martes, 21 de diciembre de 2010

"CASO MALAYA"; ROCA ASEGURA QUE LA JUNTA NO IMPUGNÓ NINGUNO DE LOS 600 CONVENIOS

TRIBUNALES 

José Carlos Villanueva | Málaga

El ex asesor urbanístico municipal del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía no impugnó "nunca" ninguno de los 600 convenios urbanísticos que se llevaron a cabo durante la era GIL (1991-2006).

La respuesta ha venido a colación de una pregunta del abogado Luis Juega, que representa al empresario Francisco Zambrana, también acusado en el 'caso Malaya', al interesarse dicho letrado por el papel que jugó el Ejecutivo autonómico en el urbanismo marbellí.

Roca le ha contestado que "se nos dijo que no había impugnación" en el caso del convenio de la parcela de 'Crucero Banús'. Tampoco la hubo en el resto de convenios. El ex gerente de Urbanismo sostiene que "la Junta lo único que comprueba es si los aprovechamientos urbanísticos -pactados en los convenios- eran superiores a los que marca la Ley".

No obstante, Roca para afianzar sus tesis, ha añadido que "difícilmente puede impugnar la Junta algo en lo que no interviene, como es un convenio que supone un acuerdo entre dos partes", en alusión al promotor y el Ayuntamiento.

Lo cierto es que, aunque el ex asesor urbanístico se haya referido a que la Junta poco menos que no tenía competencias para impugnar, la duda sobre si la Consejería de Obras Públicas debió hacer algo más, al margen de impugnar las licencias de obras de Marbella, ha quedado sobre la mesa de la sala de vistas.

Se da la circunstancia de que el letrado Luis Juega figura imputado, junto a Roca, entre otros, por presunto blanqueo y cohecho, además de otros delitos, en el conocido como 'caso Goldfinger' en el que aparece como principal encausado el actor Sean Connery.

Juega también se ha interesado en conocer si las corporaciones municipales de Marbella, posteriores a la disolución del Consistorio en 2006, impugnaron dichos convenios. La respuesta de Roca ha sido clara: "La Gestora anunció que los iba a revisar y no lo ha hecho, tampoco el equipo de gobierno actual", ha dicho en alusión al PP.

Precisamente, una de las pruebas solicitadas por Roca es un informe, firmado por la actual delegada de la Junta en Málaga, María Gámez, en el que ésta corroboraba dictámentes sobre que los convenios de Marbella carecen de "eficacia jurídica", no así las licencias de obras otorgadas y luego impugnadas, tal y como informó EL MUNDO este lunes.

Dicho argumento le es útil al principal acusado para desentenderse, por completo, de algo con lo que se le relaciona. Fuentes cercanas a las defensas aseguran que la abogada de Roca, Rocío Amigo, habría renunciado finalmente a la declaración testifical solicitada de María Gámez y se conformaría con el testimonio del jurista de la Junta de Andalucía que elaboró el informe que refrendaba la actual candidata del PSOE a la Alcaldía de Málaga.




elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PEDREIRA CITA EN NUEVA YORK AL "BROKER" DE FRANCISCO CORREA EN EEUU

TRIBUNALES

Efe | Madrid

El instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha citado para tomar declaración como imputado el próximo 20 de enero desde Nueva York y por videoconferencia a Randall Lew Caruso-Reynaldo, "broker" en los Estados Unidos del considerado cabecilla de la 'trama Gürtel', Francisco Correa.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, Pedreira cita a Randall Lew para ese día a las 16:00 horas (hora española) en la sede de la Fiscalía de Nueva York y le advierte de que debe comparecer provisto de su pasaporte y "asistido de abogado que le defienda".

Búsqueda de 30 millones de euros
Una de las líneas de investigación que mantiene abiertas el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) está encaminada a recuperar los más de 30 millones de euros que se calcula que la trama de corrupción obtuvo mediante operaciones financieras irregulares y que supuestamente se ocultan en cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales.

Así se desprende del contenido de una caja de seguridad abierta en una oficina de Cajamadrid a nombre del supuesto "número dos" de la trama -el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo-, en la que se guardaba una carpeta con documentos sobre cuentas en el extranjero.

En la carpeta se encontró un resumen de las operaciones financieras realizadas en Estados Unidos y en Suiza a través del "broker" asentado en Nueva York Randall Lew Caruso-Reynaldo, a quien Pedreira ha imputado en la causa.

Las investigaciones también han conducido al instructor del 'caso Gürtel' hasta Miami, donde se sospecha que Correa invertía parte de sus beneficios.

Por ello, Pedreira ha citado para el 19 de enero, también como imputadas, a Ana Karlota Figueroa, considerada la persona de confianza de Correa en Miami; y Gloria Pascual Willinger, quien según las investigaciones manejaba la contabilidad de la trama.

Como en el caso de Randall Lew, el magistrado las ha citado en la sede de la Fiscalía de Miami, también a las 16:00 horas (hora española) y con la advertencia de que comparezcan asistidas por un abogado.

Además


elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA RECONOCE QUE TENÍA "DINERO OPACO" EN SUIZA Y NO LO DECLARÓ EN ESPAÑA

  Declaración del presunto cerebro
José Carlos Villanueva | Málaga

"Señor fiscal, si yo participo con dinero que es opaco a las autoridades españoles difícilmente voy a declarar el beneficio a esas autoridades". Así de sincero se ha mostrado Juan Antonio Roca a preguntas de Juan Carlos López Caballero en relación con 1,5 millones de euros que tenía depositados en una entidad bancaria de Suiza, tras recibir su 15% de beneficios en la venta de la parcela de 'Crucero Banús'.

Dichos fondos fueron transferidos a una cuenta bancaria suiza, propiedad de la fundación Melifero, radicada en Liechtenstein, de la que él era derechohabiente (beneficiario), según ha quedado reflejado en un interrogatorio que se ha prolongado por espacio de 50 minutos.

Al ser preguntado de dónde procedían los 742.000 euros que aportó para la constitución de la sociedad suiza Lispag A.G., que se hizo con el 90% de las participaciones de la empresa española Yambali 2000, propietaria de dicha parcela, Roca ha expuesto que fueron producto de la venta de una sociedad suya, denominada Altos de Gualdamina, hecha con anterioridad: "Eran rendimientos que no eran conocidos y se materializaron en una serie de cheques de un banco norteamericano", ha precisado el ex brazo derecho de Jesús Gil.

Hasta el momento Juan Antonio Roca no había reconocido ser propietario de fondos en Suiza, ni tampoco haber participado, como socio, en la operación 'Crucero Banús', junto al resto de acusados en este bloque del juicio: El ex primer teniente de alcalde Pedro Román con un 62%; el ex comisario Florencio San Agapito con un 15%; y el abogado Juan Hoffman, que fue considerado por el juez Miguel Ángel Torres como su testaferro internacional, con un un 7,5%.

Con Lispag A.G. todos ellos compraron en 2001, por 4,3 millones de euros, las participaciones de la sociedad Yambali 2.000 SL, propietaria de unos terrenos de uso comercial con 3.835 metros cuadrados construidos.

El mismo día de la compra-venta Yambali, representada por el abogado Juan Hoffman, llevó a cabo un convenio con el Ayuntamiento de Marbella, mediante el cual la edificabilidad del suelo se triplicaba y situaba en 11.406 metros cuadrados. Ocho días después le vendieron por 10,3 millones de euros la parcela al empresario José Ávila Rojas, con lo que obtuvieron un beneficio de 6,3 millones de euros.  
 
Conservaron un 10% de las acciones en Yambali.
Precisamente, sobre la llamada "estructura societaria" a la que se refiere el fiscal, Roca ha descargado todas las responsabilidades en Hoffman. La acusación pública solicita para el ex gerente municipal de Urbanismo nueve años de prisión por un delito de blanqueo de capitales;seis años por malversación de caudales públicos; dos años de cárcel por fraude; seis años por cohecho pasivo y un año de prisión por cohecho pasivo y acto injusto.

En otro orden de cosas, el fiscal le ha preguntado a Roca si participó en la concesión de la licencia de 'Crucero Banús', en 2003, al empresario José Ávila Rojas, también acusado. La respuesta le ha servido para alardear de su ausencia de responsabilidades: "Sabe usted muy bien, porque ha sido fiscal de Medio Ambiente, que no se me acusa del otorgamiento de licencias, porque no hay ninguna prueba objetiva y se están retirando todas las acusaciones en los procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio en los que estoy inmerso", ha alardeado.

Finalmente, ha asegurado que al ex comisario San Agapito y a él "se nos dijo que la venta de la parcela se cerraba en 4,9 millones de euros y no en los 4,3 que luego me he enterado". Por tal motivo, Roca ha lamentado que "los dos pagamos un plus" que no les correspondía y, por tanto, el resto de socios no les devolvieron.