jueves, 15 de abril de 2010

EL TRIBUNAL DE GÜRTEL VALIDA EL RESTO DE LAS ESCUCHAS JUDICIALES

Los abogados exigían anular todas las grabaciones

J. A. HERNÁNDEZ / J. M. ROMERO - Madrid

Los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordaron ayer rechazar una veintena de recursos presentados por los abogados de los imputados en el caso Gürtel, según afirman fuentes de las partes conocedoras de esta decisión, acordada ayer mismo por el tribunal que preside Francisco Vieira.

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Los abogados exigían anular no sólo las grabaciones entre abogados y sus clientes en la cárcel de Soto del Real (que ya estaban eliminadas) sino la mayoría de las escuchas decretadas por Garzón para desmantelar esta trama a una decena de implicados. Los letrados justificaban su petición en la insuficiente motivación descrita por Garzón cuando dictaminó, a finales de 2008, que se pinchasen los teléfonos de los cabecillas de la trama y de otra decena de compinches.

Los tres jueces de este tribunal (Francisco Vieira, presidente; José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro, ponente) entienden que Garzón sí motivó suficientemente estas otras escuchas. Los jueces no entraron obviamente en las grabaciones interceptadas entre los abogados de la trama y sus clientes, puesto que ya las anularon el pasado 25 de marzo en una polémica votación que dividió al tribunal y en la que uno de los tres magistrados, Suárez Robledano, emitió un voto particular contrario a anularlas.

* La corrupción arma al Gobierno contra el PP

Caso Gürtel
A FONDO

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elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; CONFIRMADA LA IMPUTACIÓN DEL PRESIDENTE DE SANDO POR LA COMPRA DE SUELO

La jueza considera 'fraudulenta' la adjudicación

efe/Sevilla

La jueza que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha confirmado la imputación del presidente de la constructora Sando, José Luis Sánchez Domínguez, porque es posible que siga controlando la empresa y el único testimonio exculpatorio fue el de su hijo, también acusado.

Fuentes del caso han informado de que la jueza de Instrucción 6 de Sevilla ha confirmado la imputación de Sánchez Domínguez porque la única prueba exculpatoria fue la declaración de su propio hijo, también imputado, que "naturalmente, por su relación de parentesco, podría intentar proteger a su padre".

El empresario, de 72 años, figura entre la decena de personas imputadas por lo que la juez ha denominado "adjudicación fraudulenta" a Sando de la venta de los terrenos de Mercasevilla

El abogado del empresario había solicitado el sobreseimiento de la causa respecto a Sánchez Domínguez porque, dada su edad, sólo se dedica en la actualidad a labores representativas.

La juez, sin embargo, dice que hasta enero de 2008 el empresario fue administrador único de las empresas del grupo y no hay pruebas de que no siguiera tomando las decisiones empresariales.

Sánchez Domínguez declaró como imputado en febrero pasado y aseguró que "en ningún momento ha participado" en las negociaciones con Mercasevilla porque su hijo tenía poderes para ello, y actualmente está retirado y "acude a las oficinas de Sando cuando le apetece o no va".

El empresario dejó además constancia del "muchísimo daño que este asunto está causando a su empresa, a los trabajadores, a su propia familia y a los 3.000 colaboradores que trabajan con su empresa", según el texto de su declaración.

En esta parte del caso están imputados los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, el ex secretario del consejo de Mercasevilla Jorge Piñero, varios técnicos y tres directivos de Sando.

Además
* Los 13 imputados de los casos Mercasevilla
* El PP pedirá en pleno el despido disciplinario de Daniel Ponce

elmundo.es
pese a que su oferta era "antieconómica y contraria al interés general" respecto a la presentada por la empresa Noga.

"OPERACIÓN BOMSAI"; EL EX DIRECTOR DE PATRIMONIO DICE QUE VICENS LE ENCARGÓ CONTRATAR A STUDIO MEDIA

Para elaborar unos programas

* La contrató para elaborar unos programas que ya habían sido emitidos

Efe | Palma

El ex conseller insular de Patrimonio Joan Mas ha declarado ante el juez del "caso Maquillaje" que fue el conseller insular de Territorio en la anterior legislatura Bartomeu Vicens (UM) quien le encargó contratar a la productora Studio Media para elaborar unos programas que ya habían sido emitidos.

Mas ha declarado como imputado ante el juez instructor del caso, Ignacio Lope Sola, que investiga el presunto desvío de fondos y financiación ilegal de Unió Mallorquina (UM) mediante subvenciones de la institución insular en el pasado mandato, cuando estaba presidida por el partido nacionalista.

Studio Media Comunicación es propiedad de Alfredo Conde, presunto testaferro de Vicens, y se benefició de contratos millonarios por la concesión de la radio pública del Consell, Ona Mallorca. Mas ha sido preguntado por un programa sobre patrimonio que se encargó realizar a Studio Media y que, según sospecha la Fiscalía, ya estaba hecho y emitido.

Según Mas, fue Vicens quien le dijo que ya había hablado con Studio Media y que la productora estaba capacitada para realizar el programa, por lo que le indicó que "pusiera el dispositivo en marcha para contratar a esta empresa". Por encargo de Vicens, él realizó un informe de necesidad sobre este programa y ha añadido que le consta que "el trabajo se realizó" porque le entregaron 52 CD, aunque ha dicho ignorar si "correspondían a este programa o a un programa anterior".

"No hice gestión alguna para comprobar que se estuvieran difundiendo", ha explicado el ex director sobre estos programas, a lo que ha añadido, a preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, que no supo que ya habían sido emitidos con anterioridad. Aparte de Mas, hoy también han declarado ante el juez Gabriel Capó y Bartolomé Berga, ambos como imputados.

El primero representaba a una asociación de la televisión local de Son Servera y ha sido inquirido por la subvención supuestamente irregular de 280.000 euros que dio el Consell a la Xarxa de Televisions para la investigación, catalogación y digitalización de los materiales audiovisuales de interés que facilitaran las televisiones locales a la Televisió de Mallorca. Esta cantidad, concedida a propuesta de la ex presidenta del Consell Maria Antònia Munar (UM), se repartió a partes iguales entre las televisiones locales, 22.000 euros a cada una, pero, según declaró en su momento la directora general de la Radiotelevisión de Mallorca, la catalogación no existe.

Según Capó, su asociación entregó una relación de archivos cuando recibió el dinero, aunque "nadie le pidió" que los entregara y quedaron bajo su custodia a disposición de la Televisió de Mallorca. "Los archivos (de las televisiones) que se vendieron son reales" y están todos catalogados, por lo que "se podrían aportar físicamente", ha dicho Capó, a lo que ha añadido que el precio por el que se vendieron "es irrisorio".

También ha sido preguntado hoy por esta subvención Bartolomé Berga, que ejercía de gerente de la Xarxa de Televisions. Según ha dicho al juez, todas las gestiones de esta entidad las llevaba su presidente, Miquel Oliver, ex administrador de Video U, productora que se benefició de contratos millonarios del Consell supuestamente propiedad de Munar y del ex presidente de UM Miquel Nadal. Además, ha dicho que antes de recibir la subvención, Oliver, quien la solicitó al Consell, ya sabía el dinero que iban a percibir.

Asimismo, ha indicado que tras un informe de la Intervención del Consell, Oliver le pidió que se rehicieran las facturas de los archivos quitando las palabras "Consell de Mallorca" como entidad que los recibía. El imputado ha explicado que supuso que esto era porque "si era a nombre del Consell habría dificultades en que el usuario del material fuera la TV de Mallorca".

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; LA JUEZA CITA A DECLARAR A LA AHIJADA DE MARÍA ANTONIA MUNAR Y OTRAS TRES PERSONAS MÁS

El 28 de abril

* Se investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Inestur

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Mari Carmen Abrines, ha citado a declarar a María Luisa Tortella, directora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas (CITTIB) y ahijada de la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, dentro del caso Voltor, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a empresarios próximos a Unió Mallorquina (UM) en forma de contratos y subvenciones irregulares.

Asimismo, para ese mismo día han sido llamados a declarar el ex concejal de UM en Sóller, Tomás Plomer, a Maria del Mar Morata y a José Maria Cerdà, según señalaron fuentes, después de que la magistrada acordase alzar el secreto que pesaba sobre este procedimiento, cuyo sumario cuenta con más de 3.200 folios, y en el marco del cual han sido detenidas una veintena de personas.

Entre los arrestados se encuentran los ex consellers de Turismo Miquel Nadal y Francesc Buils, los ex directores generales del Govern, Antoni Oliver y Joan Sastre, el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, y varios empresarios vinculados a la formación 'uemita'.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial, Margarita Munar, en la que puso de manifiesto que esta empresa se presentó a un concurso sobre 'benchmarking', por un importe de 360.000 euros, al que se presentaron un total de 13 licitantes.

En su denuncia, Munar asevera que el concurso fue "manipulado" y que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting. Además, relaciona en este procedimiento a una de las declarantes citadas de nuevo, Luisa Tortella, como miembro de la mesa de contratación. En él también estaban presentes el ex director gerente del Inestur y uno de los principales encausados, Antoni Oliver.

Cabe recordar que nueve de los arrestados hasta ahora se encuentran en libertad bajo fianza. Cinco de ellos, Nadal, Flaquer, Sastre, Oliver y el contable de UM Alvaro Llompart eludieron ingresar en prisión tras depositar cauciones de entre 75.000 y 100.000 euros que el juez les impuso el pasado 6 de febrero, mientras que en la segunda fase de la operación, Buils, el empresario Jacinto Farrús y dos propietarios de la empresa de informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, tuvieron que constituir 100.000 euros de fianza el pasado 19 de marzo.

Además
* La larga mano de Munar

elmundo.es

"OPERACIÓN BOMSAI"; EN LIBERTAD CON CARGOS EL EX SECRETARIO DE ACTAS DE CAIB PATRIMONI

CORRUPCIÓN | Ya son siete los arrestados en la Operación Bomsai

* Había sido detenido por la mañana a las 12 horas
* Los detenidos pasarán mañana a las 09.00 horas a disposición judicial


Europa Press | Palma

La Policía Nacional ha detenido al ex secretario de actas de CAIB Patrimoni, Fernando Morell, dentro de la Operación Bomsai, convirtiéndose en el séptimo arrestado dentro esta nueva operación en contra de la corrupción iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en Baleares, según confirman fuentes de la investigación.

No obstante, tras declarar ante los investigadores la Policía Nacional lo ha dejado en libertad con cargos a las 15.30 horas después de que fuera arrestado pasadas las 12.00.

Los cuatro detenidos que aún permanecen en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía Nacional pasarán mañana a las 09.00 horas a disposición judicial cuando está previsto que comparezcan ante el juez de instrucción número 1, que se ha hecho cargo del caso.

El séptimo arrestado se suma así al grupo de encausados en esta trama que permanecen en la Jefatura de Policía, entre ellos el director general de Tributos durante la pasada legislatura de Jaume Matas, Jorge Sainz de Baranda , el ex director de la empresa CAIB Patrimoni, Jaume Vidal; el ex director general de Emergencias y ex consejero de la empresa pública, Joan Pol -que se personó esta mañana de forma voluntaria en dependencias policiales-, y una cuarta persona cuyas iniciales son F.R.C.

A lo largo de esta tarde, continuarán los interrogatorios de estos cuatro arrestados en dependencias policiales, entre ellos, el ex director general de Tributos del Govern, Jorge Sainz de Baranda, y el ex-director general de Emergencias y ex-consejero de la CAIB Patrimonio, Joan Pol.

La llamada 'operación Bomsai', que investiga irregularidades en la concesión de las obras del parque de Bomberos y de la Conselleria de Salud.

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* Baleares: corrupción y playa

ELMUNDO.ES

"CASO GÜRTEL"; EL SUPREMO DECIDIRÁ EL 12 DE MAYO SI CAMPS SERÁ JUZGADO POR RECIBIR TRAJES

TRIBUNALES | Estudiará los recursos contra el archivo de la causa

* En la causa está Ricardo Costa, su 'mano derecha' en el PP valenciano
* También el ex vicepresidente Víctor Campos y ex alto cargo Rafael Betoret
* La Fiscalía y el PSOE reclamaban que se interpretó mal el cohecho pasivo

María Peral | Efe | Madrid

La sala de lo penal del Tribunal Supremo examinará el próximo 12 de mayo los recursos contra el archivo de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos del Consell y del PP valenciano, por un presunto delito de cohecho pasivo.

El Alto Tribunal ha admitido a trámite las alegaciones presentadas por la Fiscalía y los socialistas valencianos contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de ordenar el sobreseimiento libre de esta causa al estimar que no había relación entre los "agasajos" que pudieron recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa.

Junto a Camps, también se imputó por haber recibido trajes de la trama 'Gürtel' al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y al que fuera jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

En su día, el auto del TSJCV contó con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que cuestionaba la interpretación que sus dos compañeros -entre ellos el presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa- habían dado al artículo 426 del Código Penal (sobre el delito de cohecho impropio) y decía no estar "convencido" de que los hechos no fueran "constitutivos de delito".

Tanto el PSPV-PSOE como el Ministerio Fiscal recurrieron el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al considerar que su fallo se basaba en una interpretación errónea del artículo 426 del Código Penal, que tipifica el cohecho pasivo.
PSOE: Demuestra que no hay una 'conspiración'

Tras conocer la noticia, el portavoz socialistaen el Parlamento valenciano, Ángel Luna, ha afirmado que la admisión a trámite de los recursos supone un reconocimiento por parte del Supremo de que tienen "una parte importante de razón". Luna ha añadido en declaraciones a Efe que la decisión del tribunal demuestra que no hay "una conspiración" socialista contra el PP y que su partido no está haciendo "locuras".

Los socialistas, que ejercen la acusación popular en el caso, denunciaban que el TSJCV no hubiera tenido en cuenta un informe policial del que, en su opinión, "se desprende sin dificultad alguna" que Ricardo Costa era "el responsable de las decisiones relativas a los pagos y cobros" con Orange Market.

Los cinco magistrados que estudiarán a puerta cerrada el asunto son el presidente de esa sala, Juan Saavedra, y sus compañeros Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta, Perfecto Andrés Ibáñez y Miguel Colmenero.

Además
* Claves del caso 'Gürtel' | En Madrid | En Valencia | Sumario

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