viernes, 28 de mayo de 2010

"CASO ASTAPA"; BARRIENTOS RECLASIFICÓ UN SUELO RÚSTICO DE SU MADRE QUE VENDIÓ POR 250 VECES SU VALOR

De 30.000 € de valor catastral a 7,5 millones

Juan Sánchez | Málaga

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional desvela en el sumario del 'caso Astapa' que el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos estaría detrás de lo que podría considerarse como un ‘pelotazo’ urbanístico que benefició a su familia.

La operación investigada se corresponde con la venta de una finca de la madre del ex regidor a la mercantil Criber SA. La citada empresa pagó más de 7,5 millones de euros por unos terrenos rústicos de secano cuyo valor catastral era de 30.200,86 euros. La operación contrasta con los 30.000 euros abonados por el Ministerio de Fomento a la madre del ex alcalde por la expropiación de dos parcelas de la finca para la construcción de una carretera.

Como ponen de manifiesto los investigadores, María González, madre de Antonio Barrientos, heredó de su progenitora, Josefa Macías, a finales de 1999, unos terrenos clasificados como rústicos en la zona conocida como Arroyo Enmedio Este. No obstante, el suelo no fue puesto a nombre de María González hasta el 22 de diciembre de 2003. Según la Policía, el motivo del retraso en el cambio de titularidad respondería al hecho de eludir el pago del impuesto de sucesiones. En ese momento el valor catastral de los terrenos era de 30.200,86 euros.

Un mes después de formalizarse la titularidad de la finca, el 16 de enero de 2004, se llevó a cabo la venta de la misma por parte de González a la mercantil Criber SA por 7.512.660 euros. Esta cantidad fue abonada en tres plazos. El primero el 16 de enero de 2003, curiosamente un año antes de que se escriturara la operación de compra-venta, por un valor de 2.704.563 euros mediante seis cheques bancarios. A juicio de los investigadores, tras esta operación existiría algún tipo de información privilegiada.

El segundo, el 19 de enero de 2004, por la cantidad de 2.404.048 euros, y el último justo un año después por el mismo importe. En su informe los investigadores policiales señalan que la venta se produjo por un importe muy superior al fijado en catastro, en concreto cerca de 250 veces su valor. A la hora de firmar la escritura, María González contó como apoderado con su hijo Manuel Barrientos, abogado de profesión.

El 25 de agosto de 2004 la mercantil Criber SA, junto a allegados del alcalde por parte de su madre y las empresas Valle de Enmedio SA y Aquitania Sur SL, firmaron un convenio de adquisición de aprovechamientos urbanísticos con el Ayuntamiento de Estepona, en el que se veían afectados los terrenos vendidos por María González.

Reclasificación
El Consistorio reclasificó en urbanizable el suelo a cambio de 7.315.623,94 euros. El convenio fue firmado por el alcalde en funciones José Ignacio Crespo –ahora en libertad bajo fianza de 150.000 euros por su imputación en Astapa–. Los investigadores policiales le trasladan al juez instructor la duda de «si fue casualidad o no que en la firma del convenio no estuviera el alcalde Antonio Barrientos.

Lo policías destacan que tanto Aquitania Sur, como Valle de Enmedio –actualmente extinguida–, cuentan entre sus principales cargos directivos con los hermanos Delgado Algas, uno de ellos, siempre según el sumario judicial, cuñado del que después fue concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, también imputado en el caso Astapa. A los cuatro meses después de la celebración del pleno en el que fue aprobado el convenio urbanístico, fue inscrito notarialmente un acto de permuta.

Los investigadores entienden que las operaciones generaron un elevado incremento del valor del suelo, «siendo uno de los beneficiarios María González», madre del ex alcalde Barrientos, quien «estaría en posesión de información privilegiada sobre el futuro de dichos terrenos». Parte de los 7,5 millones que María González cobró por los terrenos los invirtió en viviendas para sus cuatro hijos. A Antonio le compró un chalé en la residencia de lujo Bahía Azul valorado en 625.000 euros.

Además
* Barrientos: 'Hay tipejos de todo tipo'
* Empresarios pagaban facturas para resolver expedientes
* Simón pidió trabajo a cambio de favorecer en un concurso
* Presuntas irregularidades en la adjudicación de chiringuitos
* 30.000 euros por informarle sobre unos terrenos
* La Policía halló 16.000 euros en billetes de 500

elmundo.es

CIU PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE CASTELL Y NADAL SI "PRETORIA" LLEGA HASTA EL PARLAMENT

CASO PRETORIA | La investigación salpica a la política catalana

* Puig (CDC) considera que debe incluirse en la comisión sobre el 'caso Palau'
* Cree en la 'honorabilidad' de los consellers pero pide explicaciones al Govern
* Recuerda que Prenafeta y Alavedra llevan más de 12 años lejos de la política


Europa Press | Barcelona

El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, consideró hoy "lógico" que el consejero de Economía, Antoni Castells, y el de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, comparecieran en el Parlamento catalán si abriera una comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción urbanística Pretoria.

Lo dijo en declaraciones a Rac1, después de que los nombres de los consejeros aparezcan en el sumario de la trama. Aseguró, sin embargo, que cree en la honorabilidad de los consejeros y que, mientras no se demuestre lo contrario, debe presuponer que ambos han actuado de acuerdo con sus responsabilidad y dignidad del cargo que ocupan.

Pese a todo, Puig emplazó a los socialistas a dar explicaciones sobre el caso sobre si las prácticas de los principales encausados, como el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el ex socialista Luis García 'Luigi', forman parte "del funcionamiento habitual de la praxis política" del partido.

"El consejero Nadal incluso tuvo que cesar al director general del Institut Català del Sol --Emili Mas--, que parece que había tenido alguna participación" en dichas actividades, recordó.

Según Puig, CiU no tiene nada que ver como partido político en la trama Pretoria, "más allá de alguna llamada que al parecer hubo para dar el teléfono de una concejal de Cerdanyola", en alusión a una llamada del ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta al presidente de CiU, Artur Mas, que este último ha admitido.

Al preguntársele si Prenafeta donaba parte de sus comisiones a la Fundación Cataluña Oberta, afirmó desconocer qué hacia Prenafeta y que la entidad no tiene vinculación alguna con CDC.

Además, recordó que tanto Prenafeta como Macià Alavedra, ex altos cargos en los gobiernos de CiU, no ocupan ningún cargo público desde hace 20 y 12 años respectivamente.

Aunque reiteró que no comparten la decisión de impulsar comisiones de casos que están bajo investigación judicial, destacó que plantearán la opción de promoverla la semana que viene. Antes, sin embargo, insistió en emplazar al tripartito a incluir Pretoria en la comisión que se abrirá sobre la posible financiación ilegal de la Fundació Trias Fargas --vinculada a CDC-- a través de donaciones al Palau de la Música.

Avanzó que acudirá "con mucho gusto" a declarar en dicha comisión, a la que ya le han comunicado que será citado.

Reiteró su defensa de que CiU no ha actuado de forma ilegal en el caso Palau, y atribuyó las acusaciones a un interés de desgastar políticamente a la federación, teniendo en cuenta que las encuestas les sitúan como favoritos con ventaja para ganar las elecciones catalanas.

Además
* Prenafeta daba comisiones a una Fundación de CDC
* Quién es quién en la trama de corrupción

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; BARRIENTOS DICE QUE ES FALSO QUE SU NOVIA PIDIERA DESCUENTOS A UN PROMOTOR

Le pidió una rebaja del 50%

Efe | Málaga

El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos ha calificado como "absolutamente falso" lo declarado por el empresario Juan Carlos Escribano ante el instructor del 'caso Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad malagueña.

El promotor, según recoge la parte del sumario cuyo secreto se levantó este jueves, declaró en comisaría y en el juzgado que la novia y ahora mujer del ex alcalde le pidió un descuento del cincuenta por ciento en la adquisición de pisos, ya que éstos iban a ser para el entonces regidor, Antonio Barrientos.

Ante su negativa, según el promotor, ésta le amenazó con que si no aceptaba esa oferta, "si ella quería, no le darían las licencias que solicitara".

Barrientos ha declarado hoy a Efe que "hay tipejos de todo tipo" y que están estudiando presentar contra Escribano una querella criminal por testimonio falso.

Ha añadido que a este empresario, que tenía una promoción de viviendas, "lo denunciaron muchos compradores porque no cumplió con el contrato", ya que se retrasó la entrega de las viviendas a los adquirientes porque el inmueble "no cumplía la normativa, era ilegal", y el Ayuntamiento no iba "a darle, como él pretendía, una licencia de manera ilegal".

Por ello, "actúa con esta venganza", según Barrientos, que ha añadido que "la mentira tiene las patas muy cortas", porque su mujer compró una casa de setenta metros cuadrados pero fue en Casares (Málaga), por la que tiene una hipoteca de 200.000 euros con Caja Madrid, mientras que "otros han comprado áticos por 130.000 euros y tienen más metros cuadrados".

El ex regidor ha manifestado que confía en que "pronto se aclare todo" y ha insistido en la "falsedad de la denuncia" que interpusieron el actual alcalde, David Valadez (PSOE), y la concejala Cristina Rodríguez como "ha quedado comprobado" con la finca de la madre de Barrientos "que decían que era rústica y que se recalificó" durante su mandato.

"Que todos los golfos y sinvergüenzas, incluso los que han mentido, lo paguen, y si ha habido otros que se han llevado dinero público que le caiga todo el peso de la ley", ha agregado Barrientos. "Todo se aclarará", según el ex alcalde de Estepona, que ha subrayado que confía "total y absolutamente en la Justicia".

Además
* Empresarios pagaban facturas para resolver expedientes
* Simón pidió trabajo a cambio de favorecer en un concurso
* Presuntas irregularidades en la adjudicación de chiringuitos
* 30.000 por informarle sobre unos terrenos

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; UN LETRADO DECLARÓ QUE PAGÓ A UN EDIL 30.000 POR INFORMARLE SOBRE UNOS TERRENOS

Levantado el secreto de sumario de ocho tomos

Efe | Málaga

Un abogado de Estepona imputado por blanqueo y cohecho en el caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento esteponero, declaró ante el juez instructor que pagó 30.000 euros al edil Francisco Zamorano, también imputado, como comisión por informarle sobre unos terrenos.

Zamorano, que en el año en el que se produjo la compra del suelo, era director económico para la revisión del PGOU, "solicitó una comisión de 30.000 euros", que fue pagada mediante una factura a nombre de la sociedad Lauzavi S. L., cuya administradora es su mujer, y que tiene un objeto social relacionado con el mundo de la decoración y la fotografía, según declaró el letrado y revela la parte del sumario cuyo secreto se levantó este miércoles.

Según este abogado, Zamorano le recomendó a él y a otros dos empresarios, con los que mantiene vínculos familiares, que compraran dos fincas en la unidad de Atalaya Park, suelo que adquirieron en diciembre de 2004 por un importe de 751.260 euros.

Casi dos años después, en septiembre de 2006, las dos fincas se vendieron por más "del triple de valor de compra", según el letrado, por un importe de 3.660.163,71 euros.

Las parcelas se revendieron nuevamente el 7 de noviembre de 2006 a otra sociedad por un importe de 6.163.952,32 euros por lo que en menos de dos años "los terrenos multiplicaron su valor casi diez veces", según el informe policial, que añade que la sociedad en la que participaba el abogado "dispondría de información privilegiada sobre los terrenos que posteriormente serían objeto de convenio y, por tanto, "el miembro del Ayuntamiento obtendría algún tipo de beneficio con ello".

Según un informe policial incluido en el sumario de Astapa, la empresa en la que participa Zamorano y que es familiar, Lauzavi S.L., recibió en dos años un total de 794.000 euros de empresarios con intereses urbanísticos en la localidad.

A Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Lauzavi S. L. está participada en un 8% por Zamorano, y el resto de la sociedad a partes iguales entre su mujer y otros dos familiares.

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