Carmen Díaz, del PP, imputada por cohecho impropio
Se investiga si un empresario pagó 120.000 euros a Díaz Carralón para la agilización de una licencia
La defensa de la alcadesa subraya que la denuncia se hizo con fines electorales
Precisa que las profusas diligencias no han demostrado indicios de delitos
Dice que no hubo retrasos en la tramitación y se actuó ajustado a la legalidad
Roberto Bécares Madrid
El juzgado de instrucción número tres de Colmenar Viejo ha imputado por un presunto delito de cohecho impropio a la alcaldesa de El Boalo, Carmen Díaz Carralón, del PP, que ahora se encuentra a la espera de juicio.
Según la defensa de Carmen Díaz Carralón, de ninguna de las digilencias practicadas "se desprende indicio alguno que acredite" la denuncia.
Los hechos denunciados se remontan a febrero de 2001, cuando Antonio Gata, el denunciante, adquirió un solar en la calle Potro de Cerceda, una localidad gestionada por el Ayuntamiento del Boalo. Según éste, la alcadesa inició "una labor de entorpecimiento para evitar que dicha compraventa llegara a buen fin, retrasando la tramitación de las solicitudes", como recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico.
El denunciante asegura que la alcaldesa exigió a su socio, Andres de Ocón, administrador de la empresa, el valor de uno de los pisos de la promoción -120.000 euros-, además de las obras de urbanización en una parcela propiedad de la primera edil sin que se le cobrara nada por ello.
El denunciante le hizo entrega presuntamente de la cantidadas solicitadas en tres ocasiones -30.000 euros en abril de 2004, 30.000 euros en octubre de 2004 y 60.000 en enero de 2005-, como recoge el auto.
Según manifestó el denunciante ante el juez, nunca pretendió que la alcaldesa realizara una actividad ilícita, sino que se vio "forzado a pagar para que se le tramitara el expediente al que por ley tenía derecho".
Con la denuncia, el empresario entregó dos cartuchos mini-disc en los que se escucha las conversaciones que mantuvieron el empresario y la alcaldesa sobre el dinero exigido. Una de ellas, la primera, según el denunciante, se grabó en el salón de Plenos del Ayuntamiento del Boalo en diciembre de 2004, llegando las partes a un acuerdo económico.
La acusada, que según recoge el auto "tiene un patrimonio inmobiliario más que considerable, en concreto 18 bienes inmuebles con un valor de 465.154 euros", se negó a someterse a una prueba pericial de reconocimiento de voz.
Pese a que la defensa pidió que se archivara la causa, el juez entendió en un auto fechado el 27 de julio que existen indicios suficientes de criminalidad, por lo que ordenó que no se sobreseyera y archivara el caso y sí se incoara el procedimiento para el juicio ante un tribunal.
Una denuncia en plenas elecciones
Según el letrado de la defensa de la alcaldesa, Carralón se negó a prestar su voz para una prueba pericial por "prudencia", dado la "manipulación" que se produjo cuando se presentó ésta, justo cinco días antes de las elecciones municipales de 2007.
De hecho, recuerda el abogado, la denuncia, presentada tres años después de los supuestos hechos delictivos, pretendía interferir en el proceso electoral, por lo que la alcaldesa incluso denunció en la Guardia Civil la "sucia campaña" electoral contra ella.
Precisa también el abogado que de la "profusa documentación" obtenida de la alcaldesa se observa que no hay ingreso existente alguno en las fechas en las que el denunciante dice que abonó los tres supuestos pagos. Ni que tampoco, añade, comprase ninguna propiedad con ese presunto dinero recibido.
Según el abogado, queda acreditado también que no hubo retrasos de tramitación ni de paralización de las licencias que justificaran un supuesto pago para que se tramitaran más rápido los expedientes, sino que el Ayuntamiento actuó en todo momento "ajustado a la legalidad". Asimismo, indica que los supuestos pagos tienen fechas contradictorias con respecto a los citados expedientes
