después de que el lunes prestara declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Picassent (Valencia), como imputado por un delito continuado de prevaricación urbanística, omisión del deber de persecución de delitos y desobediencia.

"Tengo claro que voy a seguir en la Alcaldía y, si mi partido me pide que deje la militancia, muy a mi pesar lo haré", manifestó el alcalde, quien aseguró que no ha cometido "ningún delito".

elmundo.es

LOS SOCIALISTAS VALORAN IR A OTROS TRIBUNALES Y CAMPS "PASA" DEL RUIDO EXTERIOR

POLÍTICA | Tras el auto del TSJ sobre la querella del PSPV

Francisco Camps durante la presentación del Plan Gobernanza 2013 | Efe.

Efe | Valencia

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró este martes que un Gobierno debe "tener ideas, propuestas y proyectos", así como "la sensación" de que las lidera al servicio de la sociedad que lo ha elegido "independientemente de las circunstancias o del ruido exterior que intenta distorsionar" ese trabajo.

Así lo manifestó Camps en su intervención durante la presentación del 'Plan de Innovación y Modernización de la Administración Pública Valenciana: Gobernanza 2013', un ejemplo, a su juicio, de que el Consell que preside y del que ha dicho sentirse satisfecho "pone en marcha proyectos que se desarrollan y de los que se pueden dar cuenta a lo largo del tiempo".

Al referirse a los logros de su Ejecutivo, enfatizó en que la Comunidad Valenciana "es consciente, y cada vez más", de que su "propia felicidad colectiva" es responsabilidad "solo de nosotros. No tenemos que esperar nada de nadie".

Los valencianos "somos los responsables de nuestro propio futuro y además tenemos la ambición de liderar todos los campos posibles", añadió para especificar que son ellos quienes deben desarrollar sus "infraestructuras, hospitales, ahorros de agua, internacionalización, educación y tantos campos en los que hoy la Generalitat es competente".

Los principales objetivos de Gobernanza 2013, esbozado primero por la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, y desglosado después en un vídeo, establecen mecanismos de innovación y modernización en la Administración, rentabilizan los recursos para disminuir los costes administrativos de los procesos, mejoran la calidad de los servicios administrativos que presta a los ciudadanos y adaptan la Administración a las necesidades y demandas de los ciudadanos.

El PSPV podría presentar la querella en otro tribunal
El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, indicó que el partido está analizando distintas opciones procesales, como personarse en otro tribunal, tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre la querella presentada por el PSPV contra dirigentes del PP valenciano.

Luna se refirió así en rueda de prensa al auto emitido el lunes por el TSJ valenciano que acuerda no asumir la competencia para investigar la querella socialista contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros miembros del Gobierno valenciano y del PPCV por prevaricación y financiación irregular.

El portavoz socialista, firmante de la querella, señaló que están analizando todas las consecuencias procesales del auto y las diferentes variables que se pueden dar, que "son muchas" y que pueden ir desde personarse en otro tribunal, algo que están "valorando", hasta "cualquiera que se pueda plantear".

"No sabemos exactamente dónde van a terminar siendo juzgados los hechos que se están investigando en este momento", ha dicho Luna, quien destacó que, respecto a los aforados de la Comunidad, sólo puede ser en Valencia o en el Tribunal Supremo, que a su juicio "es la tesis a la que se apuntan" los magistrados del TSJCV.

Por ello, dijo que el PSPV está estudiando que su reacción en estos momentos "no condicione de manera negativa" el futuro, e insistió en su "satisfacción absoluta", porque el tribunal dijo por unanimidad "que los hechos son relevantes, serios" y que hay que investigarlos.

Luna resaltó que el auto del TSJCV deja "incontestablemente claro" que hay "una asociación delictiva, un entramado delictivo, una trama para delinquir aprovechando las administraciones públicas, y que el PP tiene una relación estrecha con esa trama", por lo que considera que el PP no debería estar "nada tranquilo".

El auto "no exculpa a nadie", "ni siquiera hace una mínima referencia a la falta de indicios respecto de los aforados de la Comunidad", como Camps, mantuvo Luna, quien resaltó que se dedican varios párrafos a explicar que el TSJ de Madrid "debe seguir investigando" y "por qué puede seguir haciéndolo" aunque haya aforados valencianos.

Además
* El TSJCV aboga por investigar en Madrid la financiación del PP
* Lea íntegro el auto emitido por el TSJ de la Comunidad
* El PP insiste en que 'no hay aforados valencianos implicados'
* El PSPV cree que el auto resalta la gravedad de los hechos
* Rajoy perdona a Camps y le permite ser candidato en 2011

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; EL JUEZ INVESTIGA SI VIDEO-U CONTRATÓ A TRABAJADORES "FANTASMA" DE UM

* Pide el listado completo de empleados de la productora
* Indaga si cobraban sin ir a trabajar o fueron contratados en campaña electoral

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El juez que investiga el desvío de más de 7 millones de euros públicos desde el Consell de Mallorca que gobernaba Unió Mallorquina (UM) a un entramado de productoras audiovisuales participadas por familiares y testaferros de los propios dirigentes políticos de UM en el Consell solicita ahora que se aporte el listado completo de todas aquellas personas que estas sociedades tuvieron en nómina mientras coparon el negocio de la Televisión de Mallorca.

En una providencia recientemente incorporada al sumario y a la que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 Juan Ignacio Lope Sola ordena a la red de empresas que se llevaron la financiación pública de contenidos para llenar la televisión insular que aporte un "listado" con todos sus "trabajadores".

Entre esas empresas se encuentra en primer lugar Video-U SL, la productora de televisión que está considerada como la matriz de un entramado de sociedades audiovisuales regadas mediante pagos millonarios a dedo por el Consell que presidía Maria Antònia Munar y del cual era vicepresidente su antiguo delfín y hoy concejal del Ayuntamiento de Palma Miquel Nadal.

En 2004, justo el año en que Video-U empezó a recibir cuantiosas subvenciones del Consell mediante procedimientos presuntamente amañados, un familiar de Munar sin experiencia en el sector, Víctor García, adquirió un 25,2% de la productora, mientras que un 24,7% fue comprado por un primo de la mujer de Miquel Nadal y gestor suyo en negocios inmobiliarios, Miguel Sard. Ambos han reconocido que no se ocupaban de la gestión.

Además
* EDITORIAL: Empleados 'fantasma'

elmundo.es

"CASO ANDRATX"; VICENS EXPLICA POR QUÉ SE CALIFICARON DE URBANOS LOS TERRENOS DE GRAU

Ha comparecido durante una hora ante el juez

Vicens (dcha.) a su llegada a los juzgados acompañado de su abogado. | Efe

* Investigan la recalificación de tres solares propiedad del ex jefe de Costas

Efe | Palma


El ex conseller de Territorio de Unió Mallorquina, Bartomeu Vicens, ha explicado este martes al juez los motivos por los que el Consell de Mallorca estimó la alegación del ex jefe de Costas de Baleares Antoni Grau al Plan Territorial en la que pedía la calificación como urbanos de unos solares de su propiedad.

Vicens, que ha eludido hacer declaraciones a los medios de comunicación, ha comparecido durante una hora ante el titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma dentro de una pieza del caso Andratx de supuesta corrupción urbanística durante la anterior legislatura, cuando era vicepresidente y conseller del Consell de Mallorca.

El también ex diputado autonómico está imputado en la pieza número 68 de este caso, en la que se investiga una recalificación de solares del municipio mallorquín durante la anterior legislatura, en cuya tramitación intervino la Comisión de Urbanismo del Consell, presidida entonces por Vicens.

Se trata de la recalificación de tres terrenos en Cala Llamp propiedad del ex jefe de Costas de Baleares, los cuales fueron declarados urbanos con la aprobación por el Consell del Plan Territorial de Mallorca, pero que finalmente no se calificaron como tales, sino como rústicos protegidos, por las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Andratx.

La declaración de Vicens fue pedida por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, presente este martes en su comparecencia junto al abogado de la acusación particular, Josep de Luis, y los del propio Vicens, Eduardo Valdivia y Jaime Campaner.

Según fuentes judiciales, el ex diputado ha relatado durante su comparecencia las razones por las cuales se estimó la alegación de Grau al Plan Territorial de Mallorca que pedía la calificación de sus terrenos como urbanos, tal y como finalmente quedó reflejado en esta norma urbanística.

Sin embargo, más tarde el Ayuntamiento de Andratx, dirigido entonces por el popular Eugenio Hidalgo -condenado por una pieza de este caso-, decidió finalmente calificar estos terrenos como rústicos en la aprobación de las normas subsidiarias del municipio.

200.000 euros para no ir a la cárcel
El ex diputado eludió ingresar en prisión el pasado diciembre tras pagar dos fianzas de un total de 200.000 euros impuestas por otro caso de presunta corrupción urbanística durante la anterior legislatura, el llamado caso Som Oms.

Sobre Vicens recae además una condena de cuatro años y medio de cárcel por malversación y prevaricación de una pieza separada del caso Son Oms, relativa a un informe plagiado.

Suspendido de militancia UM por su implicación en casos de corrupción, Vicens dimitió en enero de su escaño en el Parlament balear después de que se conociera esta condena por prevaricación y malversación.

Además
* Investigan si Video-U contrató a trabajadores 'fantasma'

elmundo.es

"CASO PALLEROLS"; DURÁN MUESTRA SU SORPRESA POR LA "DUREZA" DEL FISCAL

TRIBUNALES | Detectó financiación irregular de Unió

* Niega haberse financiado a través de las actuaciones que se derivan del caso
* añade que si el proceso acaba con condenas dejará de creer en la justicia
* 'UDC ni regular ni irregularmente se ha beneficiado del señor Pallerols'
* La justicia 'cuando llega tarde ya no es justicia', añade el líder de UDC

Europa Press | Barcelona

El líder de UDC, Josep Antoni Duran, ha negado haberse financiado a través de las actuaciones que se derivan del 'caso Pallerols' y se ha desmarcado del proceso, aunque destacó que le sorprendió la "dureza" de la Fiscalía.

El fiscal solicitó este lunes penas de hasta 11 años para ex dirigentes de Unió y ex altos cargos de la conselleria de Trabajo del Govern catalán por malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en la presunta trama de financiación irregular de UDC con el desvío de cerca de un 10% de las subvenciones que debía servir para cursos de formación ocupacional.

Entre los seis acusados figuran Lluís Gavaldà, ex director general de Empleo de la Generalitat catalana, la número dos de su departamento, Dolors Llorens -que había militado en UDC desde 1978 y era miembro del comité de Gobierno como responsable de política social y consejera nacional desde 1992-; Vicenç Gavaldà, que fue secretario de organización de UDC entre 1992 y 1996 y secretario de relaciones institucionales de 1997 a 1999; y Santiago Vallvé, su colaborador y militante desde 1987.

Tras señalar, en declaraciones a Onda Cero, que está la "mar de tranquilo", Duran ha destacado que tiempo habrá para que cada uno pueda defenderse. Sin embargo, ha añadido que si el proceso acaba con condenas, especialmente hacia alguno de los acusados, dejará de creer en la justicia.

"UDC ni regular ni irregularmente se ha beneficiado del señor Pallerols", ha sostenido Duran, quien ha recordado que es un proceso que lleva once años de instrucción.

Por ello, ha manifestado que la justicia "cuando llega tarde ya no es justicia" y que no está nada de acuerdo con el proceso.

elmundo.es

EL TSJV VE INDICIOS DE DELITO EN LAS FINANZAS DEL PP

De la Rúa dice que el informe policial que despreció contiene "hechos de posible significación delictiva que hay que investigar"

Seis meses después de haber despreciado el informe policial que destapaba la presunta financiación ilegal del PP valenciano en combinación con la trama Gürtel, el Tribunal Superior de esa comunidad (TSJCV) ha dado un giro de 180 grados a sus propias tesis. En un auto difundido ayer, el TSJCV afirma rotundo que el citado informe de la Brigada de Blanqueo, al que define ahora como "cualificado" y cuyo contenido ignoró en agosto antes de dar carpetazo al caso de los trajes, contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar".

Dictado por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV con Juan Luis De la Rúa como presidente, el auto atiende la petición de la fiscalía y se declara incompetente para investigar la querella que, sustentada en el informe policial, interpuso el PSOE en noviembre. La querella se dirige contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, así como contra otros cinco altos cargos del PP que también gozan de aforamiento por su condición de diputados autonómicos. Igualmente, figuran como querellados cinco notables empresarios que, presuntamente, financiaron al PP pagando facturas falsas de Orange Market. Y cinco miembros de la trama, con Francisco Correa en cabeza.

Evitar la "fragmentación"
El tribunal se declara, en efecto, incompetente para admitir la querella, pero no porque exculpe de antemano a los aforados contra quienes el PSOE se querelló. Lo que argumenta es que lo hace para evitar "duplicidades" y la "fragmentación procesal propiciada por la existencia de distintos aforamientos". Esa fragmentación, dice el texto conocido ayer, podría ser "perjudicial" para averiguar la verdad.

Al hablar de "duplicidad", el tribunal valenciano apela directa y expresamente a las investigaciones de Antonio Pedreira, el juez del Tribunal Superior de Madrid que investiga la parte principal del sumario. Pedreira puede investigar sobre los manejos de la trama corrupta en Valencia. Puede hacerlo, pero sin rozar siquiera a ningún aforado valenciano, y así lo avisa de manera expresa el TSJCV. Si el juez Pedreira, dice el auto, apreciara "una mayor concreción de las sospechas indiciarias existentes contra los aforados al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, procederá a su remisión de los oportunos testimonios a esta Sala (...) o, en su caso, planteará su remisión al Tribunal Supremo, si estima inescindibles los mismos al tratarse de aforados a distintos tribunales".

Ahora, recuerda el tribunal, está "unicamente en cuestión" un problema de "límites". Es decir, de quién debe investigar los hechos. Lo dice el tribunal valenciano tras convenir en que los hechos relatados por la Brigada de Blanqueo deben ser investigados. "Nos encontramos ante un problema de límites para definir el momento en que un tribunal que conoce de una compleja instrucción (...) debe decidir cuándo debe poner en conocimiento del tribunal competente los hechos que pudieran resultar imputables ya directamente a un aforado ajeno a su competencia".

En su auto, el TSJCV recalca que ignora qué pesquisas está desarrollando Pedreira, dado que el juez se negó a informarle sobre ese extremo. Pedreira alegó que sus investigaciones continúan bajo secreto, lo que alentó la idea de que, en efecto, ha llegado a la rama valenciana de la red. Su entorno no cesa de repetir que el juez madrileño ni siquiera se ha acercado a los hechos nucleares del informe policial.
Bárcenas, el "administrador"
Al oponerse a la admisión de la querella del PSOE, la fiscalía adujo que el TSJ de Madrid ya investigaba "los hechos que describe el informe". Ese fue su argumento oficial. Pero había otro: el ministerio público buscaba librarse de De la Rúa, a quien Camps definió como alguien con quien mantenía una relación para la que la palabra amistad resulta insuficiente.
Mientras que las alusiones a Camps se ciñen al momento en que se reproduce contra quién formula el PSOE su querella, el auto del tribunal valenciano se extiende en relación a Luis Bárcenas. En el apartado sobre la posible financiación ilegal del PP, el tribunal repasa la legislación vigente para enfatizar que el "administrador electoral" del PP en las elecciones europeas de 2004 y en las autonómicas de 2007 era Luis Bárcenas.
Noticias relacionadas

CAMPS CULPA DE SUS CUENTAS AL PP DE RAJOY

Los escándalos que afectan al PP

Los populares valencianos explican al Tribunal Superior de Justicia que la financiación del partido, bajo sospecha, la controlaba la dirección nacional

JOSÉ MANUEL ROMERO / JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

La financiación del PP valenciano, bajo sospecha a raíz de la desarticulación de la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, ha estado bajo control de la dirección nacional del partido en el periodo investigado por la justicia, que coincide con los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Al menos eso es lo que ha explicado el actual número dos del PP valenciano a los jueces del Tribunal Superior que instruyen una querella por financiación ilegal.

El PP valenciano dice que ni Camps ni Costa participaron en la contabilidad

La Junta Electoral apunta que el administrador único era Bárcenas

El PP no tuvo tesorero en Valencia hasta octubre de 2008

El partido necesitaba al comité nacional para disponer de los bienes

Antonio Clemente, sustituto de Ricardo Costa al frente de la secretaría general del PP valenciano, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia un escrito en el que le comunica que esta formación no había cubierto el cargo de tesorero hasta octubre de 2008 y, mientras tanto, sometía sus ingresos y sus gastos al control de la dirección nacional del partido.

"En el periodo comprendido entre el año 2002 hasta octubre de 2008 no ha existido el cargo de tesorero del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pese a ostentar competencias para su nombramiento, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales del Partido Popular, en Madrid, que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de las actuaciones de tesorería del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al recibir en cada ejercicio económico la documentación contable del PPCV para su control y autorización", señala Clemente en su respuesta a los jueces.

Por si no hubiera quedado claro, el secretario general del PP valenciano explica que "en la documentación contable no tiene participación cargo alguno de la estructura regional (Presidente, Secretario General o Vicesecretarios) siendo la documentación elaborada por personal de administración que depende de los órganos centrales del PP nacional, siendo el PP nacional el único titular de las cuentas bancarias de uso ordinario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

Un informe policial de la Brigada de Blanqueo basado en documentos oficiales y conversaciones intervenidas por orden judicial sostiene que el PP valenciano se financió ilegalmente durante años con la ayuda de la empresa Orange Market, la firma levantina de la trama corrupta de Correa.

Los cargos valencianos del PP aseguran que el control de los ingresos y gastos, que ahora investigan los jueces, correspondía a la dirección nacional del partido que presidía entonces José María Aznar y ahora Mariano Rajoy y cuyas cuentas gestionaron primero Álvaro Lapuerta (tesorero hasta junio de 2008) y después Luis Bárcenas (ex gerente y ex tesorero del partido, suspendido de sus funciones por este caso de corrupción que le salpica).

El informe policial intenta probar cómo los principales dirigentes del PP valenciano estaban al tanto de esas prácticas ilegales, consistentes en una doble facturación de actos del partido, una con factura e IVA y otra con dinero negro que escapaba al control del fisco -hasta seis millones de euros, según la documentación intervenida en la sede de Orange Market-. Algunas empresas contratistas de la Administración valenciana pagaban a Orange Market por servicios no prestados para financiar actos que organizaba la empresa de la trama corrupta para el partido de Francisco Camps.

Decenas de conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, acreditan la relación de éste con distintos responsables políticos del PP valenciano a cuenta de la financiación del partido, de las deudas que quería cobrar y de los sospechosos mecanismos para hacerlo. En esas conversaciones nunca aparecieron dirigentes del PP nacional, pese a lo que cuenta Clemente en su escrito al juez respecto al control de las cuentas por parte del aparato central del partido.

Las conclusiones de la policía llevaron a los socialistas valencianos a presentar una querella y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia a requerir documentación a los acusados para resolver si admitía a trámite la denuncia y abría una investigación.

Clemente insiste en su respuesta a los jueces que aunque los estatutos del PP valenciano otorgan a esta formación política "plena capacidad jurídica y de obrar" para disponer de cualquiera de sus bienes o venderlos necesita "la autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional".

La Junta Electoral Central también ha informado al Tribunal Superior de Justicia de que el administrador único del PP para la Comunidad Valenciana en las elecciones locales de 2007 y las europeas de 2004, cuyos gastos están bajo sospecha, era Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, nombrado por Mariano Rajoy en el último congreso de esta formación y senador por Cantabria.

Bárcenas está imputado en el Tribunal Supremo por cohecho y un delito fiscal vinculado a sus relaciones con la trama corrupta de Francisco Correa. La investigación atribuye al tesorero del PP el cobro en comisiones de más de un millón de euros.

Noticias relacionadas
* "Órganos centrales llevan la tesorería"
* "En Barcelona no te puedo pagar nada"
* Archivada una de las causas contra Fabra por la "animadversión" del acusador
* Rajoy insiste en proteger a Bárcenas pese a las revelaciones sobre su esposa
* El Tribunal valenciano ve indicios de delito en la financiación del PP

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia


elpaís.com