sábado, 27 de marzo de 2010

"CASO PALMA ARENA"; EL ABOGADO DE MATAS IMPIDIÓ QUE SU CLIENTE PRESENTARA PRUEBAS FALSAS

Un ex president ante la justicia Las grabaciones descubrieron las maniobras del político

El fiscal afirma que la intervención de Ollé ha evitado que solicitara prisión sin fianza

J.F.MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA. El fiscal Pedro Horrach manifestó ayer durante la vistilla en la que reclamó una fianza de tres millones de euros para el ex president del Govern que no había solicitado el ingreso en prisión por la intervención del abogado defensor Manuel Ollé, por haber evitado que se presentaran pruebas falsas en la declaración judicial de esta semana.

A través de las conversaciones que se han grabado se había averiguado que el ex president del Govern, con la ayuda de sus familiares, estaría presuntamente preparando una estrategia para justificar ante el juez Castro que sus ingresos encajaban con sus gastos. Matas habla por teléfono de la posibilidad de redactar documentos falsos. Y en concreto se refiere a un contrato de alquiler sobre el local de la calle Sant Miquel para justificar que una parte de la renta la recibe en dinero que no se declara al fisco. Parece ser que el abogado Manuel Ollé, que es especialista en derecho penal en asuntos de derechos humanos, al enterarse de estas tácticas, impidió que se realizaran estas falsificaciones, ya que, además de los graves cargos que afrontaba su cliente, se podría añadir otro de falsificación de un documento que conlleva duras penas de prisión.

El fiscal alabó ayer la seriedad y la actitud del letrado Ollé y afirmó ante su cliente que, gracias a él y a su actitud, la medida cautelar que reclamaba se limitaba a solicitar una fianza, ya que se planteó la posibilidad de reclamar la prisión preventiva. Los mismos elogios manifestó también la abogada de la comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, que ejerce la acusación particular contra el ex president del Govern, y que se sumó a la petición planteada por la fiscalía. La abogada también se refirió a la actitud y a la seriedad del letrado Ollé, quien comparte la defensa con Rafael Perera.

El abogado de Matas se opuso, lógicamente, a la petición planteada por las acusaciones, al entender que la fianza que se reclamaba era exagerada y no tenía sentido alguno. Ollé manifestó que a estas alturas de la instrucción del caso no existen posibilidades de manipular pruebas ni de intentar influir en los testigos, ya que la mayoría de ellos ya han declarado ante el juez.

Contrato

Antes de que el ex president del Govern se presentara el pasado martes en el juzgado, el magistrado José Castro ya conocía las maniobras que pretendía realizar el antiguo ministro del gobierno de Aznar. El juez ordenó el pasado mes de octubre la intervención de los teléfonos de Jaume Matas, su mujer Maite Areal y de su cuñado Fernando Areal, al sospechar que los tres estaban urdiendo un plan para influir en testigos que iban a ser llamados a declarar.

A través de estas conversaciones intervenidas, que habían permanecido secretas hasta el martes, los investigadores descubrieron que Matas se estaba planteando falsificar un contrato de alquiler de un local de su propiedad para justificar que estaba cobrando una parte en negro y que este dinero lo había dedicado a realizar pagos en metálico de la reforma del palacete.

Este plan se lo plantea el ex president a su cuñado por teléfono, pero finalmente se rechaza. De las conversaciones se deduce que uno de sus abogados está al corriente de esta maniobra y parece que está conforme en la manipulación del documento. Por este motivo, la fiscalía se planteó la posibilidad de denunciar al abogado, aunque finalmente se descartó.

No se falsificó el documento, pero la familia Matas buscó otro sistema para demostrar que estaba cobrando una parte del alquiler con dinero opaco. Hace algunas semanas, Maite Areal se presentó en el comercio de la calle Sant Miquel acompañada de una mujer. Se trataba de una detective que tenía la misión de grabar una conversación entre Maite Areal y su inquilino, para que éste reconociera que una parte del alquiler lo entregaba en metálico y no lo declaraba. El inquilino no sospechó que se trataba de una detective, pero se dio cuenta de la maniobra y no cayó en la trampa.

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"CASO PALMA ARENA"; LA FISCALÍA IMPUTA A MATAS 13 DELITOS DISTINTOS

Un ex president ante la justicia. Las acusaciones concretan los cargos en el caso palma arena

Anticorrupción calcula que el ex ministro de Medio Ambiente podría cumplir hasta 24 años de cárcel

Matas, tras enterarse ayer de la petición de la fiscalía. Foto: B. ramón

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA. La fiscalía anticorrupción y la acusación particular en el caso Palma Arena han concretado, con ocasión de la vistilla celebrada ayer, los cargos que pesan contra Jaume Matas, ex president del Govern en la pasada legislatura. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau calculan que Matas podría ser condenado hasta 68 años de cárcel y le imputan 13 delitos diferentes. Los acusadores públicos, no obstante, precisan que, con aplicación de las graduaciones de condena del Código Penal, la pena máxima a cumplir para el también ex presidente del PP balear sería de 24 años.

· Falsedad de documento oficial. Matas se enfrenta a un presunto delito de falsedad de documento oficial cometido por un funcionario, por el que podría ser castigado a 6 años. La imputación se deriva de unas actas ficticias hechas en la junta rectora del organismo del Govern que promovió el velódromo Palma Arena, Illesport.

· Contratación de Schurmann. El fichaje por el Govern del arquitecto alemán Schurmann para diseñar y construir el Palma Arena sería constitutivo de un delito continuado de prevaricación administrativa, penado con inhabilitación. Los fiscales dicen que Matas contrató a este experto, mediante "una adjudicación ilegal y arbitraria". En este delito también se incluye la contratación de los arquitectos García Ruiz para sustituir a Schurmann, "pese a los informes jurídicos sobre la ilegalidad" y mediante un concurso irregular por 8,5 millones de euros.

· Fraude al Govern. Las acusaciones atribuyen al president del Govern Jaume Matas el concertarse con el delegado de la constructora FCC para adjudicar un contrato de manera ilegal, uno de los lotes para construir el Palma Arena por 2,2 millones de euros. Este delito también incluye otro presunto concierto con la UTE FCC-Melchor Mascaró para otros contratos de las distintas fases de construcción del velódromo. Por este delito, la fiscalía anticorrupción calcula una pena de 3 años.

· El contrato menor de Moisés. El principal imputado del caso Palma Arena está acusado de un delito de malversación de caudales públicos por los 12.000 euros de presunto sobresueldo que cobró el gerente del velódromo, Jorge Moisés. Este otro encausado, defendido por Gaspar Oliver, recibió el dinero por un informe sobre accesibilidad de minusválidos al recinto. A Matas se le atribuye ordenar este contrato menor, que podría acarrearle otros 6 años.

· Obras no realizadas. El ex ministro de Medio Ambiente será juzgado presumiblemente por otro delito de malversación de caudales, con otra pena de hasta 6 años de privación de libertad. La imputación se deriva de permitir el pago a la UTE del Palma Arena por obras no realizadas o a precios superiores a su coste. Los fiscales creen que se llegaron a inflar partidas con hasta un cuatrocientos por ciento más de su coste.

· De los arquitectos a Nimbus. Un tercer cargo de malversación de caudales, otros 6 posibles años de condena, se deriva del supuesto desvío de medio millón de euros abonado a GR-1 S.L., la empresa usada por los arquitectos García Ruiz, defendidos por Josep Zaforteza y Ramón Riutort, para ejecutar el proyecto, a la agencia de publicidad Nimbus.

· Delito electoral. Matas, en su calidad de presidente del PP de Balears, podría haber cometido un supuesto delito electoral, penado con hasta 3 años de privación de libertad. Anticorrupción le atribuye la responsabilidad de gastos electorales de la campaña de las municipales y autonómicas del 2007 que la agencia de publicidad Nimbus no habría cobrado, ni facturado, al PP. Los fiscales añaden que hubo otros trabajos para el partido que la agencia de publicidad cobró en dinero negro, que no fue declarado al Tribunal de Cuentas.

· Simular expediente. El president del Govern, presuntamente, ordenó que se pagaran unos 200.000 euros al periodista Antonio Alemany, su asesor. Matas también habría dispuesto que se "simulara un expediente de contratación entre el Govern y Nimbus Publicidad, que presentaría facturas de trabajos inexistentes y que luego transfería al periodista". Estos hechos serían constitutivos de otra presunta malversación de caudales, con sus 6 años de pena.

· Contrato menor. Otro cargo contra Matas por supuesta malversación nace de un contrato menor pagado por el Govern y por una cuantía de 12.000 euros. Anticorrupción presume que "Matas ordenó pagar el dinero a Antoni Alemany por un trabajo que nunca se realizó". Los hechos podrían acarrear otros 6 años de pena.

· Subvención. Las relaciones del asesor Antonio Alemany con el anterior Govern del PP dan pie a los fiscales a atribuir a Matas otra presunta malversación de caudales (8 años de pena). La acusación se deriva de una subvención de 450.000 euros recibida por una empresa de Alemany. El president del Govern habría presionado "a los funcionarios para que le dieran (a la empresa) la máxima puntuación posible" y habría subvertido las bases de la subvención para que le fuera otorgada a dicha empresa.

· 41 millones de sobrecoste. Los desvíos presupuestarios en el Palma Arena de más de 41 millones de euros son tipificados como otra supuesta malversación de caudales públicos, que suman otros 8 años de posible condena. Matas sería el responsable del sobrecoste.

· Blanqueo por el palacete. La adquisición por Matas de varias propiedades inmobiliarias, entre ellas su famoso "palacete", sería constitutivo de otro delito de blanqueo de capitales, cuya pena alcanzaría otros 6 años de reclusión. Aquí entran las joyas y cuadros comprados por su esposa.

· Delito fiscal. La fiscalía no descarta el que el dos veces president del Govern sea también juzgado por un supuesto delito fiscal (4 años). Esta imputación se vería reforzada por la propia confesión de Matas esta semana.

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"CASO PALMA ARENA"; EL FISCAL RECLAMA A MATAS UNA FIANZA DE 3 MILLONES PARA ELUDIR LA PRISIÓN

La suma reclamada por anticorrupción causó asombro en medios jurídicos

El juez retiró cautelarmente el pasaporte al ex president y el lunes comunicará el alcance exacto de la garantía

Fernando Areal, Rafael Perera y Jaume Matas, entran ayer a los juzgados penales. Foto: B. Ramon

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, retiró ayer cautelamente el pasaporte al ex president del Govern Jaume Matas, tras reclamar para él la fiscalía anticorrupción prisión preventiva eludible con tres millones de euros, una de las fianzas más altas solicitadas en los anales de la Justicia española y que causó asombro en medios jurídicos. Castro comunicará el lunes su decisión respecto a la fianza contra Matas, mientras su defensa se opuso a la adopción de medidas cautelares.

La vistilla de situación personal de Jaume Matas y su cuñado, y tesorero del PP de Balears entre 2002 y 2008, Fernando Areal, tuvo lugar a lo largo de la mañana de ayer. La comparecencia duró varias horas, debido a las pausas reclamadas por los abogados defensores Rafael Perera y Manuel Ollé, para estudiar el escrito del fiscal justificatorio de la prisión con fianza, un documento de más de 60 folios.

Los defensores se opusieron a la adopción de medidas cautelares, negaron los múltiples cargos dirigidos contra Matas y resaltaron que la incautación de su pasaporte iba a suponer la privación de su modus vivendi, ya que actualmente trabaja y reside en Estados Unidos.

En los últimos días se había especulado mucho respecto a la fianza que los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach iban a pedir para Matas, garantía que se preveía iba a ser elevada. La irrupción el martes de las escuchas telefónicas practicadas en los últimos meses a Matas, su esposa Maite Areal, su cuñado Fernando Areal, y su amigo Bartolomé Reus, complicó la situación procesal del ex presidente del PP balear.

De hecho, los fiscales entre los motivos alegados para reclamar la prisión incluyen las sospechas de que Matas haya podido influir en testigos del caso o intentado fabricar pruebas, indicios descubiertos gracias a las escuchas. No obstante, la cifra de tres millones de euros provocó sorpresa entre las partes personadas en el sumario y, después, un sonoro murmullo de asombro entre los periodistas.

Las acusadoras particulares en nombre del actual Govern, Maria Ángeles Berrocal y María Ángeles González, se adhirieron a la solicitud de la fiscalía y también reclamaron una fianza de 3 millones.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach facilitó la tarea del juez Castro y le dio pie a demorar su decisión sobre la situación de Matas, adoptando como medidas cautelarísimas la retirada del pasaporte y las presentaciones diarias en el juzgado de guardia.

El instructor decidió aplazar hasta el lunes la notificación del auto y pidió al ex ministro que le entregara su pasaporte. Castro no estimó oportunas las presentaciones.

Barajaron 4 millones

Rafael Perera rogó también al juez que dispensara a Matas y a su cuñado de tener que acudir el lunes al juzgado para recibir el auto, medida que autorizó el instructor.
Matas deberá dejar su pasaporte en el juzgado si consigue reunir la fianza, aunque podría trasladarse a vivir a otro punto de España. Las acusaciones llegaron a barajar reclamar una fianza carcelaria de hasta 4 millones de euros.

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