Municipios bajo la lupa
La Agencia Tributaria ha pedido información a unos 150 municipios en los que hay indicios de irregularidades
La Agencia Tributaria ha pedido información a unos 150 municipios en los que hay indicios de irregularidades
LUCÍA ABELLÁN - Madrid -
Recalificaciones, adjudicaciones de suelo, promociones que se multiplican en sitios remotos... Los ayuntamientos son responsables de la actividad que más riqueza ha generado en los últimos años, el urbanismo. Pero al calor de esa riqueza han surgido también fraudes monumentales. Consciente de esa realidad, la Agencia Tributaria rastrea los desarrollos urbanísticos de numerosos municipios con indicios de irregularidades. Esa información resulta clave para desentrañar casos graves de fraude inmobiliario.
Andalucía encabeza la lista de corporaciones inspeccionadas
Le siguen la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña
La Vila Joiosa (Alicante) es el único nombre que se conoce de la lista
Desde el año 2006, la Agencia ha pedido información a 55 municipios de forma directa, según explica un portavoz. Otras fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que esa cifra se puede "duplicar o triplicar" si se tienen en cuenta las peticiones que realizan por su cuenta las delegaciones autonómicas de este organismo. Así, la cifra más optimista elevaría esos requerimientos de información por encima de 150.
Andalucía encabeza la lista de comunidades con más municipios rastreados por la Agencia Tributaria. La intensa actividad urbanística de los últimos años, especialmente en la Costa del Sol, ha situado a los ayuntamientos andaluces en el foco de la Inspección. Este organismo recuerda que grandes operaciones de corrupción, como Malaya o Ballena Blanca, con Marbella como telón de fondo, se originaron a raíz de datos suministrados por la Agencia Tributaria. Y esos datos provienen en buena parte de estas pesquisas a los ayuntamientos.
Además de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña constituyen los territorios más investigados. De la Comunidad Valenciana es el único ayuntamiento concreto al que se sabe que Hacienda ha pedido información, el de La Vila Joiosa. Este municipio alicantino próximo a Benidorm ha experimentado un desenfrenado desarrollo urbanístico, con adjudicaciones dudosas (más de la mitad de los sectores del planeamiento urbano se encargaron a sociedades de promotores y empresas próximas al Partido Popular, según publicó este diario). La Agencia Tributaria rechaza facilitar los nombres del resto de ayuntamientos bajo la lupa.
Para seleccionar los consistorios, Hacienda identifica los de "mayor riesgo fiscal" por el volumen de actividad inmobiliaria que hayan experimentado. Este criterio descarta a la mayoría de municipios y centra las pesquisas en muy pocos, en muchos casos costeros. "No es tan relevante el número de ayuntamientos como las actuaciones que de ahí se derivan", aseguran en la Agencia Tributaria.
Con la información solicitada, Hacienda investiga las modificaciones de planeamientos urbanísticos municipales, la clasificación, el uso y la edificabilidad del suelo, los nuevos instrumentos de planeamiento municipal, las adjudicaciones de suelo... El objetivo es revisar si lo que hay sobre el papel se corresponde con el desarrollo urbanístico real.
Un portavoz de la Agencia Tributaria aclara que las irregularidades detectadas no siempre son imputables a los ayuntamientos. A veces el proceso municipal se ajusta a la legalidad, pero las promotoras se exceden (por ejemplo, construyendo más, subcontratando irregularmente...). En cualquier caso, los supuestos de fraude clásicos suelen implicar tanto corrupción de cargos públicos como ilegalidades empresariales.
La mayor parte de los casos de irregularidades urbanísticas se salda con la apertura de un proceso inspector, la liquidación de los impuestos defraudados (IVA, sociedades o tributos municipales, según el caso) y la imposición de sanciones. Pero algunos de los supuestos destapan un fraude de mayor magnitud que Hacienda deriva a la fiscalía por indicios de delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros y existe intención de cometer fraude) o por otros como blanqueo de capitales o malversación.
Hacienda comenzó a pedir información a los ayuntamientos en 2006, a raíz del plan de prevención del fraude fiscal que constató la "fuerte percepción social de que el fraude está muy extendido en el sector inmobiliario". La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, diseña la estrategia de control de los ayuntamientos y da instrucciones a las delegaciones regionales de la Agencia para que escruten la información.
El fraude urbanístico ha concentrado casi la mitad del trabajo de la Agencia Tributaria en los años del boom urbanístico. El 40% de los inspectores se dedicaba a esas tareas. Con el declive del sector a partir de 2008, los recursos se reorientaron y ahora los esfuerzos dedicados al fraude inmobiliario son menores, aunque el volumen de evasión fiscal sigue siendo muy importante.
Un vivero de corrupción
- La herencia del GIL en Marbella. El caso Malaya, que obligó a disolver la corporación municipal en 2006, está a punto de llegar a juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán el próximo 27 de septiembre el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tres ex alcaldes y otros 90 procesados.
- Billetes en la basura del alcalde de Manilva. El juicio por la corrupción en Marbella interrumpirá la vista del caso Ballena Blanca en Málaga. La fiscalía acusa de cohecho al ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, en cuya casa la policía encontró una bolsa de basura con 762.000 euros, supuesto pago por una recalificación.
- Urbanismo salvaje en Andratx. El ex alcalde del pueblo mallorquín Eugenio Hidalgo (expulsado del PP) cumple cuatro años de cárcel por edificar un chalé en suelo protegido. Las penas firmes del ex director general balear del Territorio, Jaume Massot, suman ocho años. Y quedan 30 causas penales por juzgar de una investigación que comenzó en 2006.
- El 'caso Pretoria' estalla en Santa Coloma. La corrupción hizo presa en la localidad barcelonesa. Una investigación culminada en mayo pasado implica al ex alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, Lluís Prenafeta y Maciá Alavedra, dos ex altos cargos de CiU, todos bajo la batuta de Luis García Saéz, Luigi, ex diputado del PSC.
- Orihuela, epicentro del último escándalo. Unas grabaciones realizadas por un empresario dieron origen al caso Brugal, que se dio a conocer hace apenas unas semanas y que releva una trama de corrupción en torno a las contratas de basura de esta localidad alicantina. El juez imputa a la cúpula del PP en Orihuela, incluida la alcaldesa, y al presidente de la Diputación de Alicante, el también popular José Joaquín Ripoll.
- La alargada sombra de El Pocero sobre Seseña. La macrourbanización que promovía el constructor Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana fue uno de los símbolos del boom inmobiliario. El constructor dejó su obra a medio hacer (5.600 de las 13.200 viviendas previstas), pero la investigación continúa. La fiscalía acusó al ex alcalde socialista, José Luis Jiménez, que autorizó el proyecto urbanístico, de cohecho y prevaricación.
- Boadilla, el frente urbanístico de la trama Gürtel. La red que consiguió contratas de los gobiernos autonómicos de Madrid y Comunidad Valenciana estuvo muy activa en la localidad madrileña. La imputación en el caso forzó la dimisión de Arturo González (PP) y la policía pidió al juez la detención de su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero.
Noticias relacionadas
* Contra corrupción, transparencia
* La financiación de los municipios vuelve a los niveles de 2006
elpaís.com
Andalucía encabeza la lista de corporaciones inspeccionadas
Le siguen la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña
La Vila Joiosa (Alicante) es el único nombre que se conoce de la lista
Desde el año 2006, la Agencia ha pedido información a 55 municipios de forma directa, según explica un portavoz. Otras fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que esa cifra se puede "duplicar o triplicar" si se tienen en cuenta las peticiones que realizan por su cuenta las delegaciones autonómicas de este organismo. Así, la cifra más optimista elevaría esos requerimientos de información por encima de 150.
Andalucía encabeza la lista de comunidades con más municipios rastreados por la Agencia Tributaria. La intensa actividad urbanística de los últimos años, especialmente en la Costa del Sol, ha situado a los ayuntamientos andaluces en el foco de la Inspección. Este organismo recuerda que grandes operaciones de corrupción, como Malaya o Ballena Blanca, con Marbella como telón de fondo, se originaron a raíz de datos suministrados por la Agencia Tributaria. Y esos datos provienen en buena parte de estas pesquisas a los ayuntamientos.
Además de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña constituyen los territorios más investigados. De la Comunidad Valenciana es el único ayuntamiento concreto al que se sabe que Hacienda ha pedido información, el de La Vila Joiosa. Este municipio alicantino próximo a Benidorm ha experimentado un desenfrenado desarrollo urbanístico, con adjudicaciones dudosas (más de la mitad de los sectores del planeamiento urbano se encargaron a sociedades de promotores y empresas próximas al Partido Popular, según publicó este diario). La Agencia Tributaria rechaza facilitar los nombres del resto de ayuntamientos bajo la lupa.
Para seleccionar los consistorios, Hacienda identifica los de "mayor riesgo fiscal" por el volumen de actividad inmobiliaria que hayan experimentado. Este criterio descarta a la mayoría de municipios y centra las pesquisas en muy pocos, en muchos casos costeros. "No es tan relevante el número de ayuntamientos como las actuaciones que de ahí se derivan", aseguran en la Agencia Tributaria.
Con la información solicitada, Hacienda investiga las modificaciones de planeamientos urbanísticos municipales, la clasificación, el uso y la edificabilidad del suelo, los nuevos instrumentos de planeamiento municipal, las adjudicaciones de suelo... El objetivo es revisar si lo que hay sobre el papel se corresponde con el desarrollo urbanístico real.
Un portavoz de la Agencia Tributaria aclara que las irregularidades detectadas no siempre son imputables a los ayuntamientos. A veces el proceso municipal se ajusta a la legalidad, pero las promotoras se exceden (por ejemplo, construyendo más, subcontratando irregularmente...). En cualquier caso, los supuestos de fraude clásicos suelen implicar tanto corrupción de cargos públicos como ilegalidades empresariales.
La mayor parte de los casos de irregularidades urbanísticas se salda con la apertura de un proceso inspector, la liquidación de los impuestos defraudados (IVA, sociedades o tributos municipales, según el caso) y la imposición de sanciones. Pero algunos de los supuestos destapan un fraude de mayor magnitud que Hacienda deriva a la fiscalía por indicios de delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros y existe intención de cometer fraude) o por otros como blanqueo de capitales o malversación.
Hacienda comenzó a pedir información a los ayuntamientos en 2006, a raíz del plan de prevención del fraude fiscal que constató la "fuerte percepción social de que el fraude está muy extendido en el sector inmobiliario". La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, diseña la estrategia de control de los ayuntamientos y da instrucciones a las delegaciones regionales de la Agencia para que escruten la información.
El fraude urbanístico ha concentrado casi la mitad del trabajo de la Agencia Tributaria en los años del boom urbanístico. El 40% de los inspectores se dedicaba a esas tareas. Con el declive del sector a partir de 2008, los recursos se reorientaron y ahora los esfuerzos dedicados al fraude inmobiliario son menores, aunque el volumen de evasión fiscal sigue siendo muy importante.
Un vivero de corrupción
- La herencia del GIL en Marbella. El caso Malaya, que obligó a disolver la corporación municipal en 2006, está a punto de llegar a juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán el próximo 27 de septiembre el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tres ex alcaldes y otros 90 procesados.
- Billetes en la basura del alcalde de Manilva. El juicio por la corrupción en Marbella interrumpirá la vista del caso Ballena Blanca en Málaga. La fiscalía acusa de cohecho al ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, en cuya casa la policía encontró una bolsa de basura con 762.000 euros, supuesto pago por una recalificación.
- Urbanismo salvaje en Andratx. El ex alcalde del pueblo mallorquín Eugenio Hidalgo (expulsado del PP) cumple cuatro años de cárcel por edificar un chalé en suelo protegido. Las penas firmes del ex director general balear del Territorio, Jaume Massot, suman ocho años. Y quedan 30 causas penales por juzgar de una investigación que comenzó en 2006.
- El 'caso Pretoria' estalla en Santa Coloma. La corrupción hizo presa en la localidad barcelonesa. Una investigación culminada en mayo pasado implica al ex alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, Lluís Prenafeta y Maciá Alavedra, dos ex altos cargos de CiU, todos bajo la batuta de Luis García Saéz, Luigi, ex diputado del PSC.
- Orihuela, epicentro del último escándalo. Unas grabaciones realizadas por un empresario dieron origen al caso Brugal, que se dio a conocer hace apenas unas semanas y que releva una trama de corrupción en torno a las contratas de basura de esta localidad alicantina. El juez imputa a la cúpula del PP en Orihuela, incluida la alcaldesa, y al presidente de la Diputación de Alicante, el también popular José Joaquín Ripoll.
- La alargada sombra de El Pocero sobre Seseña. La macrourbanización que promovía el constructor Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana fue uno de los símbolos del boom inmobiliario. El constructor dejó su obra a medio hacer (5.600 de las 13.200 viviendas previstas), pero la investigación continúa. La fiscalía acusó al ex alcalde socialista, José Luis Jiménez, que autorizó el proyecto urbanístico, de cohecho y prevaricación.
- Boadilla, el frente urbanístico de la trama Gürtel. La red que consiguió contratas de los gobiernos autonómicos de Madrid y Comunidad Valenciana estuvo muy activa en la localidad madrileña. La imputación en el caso forzó la dimisión de Arturo González (PP) y la policía pidió al juez la detención de su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero.
Noticias relacionadas
* Contra corrupción, transparencia
* La financiación de los municipios vuelve a los niveles de 2006
elpaís.com
