EL MANIFIESTO CONTRA LA CORRUPCIÓN, EN INTERNET

Valencia

El manifiesto que, bajo el título Contra la corrupción: tolerancia cero, presentó la semana pasada el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, recoge desde ayer firmas en Internet. El manifiesto ha sido colgado en la red en una página (www.corrupciontoleranciacero.com) en la que se explica escuetamente que ha sido redactado por Luna y contó en su presentación con el apoyo del portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, y de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno.

El manifiesto, que pide el apoyo a Jorge Alarte como candidato a la presidencia de la Generalitat, reclama "la radicalidad más absoluta en la defensa del principio de legalidad en el funcionamiento de las instituciones políticas valencianas". La web, que en la tarde de ayer llevaba ya 240 firmas confirmadas, está abierto a militantes del PSPV-PSOE y ciudadanos en general. La página ha establecido un sistema para garantizar las firmas que se recogen.

elpaís.com

EL PP TRAMITA INICIATIVAS SOBRE EL "CASO GÜRTEL" OBLIGADO POR EL CONSTITUCIONAL

ADOLF BELTRAN - Valencia

"La Mesa no ha tenido ningún problema en tramitar las preguntas y la proposición no de ley", dijo Milagrosa Martínez sin parpadear. La presidenta de las Cortes asumió, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara, que acataba la sentencia del Tribunal Constitucional amparando las iniciativas parlamentarias del grupo de Compromís que la propia Martínez y los otros dos representantes del PP rechazaron sin fundamento. "Como no podía ser de otra forma, la Mesa acata así la sentencia del Tribunal Constitucional", añadió, para precisar que, aunque la resolución judicial sólo obligaba "a que se retrotrajeran las actuaciones al momento inicial", la doctrina que establece la sentencia recomendaba dar luz verde a tramitar las preguntas.

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En realidad, la sentencia del Constitucional, que tiene dos antecedentes en el mismo sentido relativos a legislaturas ya superadas, es todo un varapalo al obstruccionismo del PP con las iniciativas parlamentarias que no le gustan, en esta ocasión relacionadas con el caso Gürtel y la trama de corrupción que afecta, no sólo al presidente del Consell, Francisco Camps, sino a la propia presidenta de las Cortes.

La sentencia, como las dos anteriores, ampara los "derechos fundamentales de los diputados", que considera vulnerados al rechazarse sus iniciativas sin "motivación suficiente y adecuada".

La portavoz adjunta de Compromís y abogada que ha promovido el recurso al Constitucional, Mònica Oltra, se mostró satisfecha de que el PP acate la sentencia, después de que el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, sugiriera que podían volver a rechazar las iniciativas amparadas con una nueva excusa. "Rectificar es de sabios", dijo Oltra con ironía. "No se han salido con la suya en el intento de constreñir la libertad y los derechos de los parlamentarios"."Lo más lamentable es que hayan tenido que ser los tribunales los que los pongan en su lugar", aseguró Mònica Oltra, que denunció la persecución que practica el PP de la libertad de expresión y de los derechos de la oposición. "Ha tenido que poner las cosas en su sitio el Tribunal Constitucional porque hay unos gobernantes que no han entendido el Estado de derecho".

Entre las iniciativas que han recibido el amparo del Constitucional hay una serie de preguntas formuladas en 2009 a diversas consejerías en las que se pedía por escrito información sobre los contratos de cada departamento con empresas investigadas en la trama de corrupción del caso Gürtel. También ha obligado la sentencia del Constitucional a tramitar una proposición no de ley en la que Compromís pide un reconocimiento oficial de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura del Consell Provincial de València durante la República y fundador del Institut d'Estudis Valencians.

Los dos representantes socialistas en la Mesa de las Cortes se opusieron en su día al veto de las iniciativas de Compromís y su grupo tiene planteado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo similar por otras iniciativas sobre la corrupción. La vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Isabel Escudero, planteó el tema el pasado sábado en el foro interparlamentario autonómico organizado en Logroño por el secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías. Escudero denunció que "en gran parte de las instituciones que controla el PP no hay juego limpio, y el menoscabo a los principios de la democracia es constante". Puso como ejemplo "los obstáculos que el PP pone en las Cortes Valencianas a la hora de acceder a la información relacionada con los casos de corrupción. Toda iniciativa relacionada con ello es rechazada de forma sistemática con los más extravagantes argumentos, y lo más grave es que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional tampoco garantizan que se vaya a abandonar esas prácticas".

La vicepresidenta de las Cortes apuntó que tal vez los populares "se están blindando a sí mismos frente a las consecuencias de los posibles delitos que hayan podido cometer al frente de las instituciones, lo que añade gravedad a la situación". Escudero señaló: "Quizá ha llegado el momento, a través de un gran pacto, de reescribir los párrafos constitucionales que contienen las garantías legales para que los parlamentos autonómicos y el conjunto de las instituciones sean verdaderos espacios de debate y auténticas herramientas de defensa de los intereses ciudadanos mediante la transparencia y el respeto a los reglamentos".

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"OPERACIÓN PONIENTE"; EL EJIDO PAGA 72.000 EUROS AL AÑO AL CEREBRO DE LA TRAMA CORRUPTA

El alcalde mantiene a José Alemán como jefe del área de Hacienda

MARTA SOLER - Almería -

El que fuera interventor accidental del Ayuntamiento de El Ejido y al que las investigaciones policiales señalan como el presunto cerebro de la operación Poniente por malversación de fondos municipales, José Alemán Bracho, recibe 72.000 euros al año de las arcas que presuntamente esquilmó. Alemán ingresó en prisión a finales de octubre -al igual que el alcalde, Juan Enciso (PAL)- y salió el 29 de julio, tras pagar una fianza de 600.000 euros. A ambos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. El acusado de urdir la trama que supuestamente malversó 150 millones de euros de las arcas de El Ejido por medio de una trama de subcontrataciones con la empresa mixta de servicios municipales Elsur no salió de la nómina de los empleados municipales ni cuando estuvo en prisión.

El Consistorio suspendió a dos policías antes de la sentencia definitiva

El imputado cobró por productividad mientras estaba encarcelado

Alemán y su esposa, Isabel Carrasco -también imputada y en libertad provisional bajo fianza de 90.000 euros-, son funcionarios municipales y trabajan en el área de Hacienda. Carrasco se incorporó a su puesto el pasado lunes, después de diez meses de baja médica por depresión, y ahora es su esposo el que no cumple sus obligaciones laborales por prescripción médica.

Alemán fue cesado como interventor accidental, pero no como jefe de área de Hacienda y Contratación, puesto por el que se la paga en la actualidad. Se le contrató como economista hace 27 años, pertenece al Grupo A en la escala de funcionariado, cobra complementos de destino (nivel 30) y complementos específicos según la Ley de Presupuestos Generales del Estado al estar en el Grupo E9. Esto suma un total de 72.000 euros al año distribuidos en 14 pagas. Curiosamente, en diciembre, mientras dormía en una celda en la cárcel almeriense de El Acebuche por orden de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, cobró un complemento por productividad.

El equipo de gobierno municipal lo tiene claro. "Nosotros no podemos cesar a un funcionario público si no es por resolución judicial", argumenta Juan Enciso, quien entró a trabajar al día siguiente de su salida de prisión, el 15 de junio, después de ocho meses en la cárcel.

Sin embargo, desde la oposición se puntualiza que la Administración local puede abrir expediente en virtud del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 que establece lo que se consideran "Faltas disciplinarias", que sí se aplicaron días antes del destape de la operación Poniente a dos policías locales acusados de tráfico de estupefacientes, que fueron suspendidos de empleo y sueldo mientras llegaba una resolución judicial definitiva.

El concejal y secretario de organización del PSOE en El Ejido, José Miguel Alarcón, aseguraba ayer que es un "derecho" de Alemán como cualquier trabajador público y, ante eso: "No podemos hace nada". "Por ética, debe dejar el cargo. Por su parte, candidato del Partido Popular a la alcaldía en El Ejido, Francisco Góngora, sostiene que: "En general, cuando un funcionario público comete una irregularidad se le abre expediente sancionador".

Desde Izquierda Unida -la coalición que, en 2007, puso los cimientos del caso judicial con el traslado a la fiscalía de documentación sobre la empresa en torno a la que, presuntamente, gira la trama- se considera una "barbaridad" que Alemán y su esposa mantengan su nómina del Ayuntamiento. La coordinadora local de esta formación, Rosalía Martín, defiende la apertura de un expediente disciplinario y que "sea la ley quien regule una posible sanción" a José Alemán.

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RUS ADMITE QUE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA CONTRATÓ CON UNA EMPRESA DE LA TRAMA GÜRTEL

Los socialistas critican que la corporación provincial negase el año pasado cualquier relación con la red corrupta

P. F. - Valencia

Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, ha reconocido hoy en el pleno del organismo que una empresa de la corporación, Imelsa, contrató con Easy Concept, firma de la trama de corrupción Gürtel. Fue en abril de 2005. La Diputación, dirigida entonces por el popular Fernando Giner, eligió a Easy Concept, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para que montase un escenario en la Feria de Turismo de Valencia de ese año. La empresa de la trama Gürtel, dirigida por Francisco Correa en Madrid y por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, cobró por ello 14.829 euros.

El grupo socialista en la corporación provincial, encabezado por Rafael Rubio, ha preguntado al equipo de gobierno del PP por qué no se reconoció esta relación cuando preguntaron si esta existía, en febrero de 2009. Entonces, el diputado portavoz del grupo popular, Juan José Medina, aseguró que ni la Diputación, ni ninguna de las empresas que gestiona, en este caso Imelsa, había contratado con firmas de la trama. Ahora se sabe que sí. Rus ha argumentado que fue "un error", que en la tramitación de la pregunta de los socialistas, el interventor y el secretario obviaron remitírsela a las empresas y patronatos de la Diputación de Valencia, entre ellos Imelsa.

"Las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal y se pueden hacer regular, pero este grupo no tiene nada que esconder", ha aseverado el presidente provincial. "Aquí hubo un error. Si se lo quieren creer bien, y si no, ¿qué quieren que haga?", ha añadido. Por su parte, el portavoz socialista ha pedido explicaciones por la contratación de Easy Concept.

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Caso Gürtel
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INHABILITAN POR 20 AÑOS AL EX ALCALDE Y A DOS EX EDILES DE ALOZAINA POR DELITOS URBANÍSTICOS.

Más una multa de 4.320 euros

Europa Press | Málaga

El ex alcalde de Alozaina (Málaga) Antonio Blanco y dos ex ediles han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para el pago de una multa de 4.320 euros e inhabilitación por 20 años por dos delitos urbanísticos por la concesión de licencias, según confirmó el propio ex regidor.

Blanco explicó que estas causas "se remontan al año 2002 cuando se aprobó la ley y se aprobaron unas licencias que no tenían todos los condicionantes" y aseguró en declaraciones a Europa Press que "hay dos tipos de alcaldes y cargos públicos, los que meten la mano y los que meten la pata".

"Y nosotros somos de los que hemos metido la pata", aseveró el ex regidor, quien aseguró que las licencias eran para viviendas "en el campo, de trabajadores, porque esto no es Marbella". Precisó que el juicio estaba previsto esta mañana, pero señaló que no se ha celebrado porque se había llegado a un acuerdo.

Blanco precisó que "hay que buscar algún tipo de solución" a la problemática urbanística, porque consideró que "si sigue así, mucha gente se lo va a pensar antes de meterse en esto". En este sentido, dijo que "está claro que hay que hacer legalidades y no ilegalidades y eso ya lo he reconocido", pero añadió que algunos asuntos "deben tratarse por el ámbito administrativo".

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"CASO MATSA"; EL TSJA ADMITE EL INTERROGATORIO DE CHAVES POR LA SUBVENCIÓN A LA EMPRESA APODERADA POR SU HIJA

Providencia del Tribunal de Justicia de Andalucía

Efe | Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido el interrogatorio al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, tras la demanda presentada por el PP cuando éste era presidente de la Junta, por no inhibirse en la concesión de una ayuda a Matsa, empresa en la que trabaja su hija, caso destapado por ELMUNDO.es de Andalucía.

Según la providencia del alto tribunal facilitada por el PP, "en relación con el interrogatorio del testigo, Manuel Chaves González, se admite y declara pertinente la misma".

El PP registró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda contra la decisión del Gobierno andaluz de no incoar expediente sancionador a Chaves por el conocido como "caso Matsa".

El escrito, que fue registrado el pasado 26 de marzo, propone la nulidad del acuerdo adoptado el 21 de julio de 2009 por el Consejo de Gobierno de no incoar expediente sancionador y archivar las actuaciones previas a que dieron lugar el escrito presentado por el PP sobre la subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja Paula, la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.

El acuerdo del Consejo de Gobierno fue motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no apreció indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta, tal y como consideró el PP en su denuncia ante el Consejo de Gobierno. Se da la circunstancia, además, de que un cambio introducido por la Junta en la norma fue el que permitió entregar la subvención.

Los populares denunciaban que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.

Qué sabía y desde cuándo

En su demanda, el PP rechazó los argumentos del Consejo de Gobierno de que no se podía incoar expediente a Chaves porque "la administración no podía ni debía conocer" la participación de Paula Chaves en Matsa, cuando en realidad es algo que, a juicio de los populares, "incumbía" al propio ex presidente de la Junta.

De la misma forma, la demanda del PP recordaba que no se trata de averiguar desde cuándo tiene conocimiento la administración de la relación entre Matsa y Paula Chaves "sino desde cuándo tiene conocimiento de ello" Manuel Chaves y si "pese a conocer tal extremo no se abstuvo de forma voluntaria de intervenir" del acuerdo del Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009 que ratificó la ayuda.

La subvención a Matsa fue aprobada previamente por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de 13 de enero de 2009. En su momento, el vicepresidente tercero negó "rotundamente" que haya irregularidades en la subvención y argumentó que "no se ha entregado ni un solo euro a Paula Chaves. Se ha dado una subvención a una empresa multinacional de capital canadiense para hacer una inversión en una zona deprimida y que ha creado 450 empleos, uno de ellos el de mi hija".

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"CASO MATSA"; CHAVES: "EL PP RECURRE A LA INFAMIA PARA TAPAR LA OLLA DE CORRUPCIÓN EN LA QUE ESTÁ"

El TSJA admite que declare como testigo

El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha mantenido este miércoles, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido que declare como testigo por el caso Matsa, que el PP vuelve a recurrir a las "infamias" para tapar sus propios escándalos de corrupción.

"El PP, una vez más, acude a las infamias para tapar la olla de corrupción tan grande en la que está hirviendo", ha aseverado el ex presidente de la Junta de Andalucía, que ha subrayado que el PP tiene a "miembros de su dirección, cargos institucionales y militantes acusados de graves casos de corrupción".

Chaves ha valorado así la decisión del alto tribunal andaluz de admitir la "prueba de interrogatorio" hacia él, dentro de las diligencias incoadas en la vía contencioso administrativa a partir de las acciones judiciales promovidas por el PP contra el acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz que autorizó la concesión de una ayuda pública de más de diez millones de euros para Matsa, en la que trabajaba como apoderada su hija Paula.

El ex presidente andaluz ha incidido en que "no es el tribunal" el que pide su comparecencia sino el PP y, por ello, el tribunal andaluz le ha pedido a este partido que haga las preguntas, "para ver si son pertinentes", ha explicado. "Vamos a ver qué es lo que decide el tribunal", ha añadido.

El ministro ha subrayado que el TSJA no está investigando la subvención a la empresa Matsa ni su función al respecto, pues sobre este aspecto ya se pronunció el Tribunal Supremo, que decidió por unamimidad que no había indicios de delito. "Archivó la causa porque en las acusaciones tan graves que hizo, el PP simplemente se basaba en conjeturas", ha insistido Chaves.

"La subvención quedó absolutamente clara con la decisión del Tribunal Superior y también mi papel ante esa subvención", ha recalcado el ministro, insistiendo que lo que ocupa al TSJA es un tema contencioso administrativo tras la demanda del PP contra la decisión que la Junta de Andalucía adoptó "cuando yo ya no era presidente".

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