LA JUEZ AVALA LOS INDICIOS DE PREVARICACIÓN DEL CASO DEL HOTEL DEL PALAU

Operación especulativa bajo investigación

* Archiva los recursos de Millet y Montull contra la ampliación de querella
* También rechaza los recursos de la ex cúpula de Urbanismo de Barcelona

Efe | Barcelona

La juez que investiga el caso del Hotel del Palau de la Música ha desestimado el recurso que presentaron las defensas de Fèlix Millet y Jordi Montull contra la ampliación de querella presentada por la Fiscalía, al considerar que hay indicios de prevaricación en la tramitación urbanística del proyecto.

Según han informado fuentes judiciales, en un auto, la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona ha rechazado el recurso de las defensas de los dos principales imputados en la causa contra la ampliación de querella, en la que la Fiscalía les imputaba los nuevos delitos de prevaricación y falsificación documental.

La juez avala las nuevas imputaciones planteadas por la Fiscalía y sostiene en su auto que la ampliación de querella era necesaria, dado que en el inicio de la instrucción del caso -cuando sólo estaban imputados Millet y Montull- se revelaron indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental presuntamente atribuibles a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

De hecho, la juez instructora ha desestimado también los recursos que el teniente de alcalde de Barcelona Ramon García Bragado y el ex gerente de Urbanismo Ramon Massagué, ambos imputados en la causa, presentaron contra la ampliación de querella que la Fiscalía dirigió contra ellos, además de contra Millet y Montull.

En su ampliación de querella, el ministerio público sostiene que los acusados habrían favorecido la operación especulativa que suponía la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, ocultando durante su tramitación que el proyecto era promovido por un particular.

La juez instructora, Miriam de Rosa Palacio, debe decidir ahora si cita a declarar por tercera vez a Millet y Montull, como le ha solicitado el fiscal, para profundizar sobre algunos aspectos de la operación, como el destino de la comisión de millones de euros que supuestamente iban a conseguir con el proyecto.

El fiscal cree preciso que los acusados en el caso del Palau de la Música sean interrogados de nuevo porque hay detalles del caso que no se les han podido plantear, dado que en su primera declaración judicial se ignoraban y, en la segunda, las defensas impidieron que se les plantearan alegando que las preguntas debían limitarse a los nuevos hechos que les imputaba la Fiscalía en su ampliación de querella.

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"CASO MAQUILLAJE"; "ME HACÍAN REPARTIR REGALOS ENTRE LA GENTE DE UM CON FONDOS PÚBLICOS"

Fraude electoral

* Una empleada fantasma también denuncia el 'uso partidista del presupuesto'
* 'Me daban listas de afines a UM y repartíamos excursiones gratis'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Los agentes electorales de Unió Mallorquina que la formación gratificó poniéndoles a sueldo en contratistas públicos para los que nunca trabajaron también han denunciado a la Policía que, tras ser luego colocados por el partido en las instituciones públicas, sus superiores les hicieron repartir "obsequios" entre los miembros del partido. Según las propias palabras que han empleado estos empleados fantasma ante la Policía, "usando el dinero público con fines exclusivamente partidistas".

Una práctica que recuerda al esquema habitual de otro escándalo judicial que en estos momentos está sobre la mesa de la Audiencia Provincial de Palma, que debe decidir en las próximas fechas si el asunto ha de seguir siendo investigado. La ya ilustre Piñata de UM, donde se indaga el uso de más de 3 millones de euros otorgados a dedo por el Consell para regar a un entramado de asociaciones creadas ad hoc por miembros de UM que o no han podido justificar el uso del dinero o, como se ha demostrado en la investigación, lo usaron para llevarse de viaje subvencionado a miembros vip del partido, trabajadores del Consell y contratistas de confianza. Eso pese a que cobraron el dinero para supuestamente promover actividades socioculturales, agrarias o de conservación del patrimonio.

Este diario detalló hace unos días cómo el último informe policial enviado al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma donde se investiga la presunta trama de financiación ilegal de UM desvelada antes por EL MUNDO denuncia a 14 líderes del partido como responsables y "gestores" de una red de colocación y gratificación de trabajadores de campaña con cargo al erario público. Ese informe recogía los testimonios en calidad de imputados de los empleados que fueron recompensados con contratos, que han sido llamados a declarar uno a uno ante el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.
 

Sondeos y encuestas pagados con dinero público

El testimonio de una de esas personas que fueron colocadas no puede ser más ilustrativo. Se trata de una mujer que ejerció como interventora de la formación mallorquinista durante los comicios de 2007. Tras afiliarse al partido "unos nueve meses antes de las elecciones", cooperó activamente con el partido. "Trabajaba en la calle preguntando a la gente sobre su intención de voto". Haciendo "sondeos" para consumo del partido, que incluso le facilitó un censo para ello.

Mientras duró la campaña, cobró "sin realizar nunca ningún trabajo para esta empresa», de Ambbit Digital SL, una empresa asociada a Video-U, la productora audiovisual controlada a su vez por los dos máximos dirigentes del Consell de UM Maria Antònia Munar y Miquel Nadal a través de testaferros de su confianza, según ha confesado el propio Nadal. Una empresa que de hecho tuvo a sueldo sin trabajar a 15 de esos agentes electorales y hasta a la secretaria del partido.

Según declaró a la Policía esta empleada fantasma, la ex teniente de alcalde de Cort Cristina Cerdó le prometió que le conseguirían un puesto de trabajo «si conseguían un resultado satisfactorio en las elecciones". "Como fue así, exigí que cumplieran su promesa", explicó a la Policía esta mujer.

"Entonces Cerdó me dijo que me habían encontrado algo como informadora medioambiental en la Conselleria de Medio Ambiente". Fue en este puesto de trabajo donde, siempre a tenor de lo que ha declarado a la Policía y sin especificar qué persona del partido le daba las órdenes, empezaron a imponerle el reparto de regalos en especie entre afines de UM. "Me di cuenta de que mi trabajo como informadora medioambiental estaba remunerado con fondos públicos pero realmente tenía fines partidistas".

Concretamente, "durante mi trabajo como informadora se me facilitó una lista de personas para obsequiarles con excursiones a Cabrera; al principio estas listas eran abiertas pero posteriormente se acotó solamente a personas afines al partido Unió Mallorquina". Ese club selecto fue el que finalmente, y siempre según la versión de esta ex empleada pública, "fue quien disfrutaba de dichas excursiones y del material de reciclaje" que se pagaba con cargo al erario público.

Junto a esta declaración se han remitido otra docena de testimonios de empleados fantasma. La Policía ha interrogado a más personas vinculadas a la trama de financiación de UM. Testimonios que aún no han sido remitidos al Juzgado.

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UNA IMPUTADA NIEGA HABER COBRADO DEL IBATUR POR ELABORAR EL CÁTERING PARA LAS FIESTAS

CORRUPCIÓN  | Reanudan los interrogatorios

Europa Press | Palma

Una imputada que colaboró en la elaboración del catering de las ferias nacionales e internacionales a las que asistía el Govern durante la pasada legislatura, Francisca Jaume, ha afirmado ante el juez que instruye el caso Ibatur que nunca viajó a estos eventos y que por las labores que llevó a cabo nunca ha percibido ingreso alguno del Instituto Balear de Turismo, sino que quien cobraba y acudía a las muestras era su marido, Kamal Dorai, que de acuerdo a las investigaciones resultó adjudicatario de forma irregular de la coordinación del catering.

En su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, quien con su comparecencia ha retomado los interrogatorios de esta compleja causa judicial, Jaume ha negado de este modo haber mantenido una relación laboral con el Ibatur, al aseverar que su colaboración se limitaba a ayudar a Dorai con la compra de productos mallorquines para después llevarlos a las ferias, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La imputada, asistida por el letrado Agustín Aguiló, ha recordado que inició esta colaboración después de que a su marido le ofreciesen trabajar para el Ibatur. Sin embargo, en relación a tres facturas que éste le dio para que firmase y percibiese por ellas 6.000 euros anuales, ha asegurado que nunca asoció estas cantidades a su colaboración.

Tal y como ha explicado en este sentido, "siempre me he fiado" cuando su marido le ha entregado documentos para que los firmase, como sucedió en este caso. Por su parte, Dorai recordó en dependencias policiales que como pidió 3.000 euros por trabajar para el Ibatur y ello superaba a un contrato menor, las facturas a nombre de su mujer "servían para compensar el importe solicitado". Y "como el trabajo era mucho, pedí que trabajase mi mujer como ayudante quien, tras darse de alta, cobraba unos 6.000 euros al año", apuntó en su día el detenido.

 

Contratación irregular de Dorai

Los investigadores postulan, sin embargo, que el expediente de contratación de Dorai fue negociado sin publicidad y adjudicado de antemano por un importe anual de 27.500 euros para coordinar el servicio de catering. Es más, un informe de la Jefatura Superior de Policía, incluido en el extenso sumario del caso Ibatur, señala que, además de este negociado -que fue prorrogado de 2005 a 2007 por 30.000 euros anuales-, Dorai fue adjudicatario de dos contratos menores por un total de 4.361 euros por servicios presuntamente no realizados.

En cuanto a su esposa, las pesquisas apuntan a que resultó adjudicataria de cuatro contratos menores de 36.540 euros entre 2004 y 2007 en concepto de colaboración en el servicio de catering, pese a no haber "absolutamente nada que justifique que se haya realizado ese servicio", tal y como se desprende del mismo informe policial.

'Sólo ponía galletas de Inca en las ferias

Cabe resaltar que incluso el ex edil del PP en Lloseta, Felipe Ferré, llegó a afirmar en dependencias policiales como imputado que "lo único que hacía Dorai era poner galletas de Inca con sobrasada y queso de Mahón". "En las ferias había una barra donde se ponían las galletas y detrás se encontraban Kamal y dos o tres chicas para servir las bebidas", llegó a sentenciar el sobrino político del ex presidente del Govern, Jaume Matas.

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JUICIO "MALAYA"; EL ABOGADO DE MUÑOZ DICE QUE SU CLIENTE SERÍA "EL HAZMERREIR EN EL RANKING DE CORRUPTOS"

Intervención de Javier Saavedra ante el tribunal

* Muñoz está acusado de recibir más de 150.000 euros de Roca en sobornos

José Carlos Villanueva | Málaga

La cuarta sesión del juicio por el 'caso Malaya' ha arrancado este martes con la intervención del abogado defensor del ex alcalde de Marbelal Julián Muñoz, Javier Saavedra. Dicho penalista considera que su cliente "sería el hazmerreír en el ránking de los corruptos, teniendo en cuenta las cifras que se manejan", con respecto al resto de acusados.

Para hablar en tales términos el mediático letrado se basa en que al ex regidor del GIL se le acusa de haber percibido del principal acusado, Juan Antonio Roca, sobornos que superan los 150.000 euros, en el marco de la aprobación de diversos convenios urbanísticos, entre 2002 y 2003, mienttas que a la ex alcaldesa Marisol Yagüe se le acusa de habre recibido más de tres millones de euros. Los pagos presuntamente recibidos por Muñoz se hicieron cuando aún era alcalde y tras la moción de censura que le apartó del poder.

Aunque Saavedra no la ha citado expresamente, se da la circunstancia de que la ex regidora marbellí está acusada de recibir presuntamente más de tres millones de euros en sobornos por parte de Roca, de ahí la comparación que ha establecido el letrado con respecto a su defendido.

En el caso de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, la Udyco halló en su domicilio más de 300.000 euros en billetes de 500, algo que el Ministerio Público también atribuye a sobornos. Para la ex alcaldesa, Anticorrupción solicita 20 años de cárcel, 12 años para García Marcos y 10 para Muñoz.

"Lo de Julián Muñoz es terrible y se te encoge el corazón, porque cuáles son los indicios que llevan al juez a decretar la prisión de Muñoz", se ha preguntado en voz alta el conocido abogado de famosos vinculados a la prensa rosa.

Saavedra se ha respondido a sí mismo, al aludir a la declaración del contable de Roca, Salvador Gardoqui, así como a la llamada 'caja B' del ex asesor urbanístico marbellí. En ella aparecían las iniciales J.M.

Dichas siglas "no son suficientes" para haber mantenido al ex primer edil del GIL en prisión, sin fianza, durante 14 meses, ha reprochado Saavedra al ex juez instructor del caso Miguel Ángel Torres, contra el que ha arremetido especialmente por no haber sometido a reparto las diligencias que dieron lugar a este macroproceso por corrupción municipal.

En descargo de Muñoz, su defensa ha recordado que Roca negó haberle hecho entrega de dinero alguno porque, ha acotado, "negó que las iniciales JM se correspondieran con Julián Muñoz".

Para Saavedra "sería de imbéciles" pensar que Roca hizo pagos fraccionados a Muñoz tras la moción de censura que padeció, urdida por el propio ex asesor de la que se convirtió en alcaldesa, Marisol Yagüe. A juicio de Saavedra, existía "muy mala relación política" entre el presunto cerebro de la trama de 'Malaya' y el ex alcalde.

Cabe recordar que las escuchas telefónicas del sumario desvelaron la relación, sumamente cordial, que mantenían Roca y Muñoz en 2006. Incluso se ponían de acuerdo en lo que tenía que declarar el ex alcalde ante el Tribunal de Cuentas, entre otros procesos pendientes.

Saavedra ha llegado a decir que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal europeo de Derechos Humanos, al tiempo que ha pedido la anulación del auto de prisión incondicional dictado contra el ex primer edil marbellí.

Julián Muñoz está acusado de prevaricación, malversación, cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado. Además de la mencionada pena de prisión, se le reclaman 400.000 euros de multa.

Sobre Marisol Yagüe pesan los delitos de prevaricación, malversación, cohecho pasivo para acto injusto, fraude y prevaricación. Se le reclaman 3,8 millones de euros de multa.

Por lo que respecta a Isabel García Marcos, afronta acusaciones por prevaricación, malversación, cohecho pasivo y alteración de precios de concursos y subastas. Se le reclaman 700.000 euros de multa.

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    * Especial: 'Corrupción en Marbella'

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TRES DETENIDOS Y UNOS CUATRO IMPUTADOS EN UNA TRAMA URBANÍSTICA EN MURCIA

CORRUPCIÓN  | Investigado el presidente del Real Murcia
 

* Arrestan al director de la gerencia de Urbanismo, un abogado y un ingeniero

* El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento también está investigado

* La investigación se centra en la expansión norte y el estadio de fútbol

* La zona del complejo Nueva Condomina fue declarada rústica dos años antes

Agencias | Murcia

Tres personas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, han sido detenidas este martes en el marco de una investigación iniciada hace un año y medio, a instancias de la Fiscalía, sobre la expansión urbanística de la zona norte de la ciudad, donde se ubica, entre otras urbanizaciones, el complejo Nueva Condomina, donde está el estadio de fútbol del Real Murcia. De hecho, el presidente del equipo está entre los al menos cuatro imputados, como el concejal de Urbanismo.

La operación de la Guardia Civil ha comenzado a primera hora y ha continuado a lo largo de la tarde con registros en el Ayuntamiento y varias empresas. Uno de ellos ha tenido lugar en el despacho del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, que ha sido imputado, pero no arrestado. También ha sido imputado en este caso el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo entre los años 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, arquitecto en excedencia de su puesto como funcionario municipal.

El presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, han sido imputados. Fernández es esposa del director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, detenido este martes.

La operación, que dirige el juzgado de instrucción número 8 de Murcia, ha supuesto también la detención del abogado Higinio Pérez Mateos y del ingeniero Renato de Noce, este último como supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan. Aunque de momento sólo se conocen los nombres de cuatro imputados, el diario 'La Verdad' eleva hasta los siete el número de investigados.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado de que el caso está relacionado con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros y que los tres detenidos pasarán este miércoles a disposición judicial.

Fuentes judiciales han informado de que la investigación se centra en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se ubican, entre otras urbanizaciones y centros comerciales, el complejo residencial Nueva Condomina y el estadio del mismo nombre, en el que juega el Real Murcia.

El Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, en un comunicado difundido en torno a las dos de la tarde, ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, dictaminaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.

Los polémicos terrenos eran no urbanizables hace dos años

Por su parte, el gerente del Real Murcia C.F., Víctor Alonso, ha comentado que "hay que dejar que la investigación siga su curso", que el club primentonero no hará declaraciones sobre el caso y que "en su momento se verá si corresponde o no hacer una valoración".

El plan parcial Nueva Condomina investigado por la Fiscalía en esta operación policial se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada desde entonces por la oposición (PSOE e IU).

Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables.

Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.

Casos más importantes

No es, ni mucho menos, la primera vez que agentes de la Guardia Civil registran un ayuntamiento español por presuntas irregularidades urbanísticas, pero posiblemente sea el de Murcia el de mayor trascendencia hasta el momento por tratarse del Ayuntamiento de una capital.

La corrupción urbanística local ha afectado recientemente al Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción (Málaga), Montroi (Valencia), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Arrecife (Lanzarote) o Andratx (Mallorca).

Pero quizá el caso más llamativo hasta ahora, y que precisamente se está juzgando esta semana en la Audiencia Provincial de Málaga, es el que ha afectado al Ayuntamiento de Marbella, que acabó con el Consistorio disuelto por orden del Consejo de Ministro "ante las gravísimas imputaciones judiciales" y en manos de una gestora.

Dentro de la Región de Murcia, las tramas de corrupción urbanística han salpicado de lleno a importantes ayuntamientos como el de San Javier, donde la Guardia Civil se llevó detenido este mismo verano al ex alcalde José Hernández y a otras tres personas, entre ellas un promotor.

Otro Ayuntamiento cercano, el de Los Alcázares, también fue registrado por la Guardia Civil, en este caso en 2008. Fue detenido el ex alcalde Juan Escuero y otras seis personas, a raíz de las investigaciones del 'caso Malaya'.

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ACUSADOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, BLANQUEO DE CAPITALES Y COHECHO EN MURCIA

Cinco imputados y tres detenidos en la operación contra la corrupción urbanística en Murcia

La operación de la Guardia Civil contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia se ha cobrado ya tres detenciones y cinco imputados, entre ellos el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; su número dos, Alberto Guerra; y el propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper.

Los arrestados son el director de la gerencia de Urbanismo y número dos del departamento, Alberto Guerra(en la foto, arriba); el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano Renato de Noce, vinculado a empresas murcianas de la construcción.

Imputado, el consejal de Urbanismo
Los imputados, por su parte, son el concejal de Urbanismo de la ciudad, Fernando Berberena; el propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, cuyo domicilio en Madrid ha sido registrado; el ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, imputado también en la operación Barraca que investiga otra trama urbanísitca; Francisco Arques, empresario local; y la mujer de Alberto Guerra.

Registros, esta mañana
La Guardia Civil ha practicado, durante la mañana, registros en despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, en empresas y en domicilios particulares.

Las cajas fuertes
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han requisado dos cajas fuertes en una oficina de la entidad bancaria Cajamar. Una de ellas es propiedad del propio concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena. La otra del empresario muciano de la construcción Francisco Arqués López, según El País.

Malversación, blanqueo, cohecho
La operación de la Guardia Civil forma parte de la investigación de la Fiscalía de Murcia sobre los convenios en la zona norte del municipio, donde hay licencia para 19.000 viviendas junto al estadio de fútbol de la Nueva Condomina y los centros comerciales. Se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

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