martes, 12 de octubre de 2010

"CASO IBATUR"; LA MUJER DEL DUEÑO DE TRUI ADMITE QUE TODOS LOS PARTIDOS LES PIDEN "REGALOS"

Declaración ante el juez
Europa Press | Palma

"Todos nos piden regalos, desde PSOE, UM y PP. Desde hace treinta años se trabaja igual y ahora se rasgan las vestiduras", ha admitido de forma tajante ante el juez Francisca Coll, quien junto a su marido y propietario del Grup Trui, Miquel Jaume, se encuentra imputada dentro de la causa de presunta corrupción conocida como caso Ibatur. Una comparecencia en la que, sin embargo, ha querido dejar claro que estas dádivas no van dirigidas a recibir a cambio contraprestación alguna en materia de contrataciones públicas.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, y con la presencia del fiscal anticorrupción Juan Carrau y varios de los abogados personados en este procedimiento, Coll ha abundado en esta cuestión aseverando que estos obsequios, que "siempre" se han realizado con material de sonido, los pide "todo el mundo, partidos políticos, ayuntamientos, ya que quieren que la empresa tenga detalles". "Creo que no hacemos daño a nadie", ha enfatizado.

Los investigadores postulan que entre las personas a las que presuntamente agasajó el grupo audiovisual se encuentran el ex alcalde de Montuïri, Joan Antoni Ramonell, a quien habría obsequiado con el montaje -valorado en unos 5.000 euros- de la celebración de sus bodas de plata en un restaurante del empresario Vicenç Grande; así como el hermano del ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, al sospechar que la empresa le gratificó con infraestructuras y personal técnico en su boda, cuyo coste ascendería a 2.600 euros.

No obstante, la encausada, asistida por el letrado Javier Blas y quien principalmente se encarga de la contabilidad y de los pagos a los proveedores en Trui, ha aseverado que el sonido que montaron en el enlace de Marcos Alabern era "de risa", ya que un equipo de sonido "puede valer 50 euros", mientras que en el caso de Ramonell, "a quien no he visto en mi vida, lo que se hizo para él era pequeño". "Estos montajes fueron un regalo, no los hemos cobrado", ha incidido.

Mientras tanto, en relación a los concursos convocados por las Administraciones para la adjudicación de contratos, Coll ha reconocido que algunas empresas del mismo grupo se presentan a estas licitaciones. "No es habitual, pero se hace", ha recalcado en este sentido la imputada, quien ha manifestado incluso que los trabajos realizados "a veces se cobran en negro" por parte de los Ayuntamientos. "Pequeñas cantidades", ha afirmado, por las que a los Consistorios "no se les hace factura".

La encausada ha sido interrogada además por la rebaja de unos 18.000 euros que Trui realizó sobre el coste -de 25.000 euros- del montaje del sonido en un acto electoral de UM, respecto a lo cual ha negado que se tratase "de un pago en B" sino que fue "un descuento en la facturación". Asimismo, ha manifestado no recordar si cubrieron gastos en esa factura y ha apuntado al respecto que "muchas veces no se cubren gastos con los partidos". De hecho, ha indicado que hace más de nueve años que el PSOE les debe dinero, "como otros".

Finalmente, ha recordado que en la feria ITB de Berlín de 2005 Trui cobró mediante factura unos 10.000 euros por la decoración que llevó a cabo en un estand para la empresa Over Marketing y Comunicación, que se encuentra bajo investigación judicial en este caso y que se encargó de las campañas electorales del PP, con Jaume Matas al frente, de 2003 y 2007. Precisamente, la documentación relacionada con esta mercantil se encuentra en la actualidad bajo secreto de sumario junto a la relativa al patrocinio por parte del Govern de la competición Mallorca Classic.

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; EL JUEZ ACUSA A MUNAR DE LLEVARSE 240.000 EUROS PÚBLICOS CON PROGRAMAS FICTICIOS

Por prevaricación, malversación y falsedad

    * El magistrado concluye que la ex presidenta es propietaria de Video-U
    * 'Munar compró su parte con 300.000 euros que pagó a Nadal en efectivo'
    * Acusa además a los testaferros y familiares que utilizaron como 'pantalla'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, estos son los delitos de los que acusa el juez que instruye el llamado 'Caso Maquillaje' a la ex presidenta del Parlament balear, Maria Antonia Munar.

En su último auto, el juez Juan Ignacio Lope Sola concluye que Munar debe sentarse en el banquillo por llevarse 240.000 euros públicos y que la productora Video-U, a la que se concedieron a dedo cinco millones de euros del Consell, buena parte de ellos mediante facturas falsas, pertenece a la acusada.

Por otra parte, el juez considera que Munar compró Video-U con 300.000 euros en efectivo que entregó a Nadal, tal y como este declaró y que fue ratificado por el testaferro de la encausada.

Lope Sola constituye así una primera pieza separada en este procedimiento judicial en la que acusa a la histórica líder de UM de pergeñar dos subvenciones por importe de 120.000 euros públicos cada una que adjudicó a su productora Video-U durante los ejercicios 2004 y 2005 y que tenían como objeto programas deportivos que nunca se emitieron.

Lope Sola el juez atribuye los mismos delitos que a Munar a los parientes a los que utilizaron como pantalla para entrar en la empresa, Víctor García por parte de Munar y Miguel Sard en representación de Nadal, así como a Diéguez, Conde, los testaferros de Munar y Nadal y Sotomayor pero fuera al ex conseller de Territorio Vicens.

Además
    * Las claves del auto del juez

elmundo.es

CITAN COMO IMPUTADO AL ALCALDE DE ALHAURÍN POR PRESUNTA PREVARICACIÓN

TRIBUNALES | Joaquín Villanova

Efe | Málaga

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 21 por el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga en una causa abierta a raíz de una denuncia de la ex portavoz de IU, Encarnación Ruiz, por presunta malversación de fondos públicos.

La citación de Villanova se produce después de que la Audiencia Provincial de Málaga haya estimado el recurso de apelación interpuesto por el que se revoca un acto dictado el pasado marzo en el que se archivaban las diligencias, y haya devuelto al juzgado el caso para que amplíe la investigación y declare el denunciado.

En la causa se investiga si el alcalde de Alhaurín empleó recursos públicos -el trabajo de los funcionarios municipales- sin justificación para su defensa en tres juicios, uno de faltas y dos por demandas de protección al honor, por hechos acaecidos en varios plenos municipales.

En su resolución, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala señala que la investigación "ha de agotarse, a fin de esclarecer al máximo las cuestiones planteadas".

Argumenta que aunque los tres juicios aludidos se refirieron a hechos acaecidos en el seno del debate político de varios plenos, no puede obviarse que, a priori, "el honor es un bien eminentemente personal" y por ello cuestiona si la defensa de dichos bienes debiera corresponder al letrado municipal, centrado principalmente en la defensa de los intereses municipales.

Además, la Sala mantiene que también debe ser aclarado el criterio con el que se verificó el cargo a las arcas municipales de unas actas notariales aportadas en el procedimiento civil de protección del honor instado por los denunciados.

De la certificación remitida por el secretario del Ayuntamiento "parece desprenderse" que el alcalde "sin trámite alguno ni traslado al pleno municipal, dio orden verbal al letrado municipal de que les asistiera y defendiera" tanto en el juicio de faltas por vejaciones contra él mismo y el edil Gerardo Velasco, como en un procedimiento civil contra el concejal Salvador Herrera, señala.

Aunque el importe de las actas notariales "no sea elevado", la Sala considera que ha de ampliarse la investigación y que "sin perjuicio de la resolución que en su día se adopte por el Juez de instrucción", se cite a declarar al alcalde.


ELMUNDO.ES

CARGOS DE AGUIRRE DESTAPARON CONTRATOS ILEGALES DE LA RED GÜRTEL SIN HACER NADA


Nuevos informes sobre escándalos que salpican al PP

Comunicaron a la trama corrupta que pagarían si se lo ordenaba Presidencia

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

Un informe policial del caso Gürtel, donde se recogen numerosos correos electrónicos enviados entre trabajadores y directivos de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"No se quieren hacer cargo de la factura porque se ha fraccionado el acto"

"Hablé con la secretaria de López Viejo y le comenté el problema"
Cuando se produjeron los hechos que relata el informe policial, en 2006, al frente de la consejería estaba Ignacio González, vicepresidente autonómico. Su viceconsejero de Presidencia era Alberto López Viejo, diputado autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la trama Gürtel por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros en comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de Francisco Correa dentro de la Administración regional.

El ex consejero López Viejo se encargó, por orden expresa de Esperanza Aguirre, de montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después, como consejero de Deportes.

Durante más de cuatro años, López Viejo contrató todos los actos institucionales con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que en realidad trabajaban para la red Gürtel. Algunos de los contratos los adjudicó por concurso y la mayoría directamente a dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio en varias adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros, cantidad a partir de la cual según la Ley de Contratos del Estado habría que convocar un concurso.

La Intervención General del Estado, que ha examinado para el juez del caso, Antonio Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley.

Por este trato de favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado autonómico cobró cientos de miles de euros en comisiones ilegales, según dejó anotado el contable de la red.

A esta práctica irregular de contratos con las empresas de la trama corrupta no fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre. En uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los trabajadores de Easy Concept -una de las empresas que más actos de Esperanza Aguirre organizó- a las distintas consejerías donde tienen facturas pendientes de cobro.

En dicho informe, que reproducimos en estas páginas, se señala: "Lourdes Barreda [secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos dice que la consejería no se quiere hacer cargo de estas facturas [número 34, 58 y 73] ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir estos costes tan elevados".

Tras recordar que en la Consejería de Empleo no están dispuestos a pagar las facturas por las irregularidades descubiertas, Alicia Mínguez, trabajadora de una de las empresas de la trama corrupta que organizaba actos institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa, Isabel Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay ninguna manera de que nos las paguen".

Para resolver el problema, Mínguez tiene una solución: "He hablado con Carmen [jefa de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he comentado el problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero [Alberto López Viejo]".

Lourdes Barreda puso pegas a más facturas, algunas reclamadas por la trama corrupta pero que en realidad correspondían a otras sociedades, del Grupo Rafael, que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según sostiene la investigación policial.

Las facturas en litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de un paquete pendiente de cobro en 2006 por más de 300.000.

La trama corrupta tuvo más dificultades para cobrar las facturas por actos ya celebrados, según el informe de la visita que realizaron los días 21 y 22 de junio a las distintas consejerías.

- Economía e Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta factura no puedo hablar con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi (secretaria general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El importes es de 3.734 euros".

"Factura 36. De esta factura dicen que no se van a hacer cargo ellos, que les parece carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El importe es de 6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo he comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que contestarnos ella lo que tenemos que hacer".

- Sanidad. "De momento no me pueden decir nada de las facturas 25, 26 y 39, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas facturas hacen un importe de 13.011 euros".

Entre las facturas pendientes de cobro había servicios de propaganda del propio Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de Gobierno por 3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del Belén de Navidad, por 36.907 euros, según los documentos que constan en el sumario del caso.

El PSOE ha denunciado a decenas de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre que han firmado los expedientes de contratación de decenas de actos institucionales a las empresas de la trama corrupta.

Este informe de la policía acredita hasta qué punto muchos altos cargos regionales eran conscientes de la contratación anómala que mantenía López Viejo con la red Gürtel.

* La inspección detecta irregularidades masivas en la visita del Papa a Valencia

      Caso Gürtel
      A FONDO

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LA INSPECCIÓN DETECTA IRREGULARIDADES MASIVAS EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

Nuevos informes sobre escándalos que salpican al PP

Todos los contratos de Canal 9 para la cita, 14 millones en total, tienen fallos

J. A. HERNÁNDEZ / C. E. CUÉ - Madrid

Es una de las derivadas del caso Gürtel que más escándalo causó en el PP, sobre todo en los dirigentes más vinculados a posiciones cercanas a la Conferencia Episcopal, pero judicialmente aún no ha avanzado. Se trata de la visita que realizó el Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006. La investigación ha detectado que Francisco Correa se llevó en comisiones presuntamente corruptas al menos un millón de euros de esa visita, en concepto de su mediación frente al Gobierno valenciano para una constructora con la que él estaba relacionado, Teconsa, se llevara el principal contrato de esa visita, 7,5 millones de euros para para colocar las pantallas de vídeo, sonido y megafonía para la visita que le adjudicó Canal 9, presidida por Pedro García, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia.

La policía halló que Correa se llevó un millón en comisiones por la sonorización

La oferta de Teconsa doblaba a la más barata y no era solvente, pero ganó

El juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel, ha pedido a la inspección general del Estado que analice los contratos de esa visita. Y el informe resultante firmado por el inspector Juan Carlos Gómez Condado el pasado 7 de octubre, es demoledor. En la documentación entregada por Canal 9 se han detectado irregularidades masivas en los diferentes contratos. De hecho Pedro García abandonó Canal 9, oficialmente por motivos personales -Camps no reconoce siquiera la existencia del caso Gürtel- poco después de que Pedreira reclamara estos contratos, en agosto de 2009.

La visita del Papa, en solo dos días y en lo que se refiere a los contratos que dependían de Canal 9, supuso un gasto de 14,7 millones de euros en diferentes conceptos, todos ellos relacionados con la cobertura del evento para la televisión pública valenciana, una de las más endeudadas.

De esos 14,7 millones, un millón se fue en contratos pequeños y claramente troceados de manera irregular, según el informe, y los otros 13 millones se fraccionaron en 11 contratos de los que el más importante es precisamente el que se llevó Teconsa, una constructora que no tenía experiencia en sonorización y que subcontrató con otras empresas ese pelotazo millonario.

Según los documentos encontrados a Francisco Correa, la red Gürtel gestionó directamente este contrato. El informe es claro: "En resumen si comparamos la oferta más baja para el vídeo y para el sonido, que ascienden a 3,5 millones de euros, con la oferta conjunta de Teconsa, que es de 6,5 millones [al final fueron 7,5], la diferencia es de 3 millones de euros, que con el IVA asciende a 3,4 millones". Esto es, la oferta de Teconsa, además de las dudas técnicas, era con mucho la más cara, pero se llevó el contrato.

"Queda acreditado que en al menos dos expedientes, se adjudica el servicio a empresas en las que existen grandes dudas sobre la posibilidad de acreditar la necesaria solvencia técnica y profesional para contratar", señala el informe. Uno de ellos es el de Teconsa. También reprocha que esta empresa subcontratara prácticamente la totalidad del trabajo, cuando el límite legal es del 50%. Según la investigación, lo subcontrató todo por 3,5 millones, el resto fue ganancia para Teconsa, que repartió un millón con Correa.

Una de las irregularidades más evidentes es la de la innecesaria declaración de urgencia. "De los 11 expedientes analizados, 10 se tramitan por el procedimiento de urgencia. En ninguno la declaración de urgencia está debidamente motivada. RTVV conocía al menos desde febrero de 2006 que tenía en exclusiva la producción y distribución de la señal institucional", señala el texto.

Para demostrar el descontrol absoluto de los contratos, el informe detalla seis, por un total de 487.000 euros, comprueba que ninguno se ajusta a la normativa y concluye: "Se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos para que ninguno de ellos fuera superior al límite fijado por la propia abogacía de la Generalitat".

La conclusión es demoledora: "En general la actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad".
 
El negocio "económico y espiritual" de las visitas del Papa
La Conferencia Episcopal califica una visita papal de "negocio económico y espiritual", pero en el viaje a Galicia y Cataluña promete "austeridad".

- Benedicto XVI pasará ocho horas en Santiago el 6 de noviembre por el año santo jacobeo. A la Xunta le costará tres millones de euros, la mitad para la cobertura televisiva de la TVG.

- En Barcelona el Papa estará 23 horas los días 6 y 7 de ese mes para consagrar la Sagrada Familia. La Iglesia tiene "un presupuesto austero pero digno", entre 500.000 y 600.000 euros, de los que ya ha recaudado la mitad. Las cuatro Administraciones públicas gastarán alrededor de un millón más, al que habrá que sumar el coste de la cobertura televisiva de TV3.

- Del 16 al 21 de agosto de 2011 se celebrará en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. Sus organizadores buscan "gastar lo menos posible", entre los 54 millones de Roma en 2000 y los 47 de Sydney en 2008. Un tercio de empresas y el resto asistentes (30-210 euros). A eso se suman las aportaciones de las tres Administraciones.

- El coste oficioso de la reciente visita papal a Reino Unido oscila entre 11,4 a 13,7 millones de euros, más otros ocho aportados por la Iglesia. Llegó el 16 de septiembre a Edimburgo y ese mismo día viajó a Glasgow y luego a Londres, donde se alojó tres noches en la Nunciatura. Se cobró entrada (6-30 euros) en tres actos.

- En febrero se destapó en Italia una trama corrupta que desde 2000 gestionaba actos públicos y religiosos, con altos cargos vaticanos implicados. El Papa visitó Palermo 12 horas el 3 de octubre. El coste inicial de 2,5 millones bajó a 1,5 millones tras ser revisado con lupa.

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