"CASOS CAN DOMENGE Y PTM"; LA FISCALÍA DECIDIRÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SI MUNAR Y FONT CONTINÚAN IMPUTADOS

Europa Press | Palma

El Fiscal Jefe de la Fiscalía especial Anticorrupción, Antonio Salinas, decidirá e informará en "unos pocos días" a los fiscales delegados de la misma en Baleares Pedro Horrach y Joan Carrau y al Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, si siguen imputados o no la ex presidenta del Parlament y ex presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, en el caso Can Domenge y el ex portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Jaume Font, en el caso Plan Territorial de Mallorca (PTM).

Así lo ha desvelado Barceló ante los periodistas que le han preguntado sobre el futuro de Munar y Font en los casos de corrupción política en los que en estos momentos están imputados.

Según Barceló, los fiscales delegados en Baleares de Anticorrupción han llegado a un punto en los casos Can Domenge y PTM en el que tienen que decidir sobre si Munar y Font siguen imputados o no, y para ello han remitido estas cuestiones al Fiscal Jefe de Anticorrupción para que sea él quien tome esta decisión, al ser dos casos atribuidos a esta fiscalía.

Asimismo, el Fiscal jefe de Baleares ha asegurado que es un "procedimiento habitual" y que, debido a la complejidad de ambas causas y al hecho de que se están "moviendo" intereses de gente que se puede ver "afectada", es "importante" que se resuelva la imputación o no de Munar y Font después de haberse meditado "en profundidad".
 

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"CASO ASTAPA"; EL JUEZ ABRE EL SECRETO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN BANCARIA

63 imputados en la trama de corrupción de Estepona

FERNANDO J. PÉREZ - Málga

El juez ha levantado el secreto de una veintena de tomos de la instrucción del caso Astapa, la trama de corrupción investigada en el Ayuntamiento de Estepona y en la que hay70 imputados por irregularidades de todo tipo, desde la contratación de servicios hasta las concesiones o empleos municipales. Los principales delitos que se imputan en esta causa son blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La apertura del secreto deja al descubierto la documentación bancaria, la correspondencia y las actuaciones principales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona ya ordenó bloquear 95 cuentas corrientes, 13 fondos de inversión, acciones y un plan de pensiones, todo ello por valor de 13,6 millones de euros. El juez ha acordado asimismo la prórroga del secreto del resto de actuaciones.

El caso comenzó en junio 2008 y desde mayo del pasado año no se levantaba el secreto de la instrucción por la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación, según indicaba en sus autos el juez Jesús Torres.

Entre los imputados por el caso Astapa se encuentran el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, su jefe de gabinete, José Flores, los ediles del Partido Estepona José Ignacio Crespo y Manuel Reina, que continúan formando parte de la Corporación, y otros seis ediles no adscritos, cinco de los cuales fueron expulsados del PSOE a raíz de su imputación en la presunta trama de corrupción.

El caso se inició tras la denuncia interpuesta en noviembre de 2006 por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez ante la Dirección General de la Policía al entender que en el Ayuntamiento se podrían estar cometiendo los presuntos delitos de malversación o cohecho.

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LA CORRUPCIÓN SE ESTANCA EN ESPAÑA POR EL PINCHAZO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA

La apertura de muchas investigaciones para depurar responsabilidades hace que pare el incremento de los últimos cinco años

INMACULADA DE LA VEGA | EFE - Madrid

La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España, después de cinco años de incremento, debido a la menor inversión inmobiliaria por el pinchazo de la burbuja urbanística y a la apertura de numerosas investigaciones para depurar responsabilidades en ese sector. Esta es la conclusión que se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional (TI), que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.

Informe completo del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 (en inglés)
DOCUMENTO (PDF - 6,75Mb) - 26-10-2010

Según el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, España ha mantenido este año la nota cosechada en el ejercicio anterior (6,1 puntos) debido a la crisis económica, que ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario". Lizcano destaca en el Mapa Mundial de Corrupción, que los países que aparecen en rojo son los más corruptos pero que a tal corrupción contribuyen las empresas de países desarrollados, que aparecen en amarillo y con menor índice de corrupción. TI lleva a cabo también un índice de trasparencia en los ayuntamientos y está cerrando otro sobre las comunidades autónomas.

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria también ha explicado que en los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local. "Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes, había discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero, lo que hacía de esas circunstancias un cóctel explosivo", ha dicho Villoria, que ha añadido que en la actualidad la corrupción ha mermado por la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes para aprobar convenios.

Villoría ha citado la percepción del Eurobarómetro de la Unión Europea de 2009: el 75% creía que en su país había corrupción: en España se elevaba al 89% el porcentaje, porcentaje similar al de quienes consideraban que hay corrupción en los ayuntamientos. "Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabiliza 750 investigaciones con políticos implicados; 1.000 personas implicadas y más de 3.000 millones de euros incautados en casos en casos de corrupción", anotó Villoria va a tomar parte en una investigación que financia la Unión Europea para evaluar la calidad de la democracia en 27 países: empezarán por analizar los medios de comunicación.

En la presentación del índice, el jurista Antonio Garrigues Walker ha denunciado que España no tiene en cuenta la importancia de este y otros índices, como el de la innovación, a pesar de que hay herramientas para que los inversores decidan si apostar o no por un país.

España, en el puesto 30

Gracias a estos factores, España ha podido mantener su calificación este año y colocarse en el puesto 30 de los países menos corruptos del mundo, frente al puesto 23 que llegó a ostentar en 2004, cuando obtuvo una nota de 7,1 puntos, que no ha parado de descender desde entonces.

"Espero fervientemente que nos encontremos en un punto de inflexión" ha dicho el máximo responsable de Transparencia Internacional en España, que ultima un estudio sobre la corrupción en las Comunidades Autónomas. Los miembros de la organización también han confiado en que se mejore la inversión en personal especializado en la lucha contra la corrupción porque esas actuaciones siempre "dan resultados".

A nivel mundial, la crisis económica ha alterado este año sustancialmente la clasificación que elabora la organización, debido a que el rescate de entidades financieras afectadas por los activos tóxicos ha aumentado la percepción de corrupción en muchos países. No obstante, Dinamarca sigue liderando el listado de países menos corruptos, con una nota de 9,3, la misma que Nueva Zelanda y Singapur. Por regiones, en Europa suspenden ocho de 22 países mientras que en Asia Central y Europa del Este, suspenden todos.

El profesor Jesús Sánchez-Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de TI, ha recordado que España viene descendiendo en su puntuación desde 2004. "Que sólo mantenga su puntuación y se sitúe en el puesto 30 de un total de 179 países es insuficiente al tratarse de la octava potencia mundial y ser la corrupción una de las mayores lacras mundiales". A su juicio, países como Islandia, Estados Unidos y Suecia desciendan posiciones arrastrados por impacto de la crisis y el comportamiento de los sistemas financieros, especialmente por la presencia de activos tóxicos procedentes del mundo inmobiliario.

En el lado contrario, suben posiciones Haití, Singapur y Chile. En el primer caso, por la presencia internacional y en los otros dos "por sus destacados esfuerzos en la lucha contra la corrupción". El país americano, rodeado de algunos de los más corruptos del mundo, ha incorporado a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas; una medida que también incorporará la reforma del Código Penal español que llega a contemplar la liquidación de la empresa implicada en procesos de corrupción. "Si bien requiere reforma procesal para que se aplique y no dará frutos en la lucha contra la corrupción hasta dentro de seis o siete años", según Sánchez-Lambás.

elpaís.com

EL FISCAL IMPLICA EN EL "CASO BRUGAL" A UN EX PRESIDENTE Y UN DIRECTIVO DE LA CAM, Y A DOS CARGOS DE BANCAJA

La trama relacionada con los supuestos tratos de favor al promotor Enrique Ortiz en el plan general de Alicante afecta a 21 personas, entre ellas la alcaldesa y su antecesor

SANTIAGO NAVARRO - Alicante 

La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos.

El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.

Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.

El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.

El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.

La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.

Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución. En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

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