DE "DON PIN PON" AL "SHERIFF" DE "BRUGAL"

ALICANTE  | Los motes protagonizan las conversaciones intervenidas

    * En las grabaciones, se alude como 'Don Pin Pon" al ex presidente de las Cortes
    * Tanto Ortiz como Ripoll comparten, en ocasiones, el apodo del 'sheriff'
    * Se desconoce la identidad de'El Pollo', el 'Espía Doble' y el 'Kennedy'

Europa Press | Alicante

'Don Pin Pon', el 'sherif', la 'peluquera', los 'monicacos' y 'dios' son algunos de los apelativos que los investigados en la operación Brugal utilizan en sus conversaciones para referirse, bien a otros presuntos implicados o a personas conocidas por su actividad en el ámbito político, según consta en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press.

En las conversaciones del llamado caso Brugal, en todas sus ramificaciones, los supuestos implicados se aluden entre ellos o a terceros con motes o apelativos curiosos. En algunos casos utilizan estos nombres ante sospechas de que pudieran estar siendo escuchados, pero también se refieren de este modo a algunas personas mediante motes por rasgos de carácter o simplemente por preferencias personales.

Además, según las conversaciones y los interlocutores, e incluso las ocasiones, los motes de los supuestos implicados o de las personas a las que aluden va cambiando. Es el caso del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, al que se refieren como 'el jefe o el tío de Barcelona' o 'nuestro amigo'.
 

'La jefa de los moniacos'

Así, en conversaciones de uno de los investigados en el caso Brugal, Ángel Fenoll, se refieren al ex concejal y ex alcalde de Orihuela, Francisco García Ortuño, como 'El Loco' y a la actual alcaldesa, Mónica Lorente, como 'la jefa' de 'los monicacos', sus partidarios en el Ayuntamiento cuando estaban enfrentados con el ex primer edil, José Manuel Medina.

A otros ex alcaldes de Orihuela, los llaman 'el primo' o 'el del piano', Luis Fernando Cartagena; y 'señoría', 'el del bigote' o 'el que se fue a Sevilla', a José Manuel Medina.

En otra conversación entre otro de los principales implicados, Rafael Gregori, y otro investigado, José Candel, el primero dice que va a ver "al Obispo de la Iglesia de Orihuela -Ángel Fenoll-", con "el sacristán -Antonio Ángel Fenoll-" y que cuando acabe con ellos irá a ver "al párroco de Alicante -Enrique Ortiz-".
 

Enrique Ortiz y Julio de España

Como 'dios', 'nano', 'el del fútbol', 'el del asfalto' o 'el sheriff' se conoce en otras conversaciones al constructor alicantino, Enrique Ortiz, quien comparte mote con Ripoll, al que en algunas ocasiones también se refieren como el 'sheriff'.

Al ex presidente de la Diputación y de las Cortes, Julio de España, lo llaman 'Don Pin Pon' en una conversación sobre la política alicantina, sin ninguna relación con el caso.

Mientras, una edil oriolana, Maite Valero, es conocida como 'la peluquera' y su compañero de corporación, Antonio Rodríguez Murcia, es designado como 'El Chanos'.

En la adjudicación del Plan Zonal, el gerente de las empresa San Antonio, José Antonio Rodríguez, es 'El Papeles' y el gerente de la UTE de las basuras, Miguel San Andrés, es 'el Secretario', 'la Leona', 'Chiquilla', 'Chuquilla'.

'El Pollo', el 'Espía Doble', el 'Culebra' y el 'Kennedy' son algunos de los motes que también surgen en las conversaciones y que se refieren a personas cuya identidad no se conoce.

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; SACRESA TAMBIÉN TENÍA EL AVAL BANCARIO DE 4 MILLONES UN MES ANTES DEL CONCURSO

Nuevas pruebas

    * El fiscal descubre un documento fechado el 1 de diciembre de 2005 que reza: "Reunión La Caixa. Hará el aval"
    * La entidad tenía a sueldo entonces al vicepresidente del Consell

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La promotora catalana Sacresa también tenía pactado antes del concurso un aval bancario de 4 millones de euros para optar a la compra del solar de Can Domenge. Así queda acreditado en un correo interno inédito hasta la fecha incautado a la empresa de la familia Sanahuja que demuestra que la empresa sabía que el Consell de Mallorca iba a exigir un aval multimillonario que avalase la solvencia de los concursantes.

Está fechado el uno de diciembre de 2005 y vuelve a situar a La Caixa en el epicentro del escándalo que acaba de llevar a Maria Antònia Munar y a su histórica cúpula en Unió Mallorquina (UM) al banquillo de los acusados por prevaricación, malversación, fraude a la Administración y revelación de secretos. Es decir, un mes antes de que el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) hiciera públicas las bases de la licitación y de que existiera oficialmente el concurso, un documento perteneciente a la correspondencia interna de los empleados de Sacresa rezaba: «Reunión La Caixa. La Caixa hará el aval de 4 millones de euros».

Pero es que otra nueva prueba documental intervenida por la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en la sede de la promotora que finalmente resultó elegida y que no ha visto la luz hasta ahora desvela que con medio año de antelación se volvía a incidir en el mismo aspecto: «Es importante destacar que conviene que la entidad sea La Caixa». Y todavía más. Junto a este documento, se ha hallado un post it manuscrito que subraya este interés: «El aval tiene que hacerlo La Caixa de Mallorca».

Una entidad que, tal y como desveló EL MUNDO/El Día de Baleares, durante el concurso de Can Domenge tenía a sueldo como asesor externo al vicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal así como al abogado de Sacresa en Baleares y hermano del entonces conseller de Educación del Govern del PP Santiago Fiol, dos de los acusados por la juez y el Ministerio Público de haber participado en el amaño de la licitación.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) Francisco Javier Muñoz, que instruyó durante meses el sumario del caso Can Domenge, descubrió la exigencia impuesta por los líderes de UM e interrogó al propio Nadal por ella. El ex presidente uemita recalcó que, si bien él trabajaba como abogado para este banco en lo que respecta al «cobro de créditos», en relación a los vínculos con La Caixa quien verdaderamente mantiene una estrecha relación con el histórico peso pesado de la entidad en las Islas, José Francisco Conrado de Villalonga, que llegó a ser subdirector general de la entidad, es Maria Antònia Munar. «Conrado y Munar son muy amigos», quiso dejar claro.

Que la institución insular impuso la condición de que la operación se tramitara a través de esta entidad bancaria y no de otra ya quedó acreditado en otra nota interna de Sacresa que avanzó este diario y en la que se establecía: «Por indicación del propio Consell Insular contactamos con Robert Leporace ex director de La Caixa en Baleares para solicitarle el aval... parece que es condición importante que la tramitación de la financiación se realice desde Mallorca... y que la medalla se la ponga Leporace».

Más allá de la principal incógnita que todavía subyace tras el escándalo, si los líderes de UM fueron sobornados a cambio de filtrar las bases y amañar el concurso para Sacresa, queda por determinar a qué respondía el interés de Munar y sus lugartenientes en lo que respecta al banco que financiase el que fuera su proyecto estrella durante la pasada legislatura.

Además
    * El traje a medida de Can Domenge

elmundo.es

EL EX ALCALDE JOSÉ LUIS VEGA (IU) DENUNCIADO POR LA FISCALÍA NIEGA SOBORNOS

LA ALGABA  | Lo acusan de pedir dinero a promotores inmobiliarios

Europa Press | Sevilla

El ex alcalde de La Algaba y candidato de IU a las próximas elecciones municipales de 2011, José Luis Vega, ha negado este sábado el presunto soborno a unos promotores inmobiliarios cuando era regidor del municipio sevillano por el que ha sido denunciado por la Fiscalía de Sevilla y ha pedido al PSOE-A que "se aplique también la tolerancia cero y empiece a limpiar las presuntas corruptelas que hay en su casa".

Vega ha dicho que comparte "al cien por cien" la petición de "tolerancia cero" frente a los supuestos casos de corrupción realizada por la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, a la que se ha referido como "amiga íntima" del actual alcalde de La Algaba, Marcos Agüera, (PSOE), pero le ha recriminado que "empiece por su propia casa".

"El PSOE tiene que empezar por limpiar la supuesta corruptela en la que están envueltos alcaldes y cargos públicos de sus filas, así como la presunta corruptela que existe en La Algaba", ha apuntado Vega, quien ha negado "rotundamente" los hechos que le imputa la Fiscalía.

Así, tras recordar varios casos relacionados con socialistas, investigaciones y "pelotazos", ha apuntado que "como se demostró en su día con los casos de la Laguna del Portil y Sadesa, el tiempo dictará su sentencia y pondrá a cada uno en su sitio".
 

Duros reproches del PSOE local
Por su parte, Marcos Agüera García le ha pedido explicaciones por los "seis años de corrupción política que significaron su mandato como regidor del municipio sevillano" y ha dicho que "todo lo que rodea a Vega huele a podrido y a corrupción pura y dura. Sentimos vergüenza por los 6 años de corrupción política de este señor como alcalde, que sólo se ha preocupado de beneficiarse personalmente".

Asimismo, ha pedido que aclare si mientras fue alcalde "solía reunirse con promotores inmobiliarios para pedirles dinero" y ha dicho que "ahora entendemos cómo a pesar de haber firmado numerosos y cuantiosos convenios urbanísticos durante sus seis años como alcalde no haya dejado en el municipio ni una triste rotonda, fuente, parque o juego infantil para niños".

Igualmente, ha reclamado a Vega que explique "para quién o quienes pedía el dinero que solicitaba a los promotores inmobiliarios, si está relacionado con sus amistades, empresarios con los que va y viene por La Algaba, todos ellos implicados en las facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla".

elmundo.es

IMPUTAN AL ALCALDE DE ESTEPONA POR UN PRESUNTO DELITO SOCIETARIO Y DE FALSEDAD

ESTEPONA  | Está citado para declarar el 26 de noviembre

Juan Carlos Sánchez | Málaga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el ex tesorero y ex liquidador municipal Félix Domínguez contra el alcalde de la localidad, el socialista David Valadez, por un presunto delito societario y de falsedad documental. El regidor está citado para declarar el próximo 26 de noviembre a las 12 de la mañana.

Domínguez ha trabajado en el Consistorio durante 18 años como tesorero y en varias etapas también como liquidador de las sociedades municipales del GIL. En 2003, con la llegada de Antonio Barrientos, fue cesado y elegido liquidador Juan Manuel de Hoyos, quien estuvo en el cargo hasta 2007. Ese periodo fue el que se investigó después cuando se destapó la operación 'Astapa', en 2008.

Ese año alcanza la Alcaldía David Valadez, que vuelve a confiar en Domínguez para el cargo. Sin embargo, el entonces tesorero y liquidador municipal detectó numerosas irregularidades que tuvieron lugar en la etapa de De Hoyos y exigió al alcalde que se revisara toda la documentación contable. Al no recibir respuesta alguna, la relación entre Domínguez y Valadez se tensó. La ruptura se produjo cuando, un año después, el entonces tesorero puso reparos al pago de las nóminas de los funcionarios con dinero procedente de un convenio urbanístico.

Llegaron a los tribunales en dos ocasiones. La primera, al obligar el Ayuntamiento a Domínguez a tomarse vacaciones, conflicto que ganó el ex tesorero. La segunda, al jubilarlo justo cuando cumplió 65 años, a pesar de que la ley permitía que siguiera, al menos, cinco más. Este asunto se encuentra a la espera de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Con todos estos antecedentes se entienden mejor los hechos que han desembocado en esta querella criminal presentada, ya de manera personal, por Félix Domínguez contra David Valadez, que ha sido admitida a trámite.

Harto de que el alcalde ignorase sus demandas para que se esclarecieran los puntos negros de las liquidaciones que tuvieron lugar en el periodo 2003-2007, Domínguez convocó el pasado mes de marzo una junta universal de socios de las sociedades en liquidación.

En el orden del día, además de la documentación contable del ejercicio que le correspondía, tenía previsto presentar un informe sobre la gestión del anterior liquidador, ya que había conseguido recabar información de ese periodo a través de documentos bancarios y de contratos con terceras personas.

Domínguez no encontró justificación a tres millones de euros facturados en minutas jurídicas satisfechas por esas sociedades, por lo que había decidido poner el informe a disposición del alcalde para que, si lo estimaba oportuno, exigiera responsabilidades. Además, de este modo se atenderían los requerimientos del juzgado responsable de la instrucción del caso 'Astapa'.

Sin embargo, la junta se convocó en una notaría de Estepona donde, una hora antes, se presentó el alcalde, David Valadez, con un acta en el que aparece reflejado que Domínguez había sido cesado como liquidador en otra junta general.

Con esa misma documentación, el ex liquidador levantó un acta notarial y se dirigió al juzgado para presentar una querella, ya que estaba convencido de que la junta convocada por el alcalde no podía tener carácter universal: el propio Domínguez era representante de dos sociedades que no figuraban en el documento aportado por Valadez. Por este motivo, le acusa de falsedad documental y de un delito societario.

No es Félix Domínguez el único funcionario que ha tenido problemas con el alcalde de Estepona. Hace unos días presentó su dimisión la interventora municipal, que cuestionó la gestión de Valadez y lo acusó en un pleno de pagar nóminas utilizando fondos de convenios urbanísticos.

Por otra parte, es la segunda vez que un juzgado imputa al regidor. La primera tuvo lugar en diciembre de 2009, cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Estepona lo imputó por prevaricación urbanística y por omisión de su deber de perseguir delitos por la construcción de una vivienda en suelo rústico.

Además
    * El PP critica a Heredia por seguir 'apostando' por Valadez

elmundo.es

EL JUEZ RETIRA EL PASAPORTE AL INTERMEDIARIO DE "BRUGAL"

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Rafael Gregori, empresario de la automoción e intermediario clave del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) no podrá salir de España. Según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez acordó ayer su libertad provisional sin fianza por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, la obligación de personarse cada 15 días en el juzgado y la retirada del pasaporte. El juez adoptó las mismas medidas para el hermano de Gregori, José Vicente.

Rafael Gregori y su hermano comparecieron ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada. Este magistrado instruye desde 2009 una causa por una supuesta estafa de 12 millones de euros en la empresa de Gregori, la firma Autisa. Por estos hechos los dos hermanos fueron arrestados el pasado mes de abril. Entonces, Gregori quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

Posteriormente, la investigación del caso Brugal descubrió un supuesto alzamiento de bienes y blanqueo de dinero por parte de Gregori para eludir embargos en su empresa. Por estos hechos, la policía arrestó el jueves a 15 personas, y dos más el viernes. Entre los detenidos también estaba el cabecilla de la trama Brugal, el industrial Ángel Fenoll, que quedó en libertad con cargos tras declarar en Comisaría. La investigación sostiene que Fenoll ayudó a Gregori a falsificar empresas para el alzamiento de bienes. Los agentes también dejaron en libertad con cargos al resto de detenidos.

 

Soborno de la basura
Rafael Gregori es amigo del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, el imputado de mayor de calado en el sumario del caso Brugal por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. El juez cree que Gregori fue el intermediario entre los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz y Ripoll en el supuesto cohecho (dos pisos o su equivalente en metálico, cerca de un millón de euros) a cambio de la contrata de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja.

Gregori también fue arrestado el pasado 6 de julio, y también por su vinculación con la trama corrupta del caso Brugal. El juez le imputó los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias y decretó su libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros.

elpaís.com