CÁNDIDO ROMAGUERA - Algeciras
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Línea de la Concepción (Cádiz), Victoria María Pérez Molinero, ordenó el pasado 17 de marzo la apertura del juicio oral por el llamado caso Roseworld, sobre la presunta adjudicación irregular de unas parcelas municipales en 2005, durante el mandato del ex alcalde linense Juan Carlos Juárez, del PP. El ex regidor, que se encuentra inhabilitado para el desempeño de cargo público por una condena anterior por desobediencia, se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de cuatro años de prisión. Algunas de las fianzas reclamadas por la jueza a los imputados superan los 33 millones.
El fiscal solicita cuatro años de prisión para el ex regidor linense
Juárez y los concejales del PP Juan Montero, María Cruz Atienza y Francisco Muñiz deberán depositar 762.666 euros, la misma cantidad que el ex secretario del ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor, Sergio Gómez. El ex concejal de Urbanismo Carlos Ruiz Calama tendrá que pagar una caución de 1.673.358 euros. Anil Thakurdas, administrador de la mercantil Roseworld, y Kevin Phelan, deberán depositar 810.666 euros; mientras que a Rafael de los Reyes Medina, administrador de Abuztúa -la empresa que compró los terrenos adjudicados a Roseworld- la jueza le ha impuesto la fianza más alta: 33,3 millones de euros.
Los imputados responderán en la vista oral, para la que todavía no hay fecha, de delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos o subastas públicas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y asociación para delinquir.
El caso se destapó en 2007, cuando un policía local de La Línea denunció en el juzgado que la empresa Roseworld -a la que el Ayuntamiento había adjudicado dos años antes cuatro parcelas municipales a cambio de 12 millones de euros- carecía de actividad mercantil en el momento de la subasta. A principios de 2007, Roseworld, cuyo objeto social era el textil y había presentado pérdidas desde su constitución en 2002 revendió por 14 millones la finca a Abuztúa, sociedad del grupo inmobiliario Lábaro, actualmente en suspensión de pagos. La plusvalía, de dos millones, coincide con la cantidad que la fiscalía cree que cobraron los responsables municipales de la subasta "en compensación al trato de favor recibido" por Roseworld.
La jueza instructora ratificó, además, la intervención y depósito del dinero pactado entre Abuztúa Inversiones y Roseworld por la operación de venta de los terrenos así como el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias del ex concejal Carlos Ruiz Calama.
elpaís.com
El fiscal solicita cuatro años de prisión para el ex regidor linense
Juárez y los concejales del PP Juan Montero, María Cruz Atienza y Francisco Muñiz deberán depositar 762.666 euros, la misma cantidad que el ex secretario del ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor, Sergio Gómez. El ex concejal de Urbanismo Carlos Ruiz Calama tendrá que pagar una caución de 1.673.358 euros. Anil Thakurdas, administrador de la mercantil Roseworld, y Kevin Phelan, deberán depositar 810.666 euros; mientras que a Rafael de los Reyes Medina, administrador de Abuztúa -la empresa que compró los terrenos adjudicados a Roseworld- la jueza le ha impuesto la fianza más alta: 33,3 millones de euros.
Los imputados responderán en la vista oral, para la que todavía no hay fecha, de delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos o subastas públicas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y asociación para delinquir.
El caso se destapó en 2007, cuando un policía local de La Línea denunció en el juzgado que la empresa Roseworld -a la que el Ayuntamiento había adjudicado dos años antes cuatro parcelas municipales a cambio de 12 millones de euros- carecía de actividad mercantil en el momento de la subasta. A principios de 2007, Roseworld, cuyo objeto social era el textil y había presentado pérdidas desde su constitución en 2002 revendió por 14 millones la finca a Abuztúa, sociedad del grupo inmobiliario Lábaro, actualmente en suspensión de pagos. La plusvalía, de dos millones, coincide con la cantidad que la fiscalía cree que cobraron los responsables municipales de la subasta "en compensación al trato de favor recibido" por Roseworld.
La jueza instructora ratificó, además, la intervención y depósito del dinero pactado entre Abuztúa Inversiones y Roseworld por la operación de venta de los terrenos así como el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias del ex concejal Carlos Ruiz Calama.
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